«¿Qué están haciendo? Están diciendo ‘vamos a amenazarlos’. Si aprueban esta ley es porque nos dicen que pensemos dos veces antes de investigar, de hacer veeduría, de evidenciarlos. Eso es lo que nos están diciendo. Es realmente muy, muy alarmante». Claudia Báez, cofundadora de Cuestión Pública.

Si bien en el artículo final del proyecto de ley no quedaron incluidas las penas de cárcel ni las multas que se proponían inicialmente, sí se establece que quien incurra en injuria o calumnia se somete a que la personería jurídica de su organización comunitaria sea suspendida o cancelada. Es decir, al no poder realizar contratos, o pagos, básicamente lo que implica en el medio es una condena a liquidar, y cerrar.

La Fundación para la Libertad de Prensa, en conjunto con otras organizaciones, expresó en un comunicado su preocupación por la aprobación del artículo. Ellos argumentan que «mantiene la opacidad, sofoca el debate público y crea un terreno fértil para la corrupción impidiendo a la prensa y a las organizaciones de sociedad civil cumplir su rol de perro guardián en una sociedad democrática».

Lo que genera mayor preocupación es la lectura que se da del debate en el que se aprobó el artículo. Los congresistas, en particular los representantes a la Cámara, están viendo a la prensa como un enemigo, y no un veedor social que genera un control sobre el poder. Y al vernos como el enemigo perjudican el papel que tiene el periodismo en una democracia como Colombia.

COMPARTIR ARTÍCULO