Denunciar y buscar atención para las víctimas de violencia sexual en la región amazónica es una misión imposible. Las instituciones se encuentran muy lejos de los resguardos, no cuentan con mecanismos de atención en lenguas indígenas y suelen tener un trato revictimizante.

La inestabilidad administrativa, los grupos criminales, un crecimiento demográfico sin control, el flujo migratorio desde Venezuela y la herencia paramilitar mantienen a la segunda ciudad del Atlántico sumida en una crisis de seguridad. Solo en enero se registraron 29 homicidios, un incremento de más del 50 % frente al mismo mes de 2022.

La salida de tres ministros del gobierno de Gustavo Petro (Educación, Cultura y Deporte) sorprendió a unxs, alegró a otrxs y preocupó a otrxs más. Esta vez les presentamos preguntas veloces que les hicimos a expertos para entender estas movidas en el Gobierno “del cambio”.

Documentos del Comando General de las Fuerzas Militares, filtrados por el colectivo ‘hacktivista’ Guacamaya, revelan que los militares recibieron quejas sobre abusos durante operativos de erradicación forzada en 2020, incluyendo a un periodista y varios campesinos que fueron baleados. Según los documentos, también se registraron nuevas denuncias en 2021.

Existe en este departamento un vacío en el conteo de muertes infantiles: ni la fecha de nacimiento, ni de fallecimiento quedan consignados ante las autoridades. Esto ocurre porque no todas las comunidades están geolocalizadas, y por falta de vías. A pesar del subregistro, que se estima es de un 70 %, las cifras oficiales indican que en 2022, solo por causas relacionadas con desnutrición, el número de muertes fue el más alto de los últimos años.

A medida que se exacerban los combates, aumenta el número de masacres sin contar a lo largo del río fronterizo. La ausencia de una política de drogas regional permite la extensión de la violencia, mientras los cultivos de uso ilícito siguen migrando hacia los países vecinos.