La promesa temprana

“Si han detenido 165 jóvenes de primera línea solo por defender el derecho a la protesta estamos ante 165 presos políticos que todo el movimiento nacional e internacional de derechos humanos debe defender para evitar tamaña arbitrariedad”, escribió en su cuenta de Twitter el entonces candidato Petro en agosto de 2021.

Su postulado luego se volvió exigencia: «Cuántos jóvenes esposados, cuantos jóvenes tratados como bandoleros solamente porque tenían esperanza, simplemente porque tenían amor. Yo le pido al Fiscal General que libere a la juventud, liberen a los jóvenes», dijo el pasado 19 de junio desde la tarima en la que recibió el triunfo en la carrera presidencial.

Una vez elegido el nuevo presidente, su equipo de empalme puso la liberación de los jóvenes judicializados como una de las 15 prioridades a cumplir en los primeros 100 días de Gobierno: “Libertad para las personas detenidas en el marco de la protesta social”, dice la hoja de ruta de los primeros 100 días, debajo del apartado de “justicia”.

Pero faltando unos 30 días para que se cumpla ese plazo, todavía no hay una ruta clara para buscar la libertad de los jóvenes judicializados durante el paro, y en el Congreso la propuesta todavía no gana tracción. 

Las caras de la propuesta

Los jóvenes a los que está dirigida esta promesa son como Juliana Higuera. 

Hace casi un año, la mañana del 22 de noviembre de 2021, Juliana se despertó de un sobresalto. Eran las 6 de la mañana y la Policía Nacional llamaba a su puerta. Llegaban a allanar su casa y a capturarla por tres delitos: concierto para delinquir, tráfico de sustancias peligrosas y violencia contra servidor público. 

“Yo respiré hondo y no dejé que el miedo se apoderara de mí”, dice la joven de 21 años. 

Ese mismo día fue trasladada al Comando de Policía de Tunja, y después al municipio de Soracá, también en Boyacá, donde estuvo retenida por 15 días antes de que un juez le dictara detención domiciliaria. Higuera contó que la detención se realizó porque la Fiscalía tenía un testimonio de alguien supuestamente cercano con quien, le dijeron, ella sostuvo una conversación sobre manipulación, fabricación y movilización de explosivos. Pero ella asegura que esa conversación nunca se dio. 

“La Policía tenía problemas conmigo porque durante el estallido social del 2021 acompañé las jornadas como defensora de derechos humanos y grababa los abusos policiales con mi celular para luego compartir los videos en redes sociales”, dice. 

Son jóvenes como ella con los que trabajan varias organizaciones de derechos humanos desde finales de 2021 en la campaña Ni1D1A + ¡Libres y absueltxs!, una iniciativa civil que exige garantías de derechos humanos para las personas capturadas en el marco del Paro Nacional de 2019 y 2021. 

El pasado 25 de agosto, la iniciativa recibió un espaldarazo por parte del Congreso de la República que sumó representación de organizaciones como Nomadesc, Lazos de dignidad, Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, entre otros, a la Comisión accidental de garantías a la protesta social. Se trata de una mesa integrada por unos 20 congresistas —entre senadores y representantes a la Cámara, la mayoría del Pacto Histórico— que busca, por un lado, analizar y estudiar propuestas para lograr la libertad de los jóvenes, y por otro, hacer veeduría a las condiciones en las que estos jóvenes están presos en diferentes cárceles y centros de detención en el país. 

“Como sociedad civil estamos exigiendo la materialización de las propuestas de campaña, estamos exigiendo la materialización de la libertad de quienes fueron parte de la construcción de esta posibilidad de cambio, esta posibilidad de un gobierno alternativo”, dice Erika Prieto, defensora de derechos humanos, dirigente del Congreso de los Pueblos y una de las abogadas en la mesa accidental del Congreso.

Según Prieto, la comisión accidental se está pensando la libertad de estos jóvenes en dos momentos: 

Primero, lograr la libertad inmediata de los jóvenes. Según dice, la forma más ágil sería incluir un artículo en el proyecto de ley de “Paz total” en donde los jóvenes se conviertan en gestores de paz.

Y, segundo, con la aprobación de un proyecto de ley de alternatividad penal, que busca que los jóvenes judicializados puedan ser sancionados sin estar privados de la libertad, como ha ocurrido hasta ahora. 

Los ‘peros’ de la propuesta

Sin embargo, hasta ahora esas dos propuestas no han despegado. 

El congresista del Pacto Histórico Alirio Uribe, uno de los principales defensores de la libertad para los jóvenes (ha dicho públicamente que “no descansaremos hasta que todos salgan de la cárcel”) y que antes de ser congresista fue abogado defensor de muchos de ellos, le dijo a Cerosetenta que el estancamiento tiene que ver en parte con que “todavía no tenemos un inventario de casos”. Según él, “es necesario hacer un censo de cuántos jóvenes hay judicializados, y de esos, cuántos tienen orden de captura y no están capturados, cuántos están presos, cuántos tienen detención domiciliaria, detención intramural, en qué cárceles están, en qué condiciones están”.  

Hasta ahora, Uribe asegura que han recogido datos de organismos internacionales como la ONU, que tiene una lista de unos 100 jóvenes judicializados; también del INPEC, la entidad que administra el sistema penitenciario en el país, y que reportó tener 110 casos. Además, han recogido otros datos de organizaciones defensoras de derechos humanos que, a través de un formulario público disponible en línea, han identificado a unas 100 personas capturadas. Datos que, en todo caso, aún están dispersos. 

Para Manuel Iturralde, abogado, profesor y codirector del Grupo de prisiones de la Universidad de Los Andes, el censo que propone Alirio Uribe no es factor determinante para impulsar un proyecto de ley para liberar a estos jóvenes. La razón, explica, es que los proyectos de ley no se priorizan por números censados, sino por voluntades políticas. La estrategia puede ser, en su opinión, una herramienta para argumentar por qué lo hacen y un escudo ante la opinión pública que, como él mismo, ve con reserva esta iniciativa. 

Iturralde no tiene dudas de que muchos de los casos contra estos jóvenes no tienen pruebas suficientes y que a otros los han perseguido políticamente a través de la justicia. “Al gobierno pasado no le gustaban los manifestantes y les echaba encima el derecho penal como una forma de perseguirlos y acusarlos”, dice. Sin embargo, cree que utilizar el derecho penal para perseguir a los contrarios es tan nocivo como usarlo para defender a los afines. Ninguna, explica él, son estrategias propias de un gobierno democratico. 

“Termina siendo una muy peligrosa politización e ideologización de la justicia penal según el gobierno de turno”, puntualiza Manuel Iturralde

Lo mejor, en sus palabras, sería realizar un seguimiento muy concienzudo de los casos que lleva la Fiscalía, y preguntarse: ¿quién supervisa los casos? ¿Dónde están los vericuetos de la justicia para subsanarlos? Y así garantizarle el debido proceso, no solo a ellos, si no a todos los colombianos.

El problema es que hasta ahora, ni la Fiscalía ni la Procuraduría han dado muestras de querer entregar la información ni participar en la discusión. Las dos instituciones estaban citadas, por ejemplo, a la primera audiencia pública de la Comisión accidental del Congreso que se llevó a cabo el pasado 5 de septiembre, pero no llegaron a la cita. El congresista Alirio Uribe rechazó públicamente esa ausencia y sobre la Fiscalía dijo que “no respondió el cuestionario y no tiene al parecer interés”. 

Erika Prieto, abogada en la comisión accidental del Congreso asegura que, efectivamente, las leyes que se producen en el Congreso tienen carácter general y abstracto, que es lo que permite cobijar un grueso de la población pero defiende el censo, porque así garantizarán y mejorarán las condiciones de reclusión de los jóvenes. 

Frente a usar el derecho penal para intereses afines, Prieto asegura que la mesa accidental no está incurriendo en una falta o desconocimiento de poderes, todo lo contrario. “Estamos hablando de facultades constitucionales del Ejecutivo y estas son la garantía de los derechos fundamentales. El año pasado, el estallido se dio por varios abusos, carencias absolutas en salud, educación, alimentación, vivienda. No es solamente un asunto de un sesgo con los otros privados de la libertad. Es que por norma no deben estar en el mismo espacio personas que están sindicados y personas que están condenadas”, enfatiza.

Por el Congreso tampoco 

Mientras tanto, las propuestas para tramitar la promesa de Petro de liberar a los jóvenes capturados durante el Paro vía Congreso tampoco han visto avances. 

“Hemos hablado de muchos temas: una mesa de alternatividad penal para revisar caso a caso, la revocatoria de las medidas de aseguramiento, para mirar si en algunos casos la Policía podría desistir de los cargos porque los únicos testigos son policías. Hay varias rutas, pero no nos hemos puesto de acuerdo”, le dijo a Cerosetenta Alirio Uribe. “No hemos definido una línea de acción”. 

Las organizaciones de derechos humanos que hacen parte de la Comisión accidental del Congreso han propuesto, por ejemplo, que los jóvenes capturados durante el paro hagan parte de la ley de “Paz total” que acaba de empezar su trámite en el Congreso. 

“Lo que hemos propuesto a la Consejería de la Juventud de la Presidencia es que estos jóvenes sean gestores de paz y convivencia a través del ejemplo, brindarles oportunidades académicas y laborales para que puedan salir de la cárcel y trabajen con sus comunidades y sean referentes de liderazgo”, le dijo a Cerosetenta Erika Prieto del Congreso de los Pueblos. 

Algo similar propusieron jóvenes líderes de las “primeras líneas”: “Consideramos que si los grupos al margen de la ley como las Farc y el ELN alzados en armas, con una trascendencia crimina,l han sido escuchados y han tenido la oportunidad de participar en mesas de diálogo con el Gobierno donde han tenido unas prebendas que los cobijan cómo figuras políticas, aún más nuestros compañeros de lucha que lo único que han hecho es defender los derechos de todo un país y ser hoy parte de este cambio de gobierno”, dijeron a Semana.

La propuesta, sin embargo, no quedó incluida en la ponencia de esa ley que discutió y aprobó la Cámara de Representantes la semana pasada semana. Tampoco cuenta con el respaldo de varios congresistas del Pacto Histórico, como el presidente de la Cámara, David Racero.

“El proyecto de ley de Política de Paz del Estado busca crear las condiciones para que el Gobierno pueda empezar un proceso de negociación que nos lleve a la consolidación de una paz total, en el marco de una política de seguridad humana. Esto es, la negociación del Estado con grupos armados. En este marco no es correcto decir que los jóvenes judicializados, por reivindicar y defender sus derechos, deban acogerse a estos mecanismos de negociación; no se compadece con la naturaleza de su captura”, le dijo Racero a Cerosetenta.

En cambio, dijo que el Gobierno tiene la intención de presentar otro proyecto de ley que aún está en construcción para el sometimiento a la justicia de estructuras de crimen organizado que quieran dejar las armas e integrarse a la sociedad civil. “Si en este marco se puede hacer algo para que estos jóvenes puedan obtener la libertad, sería justo realizarlo”, dijo Racero.

Alirio Uribe reconoce que las posiciones de los congresistas del Pacto que apoyan la libertad de los jóvenes capturados parecen contradecirse.

“Cada quien habla desde donde está parado. Lo que sí es cierto es la voluntad política de hacer algo por ellos, todo es un proceso y seguimos en diálogo”. dice el Congresista

Las organizaciones de derechos humanos, por su parte, insistirán en su propuesta de incluirlos en el proyecto de paz total, según le dijo Erika Prieto a Cerosetenta: 

“El problema es que los intereses de cada quien pujan para su lado, pero digamos que en este caso hay que hacer mucha presión”, dice Prieto. “De lo que hemos mirado hasta el momento no existe ninguna ruta que sea más ágil que esto [el proyecto de Paz total]”. Por eso, asegura que la otra semana las organizaciones de la sociedad civil van a reunirse con el Ministro de Justicia “para que nos dé el aval a la proposición y se meta en el texto que va votarse tanto en las plenarias de Cámara como el Senado”. 

Y mientras todos se ponen de acuerdo, jóvenes como Juliana Higuera deberán seguir sometidos a la “presión”, como la define ella, de ser estigmatizados y perseguidos. 

“Es un tema de justicia, porque somos inocentes, las afectaciones en nuestras vida han sido en todos los ámbitos», dice Higuera.