Oposición, competencia electoral y reformas para la paz en Colombia

Recientemente, en reunión con el presidente Santos, representantes de distintos partidos decidieron que trabajarán en un estatuto de la oposición. Rafael Guarín, abogado y profesor universitario, presenta un análisis de los factores que históricamente han obstaculizado el funcionamiento de la oposición en Colombia.

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Congreso Visible

Programa del departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes. Su propósito es publicar información del Congreso y generar canales de transparencia entre los ciudadanos y sus representantes.


21.01.2016

Por: Angélica Latorre Coronado.

Recientemente, en reunión con el presidente Santos, representantes de distintos partidos decidieron que trabajarán en un estatuto de la oposición. Sin embargo para Rafael Guarín, los problemas de la oposición en Colombia no se superan con una norma (Ver noticia de W Radio).

Guarín, abogado y profesor universitario, presenta un análisis de los factores que históricamente han obstaculizado el funcionamiento de la oposición en Colombia. Para este académico, se requiere una reforma política que supere la “perspectiva tradicional limitada a la discusión de un estatuto”.

Recuento de la investigación “Oposición, competencia electoral y reformas para la paz en Colombia”

– Los problemas que experimenta la oposición (parlamentaria) en Colombia trascienden la adopción de un estatuto sobre la materia y requieren una propuesta con un enfoque sistémico.

Problemas que impiden el desarrollo de una oposición

Un análisis histórico del período 1957 – 2005 permite descifrar problemas estructurales que impiden el funcionamiento del esquema gobierno–oposición, problemas que trascienden la órbita normativa como se ha observado luego de la entrada en vigencia de la nueva constitución.

A)  El problema burocrático y la reproducción electoral dependiente: el acceso a la burocracia ha definido tradicionalmente las relaciones entre los legisladores y el Ejecutivo. Por su parte, un altísimo porcentaje de los elegidos practican formas tradicionales de acción política asociadas a la utilización del Estado como despensa de favores y mantenimiento de clientelas. 

B)  La seguridad nacional y conflicto armado: Desde el Frente Nacional la ausencia de alternativas políticas al bipartidismo y los problemas sociales originaron movilizaciones ciudadanas que bajo el estado de sitio se percibieron como problemas de seguridad. Aún con la Constitución del 91, la participación y liderazgo civil en el diseño e implementación de políticas de seguridad no han impedido casos de abuso o descalificación en contra de la oposición para parte de agentes estatales.

Desde otro ángulo, cualquier evaluación de la oposición política debe observar la influencia del conflicto armado. El caso de la Unión Patriótica es el más representativo de una organización que declara la oposición al gobierno de Virgilio Barco y se postula como alternativa a los dos partidos tradicionales y es literalmente exterminada por intereses vinculados con el narcotráfico, la política regional y grupos de extrema derecha.

C)  El funcionamiento del Congreso y de los partidos políticos: El Congreso continúa experimentando complejasdificultades en su tarea de control político al Ejecutivo y en mantener autonomía ante los grupos de presión. La relación con el gobierno ha adquirido los ribetes de un mutuo chantaje que fomenta el statu quo, la corrupción a través de la captura del Estado y anula las posibilidades de una oposición fuerte.

Por otro lado, aún después de la reforma política de 2003, los partidos toman decisiones en conjunto en casos extremos de supervivencia política o bajo el liderazgo del presidente, sin importar su filiación, y siempre que haya algo a cambio (…) La atomización partidista y la indisciplina interna son resultantes de un sistema político basado en la capacidad individual de hacerse elegir y no en partidos políticos organizados y democráticos.

D)  El fraude electoral: estrategia para impedir la rotación de elites, la competencia equitativa y la fidelidad de los resultados. El fraude en las elecciones colombianas se vincula a fenómenos ligados a la problemática del conflicto armado interno, al narcotráfico, la corrupción y el clientelismo, circunstancias que afectan porciones importantes del territorio.

E)  La desprotección legal: Por un lado, no se reconoce como derecho fundamental (el ejercicio de la oposición) y por tanto, los actos administrativos que la conculcan se someten a largos procedimientos contenciosos, que logran impedir la eficacia de prerrogativas como el derecho de réplica.

F)  La cultura anti-oposición: la percepción de que la oposición defiende intereses particulares  y es obstrucción al gobierno. La cultura anti-oposición se refuerza con el hecho de que los partidos no saben ejercerla.

En algunos episodios es evidente que su ejercicio se condensa en la crítica permanente desprovista de propuestas, lo que dificulta las victorias electorales y ayuda a la idea de que oposición es más obstrucción que otra cosa.

Oposición y equidad electoral: ¿estatuto o reforma integral?

El reclamo de un estatuto de la oposición no es nuevo. Sin embargo, hasta la fecha ninguno de los nueve proyectos de estatuto presentados, ha sido aprobado por el Congreso

La no aprobación del estatuto de oposición se subsanó parcialmente con la inclusión de normas que reconocen derechos a quienes asuman dicha conducta política en el Estatuto Básico de los Partidos y Movimientos Políticos (Ley 130 de 1994). Entre estas normas sobresalen el derecho al acceso a la información y documentación oficial, al uso de los medios de comunicación del Estado de acuerdo con la proporción de curules obtenidas en el Congreso en las elecciones inmediatamente anteriores, y el derecho de réplica frente a tergiversaciones graves y evidentes o ataques públicos. No obstante, los proyectos de ley y reforma constitucional están desprovistos de una visión que conjugue las diversas variables que influyen en la oposición parlamentaria.

La reforma política de 2003: un paso en la dirección correcta

– La reforma establece las bases indispensables para el funcionamiento del esquema gobierno–oposición. La obligatoriedad de funcionar a través de bancadas, la exigencia de disciplina interna y listas únicas del nuevo esquema buscan organizar la gestión legislativa, mejorar el control político y eliminar el transfuguismo que caracterizó el periodo pos-constituyente.

Garantías jurídico–políticas efectivas y derecho de oposición

– La oposición carece de mecanismos efectivos de protección.

– La categorización de la oposición como derecho, posibilita contar con la acción de tutela, en su condición de mecanismo protector de los derechos fundamentales, como la mejor garantía jurídico–constitucional para que ese derecho no sea avasallado por el poder del Ejecutivo. Adicionalmente a la tutela, deben afianzarse otros factores como el replanteamiento del derecho de réplica en los medios de comunicación con el fin de asegurar su eficacia.

– Herramientas de equidad en la competencia electoral: 

* La competencia y la vigencia del esquema gobierno–oposición pueden verse favorecidas por la financiación totalmente pública y previa de las campañas políticas.

* acceso efectivo a los medios de comunicación social: hay que revaluar el criterio legal de proporcionalidad que define el acceso a la televisión y la radio, con el fin de garantizar que, sin importar la representación parlamentaria, todos los partidos tengan igual oportunidad de utilizar los medios de comunicación.

Control político, discusión técnica, bancadas y funcionamiento del Congreso

La forma en que se adelantan los debates de control político y la elaboración de las leyes puede favorecer o dificultar el trabajo de la oposición. La obtención de un ambiente apropiado para la oposición parlamentaria debe incluir medidas orientadas a racionalizar el funcionamiento del legislativo.

Una reforma para la paz: equidad en la competencia electoral y fortalecimiento del congreso y los partidos

Un proceso de paz con las FARC [como el actual] exigirá crear un contexto político e institucional en el que esa organización subversiva, una vez desmovilizada, pueda defender sus tesis y buscar llegar al gobierno sin temor a la violencia y con una garantía de continuidad.

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