El Gobierno levantó la suspensión general del porte de armas en Colombia para quienes tienen salvoconducto vigente. ¿Qué dice la evidencia sobre la relación entre porte de armas, homicidios y seguridad?
Aunque la mayoría de indicadores de delitos en Colombia presentan una tendencia a la baja en los últimos 10 años — en particular el homicidio pasó de una tasa de 43 por cada 100.000 habitantes en 2005 a 25 homicidios en los últimos años– la mayoría de los colombianos cree que la seguridad se ha deteriorado. El 61% de los encuestados en el estudio 2025 del Observatorio de la Democracia dijo que la seguridad estaba peor que doce meses atrás.
En este contexto, el gobierno de Abelardo de la Espriella expidió el Decreto 1368, que levanta la suspensión general del porte de armas en público para quienes ya cuentan con salvoconducto vigente. La justificación oficial se apoya en la idea de que los ciudadanos armados legalmente podrán defenderse de los criminales armados ilegalmente y que eso contribuirá a mejorar la seguridad. A esto se suma la afirmación equivocada de escuderos del gobierno, como María Fernanda Cabal, según la cual la mayoría de los homicidios se cometen con armas ilegales, por tanto poner en circulación armas legales no representaría un problema.
La narrativa del Gobierno para justificar la medida enfrenta varios problemas cuando se la contrasta con la evidencia disponible más sólida. Primero, no existe respaldo empírico que permita afirmar que el porte en público de armas reduzca el delito por la vía de la defensa propia o el efecto disuasorio sobre los criminales; como se detalla más adelante, la evidencia disponible apunta en la dirección contraria. Segundo, en Colombia no existen datos para definir qué homicidios se cometen con armas legales y cuáles con ilegales.
Al revisar la evidencia disponible sobre flexibilización del porte de armas, es importante distinguir no solo qué dirección señalan los estudios, sino qué tan robusta es la evidencia que sustenta los resultados. Así, la evidencia más numerosa, reciente y metodológicamente robusta apunta a que el relajamiento de las regulaciones sobre el porte de armas representa más riesgos que beneficios.
El gobierno de De la Espriella suspendió el decreto que restringía el porte de armas. Estas son cifras sobre el uso de armas de fuego en países donde el porte de armas se ha flexibilizado.
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Investigadores de la Fundación Ideas para la Paz han señalado que la falta de control sobre armas con permiso legal crea una vía de desvío hacia el mercado ilegal, lo que sugiere que ampliar el porte legal sin controles más fuertes podría alimentar indirectamente el problema de armas ilegales en lugar de resolverlo. En Estados Unidos, la mayoría de estudios recientes sobre leyes de porte flexible encuentran aumentos significativos en los homicidios. Específicamente, un estudio concluyó que las leyes más laxas sobre porte de armas contribuyeron a un aumento del 10,6% en homicidios cometidos con armas. Por su parte, un estudio con la muestra global más grande hasta la fecha (100 países, entre 2000 y 2019) encontró que un aumento del 10% en la posesión de armas de fuego se asocia con un 3% a 4,5% más de homicidios cometidos a mano armada.
La evidencia en sentido contrario existe, pero es comparativamente más débil. Por ejemplo, un estudio publicado en los 90, encontró reducciones de crimen relacionadas con la flexibilización del porte de armas. No obstante, este trabajo ha sido cuestionado por problemas metodológicos, y estudios posteriores con los mismos datos ampliados a períodos más recientes revirtieron esa conclusión. Otra pieza de evidencia que suele usarse en favor de las políticas de flexibilización del porte de armas es el caso de Suiza, donde hay una alta posesión de armas de fuego y una tasa de homicidios muy baja. Este caso es tratado por los especialistas como una excepción idiosincrática que se debe a factores institucionales particulares (entrenamiento militar obligatorio, controles sociales fuertes), no como evidencia de que la posesión de armas por sí sola reduzca la violencia.
Este panorama en el que la evidencia más robusta apunta claramente hacia un lado, pero en el que no existe un consenso total, es típico del debate académico pues pocos son los asuntos en ciencias sociales en los que exista un acuerdo absoluto. No obstante, esta particularidad de la ciencia suele ser usada de manera sesgada por los políticos para sembrar dudas ante la evidencia científica dominante que, como en este caso, indica que el decreto que levanta la suspensión general del porte de armas no solucionará el problema de la inseguridad y seguramente servirá de combustible para un aumento del crimen violento.
Este uso amañado de la evidencia para llegar a conclusiones prefabricadas, o lo que la psicología social llama razonamiento motivado direccional, es lo que están haciendo el presidente y sus voceros para tratar de convencernos, en contra de la evidencia, de las bondades de la desregulación del porte de armas. Esta lógica de razonamiento es común entre políticos y militantes partidistas, pero en años recientes ha sido un recurso crecientemente usado por la derecha radical europea, el trumpismo y políticos latinoamericanos como Bolsonaro para desacreditar el consenso científico sobre el cambio climático y el COVID-19.
Pasar de la política pública basada en evidencia a la evidencia a la medida de la política no es trivial, en el caso de la seguridad el precio de una política pública ideologizada y del populismo punitivo se paga en vidas humanas.
