Desde 2017 los acusados de perpetrar el atentado en el Centro Comercial Andino, donde murieron tres mujeres, han cuestionado la actuación de la Fiscalía. Una revisión del expediente muestra diferentes vacíos en la investigación, entre ellos varias capturas ilegales y la imposibilidad de hacer reconocimientos certeros con las cámaras de seguridad que había en el centro comercial.

El olvido de uno de los fiscales del caso precipitó la salida de la cárcel de las 10 personas señaladas inicialmente como autoras del atentado. Alejandra Méndez, una de las acusadas que estuvo recluida en la cárcel El Buen Pastor (Bogotá) y en Picaleña (Ibagué), asegura que la Fiscalía quiere ocultar lo que realmente pasó en el Andino. Por su parte, Pilar Molano, quien quedó con heridas permanentes pues estaba en el baño donde estalló el explosivo, se queja de las actuaciones del ente investigativo y de la administración del centro comercial, pero plantea dudas sobre la inocencia de los acusados.

Esta es la primera parte de la serie “Expediente Andino: ¿un montaje judicial?” que indaga lo ocurrido en este caso seis años después del atentado.  

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