Organizaciones no gubernamentales han preguntado a entidades oficiales qué herramientas usan en sus monitoreos, cuáles son sus alcances y cómo se controla su implementación. Pero la respuesta, en general, ha sido el silencio. El tema también ha evidenciado la necesidad de actualizar la Ley de Inteligencia de 2013, que no hace ninguna mención sobre internet y el mundo digital.