El 9 y 10 de septiembre de 2020 la Policía disparó contra manifestantes en barrios de Bogotá y Soacha. Reunidos para protestar contra el asesinato de Javier Ordóñez, a manos de agentes, cerca de 80 Centros de Atención Inmediata – CAI fueron vandalizados y a la mitad de estos les prendieron fuego. La intervención de la Policía, sin embargo, dejó 13 víctimas mortales y 305 heridos. Esas fueron noches de terror y escenas feroces de una película sicarial.

A un año de los hechos, el entonces director de la policía Jorge Luis Vargas pidió perdón únicamente en los casos en los que se comprobó responsabilidad de la institución. En ese momento Cerosetenta reportó el avance de la justicia en varios casos.   

Hoy, cuando se cumplen dos años, ninguno de los que han sido investigados ha llegado a condena. Todos los procesos se encuentran en etapas distintas: algunos ya superaron la investigación y se encuentran en etapa de acusación o inician las audiencias preparatorias del juicio. 

Hasta el momento, hay cuatro agentes imputados con procesos abiertos, los mismos que ya habían sido identificados hace un año: John Antonio Gutiérrez, José Andrés Lasso, Óscar Alexander Márquez y Andrés Díaz Mercado, los cuatro presuntamente responsables del asesinato de cinco personas en la noche del 9S: Germán Smyth Puentes y Angie Paola Baquero, en Suba; Jaider Alexander Fonseca y Andrés Felipe Rodríguez, en Verbenal (ambas atribuidas a Mercado) y Anthony Gabriel Estrada, en Ciudad Verde, Soacha. En todos los casos, los patrulleros fueron llamados a la justicia tras hallar una correspondencia entre sus armas de dotación y los proyectiles encontrados en los cuerpos de las víctimas. Otra muy distinta ha sido la suerte ante la justicia de los casos en los que el proyectil no se encontró.

De los cuatros uniformados investigados sólo uno se encuentra en detención domiciliaria desde 2021, el patrullero Óscar Alexánder Márquez; los otros tres siguen en libertad.

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La policía disparó en al menos 17 CAIs de la ciudad durante las protestas del #9S y el #10S. En este tercer capítulo de LA OSCURA NOCHE DEL #9S contamos el número de disparos de los agentes tras recolectar más de 300 videos.

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Según las fuentes consultadas por Cerosetenta, en estos dos años desde el 9S no sólo no ha habido destituciones a los agentes responsables sino que además han sido ascendidos algunos de quienes estaban a cargo de las unidades y de la cadena de mando. La impunidad que hoy reina frente a estos crímenes ha sido un tormento para las víctimas que desde el primer momento —cuando el entonces presidente Iván Duque se puso la chaqueta neón de la Policía y fue a la calle a darle la mano uno a uno a los uniformados— han visto en el Estado y en la Policía una desidia frente a la investigación y rendición de cuentas por los asesinatos. Sucesos como los del 9S, y su respuesta por parte de las instituciones, enardecieron los ánimos de la ciudadanía que finalmente estalló, junto a una larga lista de inconformidades y desatenciones, en las movilizaciones de 2021. 

Los casos del 9S quedaron en manos de la Dirección Especializada contra violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía, una movida que entonces víctimas y abogados consideraron podía beneficiar el avance de los procesos, pero que, dos año después, no ha solucionado lo que sigue siendo constante: la impunidad. Tanto las víctimas como funcionarios públicos juzgan de ineficiente la gestión de la Fiscalía y los cambios anunciados para la Policía por el nuevo Gobierno como superficiales. Por eso, el Concejal Diego Cancino promueve una reforma popular policial, un texto complementario a la reforma que prometió presentar el Presidente Petro. Además, ante la falta de garantías cabales, las víctimas proponen como alternativa la instalación de una comisión de esclarecimiento sobre lo que sucedió esas noches.

‘Una putada’: la impunidad

Una de las personas más enfáticas en llamar el episodio de esas noches como una masacre es el concejal de Bogotá Diego Cancino. Para él, el escalamiento de la violencia policial tuvo que ver con la permisividad en el asedio a la ciudadanía de los agentes de Policía durante la pandemia. Las violaciones, desapariciones, detenciones arbitrarias y traslados por protección, explica, fueron permanentes durante 2020 hasta que se triplicaron en el segundo semestre del año, en las noches del 9 y 10 de septiembre. 

Fue entonces cuando se hizo evidente el control que la Policía tenía sobre la ciudadanía y el espacio público, dice el Concejal, y advierte que pese a que la Defensoría del Pueblo emitió sistemáticamente alertas tempranas, éstas no fueron tenidas en cuenta. “Donde [las alertas] denunciaban estructuras paramilitares y estructuras de narcotráfico con poder territorial fue justo donde la Policía hizo más hostigamiento, amenazas y, vaya coincidencia, donde el 9 y 10 de septiembre su violencia termina en una masacre. Se ha comprobado, claramente, que al menos cuatro de las víctimas recibieron tiros de gracia, es decir, tiros que fueron teledirigidos a la sien de los muchachos”.

La relatoría independiente a cargo de Carlos Negret, ex Defensor del Pueblo, anota que lo que ocurrió esa noche fue una criminalización de la pobreza más que de la protesta porque, como expuso Negret, “de las víctimas, 14 eran hijos de familias que llegaron a Bogotá en busca de oportunidades. Y 13 víctimas pertenecían a familias cuyos ingresos no superan el salario mínimo”. Según investigaciones de organizaciones de derechos humanos como Temblores ONG o la Fundación Lazos de Dignidad, esas noches los agentes actuaron con dolo, pero la Fiscalía parece no verlo tan claro pues dos años después aún no hay ningún agente condenado a pesar de la existencia de  pruebas.

“A la fecha no hay judicializados o apresados”, asegura Cancino. “Y me atrevería a decir que la impunidad llega al 90 %, aunque prefiero resumir la situación con una anécdota y no una estadística: hay una imagen absolutamente catastrófica, la de Mayra Páez, la esposa de Jaider Fonseca, uno de los tres jóvenes asesinados por la policía en el barrio Verbenal. Ella me decía “Esto es una putada”, que por astucia jurídica la audiencia de su caso se aplaza y aplaza y nada va a pasar mientras los agentes busquen que sus casos los lleve la Justicia Penal Militar y no la ordinaria”. 

Mayra Páez cuenta que acaba de instaurar una denuncia por falso testimonio en contra de Jhon Antonio Gutiérrez, el patrullero implicado en la muerte de dos de las tres víctimas del barrio Verbenal: Jaider Alexander Fonseca Castillo, el compañero sentimental de Páez, y Andrés Felipe Rodríguez. “En su primera declaración, Gutiérrez dice que nunca disparó y las evidencias muestran que lo hizo más de 94 veces”, dice Páez.

Además, Gutiérrez reportó que su arma de dotación y varios proyectiles habían sido robados el 7 de septiembre, dos días antes de la masacre, pero lo reportó el 13 y 14 de septiembre de 2020, es decir, casi una semana más tarde. “Cuando ellos pierden el arma de dotación, deben denunciarlo de inmediato, pero como Gutiérrez sabía que cuando disparó dejó herido a alguien o presuntamente había asesinado a alguien, manipuló más tarde evidencias”, dice Páez. El patrullero Gutiérrez, además, ha cambiado tres veces de abogado y en su caso no cumplieron con la petición de medida de aseguramiento solicitada por las víctimas que le hubiese obligado a llevar el proceso desde la cárcel. 

Isabel Fajardo, abogada y defensora de derechos humanos de la Fundación Lazos de Dignidad y quien lleva el caso de Germán Puentes y el de Lorwan Stiwen Mendoza Aya, ambos asesinados en Soacha, explica que el problema no es solo que las investigaciones que existan sean pocas; también que las que existen no avanzan ni llegan a audiencias en los juzgados. “Un par de casos han pasado a audiencia de acusación y luego a audiencia preparatoria. Los tres casos de Soacha siguen siendo los más lentos, de esos solo uno tiene investigación abierta. Y el caso más avanzado es el de Germán Smyth Puentes, asesinado por el patrullero Andrés Eduardo Díaz Mercado”, dice. 

Mercado, por ejemplo, busca hacer ahora un preacuerdo con la Fiscalía porque pese a que a comienzos de 2021 había logrado que un juez de Control de Garantías de Bogotá le otorgara libertad, las pruebas enseñan que disparó más de 20 veces y sigue en juicio con audiencias que cada vez se aplazan más.

¿Quién dio la orden?: sin respuesta no hay reforma

A los policías que estuvieron involucrados en la masacre del 9 de septiembre, cuenta Cancino, los trasladaron pero no los destituyeron. Incluso en algunos casos los ascendieron. El Concejal denunció que el general Jorge Luis Vargas o el general Ernesto Rodríguez, quienes comandaron el Puesto de Mando Unificado esas noches de septiembre, nunca ordenaron a sus policías bajar las armas. Aun así, en junio de 2021, Vargas fue ascendido al máximo grado de General y, en septiembre de ese año, Rodríguez fue nombrado Inspector General de la Policía, cargo que entre sus labores tiene la de investigar a los policías con procesos jurídicos y guiar el comportamiento ético al interior de la institución. La tragedia se cuenta sola.

Sin embargo, aún no es de conocimiento público si esas noches hubo un mando unificado. Y es un tema trascendente que Cancino, la actual Ministra de Ambiente Susana Muhamad y el Senador Iván Cepeda incluyeron en la denuncia que hicieron ante la Corte Penal Internacional. El hecho de que nadie se hiciera responsable de haber dado la orden terminó en un crimen de Estado de lesa humanidad, tal como quieren que la Corte lo declare. 

“El problema es que la Corte investiga esas violencias a nivel nacional, pero si lo hace con la Capital y dictamina algo, habría un impacto para lograr una reforma policial donde sea inaceptable asesinar a ciudadanos y, por lo tanto, imposible ascender a los agentes cuando lo hagan”, dice Cancino.  

La pregunta por las cadenas de mando resuena en el grito popular que desde hace años se repite en Colombia, incluso antes de que se conociera la resonada cifra de los 6.402 crímenes extrajudiciales cometidos por militares: ¿Quién dio la orden?. La pregunta se oyó de nuevo tras las noches de terror de septiembre de 2020. La ausencia de responsabilidad fue tal que evidenció aún más el problema estructural de autonomía y poca rendición de cuentas de la Policía, una dificultad que ciudadanía y activistas esperan sea eje central de la esperada reforma policial y que aún no se reconoce en los incipientes cambios que ya anunció este Gobierno para la institución. 

“El distrito o las alcaldías tienen que ser la máxima autoridad para la Policía. A su vez, el jefe de la policía es el General, pero éste obedece al máximo comando de la Fuerza Pública [el presidente]. En septiembre se demostró que hay un mandato contradictorio a la ciudadanía y que la Policía no necesariamente obedece a su máxima autoridad civil. Eso tiene que estar claro en una reforma actual”, dice Cancino. 

En el papel, las alcaldías o fuerzas civiles tienen poder y autoridad sobre la fuerza policial, pero en las calles eso no es lo que pasa y así, explica el Concejal, es que termina debilitándose la democracia. “Tiene que haber investigadores judiciales que expliquen si hay una lógica clara y constitucional con la que opera la fuerza pública o si obedece a otras apuestas, incluso ilegales. Eso no solo para reconocer si hubo un crimen de Estado, también para determinar de qué modo se debe reformar la institución y cómo debe operar la justicia”, agrega Cancino. 

“Seguimos elevando la pregunta ¿Quién dio la orden?, porque sabemos que aunque hay autores materiales de lo que ocurrió en septiembre, también sabemos que obedecieron a alguien”, dice la abogada Fajardo. Hay una necesidad, afirma, de que la respuesta deje de esconderse, incluso por parte del Distrito, porque las autoridades no solo conocían las alertas de la Defensoría, también las de las organizaciones civiles. “Yo misma en una Mesa Distrital activada inmediatamente después de la muerte de Javier Ordóñez —es decir, antes de que se desataran las noches de terror—, denuncié en público que en Suba podía desatarse una situación como la que sucedió”.

Fajardo dice que la Alcaldesa Claudia López estuvo presente esa tarde y que desde entonces hubo “unas actitudes dudosas” por parte de instituciones como la Policía, que escondieron las actas de las reuniones y la información sobre los cambios de los Puestos de Mando Unificado en las zonas más afectadas, asegura.

A Páez le consta. “Claudia López tuvo una reunión previa a esas noches del 9 y 10 de septiembre en las que estuvo la Policía. Algo se planeó ahí porque esto fue una orden y queremos saber quién la dio. No solamente en Bogotá, también fue en Soacha, en Engativá, en Suba, en Usaquén y casi que a la misma hora. Esto fue planeado”. Dice que el hecho de que los patrulleros de la policía se hicieran detrás de una cortina de humo para disparar, fue algo que no se le ocurrió a cada uno y donde casualmente sumaron poderes, “esto fue planeado”, reitera. 

“La gran mayoría de los patrulleros que vinieron esas noches a Verbenal estaban con la chaqueta al revés y fue imposible identificarlos con los números de placa. En Usaquén, por ejemplo, el comandante que lideraba el Puesto de Mando Unificado traspasó el poder a otro policía minutos antes de lo que sucedió la noche del 9 de septiembre. Esto requiere de una orden más allá de pura espontaneidad”, explica Paéz, para quien no sirve una reforma cuando no existe el primer patrullero que haya dicho aún: «yo sé y vi que mi compañero disparó esa noche», dice. “No ha existido el comandante que haya dicho ‘esta noche estaban tantos policías, tantos a cargo del CAI, tantos a cargo de rondas: ¡nada!”. Con una omisión sobre todo lo que sucedió esa noche y en las manifestaciones posteriores, Páez cree que es imposible plantear una verdadera reforma a la policía.

Para Fajardo los últimos dos años demuestran la urgencia de un cambio de tipo estructural y doctrinal para la institución, con participación de las organizaciones de la sociedad civil, de víctimas y abogados, con una verdadera apuesta por sacar a la luz pública la información que permanece oculta.

Hasta el momento, Cancino aplaude el mensaje de Gustavo Petro a la Fuerza Pública, sobre todo aquel de la transmisión de mando del nuevo director de la Policía, mayor general Henry Sanabria Cely, en el que dijo: “Estoy absolutamente convencido de que una persona que está en la institución policial, gozando de su dignidad humana dentro de la institución, no es capaz de violentar la dignidad humana de una persona fuera de la institución”. Juzga de insuficiente, sin embargo, las transformaciones anunciadas sobre el ESMAD.

“Aquí no se trata de cambiar el uniforme y el nombre. Porque nadie sabe cómo va a ‘dialogar’ con una Venom o una tanqueta, con gases por la derecha y una aturdidora por la izquierda. Se trata de prohibir las armas que posiblemente son letales. Tener ambulancias en las protestas parece de manual de Cruz Roja en Croacia o en Bosnia o en los territorios de conflicto en Colombia. Es asumir la protesta como si fuera un asunto de guerra y no un riesgo de seguridad”. 

Para Páez, la autonomía con la que actuaron y actúan los policías hace eco de la estructura de una banda criminal, en sus palabras. “A diferencia de una banda criminal ilícita, ellos son legales. Trabajan para el Estado y están cubiertos bajo sus poderes: las armas, el conocimiento militar y el apoyo para que los crímenes de los que son responsables nunca se esclarezcan”. 

Pasa el tiempo sin una comisión de esclarecimiento

El país está en deuda de tener una suerte de comisión de esclarecimiento de lo que sucedió en todas las circunstancias de violencia policial, según dijo a Cerosetenta Victor Barrera, politólogo e investigador del equipo Estado, Conflicto y Desarrollo del Centro de Investigación y Educación Popular CINEP. En eso coinciden Cancino, Fajardo y Mayra Páez sobre lo que pasó el 9 y 10 de septiembre.

Para Páez es necesario que de ese proceso, además, pueda surgir el reconocimiento como víctima de Estado para quienes sus vidas fueron afectadas esas noches. “No solo hubo muertos, la policía dejó cientos de heridos como Manuel, en Verbenal, que quedó en silla de ruedas. Necesitamos reparación y verdad como lo hacen con las víctimas del conflicto armado”, dice.

Para Cancino está bien pensarlo así porque lo que sucedió en septiembre de 2020, en sus palabras, tuvo una lógica de actuación policial paramilitar. “Sus propiedades fueron análogas a las masacres de otros municipios donde la Fuerza Pública se toma los territorios y donde los hostigamientos, las detenciones arbitrarias, la violencia sexual, entre otras, terminan en una masacre”, refuerza.

Cancino estuvo trabajando con Iván Velásquez cuando era el director de la organización Justicia y Democracia. Allí, el Concejal propuso impulsar una reforma popular a la Policía y también una mesa de diálogo. “Velásquez estuvo totalmente de acuerdo y hoy, él es el Ministro de Defensa”, advierte. 

Esa reforma popular policial, que podría ser un paso preliminar a una comisión de esclarecimiento, ya cuenta con un comité de impulso conformado por nueve personas entre víctimas, ciudadanía, jóvenes de primera línea y agentes. “El fin es empezar a construir una propuesta común en la que estén involucrados todos los actores. Se necesita abrir la Policía para que genere un diálogo. La construcción de paz de este Gobierno también debe venir desde la Policía y tiene que ser desde la reconciliación sin impunidad. Con verdad, con justicia, con reparación”, concluye el Concejal. 

La reforma popular a la Policía no es una reforma distinta a la que promueve el gobierno, es complementaria. Pretenden que sea una wiki reforma, es decir, una reforma construida de manera colectiva, pero necesitan recoger 3 millones de firmas para que sea un mandato ciudadano.

Páez dice que seguirán en las calles exigiendo justicia y nombrando a las víctimas. “No nos cansaremos. Cuando exista esa justicia, habrá valido la pena toda la sangre que derramaron esa noche. Cuando existan garantías de no repetición diremos: ¡lo logramos!”.

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