Nadie parece dar respuesta sobre la orden precisa (o imprecisa) que recibieron (o no) los agentes de la Policía para dispersar a manifestantes con armas de fuego. Consultamos a quienes han investigado a la Fuerza Pública y sus jerarquías para entender lo que pasó dentro de la línea de mando.
“Estos policías, si fue que hicieron uso de las armas en determinado momento, ¿quién les ordenó?”, preguntó públicamente el general de la Policía de Bogotá, Hoover Penilla, tras los cuestionamientos por el uso desmedido de la fuerza de sus agentes.
Se refería, específicamente, al empleo de las armas de fuego en las dispersiones de manifestantes en la capital del país, que fueron literalmente a tiros, y que ocurrieron luego de que la Policía de Bogotá matara a Javier Ordoñez con un taser y a golpes.
“Por dios”, exclamó después el General, “los policías no necesitamos que alguien nos ordene para hacer uso de las armas o de los elementos del servicio. Analizamos y, de acuerdo a ello, actuamos y respondemos individualmente. Para eso estamos. O sea que aquí no hay que preguntar quién ordenó”.
¿Quién ordenó?
El comandante máximo de la Policía Nacional es el Presidente de la República. En jerarquía le siguen el Ministro de Defensa, el Director General y el Subdirector. A nivel local o metropolitano, la comandancia la adquieren las Alcaldías y sus Secretarías de Seguridad. Ninguno admitió haber dado una orden, pero tampoco dijeron haber hecho lo contrario.
El presidente Iván Duque reconoció “la gallardía” y heroísmo de la Policía, luego rechazó la propuesta de reformar estructuralmente la institución en una reunión que hizo la Alcaldesa de Bogotá, Claudia López, donde también estuvo el Procurador General de la Nación. Nombró a las víctimas civiles, casi a regañadientes, y se vistió con el uniforme de la Policía Nacional en una reciente visita que hizo a tres de los CAI que manifestantes prendieron en llamas.
El Ministro Carlos Holmes Trujillo primero advirtió que los “peligrosos” eran los ciudadanos, quienes además incentivaron “un ataque coordinado, sistemático, planeado, premeditado y doloso” en contra de la Policía durante los días siguientes al asesinato de Javier Ordónez. Sugirió, además, que lo hicieron apoyados en un plan de desprestigio mediante las denuncias ciudadanas. Hasta hace muy poco reconoció que los dos integrantes de la Policía efectivamente mataron al abogado y frente a la línea de mando, añadió:
“Se ha preguntado muchas veces ¿quién dio la orden?, seguramente pensando en que las órdenes se dan desde arriba para que los policías salgan a disparar y matar indiscriminadamente ciudadanos. Eso no es así, no funciona así”, declaró Trujillo ante la prensa.
El Director General de la Policía, General Oscar Atehortúa no ha dado la cara. Primero los medios dieron a conocer que tenía Covid-19 y que requería aislamiento y, 24 horas antes de que ocurriera la muerte del abogado, informó desde su casa que era asintomático. No se le volvió a ver. En su lugar ha estado el Subdirector Gustavo Alberto Moreno, que es quien ha dado declaraciones públicas, como director encargado.
Si nadie da la orden, ¿tampoco hay quien pueda detener la actuación? La respuesta es sí. Le corresponde precisamente al General Atehortúa dado que los hechos comenzaron en Bogotá y, como en efecto dominó, incendiaron otras ciudades. El Director General pudo haber frenado el procedimiento, pero no lo hizo.
La alcaldesa Claudia López, encargada de Bogotá, inmediatamente denunció que la Policía no le obedecía. Después dijo que el presidente Iván Duque era el responsable de lo que estaba ocurriendo. Su Secretario de seguridad, Hugo Acero, nunca salió públicamente. Ante la falta de apoderados en la ciudad y en el país, López trinó invitando a protestar con un cacerolazo. Más adelante convocó a un acto de reconciliación con el desenlace de la silla vacía de Duque (y el margen de sospecha del papelillo) en un evento frente a las víctimas.
Luego fue cuando el General Hoover Penilla dio sus declaraciones: “Para eso estamos. O sea que aquí no hay que preguntar quién ordenó”, dijo.
Otra vez, ¿quién ordenó?
La pregunta sobre quién disparó tiene un poco de oportunismo político, opina Ricardo Calderón, director de investigaciones de la Revista Semana y el periodista que destapó el escándalo de los falsos positivos 2.0 en la Fuerza Pública y sus organismos de inteligencia.
Calderón cree, por un lado, que hay una ruptura en la línea de mando entre la Alcaldesa y la Policía, que se corresponde, quizá, con la forma de liderar de Claudia López: “es bastante contradictorio porque ella siempre insistió en que era la jefe de la Policía Metropolitana, pero cuando la ciudad se salió de control le echó la culpa al Presidente, como jefe de las Fuerzas Militares, un poco lavándose las manos”. López, lejos de apaciguar la situación, dice Calderón, “manejó un discurso doble e incendiario exacerbando a la comunidad en contra de la Policía y produciendo un caos absoluto a nivel de Gobierno Distrital”.
La ruptura, según él, se nota en un tema muy sencillo: hasta ahora el secretario de seguridad, Hugo Acero, no ha salido a dar declaraciones públicas. Y el secretario de seguridad es el primero en estar llamado a tirar línea y entenderse con la Policía Metropolitana de Bogotá, y responde directamente a la Alcaldesa. “Es el encargado en primera línea y son muy pocas las reuniones a las que asiste. Si bien él tiene comunicación con la Alcaldía, hay un teléfono roto y un choque porque la Alcaldesa dice una cosa, el Secretario de Seguridad no dice nada y el Secretario de Gobierno dice otra”, aclara Calderón.
El problema es que no se puede manejar un pie de fuerza del tamaño que tiene Bogotá con órdenes contradictorias, menos cuando no hay un trazo claro en el manejo de seguridad. El periodista asegura que esto se ha notado en que la Alcaldesa quiere imponer un tipo de micro gerencias a la brava. Aún así, afirma: “la reacción de la Policía fue tardía, equivocada, errónea, improvisada y la de Claudia López populista. Un populismo muy barato que iba cambiando dependiendo de las horas. En lugar de llamar a la calma, indujo al pánico”.
"En Colombia la Policía y el agente no funcionan a discrecionalidad, razonablemente, sino que obedece sin más".
También hubo rupturas en la jerarquía de mando de la misma Policía. A la Alcaldesa o al Secretario de Seguridad, al menos en Bogotá, los escucha primero el Comandante de la ciudad, a este el Subcomandante, a este los encargados de las estaciones y subestaciones. Estas órdenes bajan a los CAI y así hasta la base de la pirámide que son los patrulleros. Según Calderón, no parecían claras las órdenes que estaban recibiendo los coroneles de cada localidad por parte del Comandante.
“En lugar de contener por localidades, que es lo que deben hacer, dejaron que los desmanes tomaran la ciudad poco a poco”, explica, “y si hay una turba, la respuesta de la Policía no puede ser cogerla a bala. La actuación fue equívoca por parte de los agentes ante una situación que evidentemente los superó”. Una situación en la que fallaron tanto el liderazgo policial como el político, pero que, según él, no fue premeditado.
¿Nadie ordenó?
“Lo que dijo el General Penilla quedó incompleto, estuvo mal dicho o fuera de contexto, pero tiene algo de cierto”, dice el periodista, refiriéndose a que la policía no dispara porque recibe la instrucción. “Es como si se estuviera pensando que efectivamente alguien dio la orden, que el Ministro o el Presidente dijeron: ¡Abran fuego y maten a todo el mundo!, y esa orden no existe porque aquí hubo un problema que se salió de control y que no fue nada planeado”.
Los cuestionamientos, por lo tanto, no sólo deben centrarse en la línea de mando sino en los protocolos que, como quedó en evidencia en varios videos, son bastante nebulosos. Para Calderón hay un problema en la formación a los policías, en el reclutamiento, en la gente que se está incorporando a las filas. Hay personas que claramente no están respondiendo bien.
La formación de los policías debería establecer el uso de las armas como el último recurso y no el primero. “Cuando el General afirma, además, que no necesitan permiso, asumo que se refiere a que, según su educación, los patrulleros tienen autonomía para utilizar sus armas y, efectivamente, decidir cuándo lo hacen”.
Sebastián Lalinde, quien fue investigador en el Área de sistema judicial de Dejusticia y allí estudió a la Policía dice, sin embargo, que las órdenes del Presidente prevalecen sobre su actuar, después las de los gobernadores y finalmente las de los alcaldes. Por eso, no cree que la responsabilidad de los hechos vividos en la última semana recaigan solamente en la actuación de la alcaldesa. Más bien, cuestiona que, a pesar de que la Policía es un organismo civil y no militar, responde y obedece al Ministerio de Defensa, un ministerio que tradicionalmente se ha llamado el ‘ministerio de guerra’. Eso la convierte en un cuerpo absolutamente militarizado.
“La formación es castrense y como la función militar es combatir enemigos, entonces la Policía, en teoría un organismo diseñado para actuar con ciudadanos, termina tratando a los ciudadanos no como tales, sino como objetivos militares”, afirma.
Eso, según él, se refleja en todo: desde las armas que utiliza la Policía, “que son armas para combatir enemigos y no para tratar con ciudadanos”, hasta en que la Policía en la práctica, porque constitucionalmente no está consagrado así, “termine aplicando el principio de la obediencia debida que aplican solo los militares”. Esto quiere decir que aunque la Policía podría actuar por discrecionalidad y evaluar qué herramientas utilizar y cómo controlar la situación, como declaró el General Penilla, no lo está haciendo: no está tomando la precaución y, en cambio, la mayoría de veces obedece a toda costa a sus superiores, explica el investigador.
“En Colombia la Policía y el agente no funcionan a discrecionalidad, razonablemente, sino que obedece sin más y, aunque no sé si hubo órdenes en este caso, normalmente ni la Policía, ni el ESMAD, actúan tan autónomamente. El ejemplo más reciente es el de Dilan Cruz”. Lalinde recuerda que cuando el agente disparó contra el estudiante, se acercó al joven que estaba en el suelo y dijo en su defensa: A mí me dijeron que procediera. “Ellos proceden por ese principio de obediencia debida, sin pensar si eso es lo que se debería hacer o no”.
070 recomienda
Recorrimos las calles buscando videos inéditos del momento en el que fue asesinado Dilan Cruz. Esta es la reconstrucción que hicimos con la ayuda de Newsy y Bellingcat.
Aunque Calderón asegura que, por ejemplo, cuando la Policía interviene ante las acciones de una banda de asaltantes de un banco, no tendría sentido que antes de usar sus armas llamara por teléfono a pedir permiso para actuar. En este caso, sin embargo, se trataba de una protesta. Por eso el periodista reconoce que “fue una autonomía que falló y raya en la formación institucional”.
Y es que el procedimiento que aplica la Policía ante una protesta no puede ser el mismo que aplica ante situaciones cotidianas. “Debe ser un comportamiento diferenciado porque están interviniendo ante un derecho fundamental”, dice César Valderrama, actual director de investigaciones en la línea del Sistema Judicial en Dejusticia. “Pueden disparar sin que nadie les dé la orden, con autonomía incluso, pero específicamente en temas de protesta debería existir una reglamentación mucho más específica que lo prohíba, porque estamos hablando de un comportamiento donde debería prevalecer la garantía del derecho ciudadano”.
El problema, según Valderrama, es que hay una falta de claridad absoluta en la definición y diferencia de esos protocolos que termina por establecer que casi cualquier acto de protesta termina siendo calificado como un acto de vandalismo, y eso es una puerta de entrada para que la protesta no sea garantizada como un derecho fundamental. Además, que la intervención de la autoridad se torne mucho más laxa e incurra la mayoría de veces en actos de violencia.
“Y se debe también a esa falta de reconocimiento de derechos fundamentales por parte de la Policía. Es necesario que se capacite mucho mejor para que determine en la práctica cómo enfrentarse a estas situaciones, pero también algo que diga a los manifestantes que si se pasan de esta línea, desaparece el derecho y se convierte en delito”, dice. Y agrega: “aún cuando fuera violenta una protesta, la Policía solo está en la obligación de disolver focos de violencia para garantizar el derecho a protestar de los manifestantes que lo hacen de manera pacífica”.
Cuando sea imposible aislar esos focos de violencia y hayan contagiado toda la protesta, por ejemplo, lo mínimo es avisar que se va a disolver antes de usar la fuerza. “Los videos que vimos del 9 de septiembre son cortos, y no se alcanza a revisar si se cumplieron o no mecanismos de aviso, pero en ningún protocolo existe la posibilidad de que los policías puedan disparar a distancia”, concluye.
¿Alguien responde?
La policía ahondó el problema con un error de comunicación desde el día cero: “cuando no reconoció las denuncias ciudadanas”, por ejemplo, dice el periodista Calderón. Y lo agrandó “cuando entregó su información a través de fragmentos: un pedazo para radio, otro para este medio, otro para este otro”. La Policía también se equivocó tratando de defenderse haciendo acusaciones que no tenían soporte como con las infiltraciones en las marchas, “que, sin ser claros, no pueden descalificar a todos los individuos desconociendo la parte grande de indignación por lo que pasó”. Tampoco cree que debió hacerlo la Alcaldesa, cuando acusó pública y anticipadamente a la Policía.
Lo que pasa también, según Laline, es que la Policía no es tan jerárquica como se tiende a creer. Es todo lo contrario. Cuenta que hace unos años participó de un plan piloto de formación para aplicar la técnica de mediación entre la Policía y la comunidad. Las pruebas se aplicaron idénticas en Chapinero y Soacha. En trabajo de campo, sin embargo, Lalinde descubrió que el comportamiento de la Policía dependía del Comandante de Estación, que casi siempre transmitía órdenes tan generales como las del Ministerio de Defensa a sus patrulleros. “Reducir delitos”, por ejemplo, en lo que cabe de todo.
Agrega que los policías han sido autónomos para decidir qué hacer, “pero en muchas partes los comandantes ordenan a los agentes que cumplan con determinadas cuotas, a veces tan perversas, que los llevan a cometer arbitrariedades. No a todos, porque podría haber unos agentes más sensatos que otros”, dice. Las arbitrariedades, explica, van desde reclutar más menores para centros de protección que no están en las causales, aumentar un gramo para procesar por droga o comprar cuchillos para cumplir con el número de armas blancas incautadas. Y la mayoría de las veces, las víctimas son personas vulnerables que no tienen acceso a medios de defensa. “La policía cree que por eso pueden abusar de ellos”.
"En Colombia la Policía y el agente no funcionan a discrecionalidad, razonablemente, sino que obedece sin más".
Y en el caso de intervenir ante focos de protesta, dice Lalinde, los superiores muchas veces no están cerca, sino que comunican por radioteléfono las órdenes reconociendo satelitalmente lo que pasa. “Debería haber un glosario de prohibiciones expresas de la Policía, pero lo que se ha demostrado es que no son capaces de guiarse por criterios de razonabilidad, que los promovía en otras cosas el Código de Policía”.
Advierte que aunque en este caso puede que nadie haya dicho “¡maten a este señor!” o ningún superior haya dado una orden expresa de usar las armas de fuego, alguien sí pudo haber dicho que se cumpliera con determinado propósito y la Policía actuó, precisamente, obedeciendo un procedimiento.
Para Valderrama, por otro lado, estos hechos son consecuencia de las vulneraciones ante el derecho a la Protesta. La Policía no puede entrar a regular ese derecho y, por la importancia que tiene ante la Constitución, la protesta debe ser tan fundamental como cualquier otro derecho (a la vida, a la dignidad humana, al buen nombre, por ejemplo). “Y la protesta no puede ser regulada tampoco por un Código de Policía que fue lo que pretendieron hacer, y por lo que se declaró inconstitucional”, dice.
En su opinión, en este momento hay un margen para implementar mecanismos que sí funcionen. Dice que ya está bastante probado que muchas veces los organismos que deben disolver la protesta son los que la provocan y ese no es su trabajo. Y agrega: “no cualquier disturbio debe ser disuelto, menos porque la esencia del derecho a la protesta es incomodar, romper con la normalidad, justamente para poner el punto que se quiera en la agenda pública”.
Por ahora se ha planteado que una reforma estructural para la Policía que saque del Ministerio de Defensa y la ponga bajo la responsabilidad del Ministerio del Interior. Es una idea que, sin embargo, puede tardar años por requerir una reforma constitucional. Por eso, para Calderón, lo lógico es crear comisiones que hagan reformas muy concretas de temas específicos: revisar, por ejemplo, los estándares de formación. Los anuncios de mega reformas, para él, no terminan en nada. “Todavía estamos esperando, por ejemplo, las reformas a partir de la comisión que se creó por problemas en el Ejército. Una comisión de alto nivel de la que no hemos visto los resultados, cuando tenían un plazo de tres meses para responder desde hace dos años”.
“La reforma es un saludo a la bandera”, insiste. “Son salidas mediáticas, básicamente, porque siempre están ligadas a temas estructurales”. Dice que la primera vez que oyó de una reforma fue en 1993 y que desde entonces ha perdido la cuenta de anuncios similares. Reconoce que no es un tema fácil, que requiere de expertos, y que en todo caso, no debería quedar en manos de políticos.
Entonces, si la pregunta sobre quién dio la orden no es la más precisa, quizá sea momento de cuestionar los protocolos de acción de la Policía ante los civiles porque con o sin orden, los están matando.
