Los partidos le juegan a la impunidad | Opinión

Una justicia que no investiga ni sanciona a las personas que tienen relaciones con grupos armados, o con el narcotráfico, genera una impunidad que resulta funcional para aquellos partidos que parecen avalar candidatos cuestionados.

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Congreso Visible

Programa del departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes. Su propósito es publicar información del Congreso y generar canales de transparencia entre los ciudadanos y sus representantes.


22.07.2015

 

Por: Camilo Vallejo Giraldo, investigador de Congreso Visible

En estas elecciones regionales, algunos partidos políticos parece que le están apostando a la impunidad. Para ellos no han sido una prioridad los filtros éticos y de probidad que deben cumplir sus candidatos. Se justifican con un débil rigor judicial y señalan que como sus ungidos no tienen condenas ni investigaciones, tienen el derecho de ser avalados para competir en las elecciones.

En este caso, hay que comenzar a decirlo, una justicia que no investiga ni sanciona a las personas que tienen relaciones con grupos armados, o con el narcotráfico, genera una impunidad que resulta funcional para aquellos partidos que parecen avalar candidatos cuestionados solo por el potencial de votos o por la capacidad económica que le puedan aportar a la colectividad.

El partido Liberal se ha visto fuertemente cuestionado por el tipo de personas que ha avalado en las regiones. Incluso la senadora Viviane Morales  renunció a la codirección de la colectividad, después de no estar de acuerdo por la forma como se estaban otorgando avales.

El aval que rebozó la paciencia fue el que se le dio a Didier Tavera, exrepresentante a la Cámara, para la gobernación de Santander. El senador y codirector del partido, Horacio Serpa, ha defendido esa candidatura liberal sin importar las denuncias que vinculan a Tavera con el paramilitarismo. Incluso la semana pasada se revivieron unas declaraciones del líder paramilitar “Ernesto Báez” en las que reconoce cercanía con el candidato y su familia.

Para defender el aval, Serpa ha llegado al punto de enfrentarse con personalidades reconocidas del partido, no solo con la senadora Morales, sino además con Alejandro Galvis, propietario del periódico Vanguardia Liberal de Bucaramanga.

Por el lado del partido Cambio Radical, las cosas no son muy distintas. El senador Carlos Fernando Galán  renunció a la dirección del partido después de que no pudo impedir que se le diera el aval a Oneida Pinto para la gobernación de La Guajira. De Pinto se ha dicho que es una vieja aliada del exgobernador Francisco Gómez Cerchar, investigado por homicidio y relacionado en más de una vez con actividades de narcotráfico y contrabando.

La Alianza Verde ha tenido problemas para definir su candidato en el departamento del Cauca. Un sector del partido insistió en apoyar a Felipe Muñoz, alguien que relacionan con el exsenador Juan Carlos Martínez Sinisterra, condenado por parapolítica. Finalmente, la senadora Claudia López  salió a anunciar que Muñoz no sería ni avalado ni apoyado por su grupo político.

La reforma política de 2009, que cambió las reglas de juego para los partidos, estableció que estas colectividades debían responder por la calidad de sus candidatos. Desde entonces, los partidos políticos son sancionados por avalar candidatos que lleguen a ser condenados por paramilitarismo, narcotráfico o delitos de lesa humanidad durante el periodo para el cual se postularon. Estas sanciones van desde multas hasta la pérdida de su personería jurídica.

El artículo 107 de la Constitución dice lo siguiente:

“Los Partidos y Movimientos Políticos deberán responder por toda violación o contravención a las normas que rigen su organización, funcionamiento o financiación, así como también por avalar candidatos elegidos en cargos o Corporaciones Públicas de elección popular, quienes hayan sido o fueren condenados durante el ejercicio del cargo al cual se avaló mediante sentencia ejecutoriada en Colombia o en el exterior por delitos relacionados con la vinculación a grupos armados ilegales y actividades del narcotráfico o de delitos contra los mecanismos de participación democrática o de lesa humanidad.

Los partidos o movimientos políticos también responderán por avalar a candidatos no elegidos para cargos o Corporaciones Públicas de Elección Popular, si estos hubieran sido o fueren condenados durante el período del cargo público al cual se candidatizó, mediante sentencia ejecutoriada en Colombia o en el exterior por delitos relacionados con la vinculación a grupos armados ilegales y actividades del narcotráfico, cometidos con anterioridad a la expedición del aval correspondiente.

Las sanciones podrán consistir en multas, devolución de los recursos públicos percibidos mediante el sistema de reposición de votos, hasta la cancelación de la personería jurídica…”

Cuando se avalan candidatos para cargos uninominales, como alcaldías y gobernaciones, y estos son condenados durante el periodo de su cargo, los partidos quedarían impedidos para proponer nombres en la siguiente elección:

“… Cuando se trate de estas condenas a quienes fueron electos para cargos uninominales, el partido o movimiento que avaló al condenado, no podrá presentar candidatos para las siguientes elecciones en esa Circunscripción. Si faltan menos de 18 meses para las siguientes elecciones, no podrán presentar terna, caso en el cual, el nominador podrá libremente designar el reemplazo.”

Por ejemplo, en caso de que al exgobernador de La Guajira, Francisco Gómez Cerchar, se le condenara por nexos con paramilitares, con narcotráfico o por delitos de lesa humanidad, el partido Cambio Radical, que fue quien lo avaló, perdería la opción de presentar un candidato en estas elecciones que vienen.

Ahora bien, todas estas medidas resultan inocuas si no existe una correlativa gestión de la justicia. Si los jueces y fiscales dejan en el limbo las denuncias ciudadanas sobre los candidatos, y si las estructuras criminales y de corrupción no se procesan en su totalidad, siempre quedarán ruedas sueltas que intentarán mantener el vínculo entre el Estado y la criminalidad. Los partidos seguirán tentados a apoyar candidatos cuestionados en las regiones.

Los partidos parecen no temerle a las sanciones que en principio pueden recibir por avalar personajes relacionados con el narcotráfico o el paramilitarismo. Le apuestan a que la justicia no dirá nada y todo estará bien.

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