En 2022 el país eligió Presidente, en 2023 las ciudades y municipios eligieron Alcaldes y Gobernadores y en 2024 se elige al nuevo rector de la Universidad Nacional. Esta institución actualmente tiene cerca de 58,000 estudiantes activos, está en el puesto 12 entre las mejores universidades de América Latina y el Caribe según el Ranking QS y su presupuesto se divide en mitades entre el Estado y la propia institución. 

Su gran problema, como el de otras instituciones públicas de educación superior, se puede explicar en palabras sencillas: su crecimiento es mucho mayor que los recursos que anualmente les destina el Estado. Un tema político enmarcado en la Ley 30 que tiene a la Universidad Nacional en crisis desde hace 32 años y que ni el cambio de rectores ni el corto tiempo que lleva el gobierno progresista de Gustavo Petro, han podido resolver. 

Partiendo de esa base, se puede entender lo que está en juego el próximo 21 de marzo, cuando el Consejo Superior Universitario tome la decisión sobre quién asumirá las riendas de la institución universitaria de carácter público más importante de Colombia. El CSU se puede entender partiéndolo en tres. Por un lado están quienes lideran la comunidad universitaria: representante de los ex rectores, miembro del Consejo Académico, representante de los profesores, representante de los estudiantes de pregrado y posgrado y rector, que tiene voz pero no voto. Por otro lado van funcionarios del Estado: Ministerio o Viceministerio de Educación y miembro designado por el Consejo Nacional de Educación Superior. Por último, van dos miembros designados por el Presidente. Uno debe ser egresado de la Nacional por requisito. 

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“El hecho de que a Dolly Montoya la haya elegido primero Santos y luego Duque, fue una cachetada a la democracia y la autonomía universitaria. Hasta el voto en blanco le ganó en la Consulta Universitaria a la rectoría”, dice Jennifer Pedraza, hoy congresista y representante del estudiantado ante el CSU entre 2018 y 2021. 

Pedraza se refiere a la Consulta Universitaria, un mecanismo definido en la Resolución 278 de 2011 por medio del cual profesores, estudiantes y egresados manifiestan su preferencia para la rectoría. Aún así, esta elección interna no es vinculante frente a la decisión del CSU, que como menciona la congresista, en 2021 eligió a Montoya pasando por encima de la voluntad del campus universitario. Una disonancia en el proceso de designación para Rector que para Laura Paez, estudiante de Geografía y actual representante ante el Consejo de la Facultad de Ciencias Humanas, “es muestra de que en la Nacho no hay democracia”. 

El pasado 14 de febrero la universidad publicó la lista con los 10 candidatos a rector para el periodo 2024-2027. Todos con algún grado de formación en la Universidad Nacional y entre los que se encuentran profesionales destacados desde la filosofía hasta la física pero en donde no se incluyó a ninguna mujer. Un anuncio que el movimiento estudiantil describió a Cerosetenta “como un retroceso” y que se da justo después de que una mujer llegó por primera vez al puesto en más de 150 años de historia universitaria. 

Uno de los opcionados es Leopoldo Múnera, actual profesor de Ciencia Política en la universidad que ganó la Consulta Universitaria en 2012, año en el que el CSU se decantó por Ignacio Mantilla, que se mantendría en el cargo hasta 2018. “La última vez que me postulé obtuve las mayorías no solo en el estudiantado, también en el profesorado y en egresados. Lo único que me faltó fue el nombramiento por parte del Consejo Superior. Es necesario democratizar a la Universidad Nacional para que haya una cercanía mayor entre directivas y comunidad universitaria”, nos dijo Múnera, que desde sus redes sociales está haciendo campaña para la próxima Consulta Universitaria que está programada para el 12 de marzo.

Para parte de la comunidad de egresados y en el movimiento estudiantil, la candidatura de Múnera representa una nueva oportunidad para reivindicar una Consulta que esperan, sea tomada en cuenta tanto por la representante estudiantil Sara Jiménez como por Diego Torres, el representante de los profesores frente al CSU que le dijo a Cerosetenta no estar autorizado para opinar públicamente sobre el tema en este momento. También por parte del presidente Petro, que a diferencia de designaciones anteriores no tiene el mismo poder decisorio dentro del CSU que sí tuvieron presidentes como Iván Duque o Juan Manuel Santos al no tener una ficha en el Consejo Nacional de Educación Superior. Sin embargo, Múnera no da por sentado un posible apoyo del presidente, con quien dice no tener una relación particular. 

“Hasta ahora los delegados de Petro no han mostrado preferencia por ninguna candidatura. Hay una particularidad en la designación de este año y es que el gobierno solo tiene tres miembros en el CSU, cuando en otros gobiernos tenían 4 con la delegación del Consejo de Educación Superior. Esta vez hay 5 votos que no dependen del gobierno por lo que no tiene completo poder decisorio”, le dijo Paez a Cerosetenta. 

El delegado del CESU para el periodo 2022-2024 es Humberto Rosanía Ortega, doctor en psicología barranquillero designado un par de semanas antes de las presidenciales de 2022. Rosanía fue una ficha clave del Gobierno Duque frente a la Organización de Estados Iberoamericanos desde 2019. También fue uno de los tantos funcionarios del gobierno anterior condecorados a mediados del 2022 en el Congreso, en su caso gracias a su trabajo como coordinador en la Misión Internacional de Sabios, una iniciativa de la vicepresidencia de Marta Lucía Ramírez junto al Ministerio de Ciencias que se clausuró ese mismo año. 

Otra candidatura especialmente discutida dentro del campus y en redes sociales por su cercanía a la administración actual ha sido la de Jose Ismael Peña, ex vicerrector de la universidad entre agosto de 2021 y el pasado 16 de febrero, fecha en la que dejó su cargo por decisión propia. Peña le dijo a Cerosetenta que presentó su renuncia porque habría tenido que descuidar sus labores mientras se encuentra en campaña, aunque fue enfático en que no existe ningún impedimento ético ni normativo que lo obligara a hacerlo, citando los casos de otros vices que quisieron llegar a rectores como Juan Manuel Tejeiro y Beatríz Sánchez. El 9 de febrero fue a dar una charla promocionada con su slogan ‘Tejiendo colectivamente podemos’ a la sede de Palmira cuando era todavía vicerrector, lo que ha sido entendido por parte del movimiento estudiantil como un acto de campaña y un abuso del puesto que ostentaba. 

Además de la crítica por la falta de representación femenina entre los opcionados a tomar el cargo, ha trascendido el caso de Moises Cetré, profesor de Economía en la universidad al que le archivaron un proceso disciplinario en 2020 por violencias basadas en género. En 2021 se presentó al cargo y aunque la entonces representante estudiantil Pedraza denunció su caso cuando integraba el CSU, nunca salió de la contienda y en ese mismo sentido, quedó habilitado para hacer parte de los opcionados a rector en este 2024. 

Un egresado de la sede Medellín compartió en X una carta que el propio Cetré difundió desde su correo institucional en el que se declara víctima de la “política de cancelación” realizada en medio de una “acción de matoneo grupal”. También se hizo pública una carta que envió directamente al CSU después de que fuera expulsado de un evento de difusión de las candidaturas en la Facultad de Medicina el pasado 16 de febrero. “Como entenderán la hermana mayor es feminista y quería ganar notoriedad en la pasada contienda a la rectoría de la Unal”, escribió Cetré sobre las razones de denunciarlo de su presunta víctima.

“Como comunidad estudiantil rechazamos el actuar de este candidato y creemos que vulnera la libre expresión y las disposiciones de la Corte Constitucional frente al escrache. Además creemos que una persona que trata así al estudiantado no debe dirigir la Universidad Nacional”, le expresaron desde el movimiento estudiantil a Cerosetenta. 

A propósito de esto Peña, que venía desempeñándose como Vicerrector, le dijo a Cerosetenta que durante su gestión se acercó a las facultades y a organizaciones feministas para armar un plan de prevención y de atención para “acabar con las violencias basadas en género”. Según el candidato, que un profesor pueda presentarse al cargo de rector con un historial de violencia de género es uno de los elementos que deben actualizarse normativamente. Una necesidad urgente en su pasada gestión que ahora como candidato ha transformado a promesa de campaña y que demuestra un vacío en el ‘Protocolo para la prevención y atención de casos de violencias basadas en género y violencias sexuales en la Universidad Nacional de Colombia’, o Resolución de Rectoría 1215 de 2017.

La primera parada de estas elecciones será este 12 de marzo, cuando la comunidad universitaria se pronuncie en unas votaciones que le dan un peso de 60 % a los docentes, 30 % a los estudiantes activos y 10 % a los más de 200.000 egresados de la universidad. En una columna de Dolly Montoya publicada el 9 de febrero en El Espectador, asegura que la “consulta electrónica seleccionará las cinco propuestas de Rectoría con mayor respaldo de la comunidad universitaria, que serán presentadas ante el Consejo Superior Universitario (CSU) para su análisis y consideración”.

Sobre esto, Jennifer Pedraza, que conoce por dentro el CSU, insiste en que “la votación en la que participa la comunidad universitaria, entiéndase estudiantes, profesores y egresados, es de carácter exclusivamente consultivo y son los integrantes del Consejo Superior quienes votan como ellos deciden. De manera arbitraria se pasan por la faja la consulta”. Un lío de democracia universitaria y de falta de conexión con la parte administrativa al que la representante Paez agrega que “vivimos con una gestión administrativa congelada e insuficiente, donde todos los trámites se ralentizan con la burocracia o se hacen más complejos con las decisiones que toman desde arriba sin evaluar las necesidades reales que tiene la universidad y la comunidad”.

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