“Nosotros estamos dispuestos a transitar a una economía sin carbón y sin petróleo, pero poco ayudamos a la humanidad con ello. No somos nosotros los que emitimos los gases efecto invernadero. Son los ricos del mundo quienes lo hacen”. 

Con estas palabras, el 7 de agosto de 2022, el recién posesionado presidente Gustavo Petro redefinió el lugar del medio ambiente en la política colombiana, y la postura internacional de Colombia en esa materia. Ya no era un tema secundario, sino un asunto central. El punto más alto de esta política climática fue la celebración de la cumbre de biodiversidad COP16 en Cali, en 2024. El evento fue un hito diplomático con el lanzamiento de la coalición mundial por la paz con la naturaleza. 

Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Mirar en el retrovisor los cuatro años de gobierno deja ver negociaciones, intenciones, acciones y reacciones, que hoy dejan un resultado averiado. 

Para evaluar este periodo, analizamos siete temas al cierre del gobierno. A través de voces expertas presentamos balance que explica el desempeño en cada uno de estos frentes.

Control a la deforestación: un triunfo que no logra mantenerse

El primer objetivo del plan de gobierno de Petro se tituló: Colombia líder en la lucha contra el cambio climático. “Daremos forma a acuerdos comunitarios para la regeneración, restauración ecológica, protección y preservación de estos ecosistemas con base en procesos organizativos”, afirmaba. 

En 2021, antes de la llegada de Petro, el país registró 174.103 hectáreas deforestadas. La estrategia inicial rindió frutos: en 2023 se logró el mínimo anual en dos décadas con 79.256 hectáreas deforestadas. 

Este freno a la deforestación no se logró por medio de la fuerza armada, sino gracias a un cambio de enfoque. “hay una asociación directa entre la paz y el resultado de la deforestación, condiciones de paz generan reducción”, afirmó Susana Muhamad, exministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El corazón de estos acuerdos fue el fomento de las “economías de la biodiversidad”: concesiones forestales a campesinos que buscan desarrollar una economía forestal, donde se les garantice a esas comunidades poder vivir dignamente de la selva, en la selva, sin tener que destruirla.

A pesar de que la cifra de deforestación ha sido muy publicitada por el gobierno, el semáforo es amarillo porque se trata de un fenómeno que el Estado no ha podido controlar, en buena medida por las dinámicas de la guerra. Germán Andrade, biólogo con maestría en Estudios Ambientales, Director de Gestión de Conocimiento en Fundación Humedales, explica que “los indicadores efectivamente miden una tendencia decreciente, pero inestable, ya que no se ha logrado todavía un control sobre esas causas”. En 2024, la cifra rebotó a 113.608 hectáreas deforestadas a nivel nacional. Para 2025, fue de 119.483 hectáreas: menor a la cifra que recibió el gobierno, pero que muestra la incapacidad de consolidar una tendencia a la baja.

Además, resaltar solamente la medición de la deforestación anual oculta información esencial, según Andrade. “Se necesita ponerle atención a la deforestación acumulada, y ahí es donde la tendencia de los gobiernos anteriores y la actual no ha cambiado fundamentalmente. No se están mirando asuntos para los cuales hay conocimiento científico, como la pérdida de conectividad”, explica. Es decir, el hecho de que la cifra de deforestación se reduzca no es una victoria, porque el total deforestado sigue aumentando; es como celebrar que uno perdió menos plata que el año pasado, cuando en el fondo está perdiendo plata.

Además, la pérdida de conectividad “es más grave en sitios donde ya casi no hay conexión. Por ejemplo, entre la llanura amazónica y las selvas de montaña de los Andes orientales”. La pérdida de conexión implica que se rompa el ciclo del agua o que los animales no puedan cruzar, lo que afecta la transmisión de flujos genéticos. 

Además, explica Andrade “no se está midiendo la pérdida de humedales y tampoco se está contabilizando la pérdida de sabanas y mosaicos de bosque especial en la Orinoquia”. 

Áreas protegidas: crecen pero no logran los objetivos

El gobierno prometía proteger “todos los complejos de páramo, los acuíferos y cuencas abastecedoras”. En agosto de 2022, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) abarcaba 49.436.442 hectáreas —23,88% del territorio nacional—. Para el 2026, el gobierno cumplía su promesa de ampliación territorial, al declarar el Parque Nacional Natural Serranía de Manacacías (más de 68.000 hectáreas) y al ampliar la Sierra Nevada de Santa Marta en más de 172.000 hectáreas. Asimismo, avanzó en propuestas complejas, como la delimitación de 29.000 hectáreas en el páramo de Santurbán.

Sin embargo, las hectáreas se quedaron cortas ante las metas. En diciembre de 2022, Colombia adoptó el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal junto a más de 196 países. Una de las metas es la “30×30”, que exige proteger el 30 % de las zonas terrestres y acuáticas del planeta para el año 2030. El objetivo de la COP16 de Biodiversidad, era que los Gobiernos revisaran la implementación de este marco.

Si bien el gobierno declaró más áreas, la aguja de áreas protegidas, terrestres y marítimas, dentro del territorio nacional se movió poco —pasó del 23,88% al 24,19%, solo 0,31 puntos porcentuales de diferencia—. 

Sobre la cifra, Andrade afirma que “a veces en la contabilidad se infla, sobre todo en el gobierno pasado, con muchas áreas declaradas, lo cual no quiere decir que sean efectivamente protegidas. No basta que el área esté en papel, tiene que haber actividades físicas y acuerdos sociales para protegerlo, tiene que haber resultados en el campo”.

Agua potable: ciudades con más acceso, pero el campo sigue en deuda

El agua fue anunciada como el centro del desarrollo territorial de este gobierno. Uno de las promesas centrales era la de ampliar la cobertura de los sistemas de alcantarillado. El PND establecía que “la política integral del hábitat articulará las acciones en materia de vivienda, abastecimiento de agua potable, saneamiento básico”. Sin embargo, hay un gran  contraste entre el discurso y la realidad de los indicadores.

Según MinVivienda, en el 2021, en las zonas urbanas, 28.657.679 personas recibían agua potable sin niveles de riesgo; para el 2024 esa cifra creció a 30.280.130 personas. Una mejora del 5%. 1.622.451 personas ahora pueden acceder al agua potable en zonas urbanas.

En 2021, en las zonas rurales 145 municipios contaban con suministro de agua potable sin riesgos; para el 2024 la cifra bajó a 107 municipios; una reducción del 26%. Es decir, más municipios con riesgo de consumo de agua. 

Entre 2021 y 2024 en las zonas rurales, los municipios con agua inviable sanitariamente (el menor nivel de potabilidad) pasaron de 77 a 46. Mientras tanto, en ese mismo lapso de tiempo, los municipios con suministro de agua con un riesgo alto para la salud de la población pasaron de 220 a 282.

Este problema no es nuevo, pero tampoco encontró solución durante este gobierno. La Contraloría señala el estancamiento histórico: “Entre 1993 y 2024, la cobertura de acueducto urbano aumentó apenas un 3,2%, en alcantarillado un 11,8% y en recolección de basuras un 16,1%”. Como es costumbre, el campo es el que lleva la peor parte. En 2024, la brecha urbano-rural en acueductos fue del 36%, en alcantarillado del 78,4% y en aseo del 67,5%.

Para agravar el panorama, el cierre del gobierno proyecta un duro golpe financiero a este sector. Según alerta la Contraloría, “el presupuesto de 2026 reduce en un 53% los recursos destinados para Agua, Saneamiento y Gestión Integral de Residuos, pasando de 1.5 billones en 2025 a 0.7 billones en 2026″.

Las expertas coinciden en que el gobierno tuvo un acierto discursivo, pero fracasó en la ejecución. Cecilia Roa, experta en justicia ambiental del Centro de Estudios sobre Desarrollo de la Universidad de los Andes, asegura que “se desarrolló un plan para hacer ordenamiento territorial alrededor del agua, pero llevarlo a la práctica fue muy difícil, porque hay toda una institucionalidad que lo dificulta”. La coordinación entre la institucionalidad del gobierno fue insuficiente para que el proyecto se consolidara.

Andrade reconoce las variaciones: “hay un avance lento, pero importantísimo, en áreas urbanas y preocupante en áreas rurales. Las áreas rurales siguen con inseguridad hídrica”. Sobre las ambiciones de esta promesa, afirma que es una “realidad que se materializa en los planes de ordenamiento territorial y de cuencas hidrográficas, ahí es donde la tarea es enorme y se ha avanzado muy poco”.

Matriz eléctrica: el gran salto de las energías renovables

La transición energética fue, quizás, la política más ambiciosa y polémica del gobierno. El plan de gobierno se refería a “una sociedad movida por el sol, el viento y el agua”. Por un lado, se lograron avances en la diversificación de la matriz eléctrica y en el impulso a nuevos proyectos, como la geotermia. A nivel internacional, el país lideró la Primera conferencia sobre la eliminación progresiva de combustibles fósiles.

En cifras, este avance se tradujo en un salto de las energías limpias en la matriz eléctrica nacional, del 2 % al 16 %. En agosto de 2022, el país apenas contaba con unos incipientes 200 MW de energías limpias —muy poco contra el total de de capacidad de 18,777 MW, a cifras de enero del 2023—. Para el cierre del mandato, el panorama cambió drásticamente: la matriz eléctrica renovable alcanzó un 16,17% de participación, apalancada por 3.717,1 MW de energía solar, aunque la energía eólica quedó muy rezagada, con apenas 41 MW. Esto se debe, según las empresas del sector eólico, a cuellos de botella en licenciamiento.

Además, el gobierno impulsó la creación de cerca de 300 comunidades energéticas —grupos de ciudadanos, comunidades étnicas y entidades locales que se asocian para generar, comercializar y usar su propia energía limpia—. Sin embargo, en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 establecía como objetivo 20.000 de estas comunidades para 2026.

German Andrade afirma que este crecimiento del porcentaje de energías solares y eólicas “es grandísimo. Es un cambio fundamental. En la integración de las energías limpias con la matriz actual hay temas lentos pero fundamentales, como es, por ejemplo, consolidar la red de distribución de energía en el país”.

Explotación y exploración: sin fracking pero sin un plan sostenible de transición

Para posicionar a Colombia como un líder climático global, el presidente prometió transitar hacia una economía descarbonizada. “En nuestro gobierno se prohibirá la exploración y explotación de Yacimientos No Convencionales, se detendrán los proyectos piloto de fracking y el desarrollo de yacimientos costa afuera”, afirmó el Plan de Gobierno.

El rechazo al fracking fue el estandarte. La experta en justicia ambiental Cecilia Roa argumenta que detener el fracking fue un acto esencial de justicia: “el fracking es una actividad que no solamente profundiza el modelo fósil sino que es muy injusto porque asigna los costos sociales a una población afectada y a la naturaleza“. Como lo ha explicado la defensora ambiental Yuvelis Morales, los costos que pagan las poblaciones que habitan las zonas petroleras en Colombia casi nunca se ven saldados por retribuciones reales. Este es el caso de Puerto Wilches, Santander, donde hay hogares sin agua potable, a pesar de toda la riqueza que representa para el país el petróleo que se extrae de sus tierras. El gobierno, al decidir no firmar contratos de explotación petrolera, hizo un intento “de que esas injusticias no se reprodujeran y ni extendieran“, explica Roa.

Esto no llegó sin repercusiones. Las reservas de petróleo pasaron de garantizar 7,5 años (2022) a 7,4 años (2025), pero con una importante caída en la producción. En el 2022 se producían 100 millones de barriles al año, en el 2025 se pasó a 69 millones de barriles, una reducción del 31%. 

Por su parte, las reservas de gas bajaron de 7,2 años en el 2022, a 5,9 años en el 2025. La producción de gas disminuyó casi en un 12%, al pasar de 329 gigapies cúbicos en el 2022 a 290 en el 2025. Colombia, que era un país que se auto-abastecía, tuvo que comenzar a importar gas y los costos se trasladaron a los usuarios.

La decisión de no firmar nuevos contratos de exploración de hidrocarburos provocó un temor sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas en figuras políticas, como José Manuel Restrepo, el ahora vicepresidente electo, y de El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf). 

Andrade precisa que la meta en descarbonización para cumplir con el Acuerdo de París es 2050. “Acelerar el cierre de los combustibles fósiles presenta, en el corto plazo, unos desbalances complicados de enfrentar. Faltó trazar una hoja de ruta que incluya equilibrios económicos y sociales adecuados en un periodo razonable”, afirma.

Justicia ambiental: reparación por represa El Quimbo pero desprotección a defensores asesinados

El gobierno sancionó la ratificación del Acuerdo de Escazú y creó rutas para su implementación. El acuerdo tiene por objetivo asegurar la participación pública, el acceso a la justicia en asuntos ambientales, la protección de las personas defensoras y la cooperación ambiental en América Latina y el Caribe.

Pese a ello, las garantías para proteger la vida de quienes luchan por el territorio han sido insuficientes. De los 33 asesinatos de líderes ambientales reportados en 2021, la cifra subió a 48 casos en 2024 (casi un tercio del total global), lo que pone a Colombia en el primer lugar mundial de asesinatos de defensores del medio ambiente por tercer año consecutivo. Frente al reporte, el Gobierno Nacional desarrolló acciones para proteger a los líderes; el Ministerio de Ambiente ha recibido 37 casos de defensores ambientales amenazados que han sido atendidos para reducir su riesgo. 

Cecilia Roa cuestiona la efectividad real del acuerdo porque “ha generado unas expectativas de que va a haber democracia ambiental, pero dentro del mismo modelo. Hay toda una institucionalidad que es funcional al modelo extractivo y eso no cambia porque cambie un gobierno”.

German Andrade secunda este llamado a mirar la problemática más allá de solo un gobierno. “Pedir cuentas al gobierno es necesario, pero aquí tenemos que revisar una trayectoria de país, de Estado, de sociedad. Evidentemente este gobierno planteó con claridad la necesidad de la protección de los defensores ambientales y de los derechos humanos, pero seguimos con este grandísimo problema de debilitamiento de la protección colectiva, de la violencia en los territorios. Este es, tal vez, el sinsabor mayor que deja este gobierno en el sentido, no de la intención que planteó, sino de la realidad en los territorios”.

Sin embargo, el gobierno sí adelantó acciones de justicia ambiental al buscar saldar deudas sociales, como cuando el gobierno “atendió a los campesinos desplazados por el proyecto de la represa del Quimbo“, afirma Cecilia Roa, donde, para que allí se pudiera construir una hidroeléctrica, hace 15 años fueron expulsadas con perros y gases lacrimógenos más de 400 personas de sus fincas. Este megaproyecto de Enel en 2010, con una inversión de 1.200 millones de dólares, afectó más de 8.000 hectáreas en siete municipios del Huila. En respuesta, el Gobierno de Petro, a través de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), adquirió unas 5.000 hectáreas, y destinó 3.000 a la reparación. Además, el gobierno incluyó en la reparación a campesinos afectados no reconocidos judicialmente.

Presupuesto ambiental y Fondo para la Vida: buen inicio, mal desenlace

“Nuestro compromiso para una Colombia, Potencia Mundial de la Vida, es realizar transformaciones de fondo para enfrentar la emergencia por cambio climático y la pérdida de biodiversidad”, decía el Plan de Gobierno de Petro. Esos planes requieren plata.

Durante la primera mitad de su mandato, Petro inyectó recursos sin precedentes. El presupuesto ambiental pasó de $1,17 billones en 2021 a $2.03 billones en 2023. La gran esperanza para la conservación fue el Fondo para la Vida — una bolsa de recursos para acelerar las metas climáticas de Colombia— prometido en 2023 con un capital semilla de 4 billones de pesos para el cuatrienio. 

Sin embargo, la dura crisis fiscal rompió esta promesa. Para 2024 se le asignó al Fondo para la Vida 1,3 billones, pero en 2025 la cifra colapsó a apenas 424.040 millones de pesos. El presupuesto general del sector ambiente también retrocedió a 1,78 billones en 2025 (aunque sigue siendo una cifra alta en comparación a las cifras de los gobiernos anteriores).

Las grandes metas climáticas quedaron atrapadas en un aparato estatal pequeño y poco financiado. 

Parte de las principales fuentes previstas para el fondo venían del impuesto al carbono, que se recauda por la compra, importación o uso de petróleo, gas o carbón; pero esta industria, por las medidas del mismo gobierno, venía con las exploraciones frenadas y su producción en descenso.

Conclusión: una política ambiental con buen arranque que no se pudo sostener

Germán Andrade sintetiza el gobierno de Gustavo Petro al afirmar que se “ha caracterizado por actualizar y ampliar las narrativas en torno a la gestión ambiental con un énfasis muy importante en los asuntos sociales. Sin embargo, surge un vacío principal, una necesidad de completar esas narrativas con realizaciones puntuales. La distancia es grande entre lo que dijo este gobierno que iba a hacer y lo que efectivamente se está contabilizando hoy como resultado”.

Queda un paisaje de claroscuros, de buenas intenciones, de primeros pasos, pero de falta de ejecución y falta de estabilidad. Su mérito fue elevar la discusión del cuidado de la naturaleza al más alto nivel político y al plano internacional. Esto trajo récords temporales en la contención de la deforestación, la creación de áreas protegidas y la diversificación de la matriz eléctrica. Sin embargo, su administración no logró resolver la ecuación económica de la transición: el intento de alejarse de la economía fósil generó un vacío fiscal que terminó asfixiando los propios presupuestos ambientales. A esto se sumó un Estado que, pese a sus discursos de “paz ambiental”, y frente a un conflicto armado que se ha complejizado, siguió siendo incapaz de frenar a las mafias ilegales y de evitar que Colombia siguiera siendo el país más peligroso del mundo para defender la naturaleza. 

Andrade agrega dos pendientes, que van más allá de lo hecho y dicho por el gobierno. Primero, “hay una lista de especies en riesgo que sigue creciendo. En parte, porque han aumentado las evaluaciones [que detectan las especies en riesgo], lo cual es muy bueno. Sin embargo, hay que señalar que los planes de acción sobre especies en riesgo son mínimos, menos de unas pocas decenas, cuando tenemos centenas de especies en riesgo. Valdría la pena que este desajuste se priorice de aquí en adelante”, afirma.

Segundo, “la brecha que hay de adaptación climática es mundial. La preocupación se ha centrado en mitigación, pero la adaptación sigue siendo un vacío enorme y ese vacío debería estar en el ordenamiento del territorio alrededor del agua, en la seguridad hídrica de las comunidades. No tenemos suficientes indicadores de adaptación, no sólo globales, sino a nivel nacional. Estos indicadores deberían ya estar territorializados, deberían estar en los municipios”.