A.C.A.B. El derecho al insulto es un derecho constitucional

La respuesta del Gobierno ante los hechos violentos en septiembre, en Bogotá, distrae la atención de otros temas importantes de la agenda de la discusión pública. Es una represión violenta de la protesta social, promueve la censura y vulnera la libertad de expresión.

Ana Bejarano Ricaurte

@AnaBejaranoRG

Abogada y profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes

11.09.2020

Está prohibido constitucionalmente perfilar a las personas de acuerdo con sus manifestaciones públicas. Está prohibido hacer listas del tipo “estos son de izquierda”, “estos de derecha”, “estos contra la policía o estos a favor”. Por eso las declaraciones del Ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo en las que señala que están haciendo eso, después de la violenta noche del 9 de septiembre en Bogotá, son de una gran torpeza. 

Es tan desafiante la respuesta del Gobierno que pareciera que buscan distraer la atención de otros temas importantes que estaban copando la agenda de la discusión pública, como el proceso que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. La represión violenta de la protesta social y la censura como forma de cambiar los ciclos de noticias. 

Vulneran entonces la libertad de expresión con amenazas que buscan generar miedo entre los ciudadanos y la manera en que usan las herramientas de expresión digitales, pero también son manifestaciones que pueden ser una violación de la Ley de Inteligencia y de las prohibiciones constitucionales que permiten limitar y controlar la manera en que la Policía y los cuerpos de inteligencia del Estado perfilan y hacen seguimientos a las personas. 

Cuando nos dicen: “Los estamos mirando, los estamos observando. Estamos poniendo atención a lo que dicen; estamos clasificándolos en listas”, es una respuesta orwelliana, muy peligrosa ante el disenso social. Una estrategia de copar la discusión pública a través del miedo y la represión de las libertades civiles. 

Además, los llamados a las investigaciones y regaños a medias, son parte del esfuerzo performativo del Gobierno donde rechazan lo que está ocurriendo, pero nada cambia. Eso sumado a que en lugar de aceptar responsabilidades salen a enaltecer a la Fuerza Pública. No es el momento para ese tipo de homenajes. 

Es importante que la sociedad responda enérgicamente a esa intromisión que hace el Ministro de Defensa al advertir que nos están vigilando. Lo que debería surgir después de esta amenaza, es una intervención masiva en las redes sociales en la que retemos ese mandato a callar. Aunque busquen generar miedo o presión en los líderes sociales, en activistas, en la ciudadanía que incita a la movilización social, la sociedad civil tiene que respaldar con la vehemencia que implica cuidar lo que está en riesgo: el sistema democrático.

La verdad oficial en las redes sociales

El Gobierno de Iván Duque ha invertido una cantidad de dinero en perfilar a sus enemigos, a la oposición, en pagar a influenciadores para que los apoyen en redes sociales y esto clasifica en un posible uso indebido e ilegal de recursos públicos. 

Hay una línea delgada entre el deseo legítimo de las instituciones públicas y políticos de saber qué está diciendo la gente o cómo se desenvuelve la conversación social, y otra, muy distinta, es que empiecen a legitimar dentro de su fuero el uso de recursos públicos para perfilar a las personas ideológicamente. Lo primero es importante y útil, lo segundo ilegal. 

La difusión de información falsa por parte de cuentas oficiales es un ejercicio ilegítimo del poder y de los recursos públicos. Lo importante es que la diferenciación entre lo que se admite o no en el debate público sea de manera orgánica. El mismo debate público debería evidenciar lo que es falso, y eso es más sano en lugar de que provenga de una posible censura de una entidad estatal o plataforma. Las plataformas digitales ya empiezan a habilitar formas en que las personas puedan discernir, y es lo ideal.

A.C.A.B.

El Ministro quiere enviar el mensaje de que “Aquí hay gente verdaderamente peligrosa” y usó el ejemplo de la sigla A.C.A.B., en inglés All Cops Are Bastards (Todos los policías son bastardos) para explicarlo. Según él, quienes usan esa expresión están emprendiendo en un ataque real y peligroso contra la Policía, y no es un uso legítimo de la libertad de expresión. 

Eso hace parte de la misma estrategia que busca distorsionar el debate público y los términos en los que este se da. La gente tiene derecho a decirlo. El derecho al insulto es un derecho constitucional y no está por fuera de los límites de la libertad de expresión. La ciudadanía tiene derecho a insultar a sus instituciones, cuando siente que no funcionan o que se exceden en sus poderes, es una forma de control social válida y vigente. 

Quien hace uso de la sigla no está cometiendo actos de violencia per se, aunque el Ministro refleje lo contrario en la manera en que lo presenta. Trujillo pretende hacer ver que las personas que usan la expresión A.C.A.B. o un hashtag son realmente peligrosas. Aun así, el Ministro no ha demostrado cómo se relacionan las personas que supuestamente incurrieron en desmanes de violencia, con la supuesta propagación de una estrategia en redes de “justicia por mano propia” o si están o no vinculados con un movimiento. Es claramente una satanización del discurso, muy peligrosa frente al derecho de la libertad de expresión, pero también frente al derecho a la protesta pacífica en Colombia.

Por eso es clara la intención de distorsión y distracción del discurso, sumada a la clásica estrategia de construir un enemigo. Mientras el enemigo sea identificable y pueda ser perseguido -en lugar de reconocer el amplio y generalizado descontento social- se habilita el uso de la fuerza y de la represión. El mensaje de “Aquí no estamos en contra de la protesta, pero es que la protesta está impulsada por algunos que son peligrosos”, está claramente orientado hacia la estigmatización y el perfilamiento ideológico de la sociedad civil.

El reto del escrache

El escrache busca llamar la atención sobre aquellas problemáticas sociales que no reciben respuestas o soluciones institucionales. Por eso es una forma válida de denuncia social siempre y cuando eso no pretenda reemplazar los sistemas de justicia. Se deben proteger esas formas de denuncia y de manifestación en el debate público. La ciudadanía tiene derecho a usar las redes sociales como vehículo de denuncia. 

El problema se configura cuando pretenden, a través de las redes sociales, solventar problemas que son propios de los sistemas de justicia porque se están generando unos paralelos que pueden ser muy peligrosos para una democracia. Debemos empujar a los sistemas de justicia a mirar donde no lo han hecho, que es la razón por la que las redes se convierten en esos estrados y en manifestaciones de parajusticia. Eso no le conviene al Estado de Derecho. 

La prohibición de la denuncia social, o incluso el escrache, en redes sociales no solucionará el problema. Es importante que el escrache amplíe la discusión pública y por esa vía llame la atención de las instituciones, para que atiendan los temas que no encuentran vías institucionales para solventarse. En este caso puede visiblizar los abusos de la policía, pero hay otros ejemplos, como los casos de acoso y abuso sexual, una forma violencia que aún no ha encontrado mucha resonancia en el aparato judicial. La denuncia social, por ejemplo por vía redes sociales, puede ser una forma de visibilizar el problema, pero no creo que permita resolverlo. Es necesario que la justicia reconozca sus limitaciones y busque atenderlas, una forma de invitarla a hacerlo es impulsando reformas legales, cuando sean necesarias, o llevando causas estructurales por medio del litigio estratégico.

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    Excelente disertacion de esta prestigiosa abogada que nos ilustra sabiamente sobre el tema de derechos y libertades. No mas intimidacion, no mas asesinatos por parte de las fuerzas del Estado. Bienvenidas estas columnas de opinion realizadas por especialistas en el tema

  • Analitica

    Bien llamar la atención sobre las estrategias del gobierno para quitar los ojos de los asuntos como la detención de Uribe y el empobrecimiento de la población durante la pandemia y por hacer notar la diferencia entre un contrato para auscultar la percepción ciudadana y el uso de dineros públicos de la paz, para perfilar a los opositores. A falta de legitimidad recurre el gobierno a la criminalización de todo lo que lo deje al desnudo, incluso utilizando estrategias ilegales e inconstitucionales.

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