Las recientes denuncias a Ciro Guerra reviven una vez más la discusión sobre la legitimidad del escrache y el problema de que las mujeres que escrachan terminan siendo denunciadas. En paralelo, las redes feministas se preguntan sobre los límites del escrache y lo que viene después de escrachar a alguien.
Una o varias mujeres comparten un relato en redes sociales.
En el relato, cuentan cómo fueron abusadas o acosadas sexualmente por un hombre.
Se suman otras mujeres, que impulsadas por el ímpetu de las primeras, se lanzan con sus propios relatos. Se alarga la lista de hombres a los que se mencionan. Los relatos se riegan y se viralizan. Después las acusaciones de vuelta: que todo es mentira, dicen los señalados, que dónde están las denuncias oficiales, que los relatos destruyen su vida y su reputación. Y luego, casi siempre, el silencio público. La incertidumbre.
El ciclo, o al menos su inicio, tiene un nombre, uno que cada vez se pronuncia con más frecuencia para defenderlo o criticarlo: el escrache, la denuncia popular y pública de un hecho violento por fuera del aparato judicial. Y con el reconocimiento del escrache en aumento, también aumenta el volumen de una pregunta: ¿qué viene después? ¿Qué hacemos con las implicaciones del escrache?
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La cara actual del escrache es la del movimiento feminista, denuncias típicamente en redes sociales de mujeres que sufrieron violencia sexual o de género por parte de un hombre. Pero el escrache viene de antes: nació en los noventa en Argentina cuando los familiares de los desaparecidos por la dictadura organizaron manifestaciones en las casas de quienes habían estado involucrados en las desapariciones y estaban libres. Con el tiempo, y sobre todo en los últimos años, el escrache se acomodó a las formas de la virtualidad y del feminismo y entonces se constituyó en la versión que hoy conocemos.
En Colombia, la discusión más reciente sobre el escrache tiene en su centro el nombre de Ciro Guerra, el cineasta que hace unas semanas fue señalado de haber acosado sexualmente, y en un caso presuntamente abusado, a ocho mujeres que contaron su historia anónimamente en la revista Volcánicas. Las acusaciones, que recaen en una celebridad, se volvieron tema de debate nacional. Después del primer golpe de la noticia, se discutió si era válido o no que una denuncia por acoso se hiciera de esta manera, si las mujeres tenían que en últimas llevar su caso a la Fiscalía y si esta manera de denunciar era una forma de hacer justicia por mano propia. Se dijo, también, que la denuncia manchaba el nombre de Guerra y se saltaba su presunción de inocencia. Y finalmente la declaración del director: que las acusaciones eran falsas y que tomaría acciones legales contra las personas que lo habían denunciado. Guerra demandó a las periodistas, civil y penalmente, que publicaron los testimonios por considerar que atentaba contra sus “derechos a la honra, dignidad y buen nombre”.
Y como tantas otras veces, así parece terminar el ciclo: mujeres que no confían en la justicia porque les falla y entonces recurren al escrache, hombres acusados que echan mano de la misma justicia para defenderse y al final las víctimas y cualquier proceso de resolución de su conflicto en el aire.
Un vacío que da espacio para que unos se pregunten sobre la validez del escrache.
Es necesario
“Lo que expresan los escraches no puede ser pensado por fuera de las transformaciones sociales”, dice Santiago Nabaes, abogado argentino y director de delitos complejos en la Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. Según él, el escrache es una manifestación de un cambio social más grande que ya no tolera las violencias sexuales y de género que se veían como acercamientos sexuales aceptables.
“Me parece que el escrache viene a romper esto, viene a cuestionar esa relación, viene a empezar a ponerle otro nombre a las cosas y en ese sentido me parece que en un principio es una estrategia positiva (…) Lo que hay detrás del escrache muchas veces es una falta de confianza en la justicia o una imposibilidad real de acceder a la justicia. Que se sabe que ese hecho no va a ser investigado, que la víctima no lo puede probar pero necesita expresarlo porque hay una reparación también en ese expresar lo que sucedió”, asegura.
Son varios los casos en que las personas escrachadas ya cuentan con denuncias formales ante las instituciones, denuncias que se estancan y ante la frustración las mujeres recurren al escrache. También son varios los casos en que las mujeres recurren directamente al escrache con la sospecha de que acudir a una instancia judicial será un desgaste emocional que no logrará mucho.
Así son varios de los casos que le llegan a la Red Jurídica Feminista, una articulación de mujeres abogadas y estudiantes de derecho que desde hace unos dos años se reunieron para apoyar a las mujeres ante la justicia y pensar el derecho desde una perspectiva feminista. Así lo cuenta Lina Morales, abogada e integrante de la Red.
“Las instituciones como la Fiscalía y los canales de denuncia son ineficientes y muchas veces revictimizan a las mujeres. Creo que lo que siempre se está buscando es que las mujeres sean víctimas perfectas. Que sea una víctima que no se emborrachó, que no salió en minifalda, que no se fue de fiesta o que no fue al apartamento de su agresor. Buscan una víctima a la que un desconocido con cara de malo violó en la calle y que esa mujer a los cinco minutos, sin pensar en ir a bañarse o en llorar o llamar a una amiga, va a un centro médico y a Medicina Legal, pone la denuncia y tiene muchas pruebas. Una víctima que además está muy afectada físicamente. Casi que le piden a las mujeres que estemos extremadamente violentadas”, cuenta Morales.
La justicia, dice, resulta inefectiva para las mujeres que tiempo después de la agresión deciden denunciar o se dan cuenta de que lo que les pasó constituyó violencia. Morales cuenta que por esas razones desde su oficio como abogadas, las integrantes de la Red apoyan el escrache como una apuesta política feminista frente a un sistema judicial que le falla a las mujeres. Cada día asesoran entre 15 y 30 mujeres, la mayoría de ellas buscan asesorías sobre casos de violencia de género. Particularmente con asesorías que tienen que ver con escrache, el número de mujeres que las buscan aumenta con las oleadas en que los escraches se acumulan y circulan masivamente en redes sociales.
Es complicado que se tramiten tan rápido las denuncias por injuria y calumnia y que cuando una mujer denuncia violencia sean lentos los procesos y no les pongan atención.
Para Santiago Nabaes, la fuerza que el escrache ha visto en los últimos años tiene que ver, de nuevo, con los ritmos sociales detrás. “El escrache también es exitoso y prolifera porque hay una sociedad que está dispuesta a escuchar y a darle verosimilitud a creerlo, a reconocer esos hechos como violencias. El escrache no se inventó ahora sino que ahora tiene éxito. Prolifera justamente ahora porque están dadas las condiciones de posibilidad para que se masifique”, afirma.
Tiene dificultades
El caso de las denuncias a Ciro Guerra revela una situación común con el escrache: mujeres que no acuden a la justicia por desconfianza o por considerar que allí no está la reparación que buscan por los hechos que sufrieron; pero que, a cambio, sí resultan en el sistema judicial cuando las denuncian de vuelta. Lina Morales explica que son muchos los casos en que las mujeres que hicieron el escrache son denunciadas por injuria o calumnia por parte de sus agresores. También dice que son varias las colectivas de mujeres que reciben tutelas pidiendo que retiren sus publicaciones que manchan el buen nombre de los sujetos mencionados.
“Es muy complicado que se tramiten tan rápido las denuncias por injuria y calumnia y que al mismo tiempo cuando una mujer denuncia un caso de violencia sexual o de violencia de género sean muy lentos los procesos y muchas veces no les pongan atención”, cuenta la abogada. Por esa razón dice que desde la Red han tenido conversaciones sobre apoyar una estrategia a largo plazo.
Por el momento se encargan de lo inmediato: muchas de las asesorías a mujeres que están pensando hacer escraches es cuidar la manera en que se presentan los relatos para que sean lo menos susceptibles de terminar en denuncias por calumnia.
“Les decimos que lo hagan con las palabras más sencillas que se pueda. Que se se cuenten las cosas como ocurrieron, aunque sea difícil. Que no se adornen ni se hagan calificativos que agranden los relatos. Que no digan que alguien fue imputado, denunciado, condenado, salvo que se sepa que fue así. Que sean claras también si, por ejemplo, consumieron drogas o alcohol de manera voluntaria, si era su pareja o no, si alguien sabía o no. Cuanto menos se enreden los relatos es mucho más difícil que se termine injuriando o calumniando a alguien, porque esos delitos implican que yo lo haga sabiendo que es mentira y que lo cuento con la intención de que le voy a hacer daño a quien acuso”, cuenta Morales.
Agrega que, si se comparten pantallazos, no se expongan los nombres de usuarios en redes sociales que quieran permanecer anónimos.
Sin embargo, sobre el escrache sigue pesando la crítica de que pasa por alto la presunción de inocencia y que termina dañando el nombre y la vida del acusado. Morales no está de acuerdo: “Es mentira que los agresores pierden estatus social por ser denunciados. Es muy difícil pensarse que el derecho a la dignidad de las mujeres y a la dignidad sexual es igual de importante que el derecho al trabajo, que es lo que muchos agresores pelean cuando son escrachados. (…) Para nosotras no existe tal vulneración tan grave al buen nombre con el escrache como para que se recurra de una vez a la tutela sin antes acudir a otras formas de garantizar el derecho. Es muy complicado que los jueces reciban esas tutelas con tanta rapidez y facilidad y que ahí sí la justicia funcione rápido”, asegura la abogada.
Santiago Nabaes, quien además fue abogado penalista durante años, también ve problemático el argumento de quienes critican el escrache como una grave vulneración al derecho al buen nombre y como una estrategia que se toma la justicia por mano propia y deja de lado la presunción de inocencia de los señalados.
“Es un rotundo no ante esta idea de que el escrache viola la presunción de inocencia. Esa es una garantía establecida en un juicio penal donde hay una amenaza de pena grave ante la que se establecen garantías frente la violencia estatal que va a recaer sobre esa persona. La presunción de inocencia no se aplica al escrache porque el escrache no es un juicio penal, no es la cárcel”, asegura.
De cualquier forma, dice Nabaes, el reconocimiento que se le da a un escrache depende de un ejercicio de lectura social: su credibilidad depende también de quién lo hace y de lo que se sabe de la persona escrachada. Hay escraches que resultan más creíbles que otros, así que el nivel de sanción social que se ejerce sobre la persona escrachada también resulta de un juego de lectura social de ese escrache. Y agrega que negarle a una persona la posibilidad de escrachar bajo ese argumento de que se mancha el buen nombre del acusado sería una segunda restricción de derechos a quienes no encuentran en el sistema judicial la reparación que buscan.
“Le estaríamos exigiendo a una mujer que ha sufrido violencia que no pueda contar algo que le pasó. Eso es como volver a ofender a una persona que ya fue ofendida por un acto de este tipo. Aparte ese buen nombre no sabemos si sí es un buen nombre. Por supuesto que puede existir gente que mienta, pero porque exista gente mentirosa no vamos a silenciar a todas las personas”, dice.
Es un paso, no el fin en sí mismo
Las dudas sobre el escrache no son solo por parte de quienes lo critican, también son muchas las colectivas y redes feministas que se vienen haciendo preguntas. Dudas que no ponen en duda su pertinencia, eso está claro, sino que cuestionan los límites del escrache y lo que viene después de escrachar a alguien.
“Escrachar a alguien es válido, pero es importante que la mujer que lo está haciendo tenga después un acompañamiento psicológico porque va a estar muy expuesta y posiblemente se enfrente a consecuencias jurídicas. La idea es que se generen redes entre abogadas y espacios de acompañamiento psicosocial, que se acompañe también para garantizar su seguridad en redes, su seguridad cibernética”, asegura Lina Morales.
Nathalia Guerrero, periodista feminista, se ha hecho las mismas preguntas. Para ella es importante que desde los movimientos feministas se piensen unas políticas de cuidado para escrachar: tener en cuenta que el escrache debería tener un acompañamiento feminista a la mujer que lo hace, que incluya la asesoría legal, y que amortigüe los efectos negativos que podría traer. Eso es lo que muchas mujeres no tienen y que las deja en un espacio de malas experiencias una vez han hecho públicas sus denuncias. Ella misma ha sido testigo de segunda mano del vacío que muchas veces queda después del escrache.
El término ‘justicia’ tiene una carga simbólica muy fuerte y no es del todo correcto asociarlo con el procesamiento judicial. El sistema se denomina a sí mismo justicia en una estrategia de autolegitimación.
“Una amiga se está viendo afectada por un escrache desde hace un tiempo y acudió a mí preguntando qué hacer después. Pensando de qué otra forma ayudarla le comenté de la Red Jurídica Feminista. No sé de qué manera se regó la voz y en menos de cinco días me buscaron unas cuatro personas con las mismas preguntas. Yo no soy nadie para hablar de esto y que me busquen a mí habla de lo que está pasando, quiere decir que hay mucha gente hablando del escrache pero hay pocos espacios para hablar de sus implicaciones. Yo escracho, ¿y luego qué pasa? ¿Me siento reparada? ¿Siento que este hombre ya saldó el daño? ¿O me voy a dedicar toda mi vida a perseguir los espacios donde este hombre está y voy a escracharlo hasta la eternidad desgastando mi energía para que él no pueda continuar su vida y a la vez yo no pueda continuar la mía?”, dice Guerrero.
Lina Morales asegura que en la Red Feminista esa es una discusión que se ha dado, que se nutre de teorías sobre justicia feminista, pero que muchas veces termina en eso, en teoría, que resulta difícil llevar a la realidad. Destaca, sin embargo, las discusiones sobre tribunales artísticos o formas de reparación que involucran ejercicios de memoria, de reconocimiento de los daños y de contar la verdad. También acciones directas como tomas callejeras e intervenciones, por ejemplo, a estaciones de policía donde han sido violadas mujeres.
Nathalia Guerrero asegura que desde su ejercicio personal también considera que esos espacios paralelos de otras formas de justicia deberían existir y deberían configurarse como el paso siguiente del escrache.
“Con el tiempo hemos entendido que el escrache debería ser una herramienta y no el fin mismo. Si le apostamos a un sistema de denuncia alternativo creo que también hay una responsabilidad de pensarse un sistema de reparación. Una especie de justicia transicional feminista. Pienso que una persona escrachada tiene derecho a continuar su vida si hay responsabilidad, si hay reparación, si hay un reconocimiento en el ámbito que la víctima lo desee, ya sea en lo público o lo privado, de lo que hizo. Ahí entra la imaginación del feminismo: pensarnos espacios asamblearios, modelos de reparación alternativos, que nuestro abusador haga trabajo social o trabajo de formación en género o que financie movimientos de mujeres”, cuenta la periodista.
Para Santiago Nabaes lo que venga después del escrache está atado a lo que quiera la víctima y por eso cada escrache tendrá sus propias particularidades y debería tener claro qué está buscando para al final evaluar si fue efectivo o no. Lo que subraya es que también, como ya se viene haciendo desde distintos espacios feministas, es importante pensarse el concepto de justicia por fuera de su coaptación por el sistema judicial.
“El término ‘justicia’ por ahí tiene una carga simbólica muy fuerte y no es del todo correcto asociarlo con el procesamiento judicial de un caso. El sistema judicial se denomina a sí mismo justicia en medio de una estrategia de autolegitimación, ha monopolizado este sentido de lo justo y de la justicia. Pero la justicia es un valor y un proceso judicial no nos garantiza desde ningún punto de vista que vamos a arribar a una decisión justa”, asegura.
Nabaes considera que si bien es valioso ese ejercicio paralelo de justicia, no se debería tampoco abandonar por completo la arena de la justicia “oficial”, pues los valores fundamentales de la sociedad se siguen discutiendo allí, en las instituciones judiciales. Eso ya ha ido pasando: en Argentina, dice, hay muchas operadoras y operadores del Estado que ya se reconocen como feministas y tienen prácticas feministas. La presión de los movimientos feministas ha producido transformaciones notables en el aparato judicial. En Colombia, avances como la despenalización parcial del aborto y la Ley 1257 de 2008 son resultados directos de ejercicios feministas. También son cada vez más las funcionarias y políticas que se reconocen abiertamente feministas.
Esa incidencia, asegura Nabaes, es algo que no se puede perder de vista. Pero que, a su vez, trae otras complejidades cuando el feminismo llega a los espacios oficiales de toma de decisión. “Estamos mucho mejor que antes pero hay todavía cuestiones gravísimas a resolver y sobre las que hay que discutir. La realidad se resiste”, dice.
“Pienso que tenemos mucho por imaginarnos todavía pero siento que ahí vamos”, dice Nathalia Guerrero.
“Trabajar en esto a veces frustra mucho. Pero también es una apuesta feminista de usar lo que estudiamos y sentir que estamos ejerciendo la profesión desde el feminismo, asumiéndonos como feministas”, dice Lina Morales.
