En 2018 el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) no cumplió a tiempo las órdenes de libertad que había expedido una jueza a favor de los 10 acusados por poner una bomba en el Centro Comercial Andino, el 17 de junio de 2017. Cuando esa entidad acató la orden, un grupo de policías esperaba a los señalados y los recapturó, acusándolos esta vez por el delito de rebelión: las autoridades aseguraron entonces que tenían órdenes de captura por tener nexos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). La tesis de la Fiscalía sostenía que el MRP era una especie de célula urbana del ELN. Un comandante del MRP niega ese vínculo.

La Fiscalía tuvo varios problemas para acusar a los capturados en ese segundo proceso. Una jueza incluso regañó a uno de los fiscales del caso por no especificar el tiempo, modo y lugar de los delitos por los que se señalaba a las 10 personas recapturadas. Además, dos señalados de pertenecer al Movimiento Revolucionario del Pueblo en otro proceso demostraron su inocencia. Natalia Trujillo Nova, una de ellos, aceptó cooperar con la Fiscalía y confesó su supuesta rebelión. 

Pilar Molano, víctima del atentado, critica las declaraciones que ha dado Trujillo porque no ha respondido muchas preguntas que tienen los afectados por esa acción terrorista. Iván Ramírez y Alejandra Méndez, señalados de participar en el atentado, aseguran que Trujillo es inocente, pero que accedió a las peticiones del ente investigativo para salir libre.

En junio de 2022 se dio otro hecho relacionado con el caso. En el sur de Bolívar fue capturada Violeta Arango, vinculada al ELN y señalada por la Fiscalía de participar en estos hechos. 

Esta es la segunda parte de la serie “Expediente Andino: ¿un montaje judicial?”, que revisa lo ocurrido con el caso seis años después del atentado. 

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