Justicia por el 9S: cuatro muertes en Suba, entre la dilación y las amenazas

A pesar de algunos avances en los 4 casos de personas asesinadas el 9S en Suba, los familiares de las víctimas sienten que particularmente este año las investigaciones se han estancado. Algunos de ellos, además, han sido amenazados por exigir justicia.

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Tania Tapia Jáuregui

Tania es periodista de 070 desde 2019. Estudió Lenguajes y Estudios Socioculturales y es Maestra en Arte de la Universidad de los Andes. Ha publicado en Arcadia, VICE, ¡Pacifista!, Bacánika, Infobae, entre otros. Se ha especializado en temas de género, de movilización social y de derechos humanos.


09.09.2021

Ilustración: Ana Sophia Ocampo

El perdón del Director de la Policía a las víctimas del 9 de septiembre llegó ayer, un día antes del aniversario de esa oscura noche. Aunque, aclaró, va dirigido a aquellas víctimas donde la justicia ha podido probar la responsabilidad de los policías. Cerosetenta investigó en qué va cada caso.

En la localidad de Suba, fueron cuatro las personas asesinadas: Fredy Mahecha y Angie Baquero en el barrio Aures, Julieth Ramírez en La Gaitana y Germán Smith Puentes en El Rincón. Los cuatro iban de paso por las manifestaciones cuando fueron alcanzados por balas. Todos iban de regreso a su casa, según medios y familiares, excepto Julieth que iba a la casa de una amiga y quien además fue la primera víctima mortal del 9S.

De nuevo, los casos más avanzados son aquellos en los que se encontró el proyectil: el de Angie, donde la Fiscalía halló que la bala coincidía con el arma del patrullero Jorge Andrés Lasso; y el de Germán, en el que se demostró que el patrullero Andrés Eduardo Díaz disparó unas 24 veces esa noche y que una de las balas impactó a Germán por la espalda. Ambos casos ya tienen citación para audiencia preparatoria de juicio en septiembre.

Los otros dos homicidios siguen impunes. Aún así, Harold Ramírez, papá de Julieth, se sentía confiado de que el caso de su hija avanzara hasta abril: “De manera confidencial, el fiscal que tenía el caso me dijo que tenía un fuerte presunto responsable. Que tenía serios indicios por el modus operandi, la distancia, las detonaciones, la munición. Pero de un momento a otro me llama el fiscal y me dice que lo cambiaron de proceso”. Ahí, dice Harold, la investigación se estancó.

Este proceso cuenta con pruebas en video pero no se encontró la bala que le entró al corazón y salió por la espalda. Para Harold, seguramente también se perdieron otras pruebas porque la Fiscalía se demoró dos días en ir a la escena del crimen a recoger evidencia.

¿A quién más le apuesta uno en este país? ¿A dónde más puede ir uno a exigir justicia y verdad?

Tanto el caso de Angie como el de Julieth están en manos de la Dirección Especializada contra violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía, mientras que el de Germán está siendo investigado por la Fiscalía 288 seccional de Bogotá, aunque la abogada Nadia Triviño, ya solicitó que fuera trasladado a una fiscalía especializada, según le contó a Cerosetenta. Hasta la publicación de esta nota, Cerosetenta no pudo encontrar información sobre el caso de Fredy Mahecha.

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Los asesinatos del 9S en Soacha son los únicos por los que investigan a policías por haber destruido evidencias. Familiares y representantes de víctimas piden que además de sancionar a los directamente implicados y se tramite una reforma policial.

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Que estén en la fiscalía especializada “es más positivo que negativo”, en palabras de Harold. Sin embargo, tanto él como Nury Rojas, mamá de Angie, sienten que los procesos están estancados. “¿Pero a quién más le apuesta uno en este país? ¿A dónde más puede ir uno a exigir justicia y verdad? Yo he hablado hasta con el ente internacional que vino de derechos humanos. Pero ya solo queda esperar a ver si de pronto hay justicia, aunque uno sabe que las cosas van a seguir dilatándose porque eso es lo que quiere el Estado acá, dilatar para que no castiguen a los “héroes de la patria”, como les llaman”, dice Nury.

Nury es una de las familiares de las víctimas del 9S que se ha dedicado a atender a los eventos de memoria para hablar de su hija y para denunciar con micrófono en mano al patrullero que ha sido acusado por su homicidio. Y por eso, ha recibido amenazas: le han llegado panfletos contra su vida y la de su familia si sigue hablando y le han roto las ventanas de su casa.

“Es muy duro cargar el dolor de saber que la justicia es una dilatación total y que además me estén amenazando de muerte. No entiendo por qué, si lo que yo estoy exigiendo es justicia para mi hija”, dice Nury. Cuenta que ya denunció las amenazas, y que hasta el momento la única opción que le ofrecieron, después de una reunión con la alcaldesa Claudia López y representantes de la Fiscalía, fue acogerse a una medida de protección en la que le pagan el arriendo en otro barrio, o fuera de la ciudad, y le impiden a ella y a las personas que se vayan con ella poder trabajar.

“Yo no acepté porque estoy viviendo en mi casa, donde viví con mi hija, donde vivo con mi familia. Y entonces me quieren esconder y es lo que yo menos quiero, esconderme, si es que yo no he hecho nada malo”.

Qué impotencia, qué dolor, qué amargura, qué fracturada la que nos pegó este suceso.

En el caso de Angie, según explica Maria Alejandra Garzón, su abogada, el policía acusado por la Fiscalía no solo sigue activo sino además fue condecorado a principios de este año. “Ese fue uno de los argumentos del abogado en la audiencia para pedir que no le dieran medida de aseguramiento privativa de la libertad, porque tenía una hoja de vida ejemplar, intachable”, asegura. Aún así, el juez le impuso una medida de aseguramiento no privativa al patrullero Lasso, que consistía, entre otras cosas, en presentarse una vez al mes en la Fiscalía. Sin embargo, el fiscal encargado del caso le aseguró a la abogada que el patrullero no se había presentado, que estaba incumpliendo la medida.

“Para mí, que la persona que activó el arma de fuego pague, y que diga quién dio la orden esa noche, sería de pronto un aliciente, un poquito de descanso. Porque desgraciadamente el día en que yo realmente descanse mi cabeza es cuando mi corazón ya pare, que me muera. Ahí puedo descansar. De resto no, esto es muy duro”, dice Nury Rojas.

Las palabras de Harold Ramírez dan cuenta de lo mismo: alcanzar la justicia es una parte mínima que aliviaría un poco una pérdida ya irreparable. “Qué impotencia, qué dolor, qué amargura, qué fracturada la que nos pegó este suceso. A pesar de que yo intente dármelas de macho, créeme que llegar al apartamento y saber que tu preciado tesoro… ¿Por qué acaban con la vida miserablemente de algo tan bonito, tan noble, tan vulnerable, tan sensible. Nos mataron, nos quitaron media vida en la familia”.

Vea aquí en qué van los procesos en la justicia por los asesinatos del 9 de septiembre de 2020 en Soacha, Verbenal y Kennedy.

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Tania Tapia Jáuregui

Tania es periodista de 070 desde 2019. Estudió Lenguajes y Estudios Socioculturales y es Maestra en Arte de la Universidad de los Andes. Ha publicado en Arcadia, VICE, ¡Pacifista!, Bacánika, Infobae, entre otros. Se ha especializado en temas de género, de movilización social y de derechos humanos.


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Tania Tapia Jáuregui

Tania es periodista de 070 desde 2019. Estudió Lenguajes y Estudios Socioculturales y es Maestra en Arte de la Universidad de los Andes. Ha publicado en Arcadia, VICE, ¡Pacifista!, Bacánika, Infobae, entre otros. Se ha especializado en temas de género, de movilización social y de derechos humanos.


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