Los hechos ocurridos en el Museo Nacional no son compatibles con la democracia
Estudiantes de las maestrías en Historia del Arte y Patrimonio Cultural de la Universidad de los Andes rechazan el retiro de unas 50 piezas del Museo Nacional por orden del Gobierno, lo califican de censura que silencia el debate sobre la memoria y exigen independencia para las instituciones culturales del Estado.
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Estudiantes de las maestrías en Historia del Arte y Patrimonio Cultural de la Universidad de los Andes
21.10.2026
El hecho ocurrido el pasado 15 de octubre de 2026 en el Museo Nacional nos genera una gran preocupación como académicas dedicadas al estudio de la Historia del Arte y del Patrimonio Cultural, pero, sobre todo, como ciudadanas.
Todo indica que el desmonte de aproximadamente 50 piezas (entre obras documentales y artísticas) de su colección permanente responde a decisiones que van en contravía de su misionalidad, de su Manual de curaduría, de la Política Nacional de Museos, del código de ética del Consejo Internacional de Museos (ICOM) y, lo más preocupante, de la Constitución de 1991.
El desmonte de las piezas se dio a partir de la «denuncia» de un concejal de Bogotá, que en una visita familiar al museo se indignó por las piezas expuestas. Para él, los contenidos que presenció «representan una exaltación al terrorismo [y] justifica[n] a organizaciones como el ELN, las FARC y el M-19, mientras relegan el sufrimiento de sus víctimas»1, y su montaje son «altares». Por otra parte, el presidente declaró que las acciones se dieron en el marco de una supuesta lucha contra el wokismo, donde «nunca más los terroristas tendrán un lugar como si de próceres de la patria se tratara»2.
“¿Qué mayor adoctrinamiento que retirar unas piezas del Museo?”
Entrevista con Andrés Góngora, ex curador del Museo Nacional, sobre las efectos que puede tener la retirada de algunas piezas de la sala “Hacer Sociedad” en el Museo.
Consideramos que las explicaciones que ha dado el Gobierno nacional hasta el momento no solo son insatisfactorias, sino también inválidas. Estas demuestran un profundo desconocimiento de la institución por parte del jefe de Estado y de la ministra de Cultura, y tergiversan la función que cumple el Museo Nacional en la sociedad colombiana. Función amparada por un marco normativo que el Gobierno omite: la Ley 397 de 1997, donde se prohíbe expresamente la censura del Estado sobre el contenido ideológico y artístico; el Decreto 1746 de 2003, que obliga al Ministerio a preservar y divulgar la pluralidad cultural; la Ley 1185 de 2008, que protege los bienes patrimoniales frente a intervenciones arbitrarias; y la reciente Ley 630 de 2025, orientada al reequilibrio, la inclusión y la protección de los saberes y las artes.
«El museo no debe glorificar el pasado, sino hacerlo legible» se lee en una pancarta que cuelga de la fachada del panóptico. En este sentido, las piezas expuestas como parte de la museografía no pretenden enaltecer a los representados en estas o a sus creadores. Argumentar que la exposición en el Museo Nacional corresponde a una «oda al terrorismo» o a la instalación de «altares», y bajo estos pretextos invisibilizar expresiones políticas y artísticas diversas que incomodan al Gobierno nacional constituyen un acto de censura cargado de violencia.
La decisión tomada desconoce décadas de trabajo conjunto entre el museo y distintas comunidades académicas y sociales, así como el proceso de investigación y renovación de las salas que resultó en el guion curatorial actual. Esto no significa que el discurso curatorial de la colección permanente sea incuestionable; al contrario, el museo es, o debería ser, un espacio abierto al diálogo, la reinterpretación y el disenso. Su valor no reside en ofrecer relatos inmutables, sino en permitir que estos sean interrogados, cuestionados y reconstruidos desde distintas perspectivas.
Paradójicamente, la visita del concejal y su encuentro con estas piezas desató una conversación amplia que trascendió los muros del panóptico y ha involucrado a diversos sectores, tanto afines como contrarios a la medida. El concejal, el presidente y su ministra no han caído en cuenta de que es, precisamente, la exposición pública de estos objetos lo que les permite confrontarlos, contrariarlos y contar su versión de la historia. Sin embargo, en vez de alimentar el debate público, se decidió clausurarlo, evitando que los visitantes del Museo Nacional dialoguen con las obras retiradas.
Foto cortesía de Lucas Ospina.
Por eso, cuando la decisión de retirar piezas se impone de una manera unilateral, sin abrir un espacio para la discusión, lo que está en juego no es únicamente la permanencia de unos objetos en sala, sino también las libertades, los derechos culturales y la posibilidad de una sociedad de relacionarse críticamente con su propia historia. Cuando se retira un objeto en lugar de discutir abiertamente lo que representa, no solo se silencia una obra expositiva: se estrecha también el horizonte de aquello que una sociedad puede pensar, cuestionar y comprender.
Ninguna pieza es, por sí misma, depositaria de una «identidad nacional», como pretende la actual ministra de Cultura, ni de una ideología inamovible, ni puede reducirse a ellas. Sus múltiples interpretaciones se construyen a través de entramados curatoriales, históricos y simbólicos que les otorgan sentido. Tales entramados son susceptibles de crítica, revisión y transformación mediante la investigación continua, el diálogo público y la museografía, y no mediante la clausura, el desmontaje o la invisibilización.
El patrimonio no se reduce a los objetos que una sociedad decide conservar en sus vitrinas, sino que abarca las relaciones de conocimiento, controversia y afecto que tejemos con ellos. La responsabilidad del museo no es resolver las tensiones históricas mediante el silenciamiento o la exclusión, sino ofrecer herramientas para comprenderlas; asumiendo que el patrimonio es una relación viva y conflictiva con el pasado cuyo sentido se transforma cada vez que volvemos a mirarlo.
En un país «donde el recuerdo de la vida duele», estos actos de censura solo sirven para condenar a la nación a ser «tierra y olvido», recordando las palabras de María Mercedes Carranza3. Sin embargo, recordar nuestra historia es un deber ineludible con nuestras víctimas. El carácter transformador de la historia radica precisamente en que es incómoda. El Museo Nacional, como institución que preserva, construye y legitima los relatos sobre la nación, tiene el deber de incomodar e interpelar a la sociedad por medio de la exposición de sus colecciones. Un museo cuya historia no incomoda es un desfile triunfal que expone un botín de bienes culturales, un simple gabinete de curiosidades para el beneplácito y la gracia del jefe de Estado de turno.
La historia demuestra cómo la estigmatización, el señalamiento y el agravio contra expresiones artísticas y políticas disidentes escalan rápidamente hacia formas más graves de represión. Ni estas dinámicas de silenciamiento, ni las prácticas que las preceden, son compatibles con la democracia.
Foto cortesía de Lucas Ospina.
Aunque recientes acciones judiciales, como la acción de tutela que ordenó la preservación de las piezas retiradas y frenó temporalmente nuevos desmontes4, abran la puerta a que las obras sean reinstaladas, advertimos que el daño no se repara simplemente con devolverlas a las salas. La gravedad de este hecho trasciende la reubicación física de los objetos, pues sienta un grave precedente sobre la fragilidad de nuestra memoria institucional. El acto de censura deja una marca profunda que amenaza el derecho de las presentes y futuras generaciones a comprender la pluralidad y las tensiones de su propia historia. No podemos normalizar una dinámica de «quitar y poner» obras según la conveniencia política o el escándalo del momento; la gestión del patrimonio exige garantías de no repetición y una independencia absoluta que blinde a los museos frente a la instrumentalización estatal.
Por ello, hacemos un llamado para que las instituciones culturales del Estado no se conviertan en instrumentos de propaganda que perpetúen un discurso excluyente e irreflexivo, maleable ante el poder político. Exigimos que mantengan su independencia en las labores de investigación, salvaguardia, educación y curaduría, y en todas aquellas acciones que aboguen por la construcción de un país diverso, inclusivo, plural y en paz.
