El 14 de junio de 2016 la bancada del Centro Democrático presentó ante el Senado un proyecto de ley que buscaba endurecer las sanciones por ausentismo a congresistas. Ese mismo día, el proyecto fue archivado por falta de quórum. En 2016, también,  la Revista Semana publicó un estudio realizado por egresados de la Universidad de los Andes que revelaba en sus cifras que 34 de los 158 representantes elegidos al Congreso habían asistido a menos del 90 % de las sesiones. A pesar de que los registros de asistencia deberían ser públicos, estos no son de fácil acceso para los ciudadanos, lo cual crea una brecha compleja entre ellos y sus electores.

Es una brecha que se profundiza aun más cuando los votantes no tienen manera de constatar el trabajo de los líderes a quienes eligieron. Líderes que al final de su periodo no tienen la obligación de rendir cuentas sobre su gestión, ni sobre su vinculación con lobbistas que defienden intereses particulares que van en contravía de los ciudadanos, ni de los vínculos políticos que forman en elecciones internas de otros funcionarios públicos. Estos son datos que deberían ser públicos. Rendir cuentas y ser transparentes con sus actos como congresistas debería ser inherente a su labor, es parte de su trabajo. 

Este domingo 26 de agosto se votará en las urnas la Consulta Anticorrupción y uno de los puntos clave es la rendición de cuentas por asistencia, votación y gestión por parte de los parlamentarios. Felipe Botero y Beatriz Gil, codirector e investigadora Senior de Congreso Visible, nos ayudaron a analizar la quinta pregunta de esta consulta y a entender cuál es la relación entre la rendición de cuentas y la corrupción.

Colombia, de acuerdo con Felipe Botero, podría revisar los mecanismos de rendición de cuentas de países como Chile, Uruguay, México e incluso Costa Rica.  Ellos han creado estrategias estandarizadas o, simplemente, iniciativas que podrían ser emuladas para el caso nuestro. En Chile, por ejemplo, el Congreso cuenta con una oficina que se encarga exclusivamente de revisar los proyectos de ley y solo cuando tienen un aval de no ser inconstitucionales, pueden presentarse en plenaria. Esto no ocurre en Colombia, nadie garantiza que cada uno de los proyectos de ley presentados sea armónico con el ordenamiento jurídico antes de ver la luz pública.

El quinto punto de la Consulta Anticorrupción, según Botero, evidencia que el Congreso colombiano carece de capacidad técnica, así como la organización de la Rama Legislativa. Lo que se necesita es, sin duda, mayor voluntad política y menos esfuerzos episódicos.

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