Aborto hasta la semana 24: un plazo necesario

Con la decisión de la Corte Constitucional de despenalizar el aborto en Colombia hasta la semana 24 de gestación, quienes se oponen al fallo se han concentrado principalmente en el tiempo de ese plazo, que equivale a unos cinco meses y medio, aproximadamente. Los mensajes en medios de comunicación, redes sociales y en cadenas de WhatsApp solo aumentan el nivel de alarmismo: que interrumpir un embarazo de esa edad gestacional es un cruel asesinato, que cuántos niños no han nacido a las 24 semanas y sobreviven, o que el límite gestacional fijado por la Corte responde en realidad al negocio de traficar órganos fetales, como aseguró la presentadora y modelo Carolina Cruz en sus redes sociales hace unos días.

Con ese tipo de argumentos, organizaciones civiles, figuras públicas y hasta candidatos a Congreso y Presidencia, no solo han omitido los avances legislativos en materia de derechos de las mujeres en lugares como el Reino Unido donde el aborto está despenalizado hasta la semana 24 desde 1967, sino además han descalificado y estigmatizado la situación de las mujeres y niñas en Colombia que buscan abortar en etapas avanzadas del embarazo. Esta línea argumentativa deja por fuera los contextos reales a los que se enfrentan quienes toman esa decisión. Según Women’s Link, entre el 10% y el 15% de abortos en el país se hacen en el segundo trimestre —de la semana 13 a la 26—, en su mayoría a menores víctimas de violación o a mujeres en la ruralidad.

“Las mujeres no llegan a esa edad gestacional buscando interrumpir su embarazo porque quieren o porque sí”, explica Carolina Triviño, abogada que hace asesoría y acompañamiento legal en La Mesa por la vida y la salud de las mujeres. Según su experiencia, muchas mujeres no se dan cuenta de que están embarazadas hasta etapas gestacionales avanzadas. “Pasa que muchas mujeres han decidido abortar mucho antes, pero han encontrado barreras en los servicios de salud o en los servicios de protección en temas de niñas y adolescentes. También han encontrado un desconocimiento profundo de las rutas de acceso”.

Las historias que soportan lo que cuenta la abogada abundan. Un breve repaso de algunos testimonios, publicados por La Mesa, da luces de por qué una persona gestante que llega a la semana 24 buscando interrumpir su embarazo no lo hace por capricho o crueldad, sino por situaciones apremiantes que las dejan sin otra alternativa.

Está el caso de Y, que se enteró de que estaba embarazada a las 18 semanas de gestación. Su embarazo era producto de una violación y decidió interrumpirlo. Tras denunciar ante la Fiscalía, fue remitida a un hospital que durante 15 días no le dio respuesta ni inició ninguno de los trámites que debía. Un mes después, solo gracias a la presión de organizaciones de abogadas que amenazaron con interponer una acción de tutela, pudo interrumpir su embarazo alrededor de la semana 22, cerca de cinco meses.

P estaba en la semana 17 cuando le dijeron que su embarazo era inviable, que no había actividad fetal. Estando en el hospital, un funcionario del lugar llamó a su mamá para decirle que P era una delincuente y que sin la orden de un juez no la atenderían. Después la llamó el párroco del hospital, quien le dijo que hasta que P no se confesara y se le hiciera una misa al feto, no interrumpirían el embarazo.

V tenía 23 semanas de embarazo, más de cinco meses, cuando se enteró de que su futuro hijo tenía una malformación. Le ordenaron un examen que no estaba incluido en el POS, así que se lo hizo con un médico particular. De vuelta a la EPS, le dijeron que no podían aceptar certificaciones médicas particulares y que debía esperar hasta que pudieran hacerle el examen en la EPS.

También está la historia de C, una chica venezolana de 16 años que transitaba a menudo la frontera entre Colombia y Venezuela con su madre sobreviviendo del rebusque. C tenía unas 26 semanas de embarazo, casi seis meses, cuando se enteró de que podía interrumpir su embarazo en Colombia por tratarse de una violación. Ya había estado embarazada antes, producto de la agresión sexual del mismo hombre. En esa ocasión dio a luz a una bebé que murió horas después del parto. No quería repetir lo mismo, así que solicitó la IVE en una IPS pública. Pero la demora en el trámite de los documentos que la identificaban como migrante y víctima de violencia sexual la obligaron a continuar con su embarazo.

Finalmente C parió en Venezuela, de donde no pudo salir por el cierre de la frontera ese día. Su hija murió días después y C quedó con afectaciones físicas, mentales y aún expuesta al violador que la agredió sexualmente.

Pero estas historias no representan lo que sucede en la mayoría de casos de interrupción del embarazo en el país. Según organizaciones como Causa Justa y Médicos sin fronteras, entre el 70 y el 80% de los abortos en Colombia se hacen en el primer trimestre de embarazo, y solo el 2% se hace más allá de la semana 20. En ese sentido, la decisión de la Corte de despenalizar el aborto hasta la semana 24 estaría orientado, como han explicado voceras de Causa Justa, a garantizar que incluso las mujeres en las situaciones más extremas —que no son la mayoría pero sí las más vulnerables— puedan contar con el tiempo y la garantía de interrumpir su embarazo de forma segura.

“Con toda esta discusión tan misógina que se ha dado, la gente piensa que la mujer va a abortar frívolamente a los seis meses igual que si fuera a las seis semanas, que le parece lo mismo”, afirma Laura Gil, ginecóloga y obstetra, vocera del Grupo Médicos por el Derecho a Decidir e integrante de Causa Justa. “Claro que no, ellas son conscientes de la formación fetal. La decisión es mucho más fácil en las primeras semanas que de manera tardía. No es que la mujer se haya quedado sentada esperando los seis meses para ver si aborta o no”.

Laura Gil explica que las mujeres que buscan abortar en esa edad gestacional comparten varias características: son las más jóvenes, niñas que a veces ni han menstruado y solo hasta que les notan la barriga se sospecha el embarazo. También las que enfrentan momentos de crisis, como la pérdida de su red de apoyo o de su pareja. Son las que se enteran de anomalías fetales, las que reciben diagnósticos de enfermedades crónicas o terminales que podrían llevar a la orfandad del hije, o a una pobre calidad de vida.

Y en la gran mayoría de casos son las más pobres, las menos educadas y las que viven en la ruralidad, un grupo para quienes las barreras del sistema de salud son más aplastantes.

El nivel de barreras a las que se enfrentan niñas y mujeres es tal, que incluso hay casos en los que la comisaria de familia que atendía a una niña en embarazo la demandó a ella y a su madre por buscar interrumpirlo.

Eso lo confirma Carolina Triviño, quien ha trabajado directamente con las mujeres y niñas que llegan a La Mesa buscando interrumpir el embarazo después de haber encontrado trabas y negaciones: “No es lo mismo acceder en las zonas rurales que urbanas. No es lo mismo acceder en unos territorios donde hay grupos armados. No es lo mismo cuando hablamos de las mujeres, jóvenes y niñas migrantes, sobre todo aquellas que se encuentran de manera irregular, que llegan de Venezuela —donde el aborto es ilegal— con desconocimiento y creen que si acuden a alguna institución pública por información pueden ser deportadas a su país”. La abogada cuenta que el nivel de barreras a las que se enfrentan niñas y mujeres es tal, que incluso recibieron un caso en el que la comisaria de familia que atendía a una niña en embarazo la demandó a ella y a su madre por buscar interrumpirlo.

Lo que por años han repetido activistas y organizaciones civiles es que los obstáculos —y en ocasiones la revictimización y la violencia— que viven quienes buscan un aborto seguro en Colombia, lleva a las mujeres a recurrir a abortos inseguros. Y esto pasa incluso en los casos que ya eran permitidos por la ley, luego de las tres causales establecidas en la sentencia C-355 de 2006. Según el instituto Guttmacher, cada año en Colombia se inducen unos 400.400 abortos, de los cuales solamente entre el uno y el nueve por ciento son practicados en instituciones de salud, acogiéndose a una de las tres causales despenalizadas. El resto son abortos ilegales, de los cuales cerca del 32% resultan en complicaciones evitables en condiciones seguras. Cada año en Colombia, unas 132.000 mujeres sufren complicaciones por abortos inseguros y unas 70 mueren.

Estos sectores de la sociedad también han recalcado que una mujer que quiere interrumpir su embarazo lo hará de cualquier manera que le sea posible, incluso si eso significa poner en riesgo su propia vida.

“A mí me preocupa mucho cómo retratan a la mujer como la mala que no piensa en el bebé, que lo quiere matar. En un evento nos dijeron que la discusión se estaba calificando como los derechos de las mujeres por encima de los derechos de los niños. Y es exactamente lo contrario. Yo he atendido a mujeres de todas las edades gestacionales, y no conozco una mujer que lo haya hecho porque odie al bebé y quiera deshacerse de él. Lo hacen por lo general pensando en el bebé, no en ellas. En general, la mayoría lo que dicen es ‘yo no quiero que un hijo mío sufra’”, cuenta Laura Gil.

Para ella, la discusión de quienes se oponen a las 24 semanas ha perdido de vista a la mujer e incluso, dice, al niño, por poner la atención sobre el feto. Una mujer que decide interrumpir su embarazo, explica, lo hace porque tiene una razón tan poderosa que la lleva a concluir que eso es lo mejor para el feto antes de que sea niño. “Una mamá no es boba: entiende las diferencias del dolor y de los estímulos, y sabe que ella quiere ahorrar ese sufrimiento para un niño y por eso decide sobre un feto”.

A mí me preocupa mucho cómo retratan a la mujer como la mala que no piensa en el bebé, que lo quiere matar.

Sin embargo, Laura Gil y otras integrantes del movimiento Causa Justa también critican el límite de las 24 semanas. Por un lado, aseguran que la decisión de la Corte sigue dejándole al aborto la categoría de delito, uno que si bien no aplica hasta la semana 24 y sigue contando con las causales, aún permanece en el Código Penal —con todas sus implicaciones culturales y simbólicas—. Teniendo en cuenta que el propósito de la demanda interpuesta por Causa Justa era justamente la eliminación total del delito de aborto, la despenalización propuesta por la Corte resulta en una victoria incompleta.

Por otro lado, Laura Gil explica que la decisión de establecer ese límite viene informada, de parte de la Corte, de la existencia de tecnologías disponibles en el mundo que se han usado para la supervivencia del feto justamente después de la semana 24. Un asunto que, según ella, no es pertinente en la discusión. Así, sin embargo, quedó consignado en la ponencia que presentó el magistrado Antonio José Lizarazo ante la Corte, que explica que la barrera para despenalizar el aborto debía ponerse a las 24 semanas porque desde ese punto del embarazo el feto tiene una probabilidad de más del 50% de desarrollar vida por fuera del útero.

Tampoco es la primera vez que se asocia el límite de las 24 semanas con la mayor posibilidad de tener un feto viable: en 1990, el Reino Unido bajó el límite de semanas a las que se podía acceder a un aborto libre de 28 semanas —que habían sido aprobadas en 1967— a 24. La razón fue la misma: en ese punto un feto podía ser viable por fuera del cuerpo de la madre.

“Eso es comparar peras con manzanas. Si una mujer tiene una enfermedad grave, tiene 24 semanas y quiere a su bebé, pues hay que hacer todo lo posible para salvar ese bebé. Y por supuesto que eso es lo que hacemos. Pero la mujer que quiere terminar el embarazo, por qué tiene que someter su decisión a unos tiempos en función de una tecnología extraordinaria que salva bebés, si eso no es lo que está buscando”, asegura la médica.

De cualquier forma, Gil, las demás integrantes de Causa Justa y activistas celebran la decisión de la Corte y tienen claro que sigue un trabajo inmenso para que lo que ya quedó consignado en el papel se materialice en la realidad de las mujeres, jóvenes y niñas en el país. Un trabajo que además de enfrentar las barreras que los sistemas de salud y de justicia le han puesto al aborto en Colombia, también debe enfrentarse a los discursos violentos y engañosos que califican el acceso a un derecho como crueldad y asesinato.

*Esta nota es un esfuerzo colectivo entre Cerosetenta y MANIFIESTA por crear conversaciones y cubrir este fallo histórico de la Corte Constitucional.