Sindicalista, feminista y comunista: la ministra del Trabajo y la deuda histórica que busca saldar

Hay desempleo, precarización e informalidad. Una institucionalidad débil. Un estatuto postergado por 31 años. La nueva ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez —referente del sindicalismo en el país— llega a un sector que necesita cambios. Sus primeras propuestas suscitaron polémica. No será fácil.

por

Lina Vargas Fonseca


18.09.2022

Ilustración: Nefazta

“Es extraño hablar desde este lado”, dice Gloria Inés Ramírez, maestra, militante del Partido Comunista Colombiano (PCC), feminista, dirigente sindical, exsenadora y, desde el pasado 7 de agosto, ministra del Trabajo.

Hoy, 8 de septiembre, está en el auditorio Huitaca de la Alcaldía Mayor de Bogotá donde se realiza la Conferencia Nacional del Trabajo en la que las tres principales centrales obreras del país —CUT, CGT y CTC— presentan una agenda de propuestas para una reforma laboral. Ella recibe el documento de tapas azules y en su discurso menciona la necesidad de dignificar el trabajo, de mejorar las condiciones, las libertades sindicales, la seguridad social, y el diálogo entre trabajadorxs y empresarios. También habla de la urgencia de una reforma que contemple la realidad laboral en Colombia de aquí a 20 años. Hay sindicalistas, magistrados, miembros de la OIT, senadores y trabajadorxs. La ministra se refiere a ellxs como compañeros y compañeras. Su tono es decidido y al tiempo suave; estricto, aunque casi pedagógico. El público la escucha confiado, pero la ministra advierte que la tarea no será fácil. 

“Ella viene del movimiento sindical. Conoce nuestras angustias y problemas”, dice a Cerosetenta Percy Oyola, presidente de la Confederación General del Trabajo (CGT). 

“Hay una gran acogida ante el nombramiento. Gloria Inés Ramírez ha sido la única presidenta de Fecode [Federación Colombiana de Educadores], el sindicato más importante del país, y eso le permite ser una ministra que sabe de trabajo. Además, en su carrera ha desarrollado una perspectiva feminista por lo que existe la posibilidad de una política laboral con enfoque de género”, señala Alejandra Trujillo, coordinadora en las áreas de democracia, fortalecimiento de sindicatos y justicia de género de Fescol.  

“Su perfil es coherente entre lo político, lo sindical y lo organizativo. Por lo general, un dirigente se va por un solo lado, ella no. Entiende la estructura del país y de los partidos políticos”, agrega Gladys Delgado, abogada laboralista y militante del Partido Comunista. 

Jaime Caycedo es secretario general del Partido Comunista y conoce a Gloria Inés Ramírez desde que ambos militaban en la Juventud Comunista (JUCO). De ella resalta su inteligencia emocional y la agilidad para sortear situaciones adversas. Es metódica, comenta Caycedo, abierta al diálogo. Por su parte, su amiga Ruby Hincapié, que también fue maestra y sindicalista, dice que es muy organizada. Y alegre. “Se ríe, saluda a todo el mundo, le gusta la música. ¿Qué música? La canción social, la salsa, las cantautoras y Galy Galiano. Cuando nos reuníamos me decía: ‘Ay, ¿será que lo escuchamos?’ y nos reíamos mucho”. 

Junto con la ministra de Cultura, Patricia Ariza, Gloria Inés Ramírez es la primera militante comunista que integra un gabinete presidencial en Colombia. Recibió la noticia en Santa Marta, donde ahora vive. Caycedo recuerda que cuando empezaron los empalmes del gobierno Petro, el partido Comunista estaba listo para ayudar. “Sin pretensión de nada. Simplemente pasamos listas de compañeros y compañeras para trabajar en los empalmes y creo que de los pocos ministerios en los que no tuvimos asistencia fue en Trabajo. De repente, llamaron a Gloria. Ella consultó con el partido, dialogamos, y pasó un mes hasta el trino que despejó las dudas.”. 

Al mediodía del pasado 6 de agosto, el presidente Petro tuiteó: “En el ministerio del Trabajo estará Gloria Inés Ramírez, defensora de los derechos humanos y la reivindicación de los trabajadores. Ha sido una mujer que ha luchado por los derechos de las mujeres y la equidad de género”. Le siguieron mensajes de figuras políticas como Jahel Quiroga y Ángela María Robledo que celebraban el nombramiento. La JUCO replicó en redes: “Le pique a quien le pique, tenemos ministra bolchevique”. También, de inmediato, circularon titulares como este de la revista Semana: “Video prueba que Gloria Inés Ramírez, ministra del Trabajo de Petro, sueña con ideas de ‘Chávez, Evo y Correa’ en Colombia”. 

Las voces contrarias reaparecieron tras una de las primeras propuestas de la ministra: retomar la jornada de trabajo diurna de 6 de la mañana a 6 de la tarde y la nocturna de 6 de la tarde a 6 de la mañana, lo que implicaría extender a ese lapso el recargo del 35 % de remuneración sobre las horas nocturnas. Así ocurría antes de la Ley 189 de 2002 que determinó que la jornada nocturna empezaba a las 10 de la noche. Gloria Inés Ramírez ha explicado que esa ley fue pensada con un carácter transitorio y condicionado a cumplir una meta de 650.000 nuevos empleos en dos años. La meta no se cumplió y 20 años después la ley continúa. Aun así, en el Congreso Empresarial Colombiano, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, indicó que la nueva medida podría ser un error en términos macroeconómicos y que era necesario estudiar el impacto que tendría sobre la generación de empleo. 

“En Colombia, en los últimos 30 años se han contraído derechos laborales en nombre de la competitividad”, anota al respecto Carlos Julio Díaz, director (e) de la Escuela Nacional Sindical.  “Eso no resolvió el empleo ni mejoró la calidad de vida”. En cambio, si se lograra la productividad en la economía a través, por ejemplo, de desarrollo en infraestructura, podría incidir en mejores salarios y garantías para lxs trabajadorxs. 

Las anticipadas tensiones entre la ministra y el sector empresarial serán probablemente un tema espinoso. Pero para ella y su equipo —por ahora se nombró al viceministro de Relaciones Laborales e Inspección y falta definir quién ocupará el viceministerio de Empleo y Pensiones— esas tensiones no son el único reto. El profesor y abogado experto en derecho laboral Jairo Villegas enumera las profundas fallas del sector: 

Una informalidad que ronda el 60 %. 

Una formalidad en la que abunda la precarización: jóvenes con contratos de trabajo por uno, dos o tres meses o con órdenes de prestación de servicios cuando hay relación laboral. 

Nóminas paralelas en entidades del Estado sin derecho a estabilidad ni prestaciones sociales. 

Un sindicalismo debilitado y fraccionado cuya tasa de afiliación, en el mejor de los casos, no alcanza el 5 %. 

“La Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales es importantísima [pero] no funciona, no se reúne periódicamente ni tiene un cronograma de actividades” — Jairo Villegas

“El Ministerio del Trabajo no ha servido para nada”, dice el abogado Villegas. Según él, esa cartera incumple dos tareas cruciales: la inspección, control y vigilancia de las normas de trabajo y el diálogo que tendría que darse en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, ideada como un escenario de participación tripartito entre sindicatos, empresarios y gobierno en la que, sin embargo, no se concerta mucho. “Funciona en noviembre o diciembre de cada año como una pasarela mediática para definir si 7 es más que 6 para efectos del salario mínimo legal. Eso no significa políticas salariales. Esa comisión importantísima no funciona, no se reúne periódicamente ni tiene un cronograma de actividades”, insiste Villegas.

De ese tamaño, dice, es el problema con el que se encuentra la ministra. 

La excepción 

Gloria Inés Ramírez nació en el municipio caldense de Filadelfia en 1956 y es licenciada en Matemáticas y Física de la Universidad Tecnológica de Pereira. Fue ahí donde comenzó su militancia y se vinculó a Provivienda, una organización del Partido Comunista que ayudó a construir cerca de diez barrios en sectores populares de la ciudad. Allí, en los años 70, Ruby Hincapié la conoció. Hoy pensionada, desde su casa en Pereira, Hincapié cuenta que ambas se afiliaron al Sindicato de Educadores de Risaralda (SER) y que para entonces Ramírez era maestra de escuela primaria, aunque pronto asumió un cargo directivo en el SER. Desde ahí, a comienzos de los 80, creó la Comisión de Asuntos de la Mujer, la tercera en el país en el gremio de la educación. 

En esa misma época, una mujer caleña llamada Stella Brand llegó a Pereira. Brand era licenciada en Ciencias Sociales, había hecho un doctorado en Historia Contemporánea en Moscú y militaba en el PCC. “Stella vino con el cuento del feminismo y logró convencer a un grupo de mujeres, entre esas a Gloria”, dice Maria Teresa Henao, también militante y amiga de la ministra Ramírez. Muchas de ellas siguen siendo cercanas y se llaman entre sí Las Brujas. 

Enseguida empezaron a trabajar: fundaron la Corporación Casa de la Mujer y la Familia —hoy Casa de la Mujer Stella Brand—, sacaron adelante la primera comisaría de familia de la ciudad desde donde, de manera inédita, se habló de violencia basada en género. “En esa época la violencia era algo tan natural que la gente pensaba que no se podía combatir ni denunciar”, recuerda Henao y agrega que probablemente ese fue el germen para uno de los grandes proyectos de Ramírez cuando fue senadora por el Polo Democrático entre 2006 y 2014: la ley que tipificó el delito de feminicidio en Colombia, conocida —en memoria de su homónima— como Ley Rosa Elvira Cely. 

Mientras tanto, en el sindicato, Gloria Inés lideró escuelas de formación en distintos municipios de Risaralda para maestras a las que el grupo habló sobre derechos y perspectiva de género en la educación. “Ay, ay, ay”, lamenta Ruby Hincapié. “¿Si fue difícil? Bastante. Y te digo: la dificultad empezaba por los compañeros del sindicato. Nosotras fuimos objeto de muchas burlas, ironías, obstáculos. El sindicalismo ha tenido una estructura muy patriarcal y era inconcebible pensar que las mujeres pudieran organizarse porque creían que íbamos a hacer paralelismo, a formar otro sindicato, en fin”.

“El sindicalismo ha tenido una estructura muy patriarcal y era inconcebible pensar que las mujeres pudieran organizarse porque creían que íbamos a hacer paralelismo, a formar otro sindicato” — Ruby Hincapié

Del SER, Gloria Inés Ramírez pasó a dirigir la Secretaría de la Mujer de Fecode, el sindicato del que luego sería la primera mujer presidenta. Martha Alfonso, vicepresidenta de Fecode y encargada de la comisión de derechos humanos, define a la ministra como “un referente histórico de la lucha magisterial” y anota que, durante su gestión, a comienzos de la década del 2000, el gremio atravesaba un momento crítico: recortes salariales, despidos y represión y, además, un pico de violencia que cobró la vida de maestros y maestras. En los años 80 y 90, Gloria Inés Ramírez fue testigo de los asesinatos a integrantes de la Unión Patriótica y ella misma tuvo que exiliarse en España. “Ella es parte de esa historia porque fue víctima de violencia, persecución y estigmatización”. 

Alfonso añade que el magisterio necesita reformas en cuanto a género, sobre todo para las maestras rurales: “El 70 % de las que estamos vinculadas somos mujeres, pero si vas a las juntas directivas, excepto en Bogotá, no ves a más de cuatro entre 15 miembros”. Hace falta una política de formación y participación de las mujeres porque, aún hoy, llegar a cargos de poder con voz propia, como hicieron ella y Ramírez, “es un acto de total rebeldía”. 

Tampoco fue fácil en la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), donde Gloria Inés inauguró el Departamento de la Mujer e hizo parte del comité ejecutivo, aunque al parecer el cargo asignado no se correspondió con el número de votos (45.000) que obtuvo en la asamblea que elige a los directivos. “Gloria tuvo la más alta votación en una elección directa de la CUT. Desafortunadamente, los varones se reunieron, deshicieron la componenda y ella quedó desdibujada”, explica Jaime Caycedo, del PCC. 

Para Alejandra Trujillo, de Fescol, el sindicalismo es un mundo patriarcal en el que la paridad no se ha logrado. Y, sin embargo, también es un mundo del que han surgido pequeños cambios como la inclusión de los temas de cuidado y equidad salarial entre las propuestas de la agenda elaborada por las centrales obreras. Trujillo concluye que es necesario que el Ministerio del Trabajo cuente con un enfoque de género que hoy no tiene y que debería ser transversal en temas como la informalidad, la generación de empleo y el acoso laboral.  

Un origen común 

Antes de ser nombrada ministra, Gloria Inés Ramírez ocupó una curul en el Senado durante dos periodos legislativos: de 2006 a 2014. Su amiga Ruby Hincapié afirma que su trabajo anterior en Fecode y la CUT la llevó a recorrer el país y le dio un reconocimiento en distintas regiones. Al tiempo, el grupo de mujeres educadoras que participó en los talleres de formación de género se encargó de hacer campaña en Risaralda: pegaron afiches, difundieron propaganda. Como dirigente nacional, Ramírez había defendido los derechos y la participación de las mujeres trabajadoras y además la unión con otras organizaciones como la Ruta Pacífica de las Mujeres. Con la Ruta convocaron a un encuentro de mujeres contra la guerra en Barrancabermeja, una ciudad, a inicios del 2000, tomada por el paramilitarismo. El encuentro se realizó cercado por hombres armados. Hincapié no recuerda exactamente, pero está casi segura de que Gloria Inés Ramírez estuvo allí. “¿Y por qué dio ese salto al Congreso? Bueno, porque estaba preparada, porque podía”, dice. 

Junto a la Ley Rosa Elvira Cely —que tipificó el delito de feminicidio—, como senadora, Ramírez participó en la creación de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, impulsó la inclusión de la economía del cuidado en Cuentas Nacionales. Además, presentó un proyecto de ley para crear un estatuto del trabajo —el pilar normativo del sector cuya elaboración, un mandato Constitucional, lleva posponiéndose 31 años— que no llegó a discutirse. Quizás por eso, durante la Conferencia Nacional del Trabajo la ministra asegura al movimiento sindical que está vez será distinto: sus propuestas serán escuchadas y no dormirán el sueño de los justos. 

Ese día, a su lado está el abogado Edwin Palma Egea, que asumió como viceministro de Relaciones Laborales e Inspección. Palma nació en Barrancabermeja y, como la ministra, viene del mundo sindical. Fue presidente de la Unión Sindical Obrera (USO), el mayor sindicato petrolero del país. 

“Hoy en Colombia el reto del sindicalismo es crecer. Hemos estado bordeando el 5 %. Los jóvenes tienen una resistencia a sindicalizarse, no ven ahí una oportunidad de crecer, no saben lo que significa la palabra: hacer justicia juntos y juntas”, dice el viceministro Palma a Cerosetenta. 

En las centrales obreras hay ánimo, pero, más que augurar relaciones siempre cordiales, la esperanza está puesta en la capacidad de diálogo entre sectores. Sin embargo, también el sindicalismo en Colombia necesita ajustes: aumentar su tasa de afiliación, consolidar un censo y registro veraces, unificarse —en el INPEC hay 39 sindicatos atomizados en lugar de uno eficaz— y trabajar en la paridad. También hace falta que el Estado y la sociedad entiendan que la sindicalización no es un delito, sino un derecho que contribuye a la democracia y, en buena medida, al desarrollo económico. Y, además, hay una deuda pendiente en Colombia que aún no se salda con reconocer y reparar el sindicalismo como víctima colectiva del conflicto armado. 

Juntos y juntas 

El presidente Petro anunció que la reforma laboral quedará agendada para 2023 y que en lo que resta del año empezará a discutirse. Pero hay medidas inmediatas. 

“Lo primero, así suene irónico, es que la Comisión Permanente de Políticas Salariales y Laborales no es permanente. Una decisión política sería volverla permanente. Y eso no requiere ninguna ley porque es el ministerio quien convoca y debería convocarla al menos mensualmente para discutir cómo generar empleo y combatir la informalidad”, propone el viceministro Palma. 

Dice que podrían formar subcomisiones departamentales y otra para la juventud. Podrían incentivar el diálogo social para resolver conflictos, agilizar el funcionamiento de los tribunales y reactivar la función de la policía administrativa del ministerio para que investigue las conductas antisindicales. Podrían —aunque esto requiere de un presupuesto que se resolverá en el Plan Nacional de Desarrollo— reforzar la labor de los inspectores del trabajo, acelerar los tiempos de resolución y asegurarles mejores condiciones laborales para que, entre otras cosas, mantengan su independencia. “No es gratuito que haya más de 1.300 procesos disciplinarios contra inspectores por hechos de presunta corrupción e ineficacia en el abordaje de los casos. Se puede decir que la inspección del trabajo ha sido inexistente”, señala el viceministro. 

En los últimos días, Gloria Inés Ramírez se reunió con el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corte Suprema de Justicia, mujeres de organizaciones sociales, abogados y abogadas laboralistas, pensionados, empresarios y gremios. La última semana de agosto, durante la visita del presidente Petro a Perú, el gobierno la designó como jefa de Estado. 

No será fácil. Lo dijo la ministra, lo sabe el viceministro y lo repiten quienes integran el mundo del trabajo. “No queremos maltratar la economía, ni más faltaba. Por el contrario, queremos robustecerla a través de inversión extranjera, generando empresa y trabajo decente”, explica Palma. El 8 de septiembre la Conferencia Nacional del Trabajo termina entre aplausos. Se siente entusiasmo, por ahora. Expectativa. Unión. Durante el discurso de la ministra, alguien grita desde el público: “¡Viva la dignificación del trabajo!”. 

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