A portrait of absence by Viviana Peretti

El proyecto fotográfico de Viviana Peretti sobre desaparición forzada en Colombia recibió una Mención de Honor en el World Press Photo. Aquí compartimos algunas de sus fotografías tomadas durante años de trabajo.

por

cerosetenta


23.06.2022

La desaparición forzada es un crimen que ha marcado ya varias décadas de la historia de Colombia. Su esencia es la impunidad. No hay cuerpo ni motivo y, por lo tanto, no hay culpable. Es un crimen silencioso, casi invisible, alejado del imaginario espectacular y sangriento de cualquier conflicto armado. La mayoría de los desaparecidos han sido arrojados a fosas comunes anónimas, ríos, trapiches de caña y hornos crematorios. Alrededor de 100.000 personas fueron víctimas de desaparición forzada en los últimos sesenta años en Colombia, tres veces más que las víctimas de este mismo crimen en el Cono Sur durante la época de las dictaduras. Nueve de cada diez personas siguen desaparecidas en la actualidad. Además, se trata de una práctica sistemática que, incluso hoy, agrega números a esta cifra. 

La desaparición forzada se convirtió en una de las estrategias más eficaces de ejercer poder. Es el mecanismo oculto de una compleja guerra de baja intensidad relacionada con el control territorial, los cultivos ilícitos y los megaproyectos económicos (desde los hidrocarburos hasta las represas, la agroindustria y el turismo). El objetivo ha sido borrar cualquier oposición política, y borrar, también, las huellas de los perpetradores (agentes del Estado, miembros de grupos paramilitares y guerrilleros, políticos y civiles que se han beneficiado de esa guerra). 

La desaparición forzada, aun así, ha dejado rastros en el territorio y en la emoción colectiva. Estas fotografías recogen fragmentos visuales del crimen en una Colombia cuyo paisaje —y correspondiente atmósfera— ha devenido en fosa común. En ellas se muestran los altares que muchas familias han construido en sus casas mientras esperan a que sus seres queridos regresen; las marchas e intervenciones urbanas promovidas por los familiares de los desaparecidos para exigir justicia; y algunas prospecciones del Plan Cementerio, implementado por las autoridades colombianas para exhumar e identificar a miles de colombianos enterrados en cementerios de todo el país, porque durante décadas fue justo ahí —en las tierras destinadas al entierro—  que entre muertos legales se escondieron a los cuerpos de las víctimas de crímenes extrajudiciales. 

El conjunto de estas fotografías fue tomado a lo largo de nueve años y evoca las marcas estéticas —perversamente estéticas— de un crimen que se ha instalado en el territorio y que lo ha fragmentado. Cada imagen, como pieza de un rompecabezas, intenta reconstruir la piel de un gran cuerpo sufriente que encarna, sobre todo, la frustración de un imposible, que es homenajear, visualmente, lo que es invisible: la ausencia de cien mil personas.

Tumba en el cementerio central de Florencia, capital del departamento de Caquetá, en el sur Colombia. Históricamente, el Caquetá ha sido una zona de disputa entre los grupos paramilitares y la guerrilla, transformando la región en una de las más violentas de Colombia. Florencia, Caquetá, Colombia, octubre 2014. 
Fotografías de víctimas de desaparición forzada yacen en la calle frente al edificio de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Bogotá, como parte de una protesta para exigir que el tribunal abra un macrocaso (con un enfoque social, en lugar de individual) sobre las desapariciones forzadas en Colombia. La JEP fue creada en 2017 para investigar y juzgar los abusos cometidos durante el conflicto interno colombiano. La foto en primer plano es de la economista y socióloga Nydia Erika Bautista, miembro del Movimiento 19 de Abril (M-19), una guerrilla urbana de izquierda, que tras su desmovilización se convirtió en un partido político. Bautista fue desaparecida y asesinada por miembros del ejército nacional colombiano en 1987. Bogotá, Distrito Capital, Colombia, mayo 2021.
Machetes sobresalen de la pared de una casa de madera en Puerto Nariño, un pequeño caserío en el Amazonas colombiano. Muchas víctimas de desapariciones forzadas en Colombia han sido asesinadas y desmembradas utilizando machetes y motosierras. Puerto Nariño, Amazonas, Colombia, noviembre 2015.
Los restos de un cuerpo exhumado durante la búsqueda de víctimas de la Operación Orión yacen en el Jardín Cementerio Universal, en Medellín. La Operación Orión fue una acción de las fuerzas de seguridad contra la guerrilla urbana de Medellín en 2002. Las organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil afirman que fue una operación conjunta entre las fuerzas del Estado y los paramilitares. Los cuerpos de varias personas muertas en la operación fueron enterrados, sin registrar, en fosas comunes en el cementerio. Tras dos semanas de excavaciones, un equipo de forenses encontró dos de los nueve cuerpos que buscaban. Ambos fueron enterrados en fosas comunes. También encontraron los restos de otras 14 personas registradas como desaparecidas en otros pueblos de la región. Medellín, Antioquia, Colombia, julio 2016.
Un transeúnte observa la fotografía de una persona desaparecida durante una protesta contra la desaparición forzada en Bogotá. La protesta fue organizada por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) en el Día Internacional de los Desaparecidos, que se conmemora cada año el 30 de agosto. Bogotá, Distrito Capital, Colombia, agosto 2017.
Los restos de un cuerpo exhumado en el Jardín Cementerio Universal durante la búsqueda de víctimas de la Operación Orión –una acción militar contra la guerrilla urbana de Medellín en 2002– yacen listos para ser transportados a un laboratorio forense para ser identificados. Los cuerpos de varias personas muertas en la operación fueron enterrados, sin registrar, en fosas comunes en el cementerio. Tras dos semanas de excavaciones, un equipo de forenses encontró dos de los nueve cuerpos que buscaban. Medellín, Antioquia, Colombia, julio 2016. 
Miembros del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) protestan frente al bunker de la Fiscalía en Bogotá. La protesta fue organizada en respuesta a un aumento del número de asesinatos y desapariciones de líderes sociales y activistas de derechos humanos, así como de ex miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) desmovilizados tras el acuerdo de paz de 2016 con el gobierno colombiano. Bogotá, Distrito Capital, Colombia, noviembre 2020. 
Nombres rayados en una pared del Cementerio del Sur en Bogotá. Durante décadas, este cementerio recibió los restos de muchas víctimas de crímenes extrajudiciales enterrados en fosas comunes anónimas, evitando así cualquier posibilidad de ser encontrados y de que los responsables fueran juzgados. Una forma de imponer una segunda desaparición y victimización. En 1985, el Instituto de Medicina Legal enterró 36 cuerpos en una fosa común de este cementerio, por orden de un juez Penal Militar. Entre los enterrados había varias víctimas del holocausto del Palacio de Justicia. Sólo en 1998, 13 años después del asedio al Palacio, se empezaron a exhumar y examinar los restos. Bogotá, Distrito Capital, Colombia, agosto de 2017.
Doña Analigia lleva un vestido que le regaló su hijo Roberto Antonio, antes de que fuera desaparecido forzosamente hace 16 años, a la edad de 25. Doña Analigia y la asociación a la que pertenece, Madres de la Candelaria, que ayuda a las personas a rastrear lo que ha sucedido con los desaparecidos forzosos, dicen que Roberto Antonio fue torturado y asesinado por los paramilitares en el pueblo de Toldas de Peque, en Antioquia. Medellín, Antioquia, Colombia, julio de 2016. 
Altar en memoria de Eduardo Loffsner Torres, sindicalista y miembro del desaparecido Movimiento 19 de Abril (M-19), una guerrilla urbana socialdemócrata que combinaba la lucha armada con el trabajo social. Eduardo desapareció en noviembre de 1986 en Bogotá. El altar está en la casa de Luz Marina Hache Contreras (65 años), compañera de Eduardo, quien dice: “La memoria es un campo en disputa, donde los vencedores cuentan su historia y los perdedores la nuestra”. Luz Marina lleva más de 34 años buscando a Eduardo. A la izquierda, en el altar, está el diario de Eduardo y a la derecha una foto suya y otra más pequeña de Luz Marina cargando una imagen de un Eduardo joven y sonriente. Bogotá, Distrito Capital, Colombia, junio de 2020.
Suéter cuelga de un cable en la Comuna 13 de Medellín. La Comuna 13 ha sido uno de los barrios más violentos de la capital de Antioquia. Medellín, Antioquia, Colombia, julio 2016. 
El antropólogo forense John Fredy Ramírez Santana lleva los restos de un C.N.I. (cuerpo no identificado) recién exhumado en el Jardín Cementerio Universal de Medellín. Los restos serán trasladados a un laboratorio forense de Medellín para ser identificados. En 2016, las autoridades colombianas impulsaron la búsqueda de los restos de nueve personas asesinadas y desaparecidas por el Ejército en asociación con los paramilitares durante la ‘Operación Orión’ que tuvo lugar en la Comuna 13 de Medellín en 2002. Las nueve víctimas de ejecuciones extrajudiciales fueron dadas por desaparecidas y, según la información, fueron enterradas en fosas comunes en El Universal. Tras dos semanas de excavaciones en El Universal, los forenses encontraron dos de los nueve cuerpos que buscaban. Ambos estaban enterrados en fosas comunes. Al fondo a la derecha aparece ‘Bone’, el perro del antropólogo forense Ramírez. ‘Bone’ es especializado en la búsqueda de restos humanos. Medellín, Antioquia, Colombia, julio 2016.
Hombre camina solo por la calle sexta en Bogotá. Bogotá, Distrito Capital, Colombia, diciembre 2012.
Exposición fotográfica colgada en las calles de Bogotá con imágenes de desaparecidos y víctimas de la fuerza pública como Nicolás Neira, asesinado por el ESMAD mientras participaba en una marcha en Bogotá el 1 de mayo de 2005. Bogotá, Distrito Capital, Colombia, junio 2019.
Transeúnte observa fotografías de desaparecidos durante una protesta organizada por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), en el 35º aniversario del holocausto del Palacio de Justicia en Bogotá. El asedio al Palacio comenzó el 6 de noviembre de 1985, cuando guerrilleros del desaparecido Movimiento 19 de Abril (M-19) irrumpieron en el edificio y tomaron como rehenes a unas 300 personas, entre ellas los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado. El ejército repelió la toma asaltando el Palacio con tanques y granadas, dejando un saldo de 94 personas muertas –entre ellas 11 magistrados del tribunal–, decenas de heridos y 11 desaparecidos, en su mayoría empleados de la cafetería, visitantes e Irma Franco Pineda, abogada y miembro de la guerrilla que participó en el asedio del M-19. Más de 1.000 soldados participaron en la operación para combatir a los 35 guerrilleros. En el incendio del Palacio se destruyeron más de 6.000 expedientes, entre ellos varios procesos contra militares por violaciones de los derechos humanos. Bogotá, Distrito Capital, Colombia, 6 de noviembre 2020.
La imagen de Fair Leonardo Porras Bernal (26) exhibida durante una protesta contra el delito de desaparición forzada organizada por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) en Bogotá. Las manos sobre la mesa pertenecen a la madre de Leonardo, Luz Marina Bernal. Leonardo fue una de las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas del orden en las últimas décadas: el mal llamado escándalo de los “falsos positivos”. Para inflar el recuento de cadáveres y recibir ascensos u otros beneficios, los militares hacían que civiles pobres o con problemas mentales fueran atraídos a lugares remotos del país con ofertas de trabajo para luego ser asesinados y presentados a las autoridades como guerrilleros muertos en combate, o enterrados como NN (personas sin nombre). Según la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz), sólo entre 2002 y 2008, 6402 civiles inocentes fueron víctimas de este perverso crimen. Si bien los organismos de investigación colombianos encontraron casos desde 1988, el pico del fenómeno tuvo lugar entre 2006 y 2009, durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez. Bogotá, Distrito Capital, Colombia, mayo 2021.
Vieja silla abandonada en el patio trasero de una escuela en Puerto Nariño, un pequeño caserío en la región amazónica de Colombia. Puerto Nariño está situado a 55 millas río arriba de la capital, Leticia. Puerto Nariño, Amazonas, Colombia, noviembre 2015.
Familiares de las víctimas de crímenes de Estado protestan frente al Palacio de Justicia en la Plaza de Bolívar de Bogotá. El Palacio fue totalmente destruido e incendiado en noviembre de 1985, cuando guerrilleros del desaparecido Movimiento 19 de Abril (M-19) irrumpieron en el edificio y tomaron como rehenes a unas 300 personas. Los miembros del M-19 pretendían realizar un juicio contra el entonces presidente Belisario Betancur, por los fracasos y dificultades del proceso de paz que habían acordado meses antes. El Ejército repelió la toma asaltando el Palacio con tanques y granadas, dejando un saldo de 94 personas muertas –entre ellas 11 magistrados del tribunal–, decenas de heridos y 11 desaparecidos, en su mayoría empleados de la cafetería, visitantes e Irma Franco Pineda, abogada y miembro de la guerrilla que participó en el asedio del M-19. Más de 1.000 soldados participaron en la operación para combatir a los 35 guerrilleros. En el incendio del Palacio se destruyeron más de 6.000 expedientes, entre ellos varios procesos contra militares por violaciones de los derechos humanos. Bogotá, Distrito Capital, Colombia, julio 2017.
Huellas de las manos de familiares de personas desaparecidas y fotografías de los desaparecidos adornan una pared de la sede de las Madres de la Candelaria, una organización creada en Medellín en marzo de 1999, en respuesta a las numerosas desapariciones forzadas que se producen en el país. Todos los viernes, los familiares de los desaparecidos se reúnen frente a la Iglesia de La Candelaria en el centro de la ciudad de Medellín. Gritan: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, aunque muchos sepan que nunca volverán a ver a sus seres queridos con vida. Quizá algunos restos en una caja de madera, si el gobierno colombiano cumple la promesa de devolverles lo que queda de lo que un día les fue arrebatado. Medellín, Antioquia, Colombia, julio 2016.
Un hombre camina en inmediaciones del Congreso de Colombia en el centro de Bogotá. Bogotá, Distrito Capital, Colombia, agosto 2015.
Mausoleo de la Policía Nacional de Colombia en el monumental Cementerio Central de Bogotá. Bogotá, Distrito Capital, diciembre 2014.
Siluetas de miembros desaparecidos de la Unión Patriótica (UP), partido político de izquierda fundado por miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Partido Comunista Colombiano. Durante la década de 1980, los dirigentes y miembros del partido fueron objeto de violentos ataques y asesinatos llevados a cabo por narcotraficantes, grupos paramilitares y algunos miembros de las fuerzas armadas de Colombia. Más de 5.000 personas fueron asesinadas, en lo que ahora se considera un caso de genocidio. Aunque se abrieron algunas investigaciones y se condenó a algunos autores, la mayoría de los asesinatos nunca se esclarecieron. Bogotá, Distrito Capital, octubre 2021. 
Un detalle de la escultura del artista colombiano Teófilo Hernández, el “Árbol de la Memoria de los Mártires”, que se encuentra en los jardines del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) en Bogotá. El centro se dedica a la conmemoración de las víctimas de las violaciones cometidas durante el conflicto interno de Colombia, la reparación y la investigación de la verdad. Bogotá, Distrito Capital, Colombia, agosto 2015.
La fotografía de Benjamín Marín Lizarazo exhibida en la plaza de toros La Santamaría de Bogotá un día antes de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Benjamín nació en el pueblo de Aguazul, Casanare. Fue líder campesino, periodista y poeta, y trabajó en la Secretaría de Agricultura de Casanare promoviendo alternativas productivas para la población rural de la región. Desapareció el 28 de febrero de 2001 y aún se desconoce su paradero. Al día siguiente de su desaparición, tropas del Ejército allanaron su casa. El caso de Benjamín lo lleva ASFADDES (Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos), la primera asociación de familiares de víctimas de desaparición forzada fundada en Colombia el 4 de febrero de 1983. Según ASFADDES, el primer caso registrado como desaparición forzada en Colombia, y reconocido como método represivo para eliminar a los opositores políticos del régimen, data del 9 de septiembre de 1977, con la detención y desaparición de Omaira Montoya Henao, bacterióloga de 30 años, embarazada de tres meses y militante de izquierda. Bogotá, Distrito Capital, Colombia, agosto 2021.
Siluetas de cuerpos dibujadas en las calles de Bogotá en protesta por el llamado escándalo de los ‘falsos positivos’, en el que las fuerzas de seguridad, para recibir ascensos u otros beneficios, atraían a personas vulnerables a zonas remotas con la oferta de trabajo, las mataban y las hacían pasar por guerrilleros muertos en combate. Según un relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, los ejemplos de este tipo de asesinatos se remontan a la década de 1980, aunque casi el 80% de ellos tuvieron lugar entre 2000 y 2008. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) registra que 6.402 personas fueron asesinadas de esta manera sólo entre 2002 y 2008 durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez. Bogotá, Distrito Capital, Colombia, junio 2021. 
El Páramo de Sumapaz, un parque natural cerca de Bogotá considerado el mayor ecosistema de páramo del mundo, fue utilizado por los grupos guerrilleros como corredor para el tráfico de armas y el transporte de víctimas de secuestro, y por varios actores armados como lugar de enterramiento de los desaparecidos forzosos. Bogotá, Distrito Capital, Colombia, julio 2017.
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