Colombia tiene una de las tasas de homicidios con arma de fuego más altas de la región superando incluso a países como Estados Unidos y México. La circulación de armas son la gasolina de la inseguridad, no al contrario.
Los casos recientes en que ciudadanos desenfundan y disparan sus pistolas contra otros ciudadanos, para proteger su vida, honra y bienes, han abierto nuevamente dos debates irresueltos. El primero de ellos, la muy sofisticada discusión en el campo del derecho penal sobre la legítima defensa; si los impactos de bala están justificados o merecen castigo al ser actos de venganza. El segundo, en el contexto de la seguridad ciudadana, se refiere al porte de armas como parte de una política pública dirigida a enfrentar la criminalidad en contextos urbanos. Los ciudadanos deben portar armas para defenderse, se dice, de la amenaza criminal que inunda las calles de las grandes ciudades. Estos dos debates, en todo caso, no tienen en cuenta un aspecto importante sobre el porte de armas en los procesos de construcción de paz como el que atraviesa Colombia: desarmar a la sociedad es una estrategia clave para la estabilización democrática.
El desarme, en contextos de posconflicto, está estrechamente relacionado con la creación de contextos adecuados para el desarrollo de proyectos individuales y colectivos de buen vivir. De hecho, uno de los programas clave para el cumplimiento de los objetivos del desarrollo se centra en la no proliferación armamentística y el control de las armas ligeras y pequeñas. En la Agenda para el Desarme de Naciones Unidas aprobada en el año 2018, se establece el programa específico de Desarme para Salvar Vidas, especialmente enfocado en reducir la proliferación de armamentística en un contexto en el que “el conflicto armado se ha movido de los campos de batalla a aldeas, pueblos y ciudades, lo que ha hecho que el impacto humanitario sea devastador”. Para ello se proponen varias líneas de acción dirigidas a reducir el acceso a través de mercados ilegales a armas pequeñas en las comunidades y diseñar programas especialmente dirigidos al control de la circulación de armas de fuego. Los anteriores lineamientos se pueden sintetizar en la siguiente afirmación:
“La violencia armada cometida con armas pequeñas desgarra a las comunidades, sobrecarga a los sistemas de salud locales e inhibe la inversión económica. Son usadas para retar a las autoridades locales, las fuerzas policiales y las actividades electorales. Están involucradas de manera predominantemente en actos de violencia sexual y de género”.
Es urgente desarmar a la sociedad colombiana en lugar de darles más pistolas a sus ciudadanos. El mercado de armas en Colombia es especialmente próspero y en constante crecimiento. Como lo señala la Fundación Ideas para la Paz, Colombia tiene una tasa de homicidios con arma de fuego de 18 por cada 100 mil habitantes, una de las más altas de la región. Supera incluso a países como Estados Unidos (4,5 para 2017) y México (16,5 para 2017). El 78% de los homicidios en Colombia se produce porque alguien aprieta el gatillo. Si el problema de la seguridad radicara en la falta de acceso a un arma de fuego, Colombia no debería tener esa preocupación porque hay casi cinco millones de armas circulando sin control suficiente.
Fuente: Fundación Ideas para la Paz
Colombia debe desarmarse. Uno de los objetivos de la agenda de Naciones Unidas es garantizar la seguridad intergeneracional, es decir, que las futuras generaciones puedan vivir en contextos libres de armas, que crezcan sin acceso a ellas y, por lo tanto, liberar a la infancia de una vida armada. Sin armas circulando, la probabilidad de que un menor las empuñe o que su vida se trunque a causa de una bala perdida es menor. En el contexto específico de la construcción de paz, los programas de desarme desarrollados por el United Nations Institute for Disarment Research –Unidir– se han concentrado en vincular la exigencia más amplia de retirar las armas de la posesión de estructuras organizadas con la necesidad de fortalecer a las comunidades que han sido sometidas por su violencia y prevenir que la violencia resurja gracias a la circulación de armas de fuego.
La estrategia convencional en el contexto de la construcción de paz se conoce como “armas por desarrollo”. Los programas de armas por desarrollo han sido implementados en diversos contextos, arrojando resultados positivos y enseñanzas significativas. Parten de que es posible crear una relación virtuosa entre los procesos de desarme como parte esencial de los contextos transicionales y más allá de ellos. La creación de políticas públicas que, por una parte, garanticen la no repetición de la violencia y, por otra, la participación efectiva de los grupos armados en contextos urbanos –pandillas de jóvenes, por ejemplo– en el proceso de recomposición del tejido social que a su vez fortalecen el proceso de reintegración. Los intentos que se están realizando en Buenaventura con Shottas y Espartanos, las principales bandas que dominan el puerto, merecen un seguimiento riguroso en este sentido.
A finales de marzo se elegirá al nuevo rector de la Universidad Nacional de Colombia. Mientras tanto el presidente Petro no ha anunciado a quién apoyará, uno de los candidatos carga con denuncias por violencia de género y el movimiento estudiantil espera que por fin se respete la Consulta Universitaria.
Click acá para verComo lo explica Mugumya, los programas de recolección de armas y de armas por desarrollo se han introducido como formas de microdesarme para reducir la presencia y circulación de armas en el posconflicto para, a través de esto, promover un futuro próspero y seguro para las comunidades afectadas. El denominador común de la totalidad de actores que cuentan con el poder de disciplinar comunidades y territorios, en el campo o en las ciudades, por medio de la producción masiva y sistemática de miedo, es la posesión de armas.
El debate no debería girar en torno al porte de armas en caso de atracos, como si ese fuese el único asunto que plantea la circulación de armas de fuego, sino al desarme de la ciudadanía en un contexto de transición hacia la paz y búsqueda de la estabilización democrática. En este sentido, se echa de menos una visión más amplia de este asunto que vincule el problema del porte de armas en las grandes ciudades con el proceso más amplio de construcción de paz. Las balas hieren y matan sin tener en cuenta quién las porta o los motivos que lo impulsan. Las políticas de seguridad ciudadana en ciudades capitales deberían incluir de manera fuerte y decidida los programas de recolección e intercambio de armas. Puede que las mismas armas que empuñaron los combatientes en el conflicto armado sean aquellas que son usadas hoy en las ciudades para cometer delitos o defenderse de ellos. La amplia circulación de armas son el instrumento primordial para la generación de inseguridad, no al contrario.
