El ciberpatrullaje es una forma de vigilancia estatal de las comunicaciones de la ciudadanía en Internet. En términos de libertad de expresión, este mecanismo de monitoreo resulta preocupante por el efecto inhibidor (chilling effect) que produce en los y las ciudadanas que usan Internet al saber que el Estado vigila de manera activa esta red. Específicamente en Colombia es alarmante por tres motivos: 1. No hay un marco regulatorio del ciberpatrullaje, 2. MinDefensa impulsó una narrativa estigmatizante respecto del uso de plataformas digitales en el contexto del paro nacional, y 3. Este Gobierno tiene antecedentes abusivos respecto al uso de herramientas tecnológicas para perfilar a la ciudadanía.
En Colombia existe un marco legal para los delitos cibernéticos (Ley 1273 de 2009), la seguridad digital (CONPES 3995 de 2020) y el Centro Cibernético Policial (Resolución 05839 de 2015). Sin embargo, el fenómeno del ciberpatrullaje, cómo se hace y qué busca, no está regulado. Esto abre la puerta a interpretaciones amplias y ambiguas sobre el riesgo cibernético que puede haber para la seguridad nacional en contextos de movilización social, y a que la fuerza pública haga monitoreos arbitrarios de las comunicaciones en Internet.
El temor aumenta gracias al contexto de perfilamientos a políticos y periodistas que fue revelado en la investigación Carpetas secretas de la Revista Semana en mayo del 2020, y al informe que la Presidencia de la República contrató con la agencia Du Brands para el perfilamiento de más de 450 influenciadores como positivo, negativo y neutro, de acuerdo a su grado de oposición o respaldo al Gobierno nacional. Ambos hechos se han llevado a cabo durante la presidencia de Iván Duque. Por lo tanto, hay una preocupación justificada sobre cómo actúa el Ejecutivo en este tipo de monitoreos.
Con este trasfondo, entre el 28 de abril y el 17 de junio de este año, MinDefensa emitió más de 25 reportes relacionados con ciberpatrullaje. En el más reciente, asegura haber identificado más de 1,7 millones de direcciones IP “con comportamiento malicioso”. Esto genera muchas inquietudes porque no hay una definición clara de lo que es un comportamiento malicioso en contextos de movilización social y porque la identificación de direcciones IP supondría la construcción de una base de datos y hasta la fecha no es posible saber qué tratamiento les dará MinDefensa a tales IP y a las personas que las utilizan.
En dicho balance también se asegura haber generado más de 97.000 alertas preventivas e identificado 157 noticias falsas. Sobre las alertas, el Ministerio debería empezar por responder ¿qué es una alerta preventiva?, ¿cómo se seleccionan las publicaciones o perfiles sobre los que se hacen las alertas?, y ¿cuáles son los contenidos? Todo ello en pos de evitar suspicacias respecto de si las alertas se hacen sobre contenido que, por ejemplo, no es afín al Gobierno. Previamente, el CAI Virtual de la Policía publicó entre marzo y abril informes sobre “noticias falsas” en el marco de la pandemia, citando chequeos realizados por ColombiaCheck. Después, atribuyó a fuentes propias los datos con los que “verificó desinformación” sobre la Policía Nacional, es decir que la institución misma cataloga como cierto o falso lo que se dice sobre ella.
Por otro lado, si bien es cierto que la circulación de desinformación en los entornos digitales es una preocupación en todo el mundo, no es competencia del Gobierno decidir de forma orwelliana qué es verdadero y qué es falso, especialmente en momentos críticos como la movilización social donde se pone bajo cuestionamiento todas sus actuaciones. En la respuesta a un derecho de petición enviado por la FLIP a la Policía Nacional, la entidad adjuntó un documento con más de 90 publicaciones de plataformas digitales que fueron identificadas, por ella misma, como desinformación. La mayoría de estas publicaciones contienen información sobrelas actuaciones de miembros de la fuerza pública.
Esto muestra que el ciberpatrullaje hecho por la Policía Nacional tiene el claro propósito de defen der la imagen de la fuerza pública y no está para combatir, por ejemplo, desinformación que estigmatice la movilización social. En ese sentido es necesario resaltar que las labores estatales deben enfocarse en brindar a la ciudadanía información veraz y oportuna, y al tiempo garantizar el derecho a la libertad de expresión sin estigmatizaciones.
Pero el Gobierno ha hecho justo lo opuesto. La narrativa empleada en la campaña #ColombiaEsMiVerdad se basa en mensajes publicados en diversas plataformas de MinDefensa que hablan de “terrorismo digital”, “generar caos”, “noticias falsas”, “desprestigio a nuestra Policía Nacional” e “incitación a la violencia”, entre otras expresiones. Aunque MinDefensa respondió un derecho de petición a la FLIP en el que asegura que ciberterrorismo es “el uso de medios de tecnologías de información, comunicación o informática con el propósito de generar terror o miedo generalizado en una población, clase dirigente o gobierno, causando con ello una violación a la libre voluntad de las personas”, no queda claro si compartir videos de violaciones a los derechos humanos en el marco de la movilización social puede considerarse una estrategia para generar terror o miedo, ni qué acciones específicas pueden considerarse como terrorismo digital. La respuesta oficial deja claro que el Ministerio evalúa el mérito de interponer denuncias ante la autoridad competente.
El Gobierno nacional debe rechazar todo tipo de campañas estigmatizantes y promover garantías para la libertad de expresión en línea. Es necesario que exista mayor transparencia sobre cómo, con qué propósitos y qué información se está recolectando a través del ciberpatrullaje. El debate en línea es libre y debe seguir siéndolo. El fenómeno del ciberpatrullaje deja muchas preguntas abiertas sobre la forma en la que el Gobierno se involucra con el debate que ocurre en las redes sociales, en especial después de que MinDefensa le entregará a la Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH) un informe en el que sostiene que durante los primeros 36 días de paro dedicó 21.675 horas a este trabajo, es decir cerca de 75 personas con dedicación de ocho horas diarias cada una.
[N. de la E. esta historia fue publicada originalmente en la revista Páginas para la libertad de expresión de la Fundación para la Libertad de Prensa, Flip, disponible aquí]
