En esta serie, “Palabras para la democracia”, explicamos los conceptos que sostienen o retan la democracia. Para esta entrada, buscamos entender la palabra campesino, un término que el nuevo Gobierno quiere eliminar  del lenguaje oficial.

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El 8 de septiembre, durante el debate del Presupuesto General de la Nación 2027, el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, anunció que el Gobierno de Abelardo de la Espriella dejará de usar la palabra campesino: “No se van a llamar campesinos, se van a llamar pequeños empresarios del campo”, dijo, y calificó el término de despectivo. Tras las críticas de varios sectores –incluidos los propios campesinos– , el ministerio aclaró que campesino nombra una condición social, económica y territorial, mientras que “productor agropecuario” es una categoría productiva más amplia.

La discusión no es solo de léxico: desde el Acto Legislativo 01 de 2023, la Constitución reconoce al campesinado como sujeto de especial protección. Para entender qué se nombra —y qué está en juego— cuando se habla de campesinos, hablamos con Alejandro Reyes, abogado de la Pontificia Universidad Javeriana e investigador social con magíster en sociología de la Universidad de Berkeley experto en conflictos agrarios, despojo y restitución de tierras. Estas son sus respuestas.

¿Qué significa la palabra “campesino” en Colombia? 

Campesino en Colombia se refiere al habitante del campo dedicado al trabajo del campo, a la agricultura o pequeña ganadería. No es un terrateniente, ni empresario agrícola o un productor agrícola. Tiene su cultura campesina, su comida campesina, sus costumbres campesinas. Políticamente ha sido parte de la clientela de los gamonales políticos en un intercambio de votos por servicios. 

Campesino es además un término antropológico, sociológico, cultural, económico y político. Y esos significados no pueden ser cambiados por decreto ni por manifestación oficial. Tiene, además, una dimensión cuantitativa decisiva: en Colombia hay cerca de 11 millones de campesinos en una población de 52 millones de habitantes, más o menos una quinta parte del país. En cuanto a la tenencia de la tierra, hay cerca de 2 millones de campesinos que poseen tierra y alrededor de un millón de familias campesinas sin tierra que trabajan como asalariados agrícolas.

Colombia es una sociedad cuya cultura es campesina, cuya alma es campesina. Cuando yo nací, Bogotá tenía unos 500.000 habitantes; hoy supera los 8 millones. Esa ciudad se formó con familias de origen campesino que todavía conservan vivas sus costumbres, y eso se ve en la vida cotidiana. En las grandes intersecciones de Bogotá hay gente que cruza sin atender la cebra ni el semáforo peatonal: es la conducta de quien viene de un lugar donde no hay semáforos. Y se ve en los barrios autoconstruidos de la periferia, donde las familias le van agregando pisos a casas de origen campesino sin cimentación ni varillas de hierro. Son hábitos del campo adaptados a la ciudad.

¿De dónde viene el campesinado colombiano?

De una fusión trirracial. A la llegada de los españoles, el territorio tenía cerca de un millón de indígenas. La colonización trajo dos tipos de migrantes: aventureros y empresarios de la conquista, y campesinos españoles que venían a poblar. En los siglos XVI y XVII se sumó la inmigración forzada de africanos. Del cruce de indígenas, españoles y africanos nació el campesinado colombiano, y a comienzos del siglo XIX la República heredó el derecho de tierras español.

¿Qué papel ha jugado la palabra “campesino” en la política nacional?

Es clave en la gran violencia bipartidista entre conservadores y liberales, de 1946 a 1962, una guerra no declarada. Fueron los campesinos los que pusieron los muertos, los heridos, los desplazados y los desalojados de sus tierras. El Frente Nacional —que frenó la violenta pugna tradicional entre liberales y conservadores—, establecido en 1958, prometió una reforma agraria como terapia frente a los estragos de la Violencia. Carlos Lleras Restrepo impulsó la Ley 135 de 1961, que creó el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora). Su visión era convertir a Colombia en un país de pequeños propietarios rurales y extirpar dos males: el latifundio improductivo, heredero de los hacendados coloniales y republicanos, y el minifundio excesivo (la fragmentación de la tierra en parcelas tan pequeñas que no permiten la subsistencia económica de una familia ni una producción eficiente). En ese impulso se creó la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), como organización de apoyo a la redistribución.

Ese compromiso se desmontó con el Pacto de Chicoral. Bajo la presidencia de Misael Pastrana, su ministro de Agricultura, Hernán Jaramillo Ocampo, pactó con los grandes gremios agrarios, como la SAC y Fedegán, el fin del esfuerzo redistributivo. Con las leyes 4ª y 5ª de 1973 se sustituyó la redistribución de tierras por incentivos al crédito y el fomento de exportaciones agroindustriales: café, palma, banano, flores, algodón. Detrás estaban las tesis del economista Lauchlin Currie, para quien la urbanización era inevitable y el campo debía enfocarse en la gran producción exportadora.

¿Ha habido otros intentos por deshacerse de esta palabra tan ligada – como usted explica– a la historia de este país?

La palabra se entiende en un contexto de tres errores históricos. Cada uno a su manera, expresó un intentó de deshacerse o negar la idea o concepto que hay detrás de la palabra. El primer error histórico de la dirigencia colombiana fue haber perseguido, dividido y prácticamente aniquilado la ANUC, la organización campesina formada por el gobierno de Carlos Lleras en apoyo de su reforma agraria y destruida durante los gobiernos de Alfonso López Michelsen y Julio César Turbay Ayala. ¿Por qué lo llamo un error? Porque eso le abrió la puerta a la expansión de las guerrillas y luego de los paramilitares al desmantelar ese canal democrático para reclamar tierras.

El segundo gran error fue haberse unido con las mafias y haber auspiciado desde las fuerzas de seguridad la alianza que dio origen al paramilitarismo. Fue enviarle al campesinado fuerzas privadas de seguridad, en defensa de los intereses mafiosos y de los grandes terratenientes y en contra de los reclamos de reforma agraria que hacía el campesinado. Eso lo conocemos como la contrarreforma agraria.

Y el tercer gran error fue la oposición encabezada por Álvaro Uribe contra el proceso de paz con las FARC. El punto 1 del acuerdo de paz en Colombia es la Reforma Rural Integral porque las FARC fueron una guerrilla de origen campesino. Las FARC fueron la última gran guerra de colonos de este país. Nacieron a mediados de los años sesenta en las montañas del sur del Tolima, como respuesta a los bombardeos que ordenó el presidente Guillermo León Valencia contra las llamadas “repúblicas independientes” campesinas —Marquetalia, Riochiquito, El Pato—, que Álvaro Gómez Hurtado había denunciado en el Congreso. Las marchas de campesinos comunistas que huían de los bombardeos hacia la región del Caguán dieron origen al primer manifiesto de Tirofijo, Manuel Marulanda Vélez, que presentaba la insurgencia como una respuesta campesina a la persecución del Estado.

Por ese origen, el gobierno de Juan Manuel Santos puso como primer punto la Reforma Rural Integral, basada en el enfoque territorial. La idea es que la productividad y el bienestar del campo no dependen de lo que ocurra dentro de cada parcela, sino de la competitividad y la infraestructura del territorio: vías, conectividad, servicios sociales.

¿Cuál es hoy el lugar del campesino en el conflicto?

En todas las etapas de la violencia el papel asignado al campesinado ha sido el de víctima: el despojo de sus tierras, el desplazamiento forzado, el asesinato de sus líderes comunitarios y ambientales, el reclutamiento forzado de sus jóvenes. La pugna entre guerrillas y paramilitares, además, fracturó a las comunidades y las polarizó entre ambos bandos.

Pero la naturaleza del conflicto cambió. Hoy ya no operan las guerrillas ideológicas ni los paramilitares de antaño, sino estructuras de crimen organizado que ejercen controles territoriales severos para explotar el narcotráfico y la minería ilegal. El campesino sufre directamente la tiranía de esas mafias.

¿Puede un decreto borrar la palabra campesino?

Las palabras no pueden cambiar por decreto ni por órdenes presidenciales. Es cierto que las normas usan distintas denominaciones: la Constitución habló de trabajadores agrarios; el derecho civil, de poseedores o propietarios agrarios; la política de crédito, de pequeños productores agrícolas. Que las políticas sectoriales usen tecnicismos para asignar créditos o subsidios es aceptable. Pero sustituir un término con tanta densidad histórica es un giro ideológico que busca despojar al campesinado de su fuerza política, cultural y colectiva y negarle la identidad a una quinta parte de la nación, para priorizar la seguridad privada y la inversión sin asumir las demandas sociales del campo.

Históricamente, Bogotá ha sido la capital de Colombia y no puede ser cambiada a Barranquilla ni a ninguna otra ciudad por un acto voluntarista del nuevo gobernante. El Palacio de Nariño ha sido la sede presidencial y tampoco puede cambiarse arbitrariamente por el Palacio de San Carlos, que es la cancillería, porque son realidades históricas. Hay que distinguir los planos. El campesino es un término antropológico, histórico, cultural, sociológico e incluso económico que no va a cambiar. Un decreto simplemente cambia la terminología oficial, pero no cambia las realidades sociales.