Tres conclusiones de la #MarchaPorLaEducación

Acaba de terminar la marcha que convocaron estudiantes en todo el país para exigirle al gobierno de Iván Duque más recursos para las universidades públicas. Estas son las conclusiones de la primera gran movilización que le toca enfrentar al Gobierno.

por

cerosetenta


10.10.2018

La marcha de los estudiantes se volvió un clamor nacional. Hoy los estudiantes se movilizaron no sólo para pedir más plata para la universidad pública, sino para exigir un nuevo modelo de educación superior y para que la educación sea un derecho.

Mientras los líderes de universidades públicas y privadas vociferaban en frente de quienes hoy llenaron la plaza de Bolívar, de la tarima salió enrollada una bandera gigante blanca y percudida, hecha con retazos de tela, que llevaba escritas 10 peticiones. Las mismas 10 propuestas que el 27 de septiembre de este año la Unión Nacional de  Estudiantes de la Educación Superior (UNEES) le entregó al Congreso y que esperan que este gobierno tenga en cuenta en la definición del presupuesto del 2019. Pedían aumento del presupuesto, la reliquidación de las deudas del Icetex, el congelamiento de las matrículas de las universidades privadas, la garantías para la movilización estudiantil, entre otras. Y en medio de estas peticiones, hoy los estudiantes decretaron un paro nacional en las universidades públicas de todo el país, que comenzará mañana y que no se levantará hasta que el Gobierno negocie con ellos.

Aunque aún no sabemos cuál será el alcance de esa negociación, la jornada de hoy marcó un buen comienzo. Estas son las principales conclusiones que deja la primera gran movilización social a la que se enfrenta el gobierno de Ivan Duque.

Sí habrá más plata. Falta definir cómo

Antes de la hora cero de la marcha a la que convocaron los estudiantes de las universidades en el país, la ministra de educación María Victoria Angulo anunció que en el presupuesto de 2019 se va a adicionar una partida de 500 mil millones de pesos para la educación superior. Esa era la plata que había pedido el Sistema de Universidades Estatales —la agrupación que reúne a los rectores de 32 universidades públicas del país— al Congreso para solventar el déficit de 3.2 billones de pesos ahora que se está discutiendo el presupuesto para el 2019. Durante la marcha, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, confirmó la noticia, luego de reunirse con los congresistas de las comisiones terceras, encargadas de definir el presupuesto.

Por su lado, el presidente Iván Duque dijo, durante una reunión en la Cámara de Comercio de Bogotá, que su compromiso será darle más recursos a la educación. Y anunció que “solamente el año entrante vamos a dar gratuidad a más de 80 mil jóvenes en la universidad y antes de acabar mi gobierno quiero que sean 400 mil jóvenes”.

Si no se aclara cómo se va a repartir esa plata, no resuelven nada. Es lo mismo que han hecho desde el 2007 y la situación no ha cambiado

Esos 80 mil jóvenes son el doble de los que ha cubierto el programa Ser Pilo Paga en los últimos cuatro años y que ha tenido un costo –repartido desde 2014 hasta 2018– de 2 billones de pesos. A pesar de eso, el Presidente se comprometió a terminar de pagar la educación de los Pilos porque hasta ahora, ninguna de las cuatro cohortes se ha graduado.

“Espero que tengamos recursos para la universidad pública, sería irresponsable de mi parte decirles a los muchachos del programa Ser Pilo Paga que se apaga el programa y que vuelvan a sus casas, nuestro compromiso es pagar hasta el último matriculado de ese beneficio porque es palabra de Estado”, dijo el Presidente.

Lo que no dijo el presidente es cómo se va a repartir esa plata.

Hoy, las universidades públicas están en crisis por tres razones principalmente: uno, porque la plata no les alcanza para cubrir sus gastos; dos, porque tienen deudas acumuladas muy grandes; y tres, porque la distribución de los recursos es inequitativa.

Según la ley 30 de 1992, el 50 % de los recursos va para las cuatro universidades más grandes del país (la Nacional, la de Antioquia, la UIS y la del Valle) y el resto se reparte entre las otras 28 universidades públicas. Por eso, para la experta en educación, Isabel Segovia, más plata para las universidades públicas sirve pero es clave definir si se va a seguir repartiendo igual o si se va a redistribuir más equitativamente.

“Si no se aclara cómo se va a repartir esa plata, no resuelven nada. Es lo mismo que han hecho desde el 2007 y la situación no ha cambiado”, dice.

Se fortalece el movimiento de estudiantes

Desde 2011 no salían tantos estudiantes a las calles. Entonces fueron miles quienes, congregados por la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE), salieron a marchar. Exigían al gobierno de Santos, y a su ministra de Educación María Fernanda Campo, que frenaran la reforma a la Ley 30 que buscaba, entre otras, permitir que la empresa privada pudiera invertir en las universidades públicas y la creación de universidades con ánimo de lucro.

Los logros de la MANE en 2011 no fueron pocos. Por un lado, logró movilizar una nueva masa de estudiantes en todo el país que, además, logró aprovechar las redes sociales para amplificar lo que exigían en las calles. Los estudiantes se ganaron la atención de los medios y la sociedad civil. La presión logró su cometido: el Gobierno tumbó la reforma y la MANE se ganó un espacio para discutir una nueva reforma.

Sin embargo, el impulso de la MANE se perdió en los años siguientes en los que poco o nada se consiguió para lograr una nueva reforma. Moisés Wasserman, entonces, rector de la Universidad Nacional, le dijo a Semana en una nota de 2014, que la euforia de la MANE había sido más grande que sus logros: “Aunque el movimiento generó gran simpatía, truncar la ley era mucho más fácil que ir al Congreso y dar la pelea por ajustarla. Ellos se contentaron sólo con tumbarla”. Miembros de la MANE reconocieron divisiones internas, acusaron al Gobierno de no abrir los espacios de diálogo que les había prometido y muchos dijeron estar amenazados. El gran movimiento de 2011 terminó diluído y sus exigencias, archivadas.

Se volvió un clamor popular a pesar de que la crisis no es nueva, es un tema que lleva 20 años

Hoy las calles de Colombia volvieron a llenarse de estudiantes. Y hoy, en vez de la MANE, aparece la UNEES. Una organización que según Santiago Rojas, miembro de la Asamblea Javeriana de la UNEES, es una organización unitaria nacional: “La MANE era una plataforma de estudiantes de la que podían participar un grupo muy amplio de la sociedad civil. Pero la UNEES tiene una forma, una estructura, unos principios más claros”. No es la única diferencia: la MANE nació alrededor de el único propósito de trancar y reformular la reforma a la Ley 30. La UNEES es más ambiciosa: discutir de manera definitiva el modelo educativo colombiano.

“Creo que lo importante es que el debate educativo sobrepasa el tema financiero”, asegura Rojas, “Tenemos un modelo educativo que refleja el país que tenemos. Por eso estamos tan precarizados y por eso estamos en un país que dice que no quiere acabar la guerra. Hoy volvemos los estudiantes a insistir sobre la terquedad”.

La marcha logró unificar al país

A pesar de que como siempre, varios políticos aprovecharon la movilización de los estudiantes para robarse por unos minutos el micrófono, esta jornada fue histórica. Por primera vez, el país se volcó para defender la educación pública como una causa común. En muchas ciudades hubo marchas a las que no solo asistieron estudiantes de las universidades públicas sino que se sumaron estudiantes de universidades privadas, maestros, rectores y sindicatos. Además, casi todos los medios de comunicación estuvieron siguiendo el minuto a minuto y en twitter los hashtags relacionados fueron tendencia durante casi todo el día.

“No es fácil mover a la gente por esta causa y hoy se vio una genuina preocupación de mucha gente por la educación pública. Se volvió un clamor popular a pesar de que la crisis no es nueva, es un tema que lleva 20 años”, dice Isabel Segovia, experta en educación.

Segovia agrega que esta marcha fue diferente a las que hubo en 2011 y que también paralizaron al país por varios días.  En ese caso, dice, fue una protesta en contra de la reforma a la ley 30 que proponía la entonces ministra de educación María Fernanda Campo. En cambio, la de hoy fue un clamor por la educación superior como un bien público.

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