Expediente: Estos cuerpos no importan | Homicidios a comunidad LGBT+ en Colombia

Son sistemáticos pero la Fiscalía lo niega. Los entes de control tienen un sesgo moral para actuar con celeridad y la sociedad les trata como víctimas de segunda categoría. Estas son las carpetas, con evidencias y anexos, de los crímenes contra personas LGBT+.


Ilustra: Nefazta

Ahorcados con sábanas, con cables de electricidad. Estrangulados. Atados de manos y pies. Amordazados. Desnudos. 

Los cuerpos asesinados de las personas LGBT+ en Colombia aparecen torturados con sevicia. Y aunque las autoridades así lo reportan, no logran detener el precipitado aumento de este tipo de violencia. Según informó Colombia Diversa, que trabaja en favor del bienestar y reconocimiento legal y social de las personas LGBT+, en 2018 hubo —entre amenazas, homicidios y violencia policial— un total de 123 incidentes; en 2019 fueron 222 y en 2020, en pandemia, fueron 738. 

En 2022 el panorama empeora. Tan solo en los primeros cuatro meses del año 25 personas LGBT+ han sido asesinadas, como publicó el Observatorio de derechos humanos de la organización Caribe Afirmativo

CARPETA 001 | CUERPOS TORTURADOS

Caso 001 |  Homicidios LGBT en Medellín 

Hernán, Juan, Sahmir, David, Gustavo y Oswaldo fueron seis de esas víctimas. Sus asesinatos no solo tienen patrones que persisten en uno y otro caso, sino una coincidencia de contexto: los seis eran hombres que habían acordado encuentros sexuales y terminaron siendo blanco de una violencia selectiva, prejuiciosa, motivada por orientación sexual, identidad y expresión de género y apoyada en un oportunismo criminal. 

Hay además otra coincidencia de lugar: ocurrieron en Medellín, Antioquia.

Colombia Diversa empezó a reportar los casos de hombres gais asesinados en 2014. Desde entonces y hasta 2019 hubo un promedio de 46 homicidios por año. La cifra, sin embargo, casi se duplicó en 2020 cuando se registraron 71 casos. Según investigaciones de Caribe Afirmativo, Cali y Bogotá no son ciudades menos críticas para la seguridad de las personas LGBT+, sin embargo, el caso de Medellín, es sintomático de lo que ocurre en el resto del país. 

Según explica el director de Caribe Afirmativo, Wilson Castañeda, que lo sepamos tiene que ver con el empoderamiento ciudadano que prende alarmas ante una sistematicidad que está siendo ignorada. También con el trabajo de organizaciones de la sociedad civil que la hacen visible y que, además, ofrecen garantías de protección para que sobrevivientes denuncien como no lo hacían antes por miedo a las represalias.

Evidencia 001 |  Hay antecedentes 

Esto ya había pasado en Medellín. Siete hombres gais fueron asesinados en menos de un mes en 2007. Según ha investigado Temblores ONG, que busca generar movimientos que desestabilicen estructuras sociales violentas, los hombres gais se convirtieron en un objetivo para las bandas criminales por el prejuicio social. 

Los victimarios se apoyan en el imaginario de que las víctimas son personas solitarias que, en algunos casos, ocultan sus prácticas sexuales por temor a ser juzgadas y que saben que no cuentan con cuidado social en el espacio público ni en el espacio privado. 

Al prejuicio lo alimenta otro imaginario y es que son hombres que no tienen familia y, según explica Juan Felipe Rivera, coordinador de litigio de Colombia Diversa, “el estar solteros hace que sean perseguidos por delincuentes que actúan pensando en que son personas con riqueza dispuestos a entregarla o perderla por sexo”.

En aquel 2007, recuerda Wilson Castañeda de Caribe Afirmativo, la Fiscalía determinó que los asesinatos eran cometidos por una banda criminal —que operaba en el Eje Cafetero, Bogotá y Medellín— y que “tenía como objetivo los hombres homosexuales, mayores, que iban solos a bares y discotecas. Les aplicaban técnicas de seducción y, después de ganarse su confianza, les llevaban a un lugar donde terminaran indefensos para poderles atacar”. 

Entonces los atacantes buscaban a sus víctimas en lugares públicos. Hoy, sin embargo, hay un nuevo escenario: las aplicaciones de citas como Tinder o Grindr. En tres de los seis casos registrados este año en Medellín la información preliminar de la Fiscalía indica que los victimarios usaron principalmente estas aplicaciones para acceder a las víctimas. “Con esto, los lugares de encuentro, sean físicos o virtuales, terminan siendo utilizados por los victimarios para cumplir su cometido”, dice Castañeda.

También están los prejuicios del Estado que, cuando aparecen los crímenes, tiene la noción de que estos sucedieron por “dar papaya”, según asegura Rivera de Colombia Diversa: “La culpa casi nunca es del victimario sino de la persona que se expuso a la situación. Es una lógica muy perversa porque parte de la idea de que hay personas que se lo merecen y eso, judicialmente, resulta bastante preocupante”.

El prejuicio judicial o de los investigadores es evidente, además, cuando en la escena del crimen hay un acto sexual previo y las autoridades manejan una hipótesis que reduce la gravedad del delito.

Anexo 001 | Buscar sexo no es un delito

Hay un altísimo riesgo construido alrededor de los espacios de sexualización en Colombia, dice Castañeda. “Seguimos teniendo una amplísima exclusión moralizante de la sexualidad”, asegura, y advierte que en los casos de víctimas en los que hubo un encuentro sexual previo aparece un patrón de la Fiscalía en el que se aplica una alerta de inmoralidad que opera pormenorizando el crimen. Como por ejemplo al sugerir que se trató de un crimen pasional, cuando hoy se denomina como violencia de género.

El investigador cree que buscar expresiones de relacionamiento sexual en medio de tanta inseguridad determinó un oportunismo delincuencial. “Hay un uso prejuiciado de las prácticas de sexualidad bajo el entendido de que las personas, en este caso hombres gais, somos más susceptibles a cualquier propuesta de este tipo y usan este instrumento para verificar la voluntad de la víctima y justificar el hecho delictivo”. 

Evidencia 002 | El modus operandi  

Para la Fiscalía estos crímenes hace mucho tiempo cabían en el vasto escenario de “los paseos millonarios”, según explica Castañeda de Caribe Afirmativo. Ese era un delito que consistía en drogar con escopolamina a la víctima para que perdiera su conciencia y entregara sus pertenencias. La ingesta de mucha escopolamina, mezclada con otras sustancias, ha llevado a las víctimas hasta la muerte. Y aunque el objetivo no sea ese, las autoridades desestiman la investigación de homicidio por las características y por tratarse de personas LGBT+.

Puede que para las autoridades diez casos no signifiquen mucho, advierte Alejandro Lanz, codirector de Temblores ONG refiriéndose a los crímenes de Medellín, pero lo que le parece más tenebroso es que en esos casos, como en otros reportados, no preocupa la cifra, que es alta, como tampoco el patrón de comportamiento.

Anexo 002 |  La crueldad excesiva

Las investigaciones de Caribe Afirmativo evidencian el uso de prácticas como la asfixia mecánica y violencia mordaz sobre la víctima, generando altos niveles de dolor y sufrimiento. 

Es recurrente en estos casos que se utilice la actividad sexual como una manera de disminuir la gravedad de los crímenes tanto por parte del victimario como por parte de las autoridades. Los cuerpos de las víctimas, a los que incluso les arrojan preservativos encima, son degradados y manipulados en un intento por distraer la atención del acto homicida. 

“En los casos recientes de Medellín, en los del 2007, en los denunciados por la Red Comunitaria Trans, entre otros, hay una reincidencia en las formas y ahí es donde alertamos que puede haber una forma diferente de entender la sistematicidad”, dice Castañeda. 

Este modus operandi radica en tres asuntos: 1) Hay un nivel de fácil reducción de la víctima porque accede al encuentro sexual. 2) Hay un uso de la víctima al ser de la comunidad LGBT+ para pormenorizar la escena del crimen y reducirla a un encuentro sexual que no salió bien. 3) Hay prácticas en que se evidencia sevicia en el uso del arma blanca, por ejemplo, por el montón de heridas en los cuerpos y otros rasgos de sometimiento.

CARPETA 002 | LAS AUTORIDADES SE NIEGAN A VERLO 

Anexo 003 | Hay un subregistro  

Hay un problema de registro de los casos de homicidio de personas LGBT+. No solo porque algunas víctimas no se identificaban públicamente como personas diversas, sino también porque todavía hay dificultades para el Estado registrar adecuadamente la orientación sexual e identidad de género.

Pero además porque los datos que proporciona el Estado nunca coinciden con los de las organizaciones civiles o porque cuando la Fiscalía lleva a cabo este tipo de investigaciones, delega en estas organizaciones el trabajo que le corresponde. “Si esto pasa en procesos donde está la sociedad civil encima, molestando, ¿qué pasa en el resto de procesos donde no hay personas haciendo incidencia para que avancen?”, se pregunta Juan Felipe Rivera de Colombia Diversa. 

De los pocos casos que registra el Estado, la mitad son crímenes que investiga, y de esos que investiga, muy pocos terminan en un avance procesal, dice Lanz de Temblores ONG. “Todo arranca con un problema grande de diagnóstico y sigue como una gran carencia de la voluntad política de prestar atención hacia personas que son tratadas como ciudadanía de segunda categoría. Los familiares no siempre buscan a las víctimas o sus casos solo llegan a la prensa cuando se trata de ciertos estratos sociales”. 

Para Lanz, cuando estos crímenes se registran desde una organización de la sociedad civil, la institucionalidad sale a defenderse y a “sentirse atacada” y no a construir una mesa de trabajo que busque afrontar esos crímenes. En cambio, dice, ven en las organizaciones un enemigo “porque están revelando datos que ellos no quieren registrar”.

Evidencia 003 | ¿93 o 7 por ciento?

La ausencia de investigación es alarmante: más del 93 % de los casos quedan impunes, un porcentaje que crece, teniendo en cuenta que en los años noventa la impunidad era del 74 %, según datos de Caribe Afirmativo. Pero la Fiscalía en su discurso ha preferido ver el vaso medio lleno y celebrar, según Wilson Castañeda, el 7 % que sí ha investigado.

“Eso está dando cuenta de una impunidad estructural y envía el mensaje a los victimarios de que la vida de las personas LGBT+ no importa. ‘Como fue muy difícil someterlo terminé atacando y no pasa nada porque es una vida despreciable’”, dice Castañeda. 

Anexo 004 | Más barreras judiciales

Hay una falta de una capacitación y formación, no solo de fiscales y jueces, sino también de las personas que recogen las pruebas de Medicina Legal y de los policías judiciales. “Eso hace que muchas veces las pruebas sean tramitadas y valoradas de forma errónea. Es decir, no solo obtienen mal las pruebas, sino que las analizan mal”. Esta es una barrera que sigue afectando desproporcionadamente los casos de violencia contra personas LGBT, asegura Juan Felipe Rivera. 

En segundo lugar, hay un tema asociado a un protocolo: la Fiscalía lleva trabajando más o menos tres o cuatro años en la expedición de uno sobre buenas prácticas para la investigación de casos en contra personas LGBT+. “Hoy es el día, después de preguntar cuatro años cuándo lo sacan, que no sale. Llevan haciendo ajustes de forma en todo este tiempo. El protocolo sabemos que existe, hemos hablado con personas que lo confirman, pero se quedó retenido dentro de la Fiscalía”, dice Rivera. 

Otra de las barreras que hay para la investigación de estos casos tiene que ver con los tipos penales de discriminación y hostigamiento. Invisibilizan la motivación de estas agresiones y se afectan los principios de justicia, verdad y reparación, consagrados en el sistema penal acusatorio colombiano (Ley 906 de 2004) que, como informa Caribe Afirmativo, desestima la situación de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los homicidios.

Por último hay una acción lenta de la Fiscalía. Si bien en casos como los de Medellín actúan a una velocidad distinta a la habitual, en municipios pequeños o intermedios las denuncias se demoran mucho en tramitar y eso hace, según Rivera, que la persona que denuncia termine siendo desplazada de su territorio porque no tiene garantías ni medios de protección. 

Caso 002 |  Revictimización 

La manera en que las autoridades tratan la información denota un desprecio hacia las víctimas. 

Según Caribe Afirmativo, quienes sobreviven a un intento de homicidio se exponen a una revictimización cuando denuncian, porque comienza el prejuzgamiento por parte de las autoridades y terminan haciendo que la víctima desista o se haga responsable del hecho del que fue víctima. 

El caso de Medellín vuelve a servir como ejemplo. “La respuesta de las autoridades no logra que se generen acciones preventivas. La Fiscalía reaccionó a lo que pasó en Medellín por las denuncias que hicimos desde la sociedad civil pero es una reacción a cuentagotas, pues no hemos visto un mecanismo estructural para mejorar sus investigaciones y dar razón de esta violencia”. 

Es más, dice Castañeda, después de ocurridos estos hechos se ha incrementado la violencia de la policía porque los agentes siguen creyendo que las personas LGBT+ son responsables de la violencia que reciben. “Como si los peligrosos fuéramos nosotros y no el ambiente hostil que nos persigue”. 

Caso 003 | Los victimarios

Quienes han sido capturados en estos casos, según Caribe Afirmativo, son personas en situación de altísima vulnerabilidad. “En el año 2007, por ejemplo, los victimarios estaban relacionados con personas en habitabilidad de calle”. Y en una de las capturas en estos recientes homicidios en Medellín la Fiscalía advirtió que el victimario era un ciudadano migrante.

“Le advertimos a la Fiscalía que estaba mandando un mensaje equivocado porque denotan que los migrantes llegan para asesinar personas LGBT+. No, los crímenes se cometen en un ejercicio de altísima vulnerabilidad tanto por parte de la víctima como del victimario y eso las autoridades no lo reconocen y la sociedad tampoco”, dice Castañeda. 

Incluso la Fiscalía desde el 2007 reconoció que para las bandas criminales la orientación sexual de la víctima puede ser un motivo de dominación. Y cuando la dominación reduce a la muerte, no hay un interés de proteger sus derechos humanos. 

A la lista de victimarios se suman agentes de policía quienes, en lugar de proteger los derechos de las personas LGBT+, engrosan las cifras de violencia: en 2018 hubo 87 incidentes registrados y en 2019, 109. En 2020 se registraron 135 incidentes contra las personas LGBT+. Es decir, entre 2018 a 2020 hubo 331 casos de agresiones por parte de la fuerza pública lo que genera un temor y desconfianza excesiva según reportó Colombia Diversa.

CARPETA 003 |  ¿QUIÉN LES CUIDA?

Caso 004  | Las agresiones tienen blanco 

Es muy distinta la violencia que se ejerce por parte de bandas criminales a la violencia que ejerce la policía contra la población LGBT+. Temblores ONG analiza la sistematicidad de estos crímenes desde esa distinción y explica que las personas transgénero, por ejemplo, son golpeadas en partes de su cuerpo construidas dentro de su identidad de género. Es decir, a las mujeres trans los agentes las golpean en sus glúteos y en sus senos, como dice Alejandro Lanz, “y eso quiere decir que ciertas prácticas policiales, dirigidas a ciertos cuerpos dentro del espacio público, son violencia”.  

Anexo 005 | Patrullaje con bolillo

En el informe Bolillo, Dios y Patria, presentado por la ONG Temblores, se registran algunos de esos casos de violencia física y homicida en contra de la comunidad LGBT+ donde el agresor fue un policía. 

Exactamente refieren que la presencia policial en el espacio público está determinada por un patrullaje que genera seguridad en una serie de cuerpos mientras que para otros —como los de las personas LGBT+, los usuarios de drogas, habitantes de calle, personas afrodescendientes—, genera un temor profundo a ser violentados.

Uno de los trabajos de incidencia de Temblores ONG ha sido, precisamente, que los prejuicios de la ciudadanía frente a la policía cambien pero, para ello, se necesita que la institución sea la que implemente una reforma. 

Anexo 006 | Reforma policial con enfoque de género  

“Hay que explicar muchas cosas de la reforma policial”, dice Lanz. “Una de las que se habla muy poco, y en eso hacemos un trabajo en conjunto con Amnistía Internacional, es que la reforma sea con enfoque de género. Esto quiere decir que no solo sea feminista sino que proteja los derechos de las personas LGBT+ afuera y al interior de la institución”.  

Según Lanz, la Policía tiene alrededor de 120.000 personas al interior de la institución, casi el 90 % son hombres, pero nunca ha hecho un diagnóstico —o por lo menos no lo ha hecho público— sobre cuál es la diversidad que integra a sus agentes. 

“No sabemos cuántas personas LGBT+ hay al interior de la Policía”, asegura. “Hace poco conocimos una encuesta que se hizo en donde dice cuántas personas trangénero hay dentro de la institución, que son pocas, pero demuestra que hace falta un diagnóstico de la demografía al interior de la Policía”. No lo han querido hacer  —dice Lanz— también por una cuestión muy clara: es una institución completamente patriarcal cuyo honor se pone en juego al momento de revelar que existe un porcentaje de personas diversas. 

“Hasta que no se reforme la Policía e incluya una transversalidad en temas de género hacia dentro y hacia afuera, —es decir, la relación entre la policía y la ciudadanía y de la propia policía al interior—, el trato de sus agentes con estas personas y sus crímenes se seguirá explicando solo”. 

Estos incidentes son una muestra representativa del terrible panorama para las personas LGBT+ en Colombia. “Cuando las tasas de violencia en el país caen, no sucede lo mismo con la violencia contra estas personas”, dice Juan Felipe Rivera de Colombia Diversa. “Eso implica que el Estado y la sociedad colombiana no están haciendo lo suficiente. Y no debería ser la presión de la prensa y de la opinión pública la que haga que la justicia funcione, al contrario: debería ser la justicia la que haga presión en la opinión pública para que la sociedad comprenda”.

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