Carta desde Argentina

Queridos amigos y amigas colombianas,

Hoy es miércoles en Buenos Aires y eso significa una cosa: que hoy marchan los jubilados. Hace años, pero más intensamente desde que gobierna Javier Milei, las personas mayores de nuestra sociedad enfrentan el frío, el calor, la lluvia y a la represión policial de cada semana para reclamarle al Estado poder vivir dignamente. Expresado en dólares, su haber mínimo ronda los 325, una cifra cuatro veces menor a la canasta básica estimada para la tercera edad. 

Hoy es miércoles en Buenos Aires y se acaba de conocer que el Jefe de Gabinete de ministros, que debería defender la gestión de gobierno, está haciendo malabares para defenderse a sí mismo: y es que hace tres meses que, a raíz de varias denuncias que salieron a la luz, no puede explicar el crecimiento fenomenal que tuvo su patrimonio familiar desde que es funcionario. 

Esa es la Argentina libertaria: mucho para unos pocos, nada para la gran mayoría del pueblo. Una historia que ya habíamos vivido en varios momentos de nuestra historia pero que hoy asume la cara más cruel, más aguda y más inhumana de la que tenga memoria. 

Milei ganó en 2023 como respuesta a un sistema roto. Es cierto. El último gobierno peronista -ese movimiento popular único de nuestro país que tanto nos cuesta explicarle al mundo- no supo, no pudo o no quiso resolverle los problemas al pueblo, que frustrado tras varias experiencias políticas fallidas votó al candidato más “antisistema” que encontró. Un economista extravagante que hablaba de pasarle la motosierra al Estado y destruir el Banco Central.

Las comillas en antisistema son porque, al final, Milei no era ni tan outsider ni tan “anti casta”, como se cansó de decir en campaña. Para ganar se apoyó en grupos negacionistas de la dictadura militar, en think tanks globales que financiaron su campaña, en profesionales de la política rentada de distintos puntos del país y en fondos de inversión poderosísimos como BlackRock. Ahora que gobierna, hace negocios y política con Donald Trump, Benjamín Netanyahu, Elon Musk y Peter Thiel. 

La Argentina me duele. Nos duele a varios. En definitiva, esta es la tierra de las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, de los sindicatos fuertes, del movimiento estudiantil. Es la Patria del pueblo trabajador, de los piqueteros, de los trabajadores desocupados que desafían al capitalismo excluyente y dan forma a la economía popular. Me duele porque para la destrucción basta solo un decreto, una ley, un negocio, pero reconstruir el tejido social puede llevar años; se puede llevar puesta a una generación entera.

Milei prometió cambiar y desfinanciar el sistema universitario gratuito: lo hizo. Prometió “auditar” los presupuestos en salud pública: dejó al borde del colapso a los hospitales nacionales. Dijo que iba a dinamitar el Estado: hoy hay 60 mil trabajadores menos. Hay que darle la derecha en algo y es que prometió y cumplió. El problema es que su programa aniquila el sueño del ascenso social, de la inclusión, de la distribución de la riqueza y de la soberanía nacional. Su programa es para pocos, porque la Argentina con la que sueñan él y sus jefes, las grandes corporaciones, es una Argentina más chica, menos diversa. Más rota. 

Es cierto que antes de Milei no estábamos bien. Es difícil resumir años de problemas estructurales basados en la restricción externa y en la paulatina extranjerización de la economía. Es difícil explicarle a quienes viven en otros países cómo se hace para (con)vivir con tanta inflación. Pero la respuesta no puede ser más ajuste, porque los que tienen menos se caen del sistema, los que tienen menos se mueren.

Hoy es miércoles en la Argentina y los jubilados marchan. Las y los docentes universitarios hacen paro a ver si consiguen un magro aumento salarial. Los colectivos de personas con discapacidad se juntan para presentar amparos colectivos para que no les quiten más derechos. Las mujeres y LGBT siguen exigiendo que no las maten y que reestablezcan las políticas públicas de prevención de la violencia machista eliminadas por el gobierno. Las y los periodistas rechazan la derogación del estatuto profesional que les da derechos. Las pequeñas y medianas empresas ruegan por un cese a la apertura indiscriminada que está destruyendo el tejido industrial. La clase trabajadora pide llegar a fin de mes.

Sé que es tentador dar un volantazo y cambiar el rumbo cuando las cosas no van bien. Lo vemos en todo el mundo y también en nuestra región. Pero amigues, vengo del futuro y las cosas no mejoraron. Por el contrario, el neoliberalismo arrasa con fuerza para recordarnos cada día que el sistema no nos contempla como sujetos de derecho y que no va a parar hasta destruir hasta el último lazo de solidaridad que existe aún en las sociedades más activas. 

Aquí tendremos elecciones a finales de 2027. Los sectores populares intentaremos volver a gobernar desde una perspectiva humanista e inclusiva. Ustedes tienen esa instancia mucho más cerca. No la desaprovechen. Todavía están a tiempo.

Abrazos y fuerza,

Poli Sabatés, periodista argentina

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Carta desde El Salvador

Querida Colombia, 

El candidato Abelardo De La Espriella es la nueva cepa de la especie que marca tendencia en Latinoamérica: El político hombre fuerte, con “eficiente mano dura”, barba perfilada, outsider, con mentalidad de empresario y listo para salvar a la patria.

Si me lee desde Colombia, seguramente le han llegado noticias de que en El Salvador, el presidente Nayib Bukele, desde 2022, solucionó la violencia de un plumazo cuando ordenó a la Asamblea dominada por su partido que aprobara un régimen de excepción para perseguir a los pandilleros sin piedad, sumirlos en las cárceles y así llevar paz a las familias salvadoreñas. Esta política ahora tiene a 2 de cada 100 salvadoreños presos. Seguro han visto decenas de fotos de pandilleros rapados, con caras verdosas de tatuajes, tras las rejas de una megacárcel que influencers y políticos frecuentan como si fuera un parque de diversiones, conocido como el CECOT.  

Seguramente, también le frustra el líder de turno, le da incertidumbre la creciente violencia, y la promesa de Abelardo De La Espriella de recuperar el control territorial en 90 días, construir megacárceles y acabar con las negociaciones de paz total del Gobierno de Gustavo Petro le suena atractiva. Por eso quisiera contarle que la eficiente mano dura de Nayib Bukele, tan famosa en Latinoamérica, tiene sus consecuencias.

Le escribo en medio de un aniversario amargo. Soy periodista salvadoreña y hace un año salí de mi país sin tener claro la fecha de retorno. No soy la única. Más de 50 periodistas salvadoreños salieron entre mayo y junio de 2025 a raíz de una oleada de represión a las voces críticas al Gobierno de Nayib Bukele que terminó con abogados, un defensor ambiental y un pastor tras las rejas. En El Salvador ya no existen garantías para ejercer el periodismo con libertad. La ola del miedo no se reduce a la prensa. Una encuesta de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas reveló que seis de cada diez salvadoreños tienen cuidado al compartir opiniones políticas y sienten temor a represalias al criticar al gobierno.

El miedo es real. Al criticar al Gobierno de Nayib Bukele, se corre el riesgo de ser capturado y tragado por un sistema carcelario en el que no se permiten las visitas, no publican estadísticas, no responde cuando le preguntan. Organizaciones de derechos humanos documentan más de 500 personas que salieron de esas cárceles en forma de cadáver. Los muertos no salen del Centro del Confinamiento del Terrorismo, el CECOT, del que De La Espriella se inspira para prometer seis o siete megacárceles de ganar la presidencia.  Los muertos salen de las cárceles a las que Bukele no permite acceso a la prensa, a defensores o a familiares.

En marzo de este año, en El Salvador se volvió hablar de crímenes de lesa humanidad. Estas palabras, que solían remitir a las desapariciones, a las torturas y otros abusos cometidos durante el conflicto armado, se pronuncian tres décadas después porque un grupo internacional de expertos legales presentó un informe ante la ONU en el que concluyen que el uso prolongado del régimen de excepción en El Salvador ha propiciado la comisión sistemática de crímenes de lesa humanidad.

Esto es a lo que el Gobierno salvadoreño le llama “margen de error”. El precio a pagar por ya no vivir bajo el acecho de las maras. Es cierto que comunidades empobrecidas a nivel nacional que durante décadas mediaron su vida por el control territorial de las pandillas respiran un aire diferente en su ausencia.  También es cierto que dentro de esas mismas comunidades ahora hay familias buscando a sus capturados en fosas comunes porque el Gobierno los enterró sin avisarles que habían muerto.

Bukele y De La Espriella también comparten la promesa de no necesitar su salario porque ya son hombres exitosos. En 2021, Nayib Bukele dijo que no cobraba su salario. Junto a sus hermanos y asesores de confianza, que no ostentan un cargo oficial en el Gobierno, proyectan en el Estado una visión de mega proyectos que atraigan “inversión extranjera” (que se redujo en un 25% en 2025). A pesar de no cobrar su salario, este año el Gobierno reportó que el patrimonio de Bukele ha crecido en un 80% desde que asumió la Presidencia en 2019. Además, investigaciones periodísticas han revelado que Nayib Bukele y su círculo íntimo adquirieron más de 300 hectáreas de terreno, el 92% de las que poseían, durante su primer mandato. 

El presidente de mi país, al igual que De la Espriella, dice que no es de izquierdas o derechas. En la práctica, se gobierna según lo que ordena un solo hombre que controla los tres poderes del Estado. Las leyes que se aprueban desde la Asamblea, que vienen directamente exigidas desde el Ejecutivo, responden a los intereses de un reducido círculo de poder. La forma absoluta de gobernar de Bukele es la fantasía con que políticos de ultraderecha de toda la región sueñan y prometen. Pero el producto de exportación más famoso de El Salvador, el “método Bukele” demanda renunciar a toda garantía constitucional, al derecho de un juicio justo y a callarse la boca cuando las cosas no están saliendo bien. 

Si me lee desde Colombia, me atrevo a darle un consejo: cuidado con los hombres fuertes, barba perfilada, outsiders, con mentalidad de empresarios y listos para salvar a la patria con una eficiente mano dura. 

Atentamente,

Victoria Delgado, periodista salvadoreña

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Carta desde Ecuador

Querida Colombia:

Desde el vecino Ecuador, escribo con legítima preocupación. A la distancia, veo como otro ‘Bukele’ surge en la región como un outsider con promesas de ‘mano dura’ en temas de seguridad y con un abierto discurso de odio contra mujeres y personas LGBTIQ+.

En Ecuador tenemos también nuestro propio ‘Bukele’: Daniel Noboa, en el poder desde 2023. Noboa forma parte de una las familias más ricas del país y ostenta sus lujos como conducir un Porsche en Guayaquil, una de las principales ciudades del país marcada por desigualdades sociales y escenario de episodios violentos por parte del crimen organizado.

Noboa ganó en 2023 las elecciones con una campaña que se alejó de la dicotomía tóxica correísmo-anticorreísmo; pese a que el ex presidente Rafael Correa dejó el poder en 2017, su figura genera pasiones en cada contienda electoral. 

Cuando llegó a la Presidencia, tenía 35 años y había ocupado solo un cargo público. Muchos de sus ofrecimientos fueron ‘aterrizados’ a videos de TikTok para llegar al voto joven. En un primer debate presidencial, sus respuestas fueron directas y técnicas, sin caer en peleas con los otros candidatos.

En definitiva, un outsider que caló en el electorado, pero como Presidente el poder económico pesó: subió impuestos y eliminó el subsidio al diésel (combustible imprescindible en el transporte y producción agrícola), pese a que en campaña ofreció lo contrario; y una millonaria deuda que la familia Noboa mantenía con el Estado pasó a 0 en menos de 7 meses, sin una debida transparencia del organismo encargado de la política tributaria.

Su posición alejada de los conflictos partidistas quedó solo para la campaña. Con organismos -en teoría independientes- a su favor, se ha perseguido judicialmente a adversarios, se ha bloqueado investigaciones y fiscalizaciones contra el Gobierno, y recientemente se logró impedir que el movimiento liderado por Correa -principal opositor del Ejecutivo- participe en las elecciones que se desarrollarán en noviembre para elegir alcaldes y prefectos.

El Noboa de ‘mano dura’ apareció en el poder con la militarización de calles, puertos y cárceles, el aumento de penas y la construcción de una megaprisión. Estas acciones se enmarcan en su lucha contra el crimen organizado bajo la figura de ‘conflicto armado interno’, que ha sido cuestionada por la Corte Constitucional, máximo organismo de control e interpretación constitucional.

Esa ‘mano dura’ ha tenido efectos nefastos: cuatro niños afrodescendientes de un sector popular de Guayaquil desaparecieron a manos de militares en diciembre de 2024 y posteriormente fueron asesinados. La narrativa oficial los acusó de delincuentes. Ellos, en realidad, estudiaban y jugaban fútbol en su barrio. 

Solo en 2024, organizaciones reportaron al menos 51 personas desaparecidas por militares. El caso de los cuatro niños tuvo justicia, los otros no. Las familias siguen buscando y esperando respuestas.

Mientras el Estado desaparece personas y Noboa aplaude las acciones de la Policía y Fuerzas Armadas, la violencia en las calles aumenta cada año. El año 2025 fue el más violento con más de 9.000 homicidios. 

Las personas LGBTIQ+ no escapan de esta escalada de violencia.  En 2025 organizaciones reportaron 30 asesinatos y de estos 21 corresponden a transfemicidios.

En las cárceles, las personas de las diversidades también son víctimas de vulneraciones: desde la militarización de las prisiones, han sido torturadas y hasta desaparecidas, según denuncias de organizaciones. Las mujeres trans son las más afectadas porque la violencia contra ellas es por su identidad de género: les han cortado el cabello y las han obligado a usar prendas masculinas en cárcel de varones.

Paradójicamente, Noboa llegó por primera vez al poder en 2023 con un plan de gobierno que incluía avances en derechos LGBTIQ+. Hoy, en cambio, guarda silencio ante las denuncias descritas y su partido en la Asamblea (Función Legislativa) se opone a la adopción homoparental y el reconocimiento a la niñez trans.

También guarda silencio ante el reciente desabastecimiento de antirretrovirales para personas que viven con VIH en el sistema de seguridad social. Cada día sin una pastilla, su vida corre riesgo. 

Si ampliamos más la situación en el área de salud, nos encontramos también con personas que fallecen por falta de atención médica, u hospitales o clínicas sin los insumos necesarios para atender a pacientes.

Me niego a creer que un modelo así se repita en Colombia y en otros países, me niego a creer que en la región se esparza un autoritarismo que aplaste a quien piense distinto y vulnere las vidas más vulnerables, me niego a creer que lleguen al poder ‘salvadores’ o ‘mesías’ que jueguen con la vida de un pueblo preocupado legítimamente por temas como seguridad o desempleo…

No soy partidario de defender ciegamente a políticos, sean quienes sean, pero como periodista expongo hechos de lo que vivimos hoy en Ecuador. Todo golpea a personas empobrecidas, afros, indígenas, maricas, trans, travestis; personas que necesitan de un Estado fuerte que garantice sus derechos; personas que deben ser protegidas por las fuerzas de seguridad, no ser víctimas de sus abusos o violaciones.

Lo que he contado en esta carta no son versiones o exageraciones, son hechos y realidades que se han dado en menos de 3 años. Soy pesimista de la situación actual en Ecuador y quisiera, desde este país vecino, ver un halo esperanza en Colombia.

Con aprecio,

Víctor, marica, periodista y editor ecuatoriano

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Carta desde Estados Unidos

En 2011, cuando decidí abandonar Venezuela, mi país de origen, para mudarme con mi familia a Estados Unidos, a una nación que me ofreciera las garantías de vivir en libertad y en una democracia avanzada, ya estaba claro que el régimen autocrático de Hugo Chávez se había instalado para perpetuarse en el poder.

No podía imaginar entonces que en uno de los sistemas políticos más sólidos y estables del planeta, pocos años después, un personaje muy mediático, más bien estrambótico, con cero formación política pero con una gran fortuna, emergería de la nada para convertirse en el 45.º presidente de la nación norteamericana.

Recuerdo que aquella noche del 8 de noviembre de 2016, entre mis compañeros de la redacción (casi todos latinoamericanos) ante el estupor por los resultados electorales que acabábamos de conocer, comentamos tener la extraña sensación de que ese podría ser ‘el inicio del fin de una era’. Claro que ninguno se atrevió a pensar, en aquel momento, que podíamos estar refiriéndonos al ‘fin’ de un sistema democrático establecido.

Los siguientes cuatro años fueron convulsos y caóticos desde todo punto de vista y particularmente difíciles para los periodistas. Como yo contaba con una buena base para detectar señales tempranas de autoritarismo, no fue difícil identificar algunos paralelismos. Cuando llegó la alternancia con el gobierno de Biden en 2020, muchos respiramos aliviados. Al menos la democracia había resistido.

Pero no: la semilla del autoritarismo ya había germinado. Los autócratas de hoy (fenómeno que nuestra región conoce bien) dominan el arte de seducir a sociedades que se sienten desatendidas, desilusionadas con las élites políticas y dispuestas a romper con el orden establecido. Así nació un segundo Trump más poderoso y resuelto que el primero, con una agenda autoritaria clara para el país más influyente del mundo.

Lo que ha sucedido en este país en los últimos tiempos es, por decir lo menos, alarmante. Lo que nadie imaginó que podía pasar está sucediendo. Aquellas señales tempranas que veíamos venir ya son pan nuestro de cada día: el poder ejecutivo concentrado en la figura del presidente, debilitando cualquier organismo que intente hacer contrapeso, y la persecución (física o psicológica) de quienes disienten, critican o simplemente denuncian las acciones del proyecto MAGA.

Los periodistas y los medios han padecido en carne propia este nuevo esquema de intimidación. Se han restringido los accesos a las ruedas de prensa, allanado casas y

confiscado equipos de reporteros, y presionado a organizaciones para que despidan a quienes no comulgan con quienes están en el poder. A eso se suman una campaña sistemática de acoso en redes sociales, una retórica incesante de deslegitimación y el desmantelamiento de medios públicos. Todo, con un mismo propósito: alimentar la narrativa autocrática de que la prensa es ‘enemiga del pueblo’.

Presumo que este auge de la nueva ultraderecha y la forma cómo ha ido ganando cada vez más espacio en nuestras sociedades se registrará en la historia como un período muy oscuro de la primera mitad de este siglo. Podemos prever y discutir las consecuencias a largo plazo, pero lo cierto es que las únicas armas que tenemos los ciudadanos son denunciar y votar, siempre que ambas acciones sean posibles.

Los resultados de la primera vuelta electoral del domingo en Colombia sorprendieron, aunque hay quienes dirán que no tanto. A mí, particularmente, me decepcionaron. Colombia representaba un caso singular en la región: una democracia que había logrado sostener sus instituciones, respetar la alternancia y preservar cierta estabilidad política a pesar de décadas de violencia brutal. Pareciera que eso se ha ido resquebrajando, que hay una sociedad más dividida y hastiada, menos dispuesta a confiar en el orden que alguna vez defendió.

Uno de los fenómenos que más me llaman la atención en este surgimiento de ‘outsiders autoritarios’ es que, en la mayoría de los casos, se trata de personajes con pasados cuestionables. Todos tienen una sombra negra en su accionar; han estado relacionados con actividades delictivas o inmorales y, sin embargo, los ciudadanos los perdonan; se lo dejan pasar. Como si eso no tuviera repercusión en un cargo de servicio público.

La explicación quizás, incómoda pero elocuente, es que cuando una sociedad deja de creer en las instituciones, el pasado del candidato y su capacidad para ejercer un cargo de esa magnitud dejan de importar. Lo que resuena es la promesa de ruptura. Y esa es quizás, la señal más inquietante del momento que vivimos: no es que la gente no sepa quiénes son estos personajes, lo triste es que lo sabe y aún así vota por ellos.

Según el proyecto Varieties of Democracy (V-Dem) de la Universidad de Gotemburgo, en 2025 había en el mundo 96 gobiernos autoritarios y 87 democráticos. Es la primera vez en décadas que las autocracias superan en número a las democracias. ¿Terminará Colombia engrosando esa lista? Si sus electores indecisos subestiman lo que está en juego, es muy posible que así sea.

Atentamente,

Georgiana González Ferrero, Editor-in-Chief Yahoo en Español Miami, junio 2026.