En plena carrera presidencial en Colombia, nos es imposible ignorar las similitudes de De La Espriella con su par argentino. Las propuestas frente a la reducción del Estado nos recuerdan a un Milei que durante su campaña tiraba fichas con nombres de ministerios como si fueran juguetes viejos que ya no sirven. Y es que, los recortes presupuestales y la repulsión hacia las políticas sociales son dos elementos clave de su gobierno que se alimentan mutuamente.

El parecido entre Abelardo de la Espriella y Javier Milei no es casual. Ambos han construido su capital político presentándose como figuras ajenas a la política tradicional y señalando al Estado como el origen de los problemas del país. Allí donde hay frustración económica, desconfianza institucional y hastío con las élites, aparece la promesa de que basta con cortar, eliminar y destruir para que todo funcione mejor. 

“Milei es un grande, ya tiró la línea de lo que debe ser la economía en un país, de lo que hay que hacer en materia económica para sanear las finanzas públicas” dijo el propio De la Espriella. 

¿Qué pasa cuando la promesa de recortar el Estado deja de ser una propuesta económica y se convierte en un proyecto político? Lo que Javier Milei ha hecho contra la cultura, la educación, el periodismo, el ambiente y otros espacios de producción de conocimiento no parece un daño colateral del ajuste. Es parte de él. 

Cerosetenta conversó con periodistas, profesoras, trabajadores de áreas sociales e investigadores argentinos sobre su experiencia bajo un gobierno de extrema derecha. Lo que cuentan es una historia de promesas incumplidas, desigualdades crecientes y derechos que dejan de percibirse como garantías para convertirse en privilegios.

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Universidad pública: desfinanciación abrupta

No es secreto el orgullo histórico que los argentinos han tenido por su universidad pública. A diferencia de Colombia, y del resto de Latinoamérica, en Argentina el 80% de los estudiantes universitarios están en una universidad pública. La larga tradición de luchas, resistencias y reclamos por hacer de la educación un espacio accesible está en el ADN argentino. Por eso sorprende que un país que ha estado tanto tiempo pujando por convertir la educación en un derecho tangible, haya votado a un líder que creyó en desfinanciarla desde el principio. 

El sueldo de los profesores cayó por debajo de la línea de pobreza. Necesitan dos o tres trabajos adicionales para mantenerse. Ana Müller, docente investigadora de la Universidad Nacional de Salta, lo dice sin rodeos: “Mi salario no me alcanza para pagar los costos del mes pasado porque vivo con una tarjeta de crédito que paga el combustible para poder moverme y los servicios de luz”. Y no es un caso aislado: colegas suyos venden comida, hacen artesanías o manejan Uber para llegar a fin de mes.

Los paros ya son parte del calendario académico. En la Universidad Nacional de Jujuy y en la Universidad Nacional de Salta, al norte de Argentina, hay paro semana de por medio. Ramón Burgos, docente en ambas instituciones, describe el último cuatrimestre: ocho semanas de paro sobre dieciséis posibles. “Es un escenario muy desalentador”, dice Burgos, quien recibió el año pasado un presupuesto de investigación equivalente a ciento trece euros anuales. Esta discontinuidad no solo interrumpe el proceso de aprendizaje: desmotiva a todos los involucrados y obliga a muchos jóvenes a emigrar para ejercer su profesión, dejando a Argentina sin los profesionales que formó.

A todo esto se suma una paradoja institucional que revela hasta dónde puede llegar el desprecio por la ley cuando el poder no está del lado de la gente. El Congreso argentino aprobó –dos veces, con mayoría de dos tercios– una Ley de Financiamiento Universitario. El presidente la vetó la primera vez; el Congreso insistió y la volvió a aprobar. Llevan más de doscientos días en los que el gobierno se niega a implementarla. Todos los fallos judiciales le han dado la razón al Congreso. El gobierno no ha cedido. La pérdida acumulada de poder adquisitivo docente desde diciembre de 2023 ronda el 43%.

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Cultura: golpe al cine

“La cultura tiene características económicas propias y fallas de mercado que hace que la intervención del Estado sea fundamental” dice Guillermo Mastrini, profesor de la Universidad Nacional de Quilmes y de la Universidad de Buenos Aires. La industria que más claramente lo demuestra es el cine: de las 150 películas que se producían por año, hoy solo quedan las que obtuvieron financiamiento antes de la llegada de Milei. El resto depende, en el mejor de los casos, de que una plataforma de streaming decida apostar. “La caída en la producción cinematográfica es abrupta”, cuenta Mastrini.

El Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación dejaron de existir en forma. Ambos fueron absorbidos por un superministerio llamado “Capital Humano”, donde quedaron reducidos a secretarías. En Argentina no hace falta recortar el presupuesto, debido a la alta inflación, basta con no aumentarlo para estar en aprietos. Con una inflación proyectada del 30% anual para este año, mantener el presupuesto de hace dos años equivale a perder casi un tercio de la capacidad real de gasto. 

Las artes y la cultura suelen ser la primera línea de ataque de los gobiernos de ultraderecha, y no basta solo con el recorte presupuestal: hay que atacar lo que estas esferas representan. Parte importante de los funcionarios del gobierno, como señala Mastrini, “se jactan de su desprecio a la razón intelectual”. Los artistas, cineastas y académicos que intentan organizarse enfrentan no solo la falta de recursos, sino también la narrativa oficial que los convierte en parásitos. 

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Género: amplificación del discurso de odio

Un gobierno que, apenas asumió el poder, cerró el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad manda un mensaje inequívoco sobre quiénes no hacen parte de su proyecto político. Con ese cierre llegó también el desfinanciamiento masivo de las políticas que acompañaban y prevenían la violencia de género: el teléfono de emergencia para mujeres perdió más del 60% de su presupuesto; programas como Acompañar y la línea 144 vieron reducidos sus recursos en más del 90%.

La semana del 3 de junio fue la marcha Ni Una Menos. Según Belén Igarzabal, investigadora de FLACSO y especialista en comunicación y género, fue la más convocada en años —y la que más angustia concentró. “La gente lloraba”, dice. El detonante fueron femicidios recientes que expusieron la cadena de negligencias que se acumula cuando no hay un Estado prestando atención: policías que tuvieron a una mujer en peligro frente a ellos y se fueron sin actuar; funcionarios que dieron una conferencia de prensa felicitando a los perros que encontraron el cuerpo. Una periodista en esa sala les preguntó: “¿Me está cargando?”.

Los derechos conquistados han pasado a verse como privilegios. La figura jurídica del femicidio –que visibiliza el asesinato de mujeres como resultado de la violencia estructural de género– está bajo amenaza de ser reemplazada por la categoría genérica de “homicidio hacia la mujer”, borrando así décadas de construcción conceptual. Al mismo tiempo, los órganos extraoficiales de comunicación del gobierno son streamers y youtubers que sostienen que la perspectiva de género es “ideología”, y que la homosexualidad es una enfermedad. Cuando el discurso de odio viene desde arriba, las desigualdades estructurales no solo encuentran terreno fértil: se expanden.

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Libertad de prensa: estigmatización y perfilamiento

“No odiamos lo suficiente a los periodistas” es una frase que Milei repite, tuitea y celebra cada vez que alguien la replica. Que un presidente la diga públicamente y de manera reiterada sin que eso genere un rechazo social masivo, dice Mastrini, “nos marca un estado de situación”. El periodismo argentino atraviesa una crisis que no tiene una sola capa, sino varias que se superponen.

La primera es la violencia física. Hasta finales del año pasado, más de un centenar de reporteros gráficos habían sido agredidos o detenidos en movilizaciones, el número más alto desde el retorno de la democracia en 1983. El caso más emblemático es el del fotógrafo Pablo Grillo, que pasó meses en terapia intensiva después de que una granada de gas le destrozara la cara. Ernesto Picco, jefe de redacción de la Revista Anfibia, explica que el hecho no fue un accidente: “Había orden de la policía de ir directamente a buscar a los periodistas”. 

La segunda capa es la violencia digital e institucional. Milei ataca periodistas con nombre y apellido en sus redes, los estigmatiza como “ensobrados” y ha emprendido más de una decena de denuncias judiciales contra miembros de la prensa. El caso más grave es el de Julia Mengolini, a quien le fabricaron un deepfake pornográfico que la involucraba con su propio hermano. Néstor Piccone, periodista y exdirector de Radio Nacional, lo pone en perspectiva: “Yo tengo setenta años y en ningún momento de la historia argentina que me tocó vivir hubo un presidente atacando a periodistas con nombre y apellido”.

La tercera capa es económica y estructural. Los medios que alguna vez apoyaron a Milei –incluso los más grandes, incluso los de derecha– hoy son objeto del mismo desprecio. La mayoría de los periodistas son pluriempleados y están bajo la línea de pobreza. El gobierno derogó el Estatuto del Periodista Profesional, el marco legal que les otorgaba derechos particulares a la profesión. Y cerró Télam, la Agencia Federal de Noticias que permitía que lo que ocurría en las provincias tuviera visibilidad nacional. “Las provincias están en la sombra”, dice Picco, que es de Santiago del Estero. “Hoy no se sabe lo que pasa al interior del país”. El bolsillo de la publicidad se fue a Google, a Meta, a las plataformas. Los medios tradicionales tienen menos dinero y menos poder. Y lo que queda, advierte Piccone, se ha ido derechizando: no por convicción, sino por negociación silenciosa con el poder.

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Jóvenes: promesas fallidas

El público que Milei conquistó para ganar fueron los jóvenes –y en particular, los hombres jóvenes–. Pero para entender por qué, hay que retroceder hasta la pandemia. Daiana Bruzzone, de la Universidad Nacional de La Plata, explica que la falta de espacios físicos de encuentro durante el aislamiento hizo que las redes sociales atraparan a una generación con narrativas hegemónicas que ya venían gestándose en todo el mundo. “Milei no surgió en 2023”, dice Bruzzone: llevaba años circulando en paneles de televisión, criticando a todos los gobiernos con una autenticidad provocadora que resonaba especialmente entre varones jóvenes cansados del “deber ser” político.

La propuesta era simple y poderosa: basta de inflación, basta de casta, basta de mediadores. Que alguien grite lo que piensa, que se equivoque en público, que llore. Para una generación que veía cómo los precios cambiaban semana a semana, que no podía alquilar un apartamento ni imaginar un futuro estable, Milei ofrecía al menos la promesa de transformar algo. “Había cosas que yo escuchaba entre jóvenes que vendían tortas en la calle convencidos de que iban a ganar en dólares lo mismo que ganaban en pesos”, recuerda Bruzzone. La dolarización no ocurrió, pero el relato fue suficiente.

La vivienda es uno de los puntos más álgidos. Milei derogó la ley de alquileres que protegía a los inquilinos, con el argumento de que el mercado se regularía solo. El resultado fue el esperado: quienes tenían propiedades para arrendar las pusieron a precios desorbitados o simplemente dejaron de alquilarlas. Los jóvenes que querían independizarse encontraron que esa posibilidad, ya de por sí difícil, se volvió aún más remota. Al mismo tiempo, las tasas de desempleo juvenil subieron y los recortes a la universidad pública golpearon a la misma generación que había votado por el cambio.

Y sin embargo, la desilusión hacia Milei sigue siendo un asunto dividido. Muchos jóvenes eligieron irse del país para buscar mejores oportunidades. Pero muchos otros mantienen su confianza en el proyecto, con una lógica que Bruzzone resume así: “No me gusta lo que está pasando, pero vale la pena el esfuerzo. Hay que esperar”. El presidente les prometió que en 35 años Argentina sería potencia mundial. Llevan dos. Todavía queda tiempo para desilusionarse del todo.

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Ambiente: la captura corporativa del Estado

Para entender las políticas sobre ambiente –o el desmantelamiento de estas–, hay que comprender que surgen de un proyecto integral donde la dimensión socioambiental no solo es relegada, sino de plano, negada. Para Maristella Svampa, socióloga, activista ecofeminista y autora de Policrisis, hay dos ejes que se refuerzan mutuamente: la expansión sin control de la frontera extractiva y la desintegración de las normativas ambientales construidas en treinta años de lucha ecoterritorial. 

La ley Bases fue el motor para lo que ella describe como “la captura corporativa del Estado”: Provincias como Rionegro, que no tenía proyectos de minería a cielo abierto, hoy tiene sesenta; y Mendoza, que históricamente era símbolo de resistencia por el agua, hoy se enfrenta a treinta y cinco. Estos números son el resultado de alianzas del gobierno con los gobernadores provinciales. Svampa explica que, incluso líderes peronistas encontraron en el discurso libertario un pretexto para sacar provecho económico de estos territorios, que hasta hace poco resistían. 

El segundo eje es más silencioso, pero igual de destructivo. El Ministerio de Ambiente fue degradado también a subsecretaría, se prohibió el término “cambio climático” en organismos públicos y se desmantelaron sectores como el programa de agroecología y el Servicio Meteorológico Nacional. Frente a una crisis como los incendios de la Patagonia, el Estado prefiere buscar culpables en la población mapuche antes que equipar a las brigadas que combaten el fuego. Fue la organización ciudadana –con donaciones, redes solidarias y brigadas comunitarias– las que han tratado de solventar aquello que el Estado ignora.

La batalla más visible ha sido la Ley de Glaciares. La reforma que impuso Milei no solo habilitaría el avance minero sobre zonas periglaciares sino que disolvería la autoridad nacional para determinar qué glaciar merece protección, dejando esa decisión en manos de las provincias. La respuesta fue inusual: “la defensa de la Ley de Glaciares trascendió el espacio socioambiental para convertirse en una suerte de causa nacional en defensa del agua” afirma Svampa. La acción judicial que buscó declararla como inconstitucional reunió ochocientas cincuenta mil firmas, pero ni eso fue suficiente para frenar las alianzas políticas que sostienen el proyecto.

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Derechos humanos: “la involución más absoluta”

En términos de derechos humanos y políticas sociales, este gobierno representa, según Patricia Ferrante, coordinadora del área de Comunicación y Cultura de FLACSO Argentina, “la involución más absoluta”. La reducción del Estado no se ha limitado a recortar programas o presupuestos: también ha transformado la manera en que se habla del pasado y de los consensos democráticos que parecían intocables.

En 2026, a cincuenta años del golpe militar, la marcha del 24 de marzo fue masiva. Pero al mismo tiempo, el gobierno armó un video en el que una hija de desaparecidos defendía a la familia que la había apropiado ilegalmente durante la dictadura. El “Nunca Más” que parecía un consenso indestructible dejó de serlo. Discursos que durante años parecían marginales han regresado al centro de la conversación pública. “Se abrió una caja negra y aparecieron personas reivindicando la dictadura”, dice Ferrante. “El plan económico de este gobierno es exactamente igual al de la última dictadura argentina”.

Más allá de los recortes, lo que más preocupa es el clima social que se ha instalado. “Hay una crispación social generalizada”, explica. La academia, la cultura, el periodismo y otros sectores que antes ocupaban un lugar legítimo en la discusión pública son señalados constantemente como adversarios. El mensaje es claro: no solo se cuestiona lo que hacen, sino que se pone en duda que deban existir.

Con el tiempo, el desconcierto inicial dio paso a una resistencia cansada y fragmentada. Ferrante resume la lógica que percibe detrás de muchas de las decisiones del gobierno en una frase: “Lo colectivo no solo no existe, sino que hay que impedir que se reponga”. Y quizá esa sea la advertencia más importante para Colombia: que lo que está en juego no son solamente ministerios o presupuestos, sino la idea misma de que una sociedad puede construir algo en común.