¿Podrá el crimen de Lucas Villa resolverse algún día? Una mirada inédita a las entrañas de la investigación apunta a que no.
Dos meses antes del asesinato de Lucas Villa, el estudiante que murió acribillado por sicarios en el viaducto Pereira-Dosquebradas durante las protestas de 2021, un barbero de nombre José Carlos Londoño recibió una llamada que no lo sorprendió.
— ¿Con quién?
— Con Chávez, el agente de tránsito 192—, le dijo a Londoño una voz al otro lado de la línea.
El supuesto agente le hizo una consulta poco usual para un barbero.
— Para hacerle una preguntica […], mira que es que a una amiguita le robaron una moto, sí, una motico, ¿de pronto usted conoce a alguien por ahí que de pronto nos pueda dar razón, así haya que pagar el rescate?
—Toca ir al ferrocarril y preguntar —respondió el barbero —, mándame el número de la placa.
Ese día, Londoño habló también con un interno de la cárcel de Fresno, en Tolima, y con un desconocido que le dijo que no había podido dormir mucho pues le “tocaba estar como a las 6:30 de la mañana en el batallón”.
El barbero, un hombre de unos 40 años, rollizo y de ojos pequeños, atendía muchas de estas llamadas desde su negocio en el barrio Villavicencio, la barbería Penthouse. Su local de piso de ajedrez y sillas de cuero amarillas, lo frecuentaban policías y cantantes de música popular que la recomendaban como la mejor barbería de Pereira.
La conversación con el agente de tránsito no importaría si no fuera porque meses después, la Fiscalía relacionó al barbero con el asesinato de Villa.
De manera confidencial, 070 y el Centro Lationamericano de Investigación Periodística (CLIP) tuvieron acceso a cientos de documentos de la investigación por este crimen que incluyen interceptaciones telefónicas, testimonios de fuentes secretas y correos electrónicos entre fiscales e investigadores del caso. Además, el medio europeo Bellingcat realizó un análisis de redes de las llamadas telefónicas relacionadas al caso, contribuyendo así a la mayor comprensión de algunos aspectos de los documentos. El material ofrece una mirada inédita a cómo se ha desarrollado la investigación, los tropiezos que ha tenido y las pistas que la justicia parece haber dejado de explorar. Los hallazgos son de interés dado que dos años después del crimen, el caso sigue en etapa de indagación, no hay una sola captura relacionada y las pistas se han ido diluyendo. La Fiscalía ha guardado un mutismo infranqueable.
El material confidencial y la investigación independiente de 070 y CLIP confirman la tesis de que los asesinos hacían parte de la banda La Cordillera y revive las sospechas sobre la posible complicidad de miembros de la Policía y otros agentes del Estado en el crimen. También revela que al menos dos personas que figuraban como sospechosas fueron asesinadas antes de que los investigadores las hubieran interrogado y que un investigador del caso mantuvo contacto con al menos uno de los señalados asesinos antes y después del atentado.
***
Lucas Villa fue atacado a tiros el 5 de mayo de 2021 y murió seis días después por una herida fatal, a corta distancia, que le atravesó el cuello. Una investigación de 070, Bellingcat, Baudó AP y Forensic Architecture, que reconstruyó en un modelo 3D los detalles del crimen, prueba que se trató de un asesinato premeditado. De acuerdo con esa investigación, Villa llegó al viaducto a las 5:28 pm del 5 de mayo. A las 7:31 un sicario se bajó de una moto y le disparó ocho veces. Tres de esas balas lo impactaron, según el informe de necropsia. De inmediato, el sicario corrió de vuelta hacia la moto que escapó hacia el barrio San Judas, seguida por otra moto que ya había rondado la zona varias veces.
Segundos después de los disparos, con las motos de los asesinos ya fuera de vista, el barbero Londoño publicó un video en sus redes sociales. El hombre había grabado los instantes posteriores al crimen, apostado en un paso elevado con vista panorámica a la escena. En su voz narró: “En este momento están dando bala en el viaducto… ya mando hora y fecha… Hoy es 5 de mayo del 2021 a las 7:33”, dijo.
Villa, de 37 años, era un estudiante tardío que se había destacado durante las protestas por animar las marchas con bailes estrambóticos y mensajes pacifistas. En los días previos a su muerte fue registrado dando discursos en los buses, invitando a marchar. El día de su muerte, en la mañana, quedó grabado ofreciendo su mano en gesto amistoso a impávidos policías antimotines.
***
Villa estuvo seis días hospitalizado, bajo pronóstico reservado. Esos días fueron cruciales para los investigadores que recogieron los primeros indicios de los posibles autores materiales. Los agentes contactaron a informantes conectados con el bajo mundo de Pereira y Dosquebradas y recolectaron testimonios de personas que habían estado en el viaducto la noche del crimen. Entre esas pesquisas inmediatas, dos policías visitaron en el hospital a uno de los heridos que cayó junto a Lucas, y le hicieron preguntas.
El 12 de mayo, la SIJIN, el brazo de investigación criminal de la policía, por solicitud de una fiscal de Pereira que tomó el caso, recopiló un informe de contexto sobre el barrio San Judas. No era un barrio cualquiera: todos en la zona sabían que se trataba de un sector deprimido y peligroso con varias “ollas” de consumo y expendio de drogas. La policía tenía en sus archivos evidencia abundante del tráfico de estupefacientes y un organigrama extenso de La Cordillera. El informe recopilaba los antecedentes penales de sus integrantes, relacionaba incautaciones de drogas, operaciones y capturas. Entre el abundante material de contexto, la SIJIN adjuntó una novedad: un testimonio corto, una de las primeras pistas concretas sobre los posibles asesinos de Villa.
Se trataba de la declaración voluntaria de un hombre que se acercó a la policía el 9 de mayo, cuatro días después del atentado, mientras Lucas seguía en estado crítico, y explicó cómo se habría llevado a cabo el crimen. El hombre no era un desconocido para la policía; ya había ofrecido información que había sido veraz y útil en otros asuntos, según señaló el investigador en su reporte. La fuente reveló los alias de los sicarios, su apariencia y ofreció números de teléfono. Dijo que usaron dos motos, una BWS y una RX azul.
“Entraron por la Quinta derecho, se descargaron del arma que era una Sig Sauer o una Pietro [Beretta] y de las motos, se quitaron la ropa que utilizaron, la echaron en una bolsa negra y la tiraron al río que pasa por el barrio”, contó. Incluso dijo cuánto se había pagado por ese crimen y cómo se habían repartido el dinero. El informante dijo que quería colaborar y que esperaba alguna recompensa para ver si podía cambiar de vida, pues llevaba mucho tiempo trabajando en las “ollas”. El hombre dijo que estaba dispuesto a repetir eso ante la Fiscalía, pero con una precaución: “no con mucha gente porque esa “olla” es la más grande de acá de Pereira y conocen mucha gente de la ley”.
El policía investigador que tomó el testimonio lo evaluó como “coherente” y le dió veracidad señalando que las personas referidas por la fuente eran conocidas por las autoridades y algunas habían sido capturadas por otros delitos, como lo comprueba el resto de material que adjuntaba al informe para la fiscal.
Esa primera y temprana pista fue el derrotero que marcó el rumbo de la investigación en los meses siguientes. Con el tiempo se sumaron otras declaraciones de informantes que repetían versiones más o menos parecidas de lo ocurrido. Algunos ampliaron detalles sobre los “gatilleros” pero todos, a veces de manera incidental, mencionaron vínculos de la banda con policías.
Por ejemplo, un mes después de la muerte de Lucas, el 11 de junio de 2021, agentes del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía recibieron, en plena hora de almuerzo, un nuevo testimonio de otra persona que se movía en San Judas. La fuente ofreció información precisa sobre la estructura criminal que controlaba el barrio y algunos indicios sobre el crimen de Lucas. La declaración ampliaba algo que había quedado en el aire: ¿quién era la “gente de la ley” de la que la primera fuente que se acercó a hablar quería protegerse?
“Al barrio arriman unos policías que están en la vuelta —dijo esta segunda fuente— y les cobran plata por dejarlos trabajar, yo sé que son como tres policías, ellos arriman por plata, a veces van en motos de ellos. Uno de ellos es como negrito y es malo, él odia a la mujer de [nombre de integrante de la banda omitido para no entorpecer la investigación (nota del editor)] porque una vez ella le pegó. Esos policías llegan diciendo dizque el comandante mandó por lo de él, si no, no los dejamos trabajar, y así es, cuando no les dan, a cada rato les mandan las patrullas y asaran la plaza”.
Una mañana de julio, otra persona se presentó a la sede de la Fiscalía de Pereira y dio información adicional sobre la banda de San Judas. Esta tercera fuente, a la que le asignaron un nombre en clave para protegerla, dijo entre otras cosas que estaba cansado de ver el poder que ejercía la banda “y a los que no quieren hacerles caso los sacan del barrio o los obligan a consumir [drogas], en ocasiones los golpean y hasta los torturan. Ahí hay una casa donde los amarran, también han violado a menores de edad”. La fuente aportó direcciones exactas de expendios de droga, bodegas, viviendas de los integrantes y mencionó de pasada “una peluquería, esa la tienen de fachada porque guardan cosas allí como armas y droga”. En un momento de la declaración, el testigo hizo una advertencia: “pero de algo si estoy seguro: donde lleguen a dar cuenta que les dije esto a ustedes, me matan […] solo espero que esto sirva de algo y solo lo manejen entre ustedes porque a la policía no le tenemos confianza; porque ellos están comprados por esos manes”.
La información no pasó inadvertida; en un reporte de la investigación aparecen subrayadas estas declaraciones. Quizás la fiscal y su equipo intuían ya que el caso podía llevarlos a territorios inesperados, incluso peligrosos para ellos. Pero siguieron recabando información. Con los datos de estas fuentes y otras solicitaron autorización para la interceptación de líneas telefónicas, revisión de datos biográficos en bases de datos, antecedentes penales e información sobre vehículos que habían sido vistos en la escena.
Entre tanto, los investigadores del CTI habían ido dándole importancia a un indicio que habían recogido, muy temprano y casi por accidente, el 7 de mayo, apenas dos días después del atentado. En esas primeras horas, casi sin pistas claras y avanzando a tientas, pretendían ubicar a testigos oculares, manifestantes o transeúntes que estuvieran en el viaducto esa noche, cerca del lugar en el que había caído Lucas.
En esa búsqueda, los investigadores se toparon con el video que el barbero Londoño había publicado en redes. Les pareció significativo, ya que era uno de los pocos registros de los segundos posteriores al hecho y tal vez el único con una vista panorámica. Pero una fuente que conocía la movida en San Judas les dijo algo sorprendente: el hombre que había grabado ese video no era un simple testigo; era un cómplice encargado de hacer el registro para demostrarle a sus jefes que la tarea se había hecho. Su alias era “Calollero”, que por supuesto, era el mismo barbero Londoño.
La fuente indicó a los investigadores, además, que el hombre hacía parte de la estructura criminal La Cordillera, el poderoso grupo que controla a muchas bandas de drogas y sicariato, y “que sería el encargado de hacer cobros, ajustes de cuentas y que actualmente se encuentra cumpliendo condena domiciliaria por el delito de homicidio”.
En efecto, el barbero Londoño fue investigado por un homicidio en 2007, según verificó este equipo periodístico. Sin embargo, de acuerdo con registros de sus redes sociales, Londoño se movía a sus anchas: fotos lo muestran atendiendo su negocio, presumiendo junto a motos y vehículos de lujo, cantantes populares y en viajes de placer a destinos en el Caribe. La justicia pareció no percatarse.
Un investigador de campo entregó un informe con datos precisos del barbero Londoño: sus antecedentes, teléfonos, dirección y personas cercanas. De acuerdo con interceptaciones telefónicas posteriores al crimen, sostenía comunicación con otros miembros de “La Cordillera”.
Una fuente que conoce la investigación pero no está autorizada a hablar públicamente, dijo a 070 y CLIP que el barbero Londoño también recibió varias veces la visita de un policía. “Él autorizaba la entrada del Policía al barrio” indicó. Para la Fiscalía no era clara la identidad de ese policía, ni si estaría involucrado en el crimen. Quizás por eso, nunca siguieron esa pista o al menos no hay registro en los documentos que revisó este consorcio.
Lo dicho por la fuente aparece confirmado en una interceptación telefónica de septiembre de 2021. El barbero Londoño habla con una persona que el investigador identifica como miembro de la Policía Nacional. La síntesis que hizo el investigador que escuchó la llamada, dice: “Carlos [Londoñó Castañeda, el barbero] comenta al policía que se encuentra en el barrio El Balso y le indica que para ingresar al sitio debe llegar a la estación de gasolina antes de la Popa, gira a la izquierda… en esa cuadra al final y que si lo paran debe apagar las luces de la motocicleta y no debe decir que es miembro de la Policía Nacional.”
Pese a los indicios que hacían del barbero Londoño una persona de interés para esclarecer el crimen de Lucas Villa, la Fiscalía nunca lo interrogó, hasta donde revelan los documentos a los que tuvo acceso este consorcio. (La Fiscalía se negó a responder varias solicitudes de información y tampoco aceptó una entrevista con el fiscal a cargo).
El barbero Londoño fue asesinado un mes después de esa conversación con el policía, el 15 de octubre de 2021. Una patrulla en moto lo encontró, a plena luz del día, desgonzado y tibio, en una silla de manicure de su propia barbería. Tenía tres disparos en la cabeza. El CTI tomó fotos de la escena y recuperó dos teléfonos celulares. Semanas después, los investigadores identificaron el carro con el que se cometió el crimen y al conductor. El cabo suelto que podría ayudar a esclarecer el crimen terminó siendo un cabo muerto.
“Ese huevón sabía mucho, no han dado con el sicario y no lo darán […] dijo un nuevo informante que se acercó a la Fiscalía a comienzos de 2022 y aseguró que el barbero había orquestado el crimen de Lucas Villa. «Eso ya estaba arreglado, ese man manejaba más de 30 pelaos y ese día no había ninguno, a él lo tenía caliente eso, la muerte de Lucas Villa, eso lo sabe todo el bajo mundo, yo me acuerdo que yo lo llame y le dije, mijo te volviste famoso, saliste hasta en Caracol [el video que publicó en redes fue retomado por varios medios]». El informante agregó: «Ustedes saben que en la Policía se maneja mucha cosa y lo aseguraron (lo mataron).”
Según esa misma fuente, el barbero Londoño había negociado el crimen de Lucas con la Policía a cambio de que no lo incluyeran en la lista de más buscados de Risaralda. No es claro —y el investigador que tomó la declaración no lo preguntó— cuál podía ser la motivación de la Policía en el crimen. La fuente no suministró datos personales y pidió protección y recompensa por la información. (La policía no respondió a un cuestionario sobre el caso enviado por 070 y CLIP).
***
Mientras los investigadores de la Fiscalía avanzaban con diligencia y acopiaban datos valiosos en varios frentes, por otro lado y sin saberlo —lo descubrirán después— información crucial se había perdido. En las horas que siguieron al atentado, dos policías habían ido hasta la clínica Comfamiliar a la que había sido trasladado uno de los heridos, un joven de nombre Javier David Clavijo Rúa, quien estaba en el grupo de Lucas y recibió una herida menor en la pierna izquierda. Los policías, un patrullero de la Policía Metropolitana de Pereira y otro del grupo de homicidios de la SIJIN fueron hasta la habitación de Clavijo Rúa y lo sacaron del centro de salud. Registros de las cámaras del hospital muestran a los tres hombres saliendo y se advierte que los policías van en traje de civil y con tapabocas. Clavijo Rúa fue llevado, aún cojeando, al lugar del atentado y allí lo interrogaron.
Podría haberse tratado de un procedimiento propio de los actos urgentes de la investigación. Sin embargo, Clavijo dijo después en una declaración a la Fiscalía “que los funcionarios de la Policía con quienes salió de la clínica le borraron algunos videos que, según su relato, podían servir de prueba para reconocer a los agresores del hecho materia de indagación. Por lo cual se evidencia que posiblemente hay un interés de ocultar, destruir o eliminar elementos materiales probatorios”, dice el reporte que el investigador del CTI remitió a la fiscal del caso.
Los policías dejaron un escrito a mano del interrogatorio a Clavijo pero los agentes del CTI se percataron que esa actuación no había sido reportada, “ni en el informe [a la Fiscalía] ni verbalmente”. Además, a los investigadores les llamó la atención que en el registro que hicieron los policías de la charla con Clavijo Rúa, estos cambiaron el sexo de la víctima, el número de celular y no dejaron dirección “dificultando de esta manera hallarlo”. Aunque para los policías su actuación había sido rutinaria y los errores se debieron al afán del momento, uno de ellos consideró contratar a un abogado. La Fiscalía no siguió indagando.
Es posible que los investigadores no hayan considerado la versión de Clavijo Rúa del todo confiable. Este consorcio encontró que tenía antecedentes penales y había estado en la cárcel.
Clavijo Rúa salió de la sala de urgencias escoltado por los dos policías a las 21:36, menos de dos horas después del atentado. La prontitud con la que los policías llegaron a la habitación de Clavijo contrasta con la poca diligencia con la que, en cambio, la Policía actuó sobre la escena del crimen. Ningún policía aseguró la escena del crimen durante, por lo menos, 46 minutos, a pesar de que dos patrullas pasaron cerca al sitio, según un análisis de un video de cámara de seguridad que hizo Bellingcat.
Esto contradice las afirmaciones del Director de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de Colombia (DIJIN), quien dijo que los agentes llegaron de inmediato.
Bellingcat también encontró pruebas en publicaciones de redes sociales de que elementos claves, como los casquillos de las balas, fueron manipulados por los transeúntes que lograron recolectarlos antes de que llegara la policía. No es claro si en algún momento la policía recuperó este material, pero según el reporte de necropsia del cuerpo de Lucas, los forenses de Medicina Legal no recibieron “material balístico susceptible de análisis”.
***
Tras dos meses de indagaciones y de encontrar nuevas pistas, es muy probable que la fiscal y su equipo supieran ya que estaban rodeados de enemigos invisibles. En julio, los investigadores tenían elementos para sospechar que su trabajo para esclarecer el asesinato de Lucas y la posible implicación de las redes criminales de San Judas se estaba filtrando por alguna grieta. Lo más alarmante era que uno de los receptores de esa información reservada era, precisamente, uno de los sospechosos: el barbero Londoño.
Los investigadores lo supieron tras recibir un informe de 21 páginas de la sala de interceptación que escuchaba las conversaciones del barbero.
Dentro de las “actividades de interés”, dice el reporte, hubo una conversación del 9 de julio de 2021 entre un hombre que identifican con un alias y el barbero Londoño. En ella, el hombre “le da a entender a José Carlos (Londoño), que puede estar tranquilo, pues la actividad de investigación que viene adelantando la Fiscalía, por el caso presentado en el viaducto, posiblemente está dirigida a otras personas de mayor jerarquía o importancia dentro de una organización, más no en su contra.” Además le pide que esté tranquilo, pues “él sabe que no tiene nada que ver con eso”.
El hombre, según sigue el informe, le dice al barbero Londoño que por “la vuelta del viaducto” al parecer los investigadores siguen otro rastro, pues eso se lo dijo el de la “casa mágica”.
Lo que la Fiscalía no logra establecer, por lo menos según el material al que tuvo acceso 070 y CLIP, es cuál era el origen de la fuga: ¿había un infiltrado en el equipo de investigadores del CTI? ¿La Policía estaba pasando información a los sospechosos? ¿Quién era el de “la casa mágica” y a qué se referían con ese nombre en clave?
***
El día del asesinato de Lucas varias motos vigilaron el área antes de acercarse y dispararle a quemarropa, según mostró la investigación publicada en 2022 por 070 y sus socios. La investigación probó que se había tratado de un crimen premeditado y que había contado probablemente con la participación de otros cómplices que no fueron identificados en las imágenes.
En el expediente de la Fiscalía reposa un documento difícil de leer pero que podría tener las claves sobre esos otros cómplices. Se trata de un extenso registro de las llamadas de algunos números que los investigadores identificaron luego como de potencial interés. El reporte, usando el registro que dejan las antenas de telefonía, ofrece datos sobre la ubicación aproximada del teléfono y hora exacta de las llamadas.
Bellingcat, de este consorcio, analizó estos datos y encontró que en la mañana del asesinato de Lucas, un número que pertence a un agente del CTI contactó a uno de los principales sospechosos del asesinato. Este contacto se repitió al menos cinco veces en las horas previas al crimen. Los detalles de la conversación no se conocen.
Usando fuentes abiertas y una base de datos llamada OpencellID, Bellingcat logró ubicar la antena que replicó al menos una de esas llamadas. La antena está ubicada a aproximadamente 300 metros del edificio de la Fiscalía en Pereira.
En el análisis de la telaraña de llamadas de más de una docena de números aparece otro que también había sido interceptado por solicitud de la fiscal del caso en noviembre de 2021. Se trata del número de una persona desconocida pero que aparece en algunos registros identificada como “Z-Gaula”, el acrónimo de una unidad antisecuestro de élite tanto de la policía como del ejército. La Fiscalía no parece haber identificado a este individuo. Sin embargo, el análisis de las antenas permite ver que “Z-Gaula” sostuvo al menos 5 llamadas con el agente del CTI interceptado, y estos dos, a su vez, sostuvieron al menos 62 conversaciones con uno de los principales sospechosos, las semanas antes, durante y después del ataque a Villa.
Aunque no hay información sobre la naturaleza de las conversaciones, se puede ver un patrón de contacto frecuente entre el 2 de abril y el 18 de junio de 2021, es decir un mes antes y un mes después del crimen de Lucas (ver gráfico).
Bellingcat pudo confirmar además que el mismo agente del CTI tuvo acceso a documentos restringidos relacionados con el caso de Lucas Villa, en su condición de investigador de la Fiscalía.
La Fiscalía no respondió a una solicitud para dar comentarios sobre estos hallazgos. El Ejército atendió una consulta sobre el tema pero no hubo respuesta formal al cierre de este artículo.
***
El asesinato del barbero fue un golpe a la investigación; cortó un eslabón clave que hubiera permitido conectar el crimen de Lucas Villa con las esferas más altas del crimen. Tal vez, también habría permitido desenmarañar las posibles relaciones de policías con la organización criminal, como las fuentes habían advertido. Pero ese no fue el único asesinato que se atravesó en la investigación.
“No sé quién fue el autor material, no lo sé, no me consta pero dicen que fue el venezolano que mataron en San Judas […] no sé cómo se llamaba el muchacho, lo distinguí porque él mantenía por la barbería Penthouse”, dijo una fuente a dos investigadores del CTI una tarde de marzo de 2022, casi un año después del asesinato de Villa. La fuente no quiso dar su nombre por temor, pero indicó que había sido informante de la Fiscalía en otro caso criminal. “Ese venezolano tuvo algo que ver, por qué Calogero (sic) me mandó unas fotos de ese man cuando lo mataron”, señaló la fuente que aseguró que era muy cercano al barbero y dio detalles de su infancia y su familia. “Como que callaron mucha gente con ese caso”, dijo.
En efecto, 12 días después de la muerte de Lucas, un venezolano de 27 años de nombre Derwins José Rivas Gomez fue asesinado a bala a pocas cuadras de la barbería Penthouse, en el sector conocido como 20 de julio, a orillas del río Otún. El crimen fue reseñado por la prensa local, sin muchos detalles. Aunque la Fiscalía llegó a tener la identidad del posible homicida de Derwins, hasta donde revelan los documentos, no llegó a aprovechar esta evidencia con relación al caso de Lucas Villa.
Si tanto el barbero Londoño como Rivas estaban implicados en la muerte de Lucas —el primero señalado como uno de los coordinadores y el segundo como el autor material— es probable que alguien estuviera tratando de obstaculizar la investigación, eliminando a sus complices.
***
Los indicios que surgen del expediente y los documentos a los que tuvieron acceso 070 y CLIP no solo apuntan a vínculos entre policías y autores del crimen. Además exponen una situación más grave: la banda La Cordillera podría haber penetrado a la misma Fiscalía y tener fichas en unidades sensibles de investigación.
Un informe de inteligencia reciente al que tuvo acceso 070 y Clip advierte que el dinero que recoge la organización criminal es manejado por una persona de la que hay indicios de que perteneció al nivel ejecutivo de la Policía Nacional y habría estado adscrito al Grupo Antisecuestro (Gaula) de Risaralda. (No hay evidencia de que esta persona sea el mismo “Z- Gaula”).
Igualmente, dice el documento oficial y secreto, hay pistas de que el grupo criminal mantiene vínculos con jueces, fiscales y funcionarios de Policía Judicial activos del Circuito de Pereira, con quienes conciertan arreglos bajo la mesa para favorecer los procesos judiciales de jefes e integrantes de menor nivel. Estas maniobras corruptas incluyen, desviar el curso de las investigaciones, conocer anticipadamente material probatorio, favorecer libertades y archivar expedientes, entre otras.
Los tentáculos de la organización, según inteligencia, han llegado hasta infiltrar una de las salas de interceptaciones de la Policía Nacional en Pereira.
Quienes han intentado desvertebrar esta organización criminal se han tropezado con su poderosa influencia. En un informe judicial de mediados de 2021, un fiscal especializado que investigó actividades de La Cordillera señala que “se tiene información que la empresa criminal [La Cordillera] cuenta con el apoyo de integrantes de la Fiscalía General de la Nación y de la Policía Nacional entre ellos un alto oficial de la cúpula de esa institución, lo que ha generado que las investigaciones que se han tramitado en contra de este grupo delincuencial no tengan éxito, dada la gran capacidad de corrupción de la estructura criminal”
Al final de su reporte, el fiscal escribe, casi como una rendición: “Dada la ubicación geográfica de esta Fiscalía y la alta peligrosidad que el Grupo Delincuencial representa, así como las limitaciones en cuanto a personal como de medios, resultando complejo para esta Fiscalía avanzar con la investigación”.
***
El caso de Lucas Villa pasó en septiembre de 2022 a Bogotá, a manos del fiscal Juan Carlos Fajardo de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos. Este tipo de traslados suelen ocurrir cuando hay evidencia de la posible participación de agentes del Estado en un crimen, según dos fuentes que hablaron con este consorcio. Fajardo también lleva el caso de Javier Ordoñez, el abogado que murió tras una brutal intervención de la policía en 2020, lo que desató violentas protestas.
Este consorcio solicitó una entrevista formal con Fajardo, pero no hubo respuesta. También enviamos un derecho de información pública a esa misma entidad para conocer el estado de avance del caso y resolver otras dudas. La Fiscalía respondió que la investigación está en etapa de indagación y que la información es de carácter “reservada”.
La Policía Nacional también recibió preguntas de este consorcio mediante un derecho de petición. Respondieron que “no se dio ninguna investigación interna o acción disciplinaria en contra del personal de la Institución en relación al homicidio del señor Lucas Villa Vásquez. No obstante, es importante precisar que la investigación de los hechos corresponde a la Fiscalía General de La Nación.” Sobre preguntas puntuales relacionadas con actividades sospechosas de miembros de la policía en la investigación del crimen, se abstuvieron a responder bajo el argumento de que podía entorpecer la investigación.
Este consorcio insistió en obtener respuesta a algunas preguntas, a través de una carta dirigida al fiscal general, Francisco Barbosa, pero a la fecha no ha habido respuesta.
Dos años después de los balazos que lo mataron, el de Lucas Villa parece el retrato de tantos casos de jóvenes asesinados durante el Paro Nacional en Colombia: hay más cabos sueltos que certezas y lo que más ruido hace es el silencio inquietante de quienes tienen en sus manos resolverlo.
[N. del E. (11-05-23): Después de publicada esta historia, la Fiscalía respondió el 9 de mayo a un derecho de petición enviado por Bellingcat, en el que aclararon que “en la actualidad no se adelanta investigación alguna respecto a algún miembro del CTI, por los hechos que refiere su artículo.»]
