Santa Marta y la pregunta colombiana

La Conferencia para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, realizada hace pocos días en Santa Marta, marca un punto de inflexión en una conversación que Colombia ya no puede seguir aplazando. No porque el país pueda abandonar de un día para otro el petróleo, el gas o el carbón, ni porque la transición energética sea un acto inmediato de voluntad política. Su importancia está en que obliga a formular una pregunta más compleja y más responsable: ¿cómo transforma Colombia una economía que aún depende de los combustibles fósiles sin sacrificar seguridad energética, estabilidad fiscal, empleo, competitividad y justicia territorial?

Esa pregunta es especialmente relevante para Colombia. El país tiene una matriz eléctrica relativamente limpia por el peso histórico de la hidroelectricidad, pero su economía sigue conectada con la extracción, exportación y uso de combustibles fósiles. Por eso, hablar de transición energética no puede reducirse a instalar más paneles solares o parques eólicos. La transición implica rediseñar cadenas productivas, transformar capacidades laborales, diversificar ingresos fiscales, modernizar redes y construir confianza social en los territorios.

De la declaración internacional a la implementación

La relevancia de Santa Marta está en que puso sobre la mesa una dimensión parcialmente ausente en las negociaciones climáticas: no basta con reducir emisiones del lado del consumo final; también hay que discutir la producción, la oferta y la dependencia económica de los combustibles fósiles. La primera conferencia internacional sobre este tema fue convocada por Colombia y Países Bajos y se realizó entre el 24 y el 29 de abril de 2026.

El momento no es casual. En la COP28, realizada en Dubái en 2023, los países acordaron por primera vez transitar fuera de los combustibles fósiles en los sistemas energéticos de manera justa, ordenada y equitativa. Santa Marta buscó convertir ese lenguaje internacional en rutas, instrumentos, alianzas y capacidades concretas.

Ese paso es crucial porque la transición energética se ha presentado con frecuencia como una aspiración deseable, pero abstracta. La electrificación, las energías renovables, la eficiencia, el almacenamiento, los combustibles de bajas emisiones y la gestión de la demanda serán componentes esenciales. Pero el mundo sigue consumiendo grandes cantidades de carbón, petróleo y gas. La transición avanza, pero todavía no desplaza con suficiente velocidad al sistema fósil.

Por eso, el valor de una conferencia como la de Santa Marta no está en prometer una salida inmediata, sino en reconocer la magnitud institucional, económica y tecnológica del desafío. La transición no es un interruptor. Es una reconfiguración gradual, deliberada y compleja de los sistemas energéticos y productivos. Requiere inversión, regulación, infraestructura, conocimiento técnico, legitimidad social y coordinación internacional. También exige honestidad: no todos los países parten del mismo lugar, no todos tienen las mismas capacidades fiscales y no todos dependen de los combustibles fósiles de la misma manera.

Colombia entre oportunidad y restricción

Para Colombia, esa honestidad es indispensable. El país tiene una oportunidad estratégica enorme por su riqueza en recursos renovables, biodiversidad, capacidad hídrica, potencial en biomasa, localización geográfica, experiencia técnica y talento humano. Pero también enfrenta restricciones reales. La OCDE ha señalado que Colombia debe diversificar sus exportaciones más allá del petróleo y el carbón y aumentar el despliegue de energías renovables para gestionar los riesgos y aprovechar las oportunidades de la transición. Otros análisis macroeconómicos han estimado que el petróleo y el carbón representan alrededor del 40 % de los ingresos por exportaciones del país, lo que muestra la exposición externa de Colombia frente a una transición global acelerada.

Esta realidad obliga a evitar dos extremos. El primero es el optimismo ingenuo, que supone que las tecnologías limpias bastan para que la transformación ocurra automáticamente. No es así. Las renovables requieren redes, licenciamiento, aceptación social, almacenamiento, respaldo, flexibilidad operativa y mercados que remuneren confiabilidad. La electrificación requiere infraestructura y planeación. Los nuevos combustibles requieren certificación, trazabilidad, logística y compradores. El segundo extremo es el inmovilismo, que usa la complejidad como excusa para postergar decisiones. La transición será difícil, pero retrasarla puede hacerla más costosa, más desordenada y menos justa.

El costo de una transición mal secuenciada

Aquí conviene incorporar una idea que ha trabajado el profesor Sergio Cabrales, de la Universidad de los Andes, junto con Juan Benavides y Martha Elena Delgado: el problema no es solamente el costo de hacer la transición, sino el costo de no planearla bien. En su análisis sobre Colombia, los autores advierten que una descarbonización acelerada y mal secuenciada puede generar costos por cuatro canales: reducción de ingresos fiscales y regalías; sobrecostos asociados a excluir el gas natural y atender la transición justa en regiones productoras; adopción de tecnologías de demanda con menor relación desempeño-costo; y reemplazo de tecnologías térmicas que hoy prestan servicios de confiabilidad, continuidad y firmeza.

Ese planteamiento no debe leerse como una invitación a no transitar. Al contrario, obliga a formular una transición más inteligente. Benavides, Cabrales y Delgado estiman que, entre 2023 y 2030, forzar una fracción de la nueva inversión en maquinaria y equipos bajo condiciones de baja rentabilidad o confiabilidad podría reducir el PIB entre 0,23 % y 0,27 % anual, con un valor presente de PIB perdido de 10,75 mil millones de dólares. También estiman en 2,34 mil millones de dólares los activos encallados asociados al desmantelamiento térmico y en 38,9 mil millones de dólares el CAPEX de reemplazar esa generación con eólica. Esta y otras fuentes muestran costos de reemplazo de generación térmica a carbón y gas con alternativas renovables de confiabilidad equivalente, con cifras de decenas de billones de pesos. La lección es clara: el costo de no transitar existe, pero transitar sin secuencia, portafolio y confiabilidad también puede ser muy alto.

Transición productiva y justicia territorial

En Colombia, por tanto, la transición energética debe entenderse también como transición productiva. No basta con instalar capacidad renovable si el país no construye nuevas capacidades industriales, laborales, tecnológicas y territoriales. La pregunta estratégica no es solamente cuánta energía limpia podemos producir, sino qué economía queremos construir alrededor de esa energía: una basada en tecnologías importadas y beneficios concentrados, o una capaz de desarrollar capacidades locales, empleo calificado y diversificación productiva.

La noción de transición justa debe ocupar el centro de la discusión. En Colombia, hablar de combustibles fósiles es hablar de territorios, trabajadores, regalías, empresas, infraestructura y comunidades. Una transición que ignore esa realidad sería socialmente inviable. Pero una transición que se limite a proteger indefinidamente el modelo actual tampoco sería responsable. La justicia no consiste en congelar el presente, sino en construir alternativas reales para las personas y regiones que pueden verse afectadas.

Eso implica formación laboral, reconversión productiva, inversión territorial, participación comunitaria, protección de ingresos locales y nuevas oportunidades económicas. También exige anticipación: las transiciones desordenadas suelen castigar más a quienes tienen menor capacidad de adaptación. Un país responsable no espera a que los mercados reduzcan abruptamente la demanda de sus productos fósiles; construye alternativas antes.

Confiabilidad, gas natural y financiamiento

También se requiere una conversación más sofisticada sobre seguridad energética. Hoy debe entenderse como la capacidad de garantizar energía confiable, asequible, limpia y resiliente frente a choques climáticos, tecnológicos y geopolíticos. Un sistema demasiado dependiente de combustibles importados puede ser vulnerable. Pero un sistema que incorpora renovables sin fortalecer redes, almacenamiento, respaldo y gestión de demanda también puede enfrentar riesgos. La transición no debe sacrificar confiabilidad; debe rediseñarla.

La discusión sobre el gas natural ilustra bien esa tensión. Puede ser riesgoso excluirlo sin evaluar su papel en firmeza, usos térmicos, sustitución de combustibles más contaminantes y competitividad industrial. La pregunta no debería ser si el gas pertenece o no a la transición en términos abstractos, sino bajo qué condiciones, durante cuánto tiempo, para qué usos y con qué señales regulatorias puede contribuir a reducir riesgos mientras se aceleran tecnologías de menores emisiones.

Otro eje central es el financiamiento. Los países del Sur Global enfrentan una paradoja: necesitan invertir masivamente en infraestructura limpia, pero tienen restricciones fiscales y mayores costos de capital. Si la transición es una responsabilidad global, el financiamiento no puede recaer solo en quienes tienen menor capacidad fiscal. La cooperación debe traducirse en crédito concesional, garantías, reducción de riesgos, canjes de deuda por acción climática, innovación y mecanismos para atraer capital privado sin trasladar todos los riesgos al Estado.

El papel de la academia

En este contexto, el papel de la academia no es accesorio: fue uno de los mensajes explícitos de Santa Marta. La conferencia abrió con una preconferencia científica de cerca de 400 académicos y con el lanzamiento del Panel Científico para la Transición Energética Global, SPGET, concebido para asesorar a los países con insumos técnicos, jurídicos, económicos y tecnológicos. Johan Rockström defendió una transición ordenada y basada en la ciencia, mientras Irene Vélez insistió en tomar decisiones apoyadas en evidencia científica.

Ese mensaje tiene implicaciones directas para Colombia. La academia debe formar profesionales capaces de entender la energía como un sistema integrado, no como una suma de tecnologías aisladas. Necesitamos personas que conversen con ingenieros, economistas, abogados, comunidades, empresas, autoridades ambientales, financiadores y gobiernos locales. También debe producir evidencia útil: análisis de ciclo de vida, costos, escenarios, estudios territoriales, impactos sociales, requerimientos regulatorios y efectos macroeconómicos.

La academia también debe actuar como puente entre Estado, empresas, comunidades, organismos internacionales y sociedad civil. La universidad puede crear espacios de deliberación informada, donde los desacuerdos no se oculten, pero se tramiten con evidencia. Al mismo tiempo, debe conservar independencia crítica: apoyar la transición no significa validar cualquier proyecto que se presente como verde, sino someterlo a evaluación rigurosa.

Liderazgo con rigor y sentido de futuro

En ese sentido, Colombia puede convertir esta coyuntura en una oportunidad de liderazgo regional. Ser anfitrión de una conferencia sobre transición más allá de los combustibles fósiles tiene valor simbólico, pero el liderazgo real se medirá por lo que ocurra después: calidad de los proyectos, coordinación institucional, reducción de cuellos de botella, participación efectiva de las comunidades, formación de talento, diversificación productiva y coherencia entre discurso y ejecución.

La transición energética será una de las grandes transformaciones económicas del siglo XXI. No será lineal, idéntica para todos los países ni libre de tensiones. Precisamente por eso debe discutirse con madurez. Santa Marta dejó una señal valiosa: el mundo ya no pregunta si debe avanzar más allá de los combustibles fósiles, sino cómo hacerlo de manera justa, ordenada y equitativa.

Colombia debe participar en esa conversación con ambición y con rigor. Ambición para imaginar una economía menos dependiente de la extracción fósil y más basada en conocimiento, biodiversidad, energía limpia, innovación y valor agregado. Rigor para reconocer restricciones, diseñar rutas viables y evitar soluciones superficiales. Responsabilidad para asegurar que la transición no deje atrás a los territorios y trabajadores que han sostenido parte importante de la economía nacional. Y visión estratégica para entender que la transición energética no es solo una agenda ambiental: es una agenda de país.

La pregunta de fondo no es si Colombia debe avanzar más allá de los combustibles fósiles. La pregunta es si será capaz de hacerlo con inteligencia, justicia y sentido de futuro. La Conferencia de Santa Marta abrió una puerta. Lo importante ahora es que no se convierta en un gesto diplomático pasajero, sino en el inicio de una conversación nacional más honesta, más técnica y más transformadora sobre el futuro de nuestra energía, nuestra economía y nuestros territorios.

Fuentes consultadas

Benavides, J., Cabrales, S. y Delgado, M. E. (2022). Transición energética en Colombia: política, costos de la carbono-neutralidad acelerada y papel del gas natural. Fedesarrollo.

Benavides, J. y Cabrales, S. (2023). Costos de frenar la exploración de gas natural en dos escenarios de transición energética en Colombia. Fedesarrollo y Promigas.

Carbon Brief. (2026). Santa Marta: key outcomes from first summit on “transitioning away” from fossil fuels.

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia. (2026). Se crea primer panel científico que asesorará la transición energética global.

OCDE. (2024). OECD Economic Surveys: Colombia 2024.

UNFCCC. (2023). COP28: 5 key takeaways.