En medio del Paro, la reforma tributaria de Iván Duque vuelve al Congreso. Ahora con algunos alivios para los más pobres pero con los mismos beneficios para los más ricos.
El martes 26, justo cuando aumentaba la tensión por el Paro Nacional, el presidente Iván Duque presentó en rueda de prensa los cambios a su nueva reforma tributaria, que reemplazará la que la Corte Constitucional le tumbó por vicios de forma.
La ley, que ya no se llama Ley de Financiamiento sino de Crecimiento Económico, contiene cuatro cambios que muchos llaman grandes: primero, devolver el 100 % del IVA a las familias más pobres del país, un recorte tributario que, según el Presidente, aliviará los bolsillos del 20 % de la población. Segundo, reduce del 12 % al 4% el aporte de salud que pagan los pensionados gradualmente hasta el año 2022. Tercero, incentiva el empleo de jóvenes entre 18 y 28 años, con incentivos tributarios para los empleadores que los contraten. Y, por último, elimina el cobro del IVA durante tres días al año, una especie de Black Friday tributario, para adquirir prendas de vestir y productos de tecnología.
Todas estas medidas alivian hasta cierto punto la carga tributaria de las personas más pobres del país. Pero, aún sumándolas todas, no alcanzan a compararse con los descuentos de impuestos que propone esta ley para las empresas que pertenecen al 1 % más rico.
El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana ha hecho cálculos que lo demuestran. Recién se presentó la Ley de Financiamiento, por ejemplo, el mismo Ministerio de Hacienda evaluó el impacto de devolver el IVA al 30 % de la población más pobre del país. En ese momento, el costo redondeado de implementar estos subsidios era de 2,5 billones de pesos, menos que la tercera parte de las reducciones de impuestos que propone esta ley para las empresas. Suponiendo que el costo sea proporcional, la devolución del IVA para el 20 % más pobre sería de 1,7 billones o menos. En otras palabras, mientras la reducción en impuestos para el 20 % más pobre del país no son más de dos billones de pesos, para el 1% más rico la reducción será de 9 billones de pesos, lo cual equivale al doble del presupuesto anual de las universidades públicas del país.
Eliminar el cobro del IVA durante tres días al año también genera reservas. Aunque reduce muy poco la carga tributaria para las personas, puede terminar complicando innecesariamente el sistema de cobro tributario. Además puede convertirse es una medida que concede beneficios altos a personas que no la necesitan, ya que los descuentos aplican por igual a gente de todos los niveles socioeconómicos, y pueden ser aprovechados mejor por quienes pueden concentrar muchas compras en unos pocos días, mientras quienes no tienen la liquidez para hacerlo no se benefician tanto.
En todo caso, estas medidas que propone el Gobierno van a reducir los ingresos tributarios del Estado. Ya no sólo a través de los descuentos en impuestos para las empresas, sino ahora también para las personas más pobres. Estos son los mismos impuestos con los cuales el Estado financia los programas sociales para apoyar a los ciudadanos y a las regiones más vulnerables. ¿De dónde sacará la plata el Gobierno para cubrirlos ahora? ¿Cuáles programas tendrán que ser eliminados por falta de recursos?
Parece contradictorio que este Gobierno haya arrancado el debate de la Reforma Tributaria hace un año argumentando que tenía un hueco fiscal de 14 billones de pesos, proponiendo, en un primer momento, aumentar el cobro del IVA a toda la canasta familiar para llenarlo. La medida entonces era coherente con el propósito del Gobierno de reducir los impuestos a las empresas porque, a través del aumento en el cobro del IVA, se compensaba ampliamente lo que se dejaría de recaudar vía recortes tributarios a las empresas. Sin embargo, ante la impopularidad que despertó esta medida en el Congreso, respaldada por protestas de los ciudadanos, el Gobierno prefirió reducir la financiación del Estado para mantener esos descuentos tributarios. Y lo hizo a pesar de que, en el largo plazo, estas medidas pueden afectar la sostenibilidad financiera del Estado.
Por eso, aunque las medidas que propuso ayer el Presidente pueden ser interesantes, deberían ser solo el comienzo de una discusión más amplia sobre cómo hacer una reforma tributaria estructural que resuelva la tremenda desigualdad que hay en Colombia. Ese es, precisamente, uno de los puntos que ha motivado las actuales protestas del Paro Nacional. La reforma tributaria hace parte del ‘paquetazo’ económico de Duque, como han llamado coloquialmente los líderes del paro a las reformas tributaria, pensional y laboral que estudia este Gobierno. Pero, a diferencia de las dos últimas, la tributaria ya fue radicada en el Congreso, por lo que el Gobierno no puede escudarse en decir que se trata de una mentira, de una noticia falsa de sus opositores para promover el paro.
Si el Presidente quiere demostrar una voluntad real de cumplir las metas que dice tener su Gobierno en materia de inclusión y equidad, debería postergar la discusión de esta ley hasta el próximo año. Sin afán. Desde esta tribuna le hago barra para que lo haga. Como he escrito en otras columnas, ese afán no es es necesario. El argumento para justificar esta reforma tributaria era un hueco fiscal en el presupuesto del año 2019, y el 2019 ya se acabó. No hay ninguna urgencia en pasar, sin una discusión amplia, una reforma tributaria que abra un hueco fiscal para 2020.
Promover una discusión amplia sobre este tema, que no sólo incluya a los empresarios sino a todos los sectores de la sociedad, puede terminar siendo, en cambio, uno de los legados más importantes de este Gobierno. Una discusión de esa magnitud no alcanza a darse antes del 31 de diciembre, que es el plazo que fijó la Corte para que la ley anterior pierda vigencia.
El Congreso también tiene una oportunidad para demostrar que sí está ejerciendo el papel de contrapeso al poder ejecutivo que le corresponde según la Constitución. Aprobar una reforma tributaria de este tipo, sin un amplio apoyo popular y en pleno Paro Nacional, puede ser riesgoso para el promedio de los congresistas. Las personas que están en las calles no verán con buenos ojos que ellos aprueben medidas improvisadas que intentan despistarlos para salvar, en cambio, un recorte de 9 billones de pesos en impuestos para los empresarios. Los congresistas deben ser conscientes que estamos en una sociedad cada vez más informada e interesada en tener una representación política real, y menos susceptible a las tretas de la política clientelista tradicional. Si no actúan conforme a la voluntad de quienes los eligieron, el electorado va a terminar cobrándoles sus decisiones en las urnas.
