El piloto de aspersión del gobierno pasa por alto la profusa evidencia que hay sobre los riesgos (y la baja eficacia) de asperjar cultivos de coca con herbicidas.
El Consejo Nacional de Estupefacientes autorizó un plan piloto de aspersión aérea sobre cultivos de coca, esta vez con glufosinato de amonio en lugar de glifosato. La resolución fija límites estrechos: hasta 1.000 hectáreas, en un solo departamento, y siete días de operación a cargo de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía. La ANLA y el Instituto Nacional de Salud deberán entregar informes técnicos en 60 días. El mismo texto aclara que el piloto no equivale a reanudar un programa nacional.
El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella presenta la medida como un ejercicio para producir evidencia y esa intención suena razonable. El problema es que Colombia ya respondió esa pregunta y sabemos que la aspersión no produce resultados esperados y sí genera efectos secundarios no tolerables.
En las dos décadas previas a 2015 el país asperjó más de 1,7 millones de hectáreas, y esa experiencia generó una de las literaturas empíricas más sólidas sobre política de drogas en el mundo. En 2020, investigadoras del CESED (Rubiano, Vélez, Restrepo y Ramos, 2020) la resumieron en un comentario de política que sigue vigente. Las conclusiones son tres.
La primera es la eficacia. Los investigadores Daniel Mejía, Pascual Restrepo y Sandra Rozo aprovecharon la franja de 10 kilómetros junto a la frontera con Ecuador que el gobierno dejó de fumigar en 2006 y encontraron que asperjar una hectárea adicional reduce la coca en apenas 0,022 a 0,03 hectáreas al año. Para eliminar una hectárea hay que fumigar entre 33 y 45, a un costo conjunto de Colombia y Estados Unidos de entre $79.200 y $108.000 dólares. Esa misma hectárea produce cerca de 1,2 kilos de cocaína por cosecha, con un valor en finca de unos $4.200 dólares. Y la cifra es un piso: parte de lo que desaparece bajo la avioneta reaparece en otro lugar. Trabajos posteriores tampoco encuentran que la suspensión de 2015 explique por sí sola el crecimiento de los cultivos.
La segunda es el costo en salud. La exposición a la aspersión se asoció con más consultas por problemas dermatológicos y respiratorios y con más abortos espontáneos. Ese hallazgo, junto con la clasificación de la Agencia Internacional para la Investigación sobre Cáncer (IARC) de la OMS sobre el glifosato, llevó a la Corte Constitucional a exigir en la Sentencia T-236 de 2017 una evaluación independiente del riesgo antes de cualquier reanudación.
La tercera es la violencia y la legitimidad. La fumigación golpea a los cultivadores, el eslabón más pobre de la cadena, y no a quienes capturan la renta. En zonas donde el Estado llega en avioneta y no con carreteras ni títulos de propiedad, la aspersión se asoció con más ataques de grupos armados y más muertes de civiles. A esto se suma el daño ambiental: al empujar los cultivos hacia zonas más remotas, la fumigación amplía la frontera de deforestación.
Cambiar de herbicida no toca ninguno de estos mecanismos. La resiembra, el desplazamiento de cultivos y la pérdida de confianza en el Estado dependen de la estrategia, no de la molécula. Y la molécula nueva tampoco tranquiliza: la OMS clasifica el glufosinato como moderadamente peligroso, una categoría de toxicidad aguda más alta que la del glifosato, y su autorización en la Unión Europea venció en 2018 sin renovarse. Los colegas de la Fundación Ideas para la Paz dudan además de su eficacia contra la raíz de la planta.
Por eso el piloto nace con una pregunta equivocada. El gobierno dice que busca evidencia verificable, pero la evidencia sobre eficacia ya existe. Con los rendimientos que se midieron para el glifosato, fumigar las 1.000 hectáreas del piloto eliminaría entre 22 y 30 hectáreas de coca, en un país que reportó 261.000 en 2024. Siete días de aspersión y un informe a los 60 días pueden decir cuántas plantas mueren esta semana; pero, no pueden decir si vuelve en seis meses, si se muda a la vereda vecina ni qué les pasa a las familias expuestas. Esas preguntas ya tienen respuesta, y la respuesta no depende del herbicida.
El CESED y la Fundación Ideas para la Paz lo resumimos en 2018 en un decálogo para los candidatos presidenciales: la política de drogas debe partir de las lecciones aprendidas, y lo que no ha funcionado no debe repetirse. La represión debería concentrarse en los eslabones más violentos y rentables de la cadena, no en el más pobre. Y el dinero que se gaste en avionetas rendiría más en los territorios donde la coca está a punto de llegar, que hoy se pueden identificar con buena precisión.
Colombia pagó durante veinte años el costo de aprender que fumigar desde el aire rinde poco y cuesta mucho. Un piloto con un químico distinto no cambia esa lección.
