El Gobierno de Gustavo Petro propone transformar el Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD, la unidad de choque y contención de la Dirección de Seguridad Ciudadana ​de la Policía Nacional de Colombia. Ahora se llamará «Unidad de Diálogo y Acompañamiento a la Manifestación Pública». Tendrá ambulancias además de tanquetas. Cambiarán sus uniformes con unos visos especiales de identificación, cascos blancos y protectores corporales. Y, según el director de la Policía Nacional, general Henry Sanabria, pasará de ser el primero al último recurso de fuerza en las manifestaciones civiles. 

También tendrá dos unidades: una de acompañamiento (cuyo rol será moderar la reacción de la Fuerza Pública con la ciudadanía) y otra de intervención, que será la que entre en contacto y contenga la violencia. 

El historial de este cuerpo de agentes, sin embargo, desde el 24 de febrero de 1999 cuando se fundó, enseña un uso desproporcionado de armas potencialmente letales y se distingue por tratar la protesta social como un asunto de guerra. 

Su presupuesto, tan solo en el 2021, estuvo alrededor de los $10.000 millones de pesos. Esto tras un extenso e intenso período de agitación social en el que este Escuadrón fue acusado de usar la violencia mediante prácticas que iban desde disparos indiscriminados de gas lacrimógeno, pasando por mutilaciones oculares, abusos sexuales hasta el uso indiscriminado del dispositivo Venom. 

En 2020, La Corte Suprema de Justicia colombiana ordenó al Gobierno reestructurar las directrices frente a manifestaciones sociales no violentas en el país. La Sala Civil evidenció que la del ESMAD era una “intervención sistemática, violenta, arbitraria y desproporcionada” frente a la protesta social. Suspendió las escopetas calibre 12 usadas por el Escuadrón, la misma munición aparentemente no letal con la que fue asesinado el joven estudiante Dilan Cruz el 23 de noviembre de 2019, en el marco del Paro Nacional.

En Cerosetenta hablamos sobre los cambios que sufrirá la institución anunciados por el gobierno de Gustavo Petro con Víctor Barrera, politólogo e investigador del equipo Estado, Conflicto y Desarrollo del Centro de Investigación y Educación Popular CINEP y con Alejandro Lanz, codirector de Temblores ONG, una plataforma civil que trabaja por la protección de los derechos humanos y las víctimas de la violencia policial.

Un sector de la sociedad como movimientos sociales, feministas, organizaciones de DDHH y de víctimas no pide una reforma del ESMAD, pide su desmonte. Más que una transformación, quieren que deje de accionar. ¿Podría y debería eliminarse este cuerpo policial?

Víctor Barrera (V.B.): En principio no debería eliminarse porque habrá circunstancias y situaciones en las que será necesaria una fuerza de contención por medio de armas no letales que, por supuesto, deberían usarse de acuerdo a los protocolos internacionales, y demás. El desmonte quizá nos lleve a una situación más problemática: lo que observamos en Bogotá las noches del 9 y 10 de septiembre de 2019, cuando vimos que quienes estaban respondiendo a los disturbios eran policías de vigilancia que dispararon directamente en contra de las personas mostró el riesgo. Soy partidario de no desmontar el ESMAD, primero por las situaciones que demandan este tipo de fuerza y, segundo, porque no tenerla nos puede dejar en un escenario mucho más complicado.

Alejandro Lanz (A.L.): Desde el primer momento en que se planteó un desmonte del ESMAD, el mismo 7 de agosto, se cometió un grave error. Ese no debe ser un proceso de un día para otro. Debe ser transicional porque no puede desaparecer una fuerza que evidentemente ha asesinado, asediado, pero que pretende ser menos letal que los patrulleros con sus armas de fuego. El debate que se debe abrir no es desaparecer el ESMAD de un día para otro. Esto puede llegar a ser irresponsable, riesgoso: un motín o unas protestas violentas como las del 9 y 10 de septiembre, en donde evidentemente no hubo suficientes maneras de atender, terminaron por enviar cuerpos de Policía de patrullaje y gatilleros, con armas de fuego, que dispararon de manera indiscriminada contra la multitud. En 48 horas hubo un saldo de alrededor de 12 personas asesinadas.

Llevamos casi 22 años enfrascados en el debate de desmontar versus el mensaje institucional de “Yo amo al ESMAD”. Hay que profundizar primero ciertos temas mucho más específicos, que son los que generan este tipo de violencias. Por ejemplo, cuál es el eje central en la reforma policial o en el cambio que va a tener este cuerpo policial; cumplirán o no la restricción de ciertos tipos de armamento que son potencialmente letales. Hemos visto a lo largo de estos 22 años una ausencia de respuestas, pero también logramos registrar, tan solo en el marco del paro nacional del 2021, 12 homicidios en donde agentes del ESMAD estuvieron involucrados directamente en hechos victimizantes. 

¿Qué de este paquete de cambios al ESMAD que anunció el General Sanabria se está presentando como si fuera novedoso y no lo es? ¿Qué es lo novedoso? 

V.B.: Lo que presenta el General Sanabria es parte de un proceso de transformación que ya venía en marcha, incluso que había empezado con la administración anterior. Es novedosa la forma en que se van a organizar los dispositivos del ESMAD: insertan un componente de diálogo que se distinga claramente de otro componente de contención. Y, como mencionó el General, ese sería un diálogo para disuadir a personas problemáticas en casos de protesta social, personas que puedan generar hechos violentos o alteraciones al orden público. En ese sentido, es novedoso aunque ahí no resida la solución a la problemática general.

Esta problemática tiene que ver con lo que no es tan novedoso: que los anuncios no vengan acompañados de propuestas mucho más profundas como, por ejemplo, los cambios que se van a presentar a nivel de formación y, especialmente, de misionalidad. Hasta ahora, la misión del Escuadrón ha sido el restablecimiento del orden público cuando este se ha visto alterado. Su nombre cambia, sí, pero su misionalidad no se restablece. Ahí va a ver una contradicción difícil de sostener. Pero, en cualquier caso, el componente de diálogo también hace pensar que podrían atender algunas recomendaciones internacionales que tienen que ver con el uso de la fuerza en principios de proporcionalidad, racionalidad y legalidad. Pero las novedades, en suma, son parciales y no sustanciales.

A.L.: Un muy mal apunte que tuvo este gobierno fue plantear, en primer lugar, un cambio cosmético al ESMAD, de colores y de uniformes. Es un descache total porque fue lo mismo que presentó Iván Duque cuando informó su supuesta reforma a la Policía. 

Este proceso de reforma del ESMAD debe estar anclado dentro de un gran proceso de transformación de los cuerpos policiales y de la institución, que va más allá de esos cambios aparentes, como profundizar en la restricción del uso de armas potencialmente letales. Todavía no es claro, tampoco, cómo vigilamos desde la ciudadanía para que los procedimientos policiales efectivamente sean públicos y transparentes, entre otras.

Llama la atención que este cuerpo policial no va a hacer acompañamiento buscando generar una detonación del conflicto. Es decir, con lo que ha dicho el general Sanabria, van a acompañar de manera preventiva las movilizaciones sociales. Es un giro importante en la forma de concebir la protesta y en cómo la tolera el gobierno. Pero es indispensable conocer el documento que tiene el contenido de esa reforma. Desde Temblores ONG enviamos un derecho petición con preguntas como de dónde provienen los recursos para financiar su operación y comprar armas. Porque hay una restricción muy clara por parte del gobierno de Estados Unidos de que ningún peso que ellos den, se puede ir para las armas, ni siquiera para uniformes, de ciertos cuerpos policiales que han cometido violaciones masivas de derechos humanos. No queremos saber solamente información sobre sus recursos, también garantizar que no van a comprar más armamento con esos u otros recursos y que efectivamente van a hacer un ejercicio de transformación interna y profunda para fortalecer otras instituciones del Estado. Ahí estaremos muy pendientes. 

¿Por qué las órdenes que se han hecho al ESMAD no solo se repiten sino que hasta ahora siguen sin poder implementarse, tal como la promesa de que este cuerpo sea usado como último y no primer recurso de la fuerza, algo que ya se había buscado hacer en Bogotá?

V.B.: Es importante tener en cuenta un elemento: el ESMAD nunca se ha usado como el último recurso porque la Policía, hasta ahora, no tiene la capacidad para el acompañamiento y diálogo preventivo en las manifestaciones públicas. Eso es justo lo que hace que se salte rápidamente del policía vigilancia —que usualmente es el primero que atiende un evento de manifestación— a la intervención de fuerza disponible en la que entra el ESMAD. Hay un vacío claramente en el servicio y capacidades de la Policía y, en esa medida, cuando no existe una intervención intermedia que acompaña la protesta (lo que hace que para algunos tomadores de decisión enviarlo sea una medida fácil y rápida), desaparece la intervención preventiva.

Si uno mira las buenas prácticas a nivel internacional y los ajustes que han hecho a algunas policías, luego de experimentar procesos masivos de movilización que han terminado en violencia, es que no solamente se introducen cambios en el enfoque de control y disuasión de multitudes, sino que empiezan desarrollar capacidades más enfocadas en la facilitación y el diálogo anticipado para el acompañamiento. En buena medida esto no se ha podido materializar en Bogotá porque hay una ausencia de un servicio diferenciado que antecede la intervención del ESMAD y que, en la medida de lo posible, evite su presencia. La Policía no está preparada para acompañar manifestaciones sobre la base de un diálogo que no es para contener o disuadir sino para coordinar, anticipar y acompañar la manifestación pública. 

A.L.: Este es un tema que está atravesado por la voluntad política del gobierno nacional, no depende directamente de los gobiernos locales. Los gobiernos distritales y locales están muy limitados realmente en el ejercicio de su función como jefes de Policía y como jefes civiles de toda la institución. Esto siempre ha dependido en gran medida del Gobierno nacional y ha habido una falta de voluntad política para implementar todas estas modificaciones y protocolos y respetar esos protocolos con una directriz clara. Tanto así que vimos el día de la masacre del 9 y 10 de septiembre al expresidente Iván Duque yendo a felicitar a los policías, vestido de policía, como reivindicando eso que había sucedido en esas noches. Entonces, sí creo que hay una voluntad política de cambio que es distinta frente a todo este cuerpo policial, pero es importante esperar a ver cuál va a ser la transformación, en lugar de decir que nos engañaron o que hay todo un ejercicio de maquillaje, exclusivamente.

Pero entonces, ¿cómo funcionará en lo nacional, si no funciona en lo local? Con Claudia López se demostró que el ESMAD no obedece órdenes locales, pero en otras regiones, responden al mando de alcaldes o gobernadores u otros intereses…

V.B.: En términos de viabilidad, tiene que haber alternativas que permitan que esto funcione y eso implica, de nuevo, resolver uno de los principales cuellos de botella: las contradicciones que existen entre las autoridades nacionales y locales frente a la autorización de intervenciones del ESMAD. La experiencia nos ha mostrado una y otra vez que es una caja negra donde nunca se sabe quién es el que finalmente da la orden o autoriza el despliegue del ESMAD, porque a la Policía no es a quien le corresponde de manera discrecional. Ese, entonces, es otro tema bastante profundo que debería comenzar a plantearse en la conversación pública y tiene que ver también con el rol de las autoridades ejecutivas frente al manejo de la policía en las manifestaciones. 

A.L.: Es diferente el comportamiento de estos grupos policiales en cada territorio. En el informe Silencio oficial, con Temblores ONG documentamos cómo las intervenciones del ESMAD que se dieron durante el paro agrario, por ejemplo, contra los campesinos y los indígenas fueron muy distintas a las intervenciones que se dieron en Bogotá, la capital del país. El ESMAD no interviene igual cuando los indígenas se toman la Panamericana o cuando estudiantes de la Universidad Nacional están en la Plaza de Bolívar. Y es muy importante poder construir unas fuerzas especializadas en distintos los conflictos que existen según sea el territorio. Claramente para poder mediar esos conflictos que se puedan generar en estas movilizaciones, hay que tener diferentes experticias y no puede ser que siempre la misma receta sea disparar gas lacrimógeno, aturdidoras, balineras contra todos los grupos sociales. Hay distintos conflictos sociales que se dan en cada uno de los territorios que deben ser estudiados y, específicamente atendidos por el Estado a través de gestores en convivencia o de ciertos grupos especializados en resolución de conflictos distintos.

En las normas de uso de armas no letales hay convenciones establecidas que el ESMAD no cumple, al contrario, esta unidad de fuerza enseña un patrón de conducta bélica e informal. ¿Por qué o cómo habrían de obedecer a las órdenes del Presidente ahora?

V.B.: Hay circunstancias en las que los agentes del ESMAD tienen cierta discrecionalidad para ejercer sus funciones por las dificultades que puedan tener para seguir autorizaciones o por lo que demande la situación concreta y qué tan crítica sea, pero al margen de eso, es importante reconocer que hay circunstancias en las que los agentes han realizado procedimientos que no se adecúan a la normatividad nacional ni recogen recomendaciones internacionales. Se presenta también en situaciones donde las autoridades civiles tienen una responsabilidad política y no sabemos cuánta tolerancia existe del mando civil frente a este tipo de comportamientos y específicamente situaciones críticas de movilización social. En este momento hay un mando civil más consciente de tener un control alrededor del uso de la fuerza, que es Gustavo Petro, y por lo tanto un mayor monitoreo. Lo que está manifestando el actual director de la Policía es precisamente que están en proceso de adecuarse y ajustarse a las nuevas recomendaciones del gobierno actual. Puede haber mejores oportunidades políticas para la Policía con un mando civil mucho más ajustado y responsable frente a este tipo de procedimientos del uso de la fuerza.

¿Cuánta obediencia va a ver respecto a la autoridad civil? Eso solo lo puede aclarar una ley estatutaria o alguna resolución que establezca muy claramente quiénes son los que toman las decisiones sobre el ESMAD y cuánta autonomía tienen las autoridades subnacionales frente a la autoridad nacional. Insisto en esto porque hasta que no se aclare, no se sabrá el control que el Presidente tiene frente a las manifestaciones públicas. 

A.L.: Esta discusión debe pasar primero un tema técnico del uso de las armas. Han insistido en que tendrán armas menos letales pero hemos demostrado cómo este tipo de armamento asedia, ataca, lacera y mata a las personas al movilizarse, y también que hay errores técnicos en la formación de los agentes al momento de accionar ese tipo de armas, que hay agentes que actúan con dolo al momento de utilizarlas y que hay un gran nivel de impunidad al momento de ser juzgados por estos crímenes. No respetan los disparos parabólicos; que den contra el piso o contra el aire dependiendo del armamento a determinado metraje; que no pueden disparar a menos de 30 metros, en fin… Hemos visto cómo estos agentes disparan a quemarropa y ese tipo de cosas son las que sí deben respetarse y sancionarse ahora. 

Si no se sancionan de una manera efectiva, rápida y contundente, lo que sucede es que los agentes del ESMAD van a seguir actuando como en los últimos 22 años. Hasta el momento, la primera condena a un agente del ESMAD fue por el asesino de Nicolás Neira. Antes no había ninguna condena penal individual por ningún homicidio de agentes del ESMAD. Entonces, ese indicador de que en 22 años solo tengamos una condena, imagínense lo que implica.

¿Cómo cambiar el comportamiento de un cuerpo que culturalmente está habituado más al enfrentamiento que a la prevención del mismo?

V.B.: Ahí reside una buena parte del desafío. El hecho de cambiar el nombre es un buen primer paso, pero esto genera una contradicción porque, como dije, la misionalidad del ESMAD no es la de acompañar y facilitar el ejercicio de la manifestación pública. Como la resolución con que se creó buscaba el restablecimiento del orden público cuando se haya visto alterado, así es también su formación. Entonces: se deben mantener diferenciados los roles de los policías que deben acompañar la labor de diálogo que se quiere asignar como desescalamiento del uso de la fuerza para evitar extralimitaciones. 

Lo segundo es que debe haber un ejercicio donde se profundice la conversación entre pares que reciban una nueva formación con las viejas cohortes que están acostumbradas a otras dinámicas. Esa regulación entre pares puede ser mucho más exitosa para inducir cambios de comportamientos informales que otros cambios que pretendemos se acaten de manera inmediata al expedirse una nueva normatividad. Comenzar por diferenciarlo es importante para no llevar al ESMAD a realizar actividades que no son consistentes con su misionalidad, con su cultura, y que puede generar una contradicción en el personal y no una transformación entre pares o un cambio generacional que sanciona horizontalmente el comportamiento de otros compañeros que no se ajustan a la normatividad.  

A.L.: Ahí es donde entran los símbolos. Es importante deconstruir el nombre del ESMAD, es decir, pensar que el Escuadrón Móvil Antidisturbios desaparece, es importante. Y construir un nombre de otro cuerpo policial que pueda estar formado para atender los protocolos, las reglas internacionales de las Naciones Unidas, la jurisprudencia también —como el gobierno anterior que se negó rotundamente, por ejemplo, a cumplir la sentencia de la Corte Constitucional tras la muerte de Dilan Cruz—. Pero el reto de transformar esa cultura es uno de los más grandes que tiene este gobierno, por unas cuantas razones, una de ellas y la principal, es justamente cómo reconstruir esa relación rota entre ciudadanías excluidas y la Policía. 

El problema estructural radica en que hay unos grupos de ciudadanos al que el performance del patrullaje les genera seguridad, mientras que a otros grupos de ciudadanos que usualmente son ciudadanía excluida, la presencia policial les genera un pavor terrorífico. Mientras la Policía no rompa ese prejuicio institucional —y esto a nivel de toda la Policía, no solo el ESMAD—, y no haya una política clara interna de deconstruir ese prejuicio al interior, no hay cómo cambiar culturalmente esta idea de que la Policía y la ciudadanía están en constante confrontación.

Para lograr lo que propone este Gobierno, convertir al ESMAD en un cuerpo garante de derechos humanos en el corto plazo, ¿qué se requiere? ¿Es posible? 

V.B.: Emular el servicio de los gestores de convivencia a nivel nacional es sin duda una operación de magnitudes y proporciones gigantescas y, tener esos gestores en las principales ciudades del país en que se presenten protestas requiere de años de formación de personal y de una implementación que no se consigue de la noche a la mañana. Pero hay varias cosas para el corto plazo: la primera es hacer cumplir lo que no se está cumpliendo que está establecido en la resolución 03002 y en las otras resoluciones sobre los procedimientos del uso de la fuerza. Hay obligaciones que le corresponden a la Policía en lo general y al ESMAD en lo particular que no se están llevando a cabo. Se menciona que cada vez que haya un procedimiento de uso de la fuerza, por ejemplo, tiene que haber un reporte que dé cuenta de la actuación de los policías en ese contexto y, muchas veces, esa documentación no existe sencillamente porque no se cumple con ese requerimiento. Hay que leer entonces lo que ya existe para ver dónde están las fallas en lo que se debe realizar y no se realiza. 

Tampoco se puede dejar al ESMAD como la especialidad responsable de atender las manifestaciones públicas. Ese es un punto en el que he insistido, pero me llama la atención porque el ESMAD es quien lidera la formación de movilización social al interior de la institución de la Policía y lo hace apoyado en sus objetivos.

Una segunda acción muy puntual por emprender es dejar de concebir al ESMAD como la unidad especializada en manifestaciones públicas, exclusivamente, y comenzar a identificar otras especialidades de Policía más cercanas y ágiles ante estos eventos. Esos perfiles tendrían que ser cada vez más capacitados en el relacionamiento con activistas y en el diálogo social. Muchos agentes tienen esas prácticas de facilitadores con buenas relaciones en sus territorios. Su capacitación, incluso, haría menos necesaria la presencia del ESMAD. No hay tampoco compromisos claros de alcaldías o secretarías de gobierno que asumen, hasta ahora, que cualquier manifestación puede resultar problemática y puede ser objeto de intervención del ESMAD.

A.L.:  Eso puede ir desde cambiar normatividades de manera contundente hasta hacer cumplir con los requerimientos básicos como por ejemplo que una orden que se da a través de un boquitoqui debe quedar registrada de manera escrita y esa información debe ser accesible para la ciudadanía. Esto nos permite rastrear el mando, que fue lo que no sucedió las noches del 9 y 10 de septiembre. También puede pasar por un cambio de infraestructura de los CAIS, que son el sistema de vigilancia que tenemos ya hace un buen tiempo, y que ya caducó, en donde lo que se ha generado es un pronunciamiento de la ruptura entre la ciudadanía excluidas y la policía.

Un sector de la ciudadanía exige indultos para la primera línea, incluido el Presidente quien expresó que los jóvenes detenidos de la primera línea, durante las protestas del Paro Nacional, serían presos políticos. En cambio con agentes del ESMAD que han cometido delitos, sus casos permanecen impunes en la justicia penal militar. ¿Cómo debería actuar el Gobierno en términos de justicia?

V.B.: Debería haber un proceso de acompañamiento y vigilancia acerca del respeto del debido proceso para personas privadas de su libertad en el marco del estallido social en contra de varias primeras líneas.

Más que desarrollar procesos judiciales individuales, el país está en deuda de tener una suerte de comisión de esclarecimiento de lo que sucedió en los eventos de manifestación pública y con todas esas circunstancias de violencia que se presentó en el Estallido Social. Esclarecer lo sucedido, entender por qué pasó lo que pasó, entender que hay responsabilidades políticas que están quedando impunes y que eso facilite mecanismos que conduzcan a brindar garantías de no repetición. En el fondo puede ser más efectivo eso que buscar casos individuales para sancionar. El comportamiento fue tan generalizado y sistemático que requiere un abordaje que vaya mucho más allá de las conductas irregulares de individuos concretos. Más que jurídico, necesitamos un proceso político amplio que genere garantías de no repetición. 

A.L.: Por eso se requiere conocer el documento específico de la reforma a la justicia penal militar.

¿El cambio de nombre del ESMAD por Unidad de Diálogo y Acompañamiento a la Manifestación Pública podría afectar las investigaciones en curso de agentes y víctimas del ESMAD?

V.B.: No afectará, al contrario creo que es la oportunidad para que en esta transición, si ese es el camino del que Gobierno quiere andar, es decir, solo un cambio de nombre como punto de partida de transformación, se revisen hojas de vida del ESMAD y seleccionen los perfiles más aptos para las actividades de diálogo que se han propuesto. 

A.L.: Este cambio que está proponiendo necesita un fuerte componente de fortalecimiento de la justicia por los crímenes cometidos. No podemos pensar en una reforma a la policía sin que las víctimas puedan acceder a justicia y sin que haya sanciones a los responsables tanto de violencia homicida, como física y sexual como de las violencias oculares. 

Es indispensable que haya toda una política de fortalecimiento de todos los casos que están en la impunidad: de los 289 homicidios cometidos los últimos tres años, solamente se abrió la mitad del total de la investigación y de esa mitad —que es menos, el 44 %—, solamente ha habido dos condenas. Para Temblores ONG es indispensable fortalecer todo el acceso a la administración de justicia ordinaria, independiente de la justicia penal militar.

La relación de la ciudadanía con el ESMAD no es buena. ¿Cómo podría cambiar la percepción social? ¿Qué se necesita: tiempo, olvido, amnistías? ¿Cómo se desbarata esa relación construida como adversarios entre ESMAD y ciudadanía?

V.B.: Necesitamos entender que el comportamiento del ESMAD no ha sido una rueda suelta. Se inscribe en un contexto político y hay responsabilidades de mando civil que han omitido este comportamiento.

Se requiere identificar cuáles son las motivaciones del ESMAD que ha respondido a unas decisiones políticas todavía ocultas. Esto pasa por ejercicios de diálogo muy profundos donde, sin exculpar la responsabilidades de algunos miembros del ESMAD, pueda haber un conocimiento más profundo de lo que implica ser un funcionario del ESMAD. Esos ejercicios de diálogo pueden ayudar a la toma de perspectiva, pero pasa por esclarecer cómo ha funcionado el ESMAD y por qué asiste ciertos intereses políticos que marcan la pauta de comportamiento. Hace falta propiciar este tipo de conversaciones donde toda la ciudadanía pueda entender quiénes toman las decisiones al interior y cuáles son los procesos de esa toma de decisión. Desconocemos su funcionamiento interno y eso hace difícil monitorear a la fuerza pública y sus marcos de actuación policial. En la medida en que se profundice el conocimiento sobre el ESMAD y el ESMAD el conocimiento sobre la manifestación pública, puede funcionar en alguna medida la relación. Pero considerar que el ESMAD va a ser la especialidad que tenga mayor acogida dentro de la ciudadanía, es un escenario bastante improbable.  

A.L.: Hasta ahora se sostiene una cultura en el espacio público entre dos contrincantes: ESMAD y ciudadanía, un pretexto para que la protesta social se torne violenta. El reto más grande de este gobierno es ese cambio cultural: entender cómo reconstruir esa relación. Y eso solamente se puede lograr cuando haya una ruptura del prejuicio institucional, desde el interior y hacia afuera, el que existe con sus agentes y con los grupos sociales, y se auto reconozca a partir de un diagnóstico que está conformada por también por una ciudadanía diversa, de la que incluso hacen parte personas excluidas.