Más que Bienestarina: ¿Por qué el ICBF debería ser el corazón del nuevo gobierno?

En esta entrega de nuestra serie de entrevistas Perifonea: voces ultravioleta, la abogada Viviana Vargas Vives nos habla del ICBF, una de las entidades con mayor presupuesto y presencia territorial del país, cuyas funciones —bien entendidas— tienen todo que ver con el programa de gobierno. El nombramiento de su nueva directora, sin embargo, despierta dudas.

por

Lina Vargas Fonseca


24.09.2022

Ilustración: Nefazta
Foto de Viviana Vargas Vives

Con sus 33 sedes regionales, 215 centros zonales, 80 mil unidades de atención y presencia en 1.103 municipios, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) —creado en 1968 y hoy adscrito al Departamento para la Prosperidad Social— es quizás la entidad con mayor cobertura del país. 

Una criatura enorme y laberíntica con cientos de brazos y piernas que llegan a lugares insospechados de la geografía nacional a través de seis áreas o direcciones: Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Juventud, Familias y Comunidades, Protección y, por último, Nutrición. Del ICBF dependen cuestiones tan fundamentales como la atención de los primeros cinco años de vida de una persona —la primera infancia—, una etapa en la que, básicamente, se forja todo su desarrollo. O la superación de la pobreza. O el reclutamiento de menores de edad por parte de grupos armados. O la soberanía alimentaria. 

Y, sin embargo, la función central de esa criatura de dimensiones inauditas es específica: prevenir la violencia y proteger a lxs niñxs, adolescentes y jóvenes en Colombia. 

Y, sin embargo, es probable que al pensar en el ICBF vengan a la mente imágenes de maltrato infantil, fotos de comida en mal estado, burocracia y —como lamentablemente habría de esperarse en una entidad cuyo presupuesto ronda los 9 billones de pesos anuales— escándalos de corrupción

Desde el pasado 1 de julio un grupo de 60 personas conformado por comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas, sindicatos, organizaciones de víctimas y de trabajo por la niñez, elaboró un informe de empalme para el nuevo gobierno sobre la situación del ICBF. Durante un mes el grupo se reunió con defensorxs de familia —las autoridades administrativas del instituto con competencias similares a las de un juez municipal—, operadores del ICBF, Unicef, Comisión de la Verdad y niñxs. El informe identificó 32 alertas que señalan, sobre todo, compromisos presupuestales y contractuales próximos a vencerse. También la necesidad de actualizar el banco de oferentes para aumentar la base de operadores de servicios y la atención a temas de infraestructura como los centros Sacúdete para la juventud —cuya función no es clara y que además no están listos—. 

Otras recomendaciones se refieren a la urgencia de implementar enfoque de género y enfoque diferencial para comunidades étnicas y personas LGBTIQ+ en las acciones del instituto. El documento también sugiere ampliar la cobertura en primera infancia —el área que recibe más del 60 % del presupuesto—, otorgar un subsidio a las madres comunitarias, diversificar la fabricación de productos nutricionales además de la fórmula de Bienestarina y tomar medidas para que se cumpla el objetivo del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes —encargado de procesos penales pedagógicos y diferenciados del sistema de adultos— que lejos del punitivismo busca aplicar una justicia restaurativa y evitar la reinserción.   

Pero la principal preocupación del equipo de empalme es el fortalecimiento del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Aunque en teoría ese es el eje del ICBF y de él dependen la atención y el acompañamiento frente a casos de violencia sexual e intrafamiliar, cuenta con un presupuesto reducido que no supera el 15 % y con autoridades —lxs defensorxs de familia— que carecen de recursos materiales para realizar su trabajo y, en ocasiones, de la competencia para aplicar el enfoque de género en los casos que llevan. 

Mientras esto ocurría, también se esperaba que el presidente Petro rompiera lo que la escritora Yolanda Reyes llamó “un silencio sobre la niñez” y anunciara quién dirigiría el ICBF. La espera fue larga y estuvo atravesada por un activismo que, entre otras acciones, publicó una carta en redes sociales que pedía que la dirección fuera entregada “a una persona capaz, con experiencia técnica y un profundo conocimiento en temas de niñez”. La falta de esos requisitos es hoy el mayor motivo de crítica y duda ante la por fin nombrada directora Concepción Baracaldo. 

En esta entrega de Perifonea: voces ultravioleta, la serie de entrevistas a mujeres con una voz notable en el panorama político nacional, hablamos con Viviana Vargas Vives, abogada defensora de derechos humanos, feminista, activista política, excandidata al Senado por el Nuevo Liberalismo y coordinadora del área de Protección en el informe de empalme. 

El nombramiento de Concepción Baracaldo fue tardío. ¿Qué pasó durante esa demora? 

En la comisión de empalme teníamos urgencia del nombramiento porque se necesitaba tomar decisiones sobre temas presupuestales y contractuales para lo que queda del año y el siguiente. Quienes estábamos en el empalme sabíamos lo que esa demora implica en la vida real y fue una tortura. Se tenían que renovar más de 800 licencias que, si no se renovaban, la atención a los niños y las niñas podría verse gravemente interrumpida. 

Luego llegó el nombramiento que no recogió el sentir de la ciudadanía ni de los y las defensoras de familia, ni de los sindicatos. No entendíamos. La dirección del ICBF ha sido un cargo politizado y burocratizado porque maneja un presupuesto de casi 9 billones de pesos [anuales] y es la entidad con mayor cobertura regional en el país. El ICBF llega donde no llega ni el ejército y eso lo convierte en un fortín político. El presidente mencionó algunos nombres, unos más idóneos que otros, pero en últimas quedó la persona menos idónea.

A la directora Baracaldo se le ha criticado su falta de experiencia en temas relacionados con la niñez. “Ojalá nos calle la boca a todos”, tuiteó usted. ¿Cuál es su opinión hoy? 

Todavía no sabemos cuál será el rumbo de la dirección de la señora Baracaldo. Yo creo que la falta de experiencia en un cargo tan técnico va a ser una dificultad. El ICBF es un monstruo con demasiadas funciones, presupuesto y presencia regional. Hay que conocerlo bien para entenderlo. Mucha gente lleva años trabajando ahí y hay áreas que no entiende. Sabemos que gran parte del equipo de la anterior directora se mantuvo y eso nos preocupa. A estas alturas y dado que no tiene experiencia, lo más inteligente que puede hacer Baracaldo es rodearse de quienes sí la tengan y puedan guiarla según el plan de gobierno. Hasta el momento ha nombrado a personas que ella ha traído y que refuerzan su mismo perfil, uno que no tiene nada que ver con niñez. Por lo que he visto, la agenda anticorrupción va a ser importante, lo cual me parece pertinente, aunque es una lucha durísima que no va a poder librar una sola directora y no es lo único que atañe al ICBF. 

«El sector de Inclusión Social y Reconciliación del cual hace parte el ICBF es el corazón ideológico del gobierno Petro. Ahí están el mandato de Francia Márquez y el mandato popular»

¿Qué es más urgente? 

Darle un giro al sistema de protección, ver al niño como un ser integral y no fragmentado, como lo hace hoy el ICBF con sus mil direcciones y sus cien mil programitas. Para eso se necesita un cambio: el sector de Inclusión Social y Reconciliación del cual hace parte el ICBF es el corazón ideológico del gobierno Petro y allí no debería haber concesiones ideológicas ni políticas. Es el sector más leal al proyecto porque ahí están el mandato de Francia Márquez y el mandato popular que se le encargó a Gustavo Petro. 

Si uno piensa o revisa el historial del ICBF encuentra imágenes de maltrato, abandono, comida en mal estado. ¿Qué hallaron en el empalme? 

Según su misionalidad, el ICBF debería ser la entidad más amada. Pero esas imágenes son, en efecto, lo que viene a la mente. Es aún peor en los territorios, donde se le teme al ICBF. Para muchas y muchos colombianos es un agente de agresión y no uno de protección y garantía de derechos. 

¿Qué pienso? El instituto ha tercerizado su misionalidad y no atiende directamente a los niños y niñas ni tiene contacto con la población. Lo único que no ha podido tercerizar es la competencia de las defensorías de familia en el restablecimiento de derechos, porque le corresponde por ley. Es como un caparazón vacío: toda su misionalidad está contratada con operadores. Terceriza la atención psicosocial en casos de violencia sexual o física. Terceriza el acompañamiento que se les da a los niños que son rescatados de redes de explotación sexual. Terceriza su programa de prevención a la primera infancia. 

¿Qué consecuencias tiene esa tercerización excesiva?  

Para que el ICBF pudiera prestar servicios directamente debería tener cuatro veces su presupuesto. Cuando la relación con los niños, niñas, adolescentes y familias se mantiene a través de terceros, se rompe la garantía de calidad y la capacidad de veeduría. Contratan operadores sin experiencia para trabajar con niños que llegan en estado de estrés postraumático tras enfrentar situaciones de violencia intrafamiliar, vulnerabilidad o pobreza. Hay funcionarios sin perfil ni sensibilidad ni empatía. 

En esa tercerización de la tercerización todo se vuelve un negocio y entonces si en algún lugar manejado por un operador en Soledad, Atlántico, una funcionaria le da chancletazos a un niñito, sale la dirección a decir: «Es responsabilidad del operador». No todos los operadores son así. De hecho, a veces los más aptos son los que el ICBF deja a un lado por contratar a los que tienen fuerza económica y respaldo político.

En la presentación del informe la primera alerta fue presupuestal. Hay una denuncia por un faltante de 460 mil millones de pesos. ¿Cuál es la situación financiera del ICBF? 

El vacío de los 460 mil millones de pesos está asociado al fondo Colombia en Paz y es algo que las autoridades tendrán que investigar. Había otro asunto preocupante con una plataforma que se implementó en la dirección de Primera Infancia, que se llama Betto, y que fue una inversión grandísima para generar transparencia en la selección y contratación de operadores. Pero no funcionó porque los estándares de la plataforma eran tan altos que casi ningún operador pasó y tuvieron que contratar a una comisión de expertos —otro gasto exagerado— para determinar cuáles serían los operadores contratados. Esa plataforma generó un hueco fiscal grandísimo. Aparte está la carga que recibió el ICBF con el sector de juventud y los centros Sacúdete: antes el instituto abarcaba a la niñez y adolescencia; la juventud quedaba fuera de su alcance porque no había condiciones presupuestales. 

¿A qué se destina el presupuesto? 

El sistema de protección es el corazón del instituto, lo que no haga el ICBF en protección a la infancia no lo hace nadie más. Pero, ¿por qué a la dirección de Primera Infancia, comparada con la dirección de Protección, se le inyecta tanto recurso? Porque en Primera Infancia están los programas que tienen un peso politiquero, una agenda asistencialista. Luego viene la dirección de Infancia, para niños entre 6 y 12 años, y no hay nada ahí. Un hueco fiscal. Entonces es: le metemos a Primera Infancia, creamos miles de programas, toda una infraestructura con gastos adicionales para que después el alcance sea para 25 niños. Eso encontramos: un montón de programas chupando presupuesto con un alcance mínimo y que no atendían al niño en su integralidad. 

«Estamos viendo a niños que deberían estar en sus casas siendo separados de su familia e institucionalizados. Y al contrario, niños que deberían ser sacados urgentemente de sus casas todavía ahí»

¿Y qué pasa en Adolescencia y Juventud? 

El programa Sacúdete implicó la construcción de más de 53 centros cuyo metro cuadrado costó entre 8 y 9 millones de pesos. ¿Qué había en esas estructuras para que el metro cuadrado costara tanto? Eso nos endeudó con el BID y le sacó dinero al Fondo en Paz.

Mientras tanto, las defensorías de familia están desfinanciadas y sin equipos. Un defensor de familia que debe resolver en tiempo récord la situación jurídica de un niño que está siendo violado y golpeado en su casa, no tiene con qué imprimir ni dónde sentarse. Hay procesos bajo su cargo y no tiene un carro para ir a hacer las visitas de verificación. Esa poca infraestructura, la precariedad laboral y la sobrecarga terminan causando que, por cumplir con los tiempos, los defensores y defensoras tomen malas decisiones. Estamos viendo a niños que deberían estar en sus casas siendo separados de su familia e institucionalizados. Y al contrario, niños que deberían ser sacados urgentemente de sus casas todavía ahí. Las decisiones en Protección inciden en que un niño viva o no. Si tú te demoras mucho en verificar sus derechos cuando hagas la visita puedes encontrarlo muerto. 

¿Qué falla en el área de Protección y por qué es crucial incluir un enfoque de género? 

Es la más importante y la más rota. Encontramos a defensores de familia con falta de experticia para decidir sobre temas tan delicados como si un niño es víctima de violencia sexual en su casa. ¿Cuál es el principal factor por el cual un niño o una niña llegan al PAI [Programa de Atención Integral]? De lejos, el fenómeno y la violencia que más los afecta es la violencia sexual que está presente en un 80 % de los hogares colombianos. Se recibe a niños víctimas de violencia sexual sin contar con conocimiento ni sensibilidad y con un enfoque de género muerto.

Encontramos a defensores generando olas de revictimización y tomando decisiones a partir de estereotipos machistas porque no entienden la violencia sexual desde un enfoque de género. La típica declaración de “Es que la mamá se quiere vengar del papá, es una mujer loca y está usando al pobre niño” cuando el niño dice que ha sido violado por su papá y hay un dictamen de Medicina Legal que respalda eso. Pasa a diario. ¿Cuántos defensores de familia denunciados por malas prácticas han sido retirados de su cargo? Dos en los últimos cuatro años. ¡Dos!  

Entonces, el defensor no está capacitado y toma decisiones apresuradas que además benefician económicamente a los operadores. Estamos viendo a niños institucionalizados sin necesidad. Los mandan a lugares que carecen de acompañamiento psicosocial, educación y salud. Los meten ahí y la razón número uno es por pobreza. Esa no es una razón para separar a un niño de su familia. Pero eso les genera el negocio a los operadores.

¿Qué papel tendrían el Sistema Nacional de Cuidado que el gobierno prometió crear y la figura de las madres comunitarias para contrarrestar esa situación?  

El ICBF sería una de las entidades más importantes del Sistema Nacional de Cuidado. En el informe planteamos la necesidad de crear espacios comunitarios integrados al sistema, aprovechando la extensión territorial del ICBF. Lo de las madres comunitarias es fundamental porque ellas también son grandes perjudicadas de la tercerización: no las contratan directamente, sino que las obligan a trabajar con operadores que muchas veces no cumplen sus responsabilidades laborales. Son mujeres que viven en la vulnerabilidad y están prestando servicios esenciales. Los centros Sacúdete podrían ser lavanderías comunitarias. Ese es el cambio ideológico: robustecer lo público de la mano de lo comunitario. No sé cómo lo plantearán la señora Baracaldo y la señora Cielo Rusinque [directora del Departamento de Prosperidad Social] y también la vicepresidenta. Por ahora, eso está embolatado, no sabemos quién está a cargo del sistema. 

«Encontramos a defensores generando olas de revictimización y tomando decisiones a partir de estereotipos machistas porque no entienden la violencia sexual desde un enfoque de género»

El informe hace énfasis en la crisis de hambre y desnutrición infantil en La Guajira. ¿Qué acciones se pueden tomar para lograr la soberanía alimentaria? 

En La Guajira el ICBF es un actor, pero no el único. El Estado ha fallado allí y su presencia debe ser completa. Sin embargo, recojo el enfoque diferencial para atender a las poblaciones desde su cosmovisión, que es algo que el ICBF no hace. Hay una visión muy bogocentrista del país: “Yo, señora directora, desde mi oficina en Bogotá, considero que a los niños y niñas wayuu les voy a mandar un tetra pack de Bienestarina, sin entender que no consumen lácteos”. A los niños en La Guajira los han intoxicado a punta de Bienestarina, un niño en malnutrición o desnutrición que no está acostumbrado a consumir lácteos no se muere de hambre, se muere de diarrea. Es solo un ejemplo de cómo el ICBF no ha logrado aplicar el enfoque diferencial con los pueblos étnicos. Por eso es importante una soberanía que defienda la relación de estos pueblos con sus alimentos y con la memoria alimentaria que quieren preservar. 

El presidente Petro recomendó cambiar la mirada criminalista hacia lxs jóvenes. También ahí parece haber un enfoque errado.  

Sucede que institucionalizan a un niño, niña o joven en un lugar donde lo golpean y donde, además, está lejos de su familia que mal que bien es lo único que conoce. Después, cuando sale, regresa a un entorno de pobreza y vulnerabilidad. En el plan de gobierno está mencionado el enfoque restaurativo y en el informe de empalme dejamos claro que el giro del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes no puede ser exclusivo del ICBF, sino que implica una reforma a la justicia y voluntad política. La gente no concibe la magnitud del ICBF y el impacto en las futuras generaciones. Es como si su función fuera solamente dar Bienestarina. No tienen idea de que el 20 % de los jóvenes que sale de Responsabilidad Penal reincide. 

El informe menciona que las cifras de reclutamiento a menores de edad por parte de grupos armados se han triplicado. ¿Qué rol cumple el ICBF en la paz?  

Mientras el hambre, la violencia intrafamiliar y la falta de oportunidades no se resuelvan el reclutamiento va a seguir. La mayoría de niños, niñas y jóvenes que son reclutados vienen de escenarios sin acceso a derechos. Nos topamos con un ICBF desconectado de la implementación del Acuerdo de Paz, que ignora su función en la prevención del reclutamiento desde la garantía integral de derechos. Es una institución que apenas arroja papelitos desde un helicóptero con el mensaje “Niño, desmovilízate”. 

Si el ICBF prestara sus servicios de protección no tendríamos a tantos niños en este país huyendo de sus hogares. Yo espero que este gobierno vincule al ICBF con la implementación de la paz y las recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad porque en los territorios los espacios de protección para muchos niños son los grupos armados. El ICBF tiene la infraestructura, hay que ponerla al servicio de la paz. 

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