“Ningún joven volverá a ser violentado por imaginar un país diferente”.

Estas fueron las palabras con las que el entonces presidente electo, Gustavo Petro, se refirió en su discurso de triunfo en las elecciones a los jóvenes violentados durante el Estallido Social del 2021. Unos minutos después, en medio de un multitudinario escenario, se asomó un cuadro con el rostro de Dylan Cruz, joven asesinado por el Esmad en el Paro Nacional del 2019. El cuadro lo llevaba su madre, quien también habló y le dio la bienvenida al próximo presidente de Colombia. Ese acto simbólico sirvió para mostrar un compromiso con las víctimas de la violencia policial en Colombia. Compromiso que debía consolidarse, en parte, a través de una reforma a la Policía Nacional. Hoy, a cinco años del Estallido Social de 2021 y a poco más de tres meses de que culmine el gobierno de Gustavo Petro, es necesario revisar qué ha pasado con la reforma policial, cuáles han sido sus retos, logros y fracasos.

La policía en la democracia moderna

Imaginar una democracia moderna sin policía es una tarea compleja. Actualmente no existe ningún país reconocido por la comunidad internacional que carezca de un cuerpo civil encargado de velar por el orden. La policía como institución parece ser un infaltable en el checklist de características que necesita un país para existir. La palabra policía viene del griego antiguo πολιτεία, el cual hacía referencia al derecho a la ciudadanía y a la relación de los ciudadanos con el Estado. Fue hasta el siglo XVIII que, a partir de la creación de la policía francesa encargada de velar por el cumplimiento de las nuevas leyes de la revolución, surgió la noción de policía como cuerpo encargado de garantizar el orden.

En el caso de Colombia, la policía fue fundada por el militar francés Juan María Gilbert a finales del siglo XIX. En Colombia, es una de las instituciones más grandes con más de 180,000 miembros y a la vez es de las más activas en el relacionamiento entre institucionalidad y ciudadanía. Cualquier día y a cualquier hora un ciudadano puede acudir a la policía. La promesa de reformar a la policía implica transformar una institución que, además de ser muy grande, su significado y su actividad están anclados en la noción moderna y occidental de Estado. Por lo tanto, reformarla no es poca cosa.  

La reforma policial en la era Petro

Desde la década de 1990 la policía colombiana ha estado en un proceso de constante transformación. Sin embargo, no fue hasta los años recientes que la reforma policial se volvió un clamor ciudadano. Episodios de graves violaciones a los derechos humanos como el asesinato de Dylan Cruz en 2019, el homicidio a Javier Ordoñez y la posterior masacre del 9 de septiembre en 2020, la quema de la estación de Policía de San Mateo y el Estallido Social de 2021 impulsaron dicha exigencia. Principalmente poblaciones jóvenes y marginadas que habían sido víctimas de estigmatización y violencia policial exigieron cambios en la doctrina, incluyendo el desmonte del Esmad. 

El Gobierno Nacional ha promovido la reforma policial, principalmente, desde el Ministerio de Defensa. A través de la Directiva Permanente 009 de 2023 se creó la normativa de lo que sería el proceso de transformación policial. Así mismo, en el Plan Nacional de Desarrollo se menciona la transformación de la Policía y la eliminación del Esmad. Según Alexandra González, Secretaria de gabinete del Ministerio de Defensa: “nosotros nos propusimos 53 acciones en 7 ejes de la transformación. Lo principal fue la transformación de la UNDMO (antiguo Esmad), en general con reglamentación del uso de la fuerza. El decreto 1231 de 2024 es el principal legado de regulación y transformación del uso de la fuerza”. Para Camilo Mendoza, investigador de Temblores Ong, el decreto 1231 de 2024 es un avance ya que limita el uso de la fuerza y, siempre y cuando sea implementado, puede significar un marco regulatorio más garantista. 

Lo anterior se refleja en el análisis de datos oficiales de la policía, realizado por Temblores Ong, en el que, entre 2024 y 2025 hubo una reducción del 10% de las intervenciones en las que el UNDMO hizo uso de la fuerza. 

Por otro lado, González también afirma que la transición de un modelo de servicio policía de vigilancia a un modelo de servicio de policía Orientado hacia las personas y el Territorio es otro de los ejes fundamentales. Lo que busca es transformar la lógica del modelo de vigilancia por cuadrantes, un modelo de vigilancia creado para las grandes ciudades –siendo Bogotá el mayor ejemplo– donde la ciudad se divide territorialmente en manzanas a las que se le asigna un CAI y a ese CAI  un cuadrante. “Pero lo cierto es que ni todo Bogotá es igual, ni todo el país es Bogotá, y por tanto, lo que se busca con el nuevo modelo es que la unidad ya no sea el cuadrante, sino que vuelve a ser la estación”. Según González, con lo anterior se busca hacer una lectura de las necesidades de cada territorio y por ende del tipo de servicio que la comunidad requiere de la policía. 

Es indudable que ha habido un gran esfuerzo desde el Ministerio de Defensa para materializar un cambio en la policía. Esfuerzo que se ve reflejado en los actos administrativos expedidos durante estos casi cuatro años. Sin embargo, es necesario indagar la percepción que las ciudadanías jóvenes que exigieron una reforma policial tienen sobre la materialización de dichas acciones. 

La reforma para sectores jóvenes y los movimientos sociales

El día 30 de marzo de 2026 la comunidad del Bicho, jóvenes que realizan trabajo comunitario barrial en el suroccidente de Bogotá, publicó un comunicado en el que denunciaron los hechos de violencia policial de los que fueron víctimas la mañana anterior. En este denuncian agresiones físicas y detenciones arbitrarias. 

“La gran mayoría de policías se enmarcan en que al ser ellos guardianes de la ley son personas con más derecho que el otro. En el último escenario de violencia policial que se dio en la plazoleta uno de nuestros compañeros es detenido y nosotros, teniendo relación y diálogo con distintas instituciones, no logramos tener información hasta 5 horas después, el compañero duró 5 horas desaparecido”, afirma Andrés, miembro de la comunidad del Bicho. Esto recuerda algunos de los momentos más angustiantes del estallido social de 2021 en el que los jóvenes detenidos fueron torturados como una medida de castigo en medio de procedimientos irregulares.

Este distanciamiento entre las transformaciones en el marco normativo y la realidad que viven varios colectivos barriales abre preguntas sobre la efectividad de las transformaciones. Para Olga Araújo, miembro de la organización Nomadesc, la reforma policial ha sido insuficiente para las expectativas del movimiento social. “No hubo reforma, lo único que cambió fueron los uniformes mientras la persecución a los jóvenes continúa”. Así mismo, según Araújo, para que una reforma policial se materialice, debe haber un efectivo acceso a la justicia para las víctimas de violencia policial durante los últimos años, lo cual requiere, necesariamente, el involucramiento de más instituciones en esta discusión. 

Para Mendoza, el hecho de que las discusiones de reforma policial no se estén dando en el escenario legislativo tiene implicaciones en la percepción de esta: “El Congreso permite esa posibilidad de legitimar como pública una discusión que se está dando, si la reforma pasara por el Congreso tendría más resonancia en otras esferas, lo que se habla en el congreso sin duda resuena más a lo que se discute en oficinas cerradas con algunas organizaciones de la sociedad civil”. No obstante, el tenso relacionamiento del Gobierno con el Congreso ha generado que el Gobierno haya abandonado varios debates en ese escenario.

Sin embargo, el hecho de que las violencias en el espacio público perduren, como la denunciada por la comunidad del Bicho, es un síntoma de que aún falta mucho por hacer. De hecho, según Araújo, algunas de estas violencias han aumentado posterior al estallido social y se evidencian con la persecución de ejercicios de memoria como los murales en homenaje a las víctimas durante el estallido social. Persecución que en ocasiones incluye a otros sectores ciudadanos e institucionales que acuden a la policía para que repriman estas expresiones artísticas de reivindicación. 

Según el último reporte Grita de Temblores Ong, durante el año 2025 el espacio público continuó siendo el principal escenario de violencia policial y los jóvenes que lo utilizan para distintas actividades barriales, los principales afectados. Para Mendoza, esto tiene que ver “con discusiones mucho más amplias sobre el papel que deseamos del Estado como sociedad en la intervención de la vida social, particularmente en un contexto donde hemos visto sectores que claman una presencia mucho más fuerte de un Estado autoritario en la vida cotidiana”. 

La transformación policial ha sido un proceso implementado desde arriba hacia abajo, es decir, se ha impulsado a partir de directrices de alto nivel (Ministro de Defensa, Presidencia), por ende, al leer los actos administrativos mencionados en este artículo, es posible identificar un marco garantista. No obstante, y como Mendoza lo afirma, “es necesario que estos cambios también se impulsen desde la base de la institución, en este caso, desde el nivel ejecutivo de la Policía Nacional, que es el nivel que compone a los patrulleros encargados de las relaciones cotidianas entre ciudadanía y policía”. Mientras no haya cambios drásticos en el comportamiento de dicho sector que la ciudadanía perciba como reales, no habrá una reforma policial exitosa que garantice la no repetición de las violaciones a los derechos humanos.   

La verdad como garantía para la no repetición

El 1 de septiembre del 2023 se realizó un acto de reconocimiento público y responsabilidad estatal por el asesinato del grafitero Diego Felipe Becerra 12 años atrás por parte de unos patrulleros de la policía. El acto de reconocimiento es parte del acuerdo de solución amistosa publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En este, estuvo el presidente Gustavo Petro, el entonces Ministro de Defensa Iván Velázquez, el exdirector de la policía, el general William Salamanca y distintos miembros de la Alcaldía de Bogotá. 

​​”Para mi como madre de Diego Felipe, el acto de reconocimiento por parte del Estado colombiano, en el que la Policía, el Ministerio de Defensa, reconocieron su responsabilidad por el daño causado a la vida y honra de Diego, fue un acto que pocas veces suele hacerse a una víctima, fue realmente reparador” dijo Liliana, madre de Diego Felipe Becerra. Así mismo, Gustavo Trejos, el padre de Diego Felipe Becerra, quien se ha vinculado al trabajo por la defensa de los derechos humanos, afirma que: “Nos consideramos víctimas afortunadas al alcanzar estas medidas tras doce años de litigio. Desde 2014, documentamos ante la CIDH cada irregularidad institucional: diligencias paralelas, alteración de documentos públicos, compra de testigos falsos y las presiones de la cúpula de la MEBOG de 2011 para mantener una narrativa basada en la mentira”. 

Los actos de reconocimiento público son fundamentales en los procesos de reparación y reconciliación. Sin embargo, el camino es largo ya que muchas víctimas aún esperan algún tipo de reconocimiento y perdón y, teniendo en cuenta que en el caso de 

Diego Felipe Becerra tuvo que pasar más de 10 años y una mediación de la CIDH, el panorama no es muy alentador en el corto plazo. “Mientras muchas víctimas esperan décadas por justicia, nuestro caso subraya la necesidad de una reforma judicial profunda. Necesitamos jueces y magistrados que actúen bajo el bloque de constitucionalidad y estándares internacionales, garantizando tiempos procesales dignos”, afirma Trejos.  

Por su lado, el Tribunal Popular de Siloé, iniciativa de víctimas de violencia policial surgida posterior al Estallido Social de 2021 en Cali, realizó una investigación en la que identificó los principales patrones de violencia ocurridos en esos meses. En el mismo documento también exigen la creación de un mecanismo de acceso a la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos en las protestas. Según Araújo, dicho mecanismo lo ha creado el Gobierno Nacional en forma de comisión de expertos de la que se espera la publicación de un informe en los próximos meses, informe que no tendrá potestad jurídica. 

Al día de hoy la mayor preocupación de muchas de las víctimas es que el Estado nunca reconozca el asesinato de sus familiares y que tengan que pasar más de 10 años para algún tipo de reconocimiento público. Estos actos deben estar acompañados de un acceso a la justicia efectivo en el que se juzguen las responsabilidades materiales e intelectuales. Pero también deben pasar por un proceso de consenso social en el que como sociedad se reconozca que ningún joven debería, bajo ninguna circunstancia, ser asesinado por miembros de la Policía Nacional. 

Reforma policial: la necesidad de un consenso nacional

La reforma policial no es algo que le atañe solamente a la policía y al Ministerio de Defensa. Para que esta tenga un impacto positivo, debe haber una discusión amplia que integre también a la rama legislativa, la rama judicial, las autoridades locales, pero también a la sociedad en su conjunto. 

Sin embargo, vale la pena tener en cuenta que debido al contexto de seguridad de crecimiento de grupos armados ilegales que atraviesa el país, la reforma puede ser leída como un momento de debilidad estatal y por ende como una oportunidad para los grupos ilegales seguir aumentando el control territorial. Lo anterior genera que transformaciones estructurales como retirar a la Policía Nacional del Ministerio de Defensa hayan quedado totalmente relegadas de la agenda del gobierno. Así mismo, el alto costo político para el gobierno al dar estas conversaciones en el congreso ha sido otra de las limitaciones para ampliar la discusión. 

Para Araújo una de las cosas más difíciles de reformar a la policía es cuando toca habitar la política institucional para hacer transformaciones desde adentro. Por su lado, Mendoza afirma que el mayor reto consiste en “lograr transformar esa percepción social que existe frente al papel que debe cumplir la policía en la gestión de los conflictos cotidianos entre la ciudadanía, y creo que eso es lo más difícil precisamente por el contexto y la historia del país”. 

Según González, el mayor reto consiste en “contar con consensos en la agenda. Lo que nos permitió avanzar en el caso del UNDMO fue que hubo un consenso entre movimientos sociales, policía, gobierno y academia y de ahí se derivaron los resultados. Agendas comunes con acciones claras y concretas es el mayor reto. Sin embargo, yo siento que si ha habido una percepción de que ha habido cambios en la Policía y principalmente en la UNDMO. La ONU reconoce el proceso de Colombia como un referente. ¿Hay mucho más por hacer? sin duda. Este es un proceso que debe tener continuidad, establecerse sobre la institucionalidad y profundizarse”. Lo anterior abre la pregunta de cómo se deben transformar instituciones como la policía para que dichos cambios sean percibidos en la cotidianidad. Es necesario reflexionar si todos los cambios deben darse de manera vertical desde los altos mandos a través de actos administrativos o si es posible invertir esa dirección para así generar impactos perceptibles de manera más rápida. 

Consolidar una reforma policial efectiva implica una amplia conversación en la que se reflexione sobre el relacionamiento que los ciudadanos tienen con el Estado. También requiere de una discusión incómoda sobre lo que esperamos de las instituciones, sobre la manera de tramitar los conflictos cotidianos entre la ciudadanía, y las falencias del Estado para garantizar derechos básicos. Para Andrés de la comunidad del Bicho “la respuesta sí está en cómo la comunidad genera estrategias que le permitan escalar los debates y reflexiones. No solamente con más protocolos se logra garantizar la no repetición, también con derechos mínimos que van ligados a la idea de una vida digna”.  

Reformar a la policía requiere de una transformación cultural que, al estar ligada con el sistema de valores y creencias que tenemos como sociedad, tomará tiempo y tardará años en consolidarse. Son las conversaciones en las que haya un reconocimiento del otro las que se deben dar para que no vuelva a haber ninguna madre que levante un cuadro con el rostro de su hijo recordando que fue asesinado por el Estado.