La responsabilidad de la industria pesquera nacional en la conservación de la biodiversidad se hizo evidente a finales del año pasado cuando, en medio del paro nacional, hubo protestas por la pesca del tiburón, una actividad llena de grises en lo legal y ambiental.
“TIBURÓN. PELIGRO”. Se trata de la conocida señal de alerta en las playas junto a la imagen de una aleta surcando las olas. El sello visual de uno de los grandes misterios de las profundidades. Podría decirse que el 21 de noviembre de 2019 un mar de personas recorrían las calles de Bogotá. Ese día, desde la mañana, la marea crecía y avanzaba hacia la Plaza de Bolívar. Entre las olas aparecieron aletas que seguían el mismo rumbo. Pero aquí, a diferencia de la placa en las playas, se alertaba al pez: “TIBURÓN, PELIGRAS”.
La preocupación surgió por la emisión de la resolución 350 de 2019 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural que, como en los últimos nueve años, mantenía dentro de la cuota global pesquera colombiana un tope de 475 toneladas métricas de pesca incidental de tiburón y el aprovechamiento de 15 toneladas de aletas del mismo animal, para los dos litorales del país, lo que habría la puerta para su comercialización. La pregunta que surgió de inmediato fue: ¿a quién beneficiaba esa decisión?.
El mercado de aleta de tiburón en el mundo es creciente. La FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) estima que el equivalente a 750 mil toneladas de tiburones son asesinados en el mundo al año para cubrir su demanda. Un kilo de aleta seca puede costar 300 dólares o más, de acuerdo a la especie. Un plato de sopa de aleta se vende en Taiwán en un promedio de 100 dólares.
Aunque la resolución 350 se echó para atrás, por la presión de colectivos ambientalistas y de los medios, y el Ministerio de Agricultura emitió la resolución 434 de 2019 (en donde ya no se mencionan las aletas), la pregunta siguió flotando en el ambiente: ¿quiénes serían los principales beneficiarios si se pudiese comercializar la aleta del tiburón que se captura incidentalmente?
Sandra Bessudo, bióloga marina y directora de la Fundación Malpelo, dice que si se van a poner cuotas para las aletas quiere decir claramente que hay un negocio que se está fomentando para capturar tiburón de manera dirigida (intencional) y no incidental (no intencional) para llenar esas cuotas y poder exportar el tiburón.
Conocedores del tema señalan a las flotas atuneras cerqueras (pesca de cerco) y palangreras (líneas de anzuelos) como las responsables de la mayor parte de la captura incidental de tiburones. Un experto consultado por La Liga Contra el Silencio, quien pidió no revelar su nombre, explicó que es inevitable que los tiburones caigan en las redes o muerdan los anzuelos porque comparten caladeros (zonas marinas en donde realizan sus faenas los botes por su riqueza en recurso pesquero) con los atunes y que la única forma de reducir la captura incidental de tiburones y delfines es regular las artes (métodos de pesca) y caladeros.
Agrega que para los pesqueros industriales lo interesante es la aleta y que “en unos cuantos lances” de sus flotas (atuneras) se puede hacer toda la captura de la pesca artesanal de tiburón de un año.
¿A qué empresas pertenecen esas flotas?, ¿dónde fueron constituidas?, ¿cómo se relacionan entre sí? y ¿tienen sus accionistas relaciones con el poder? La Liga Contra el Silencio, lo averiguó.
El atún colombiano
En el país hay cuatro grandes empresas atuneras: Atunec S.A., Gralco S.A., Seatech International Inc. y Atunamar LTDA. Todas se dedican al procesamiento del atún. Aunque todas tuvieron flota pesquera, hoy, solo una la mantiene.
Según Nicolás del Castillo, director de la Autoridad Nacional Acuícola y Pesquera (AUNAP), las empresas Gralco y Atunec importan su materia prima (atunes) para sus plantas procesadoras y la única que mantiene una flota a su servicio, en el océano Pacífico, es Seatech International. Estas empresas producen marcas propias, pero también maquilan para grandes supermercados.
La barranquillera Atunec (Atunes y Enlatados del Caribe) fue fundada en 1994 por la familia de Hernán Martínez Torres (exministro de Minas en el segundo mandato del presidente Álvaro Uribe). En 2019 La FM publicó la posible relación entre el exministro y Khaled Khalil Majzoub, accionista mayoritario de la empresa, hombre cercano al chavismo y cuya familia ha sido vinculada a diferentes escándalos. Allí se indicó que Atunec tendría conexión con las famosas cajas de alimentos Clap, entregadas por el gobierno venezolano. La Liga se comunicó telefónicamente con el gerente encargado de Atunec S.A., Alexander Estupiñán, quien indicó que no atendería la entrevista en ese momento y aceptó que se le enviaran las preguntas vía correo electrónico. Hasta la publicación de este reportaje no respondió.
Gralco (Grupo Alimentario del Atlántico), también con sede en Barranquilla, produce el atún enlatado en diferentes presentaciones para el grupo Éxito. En 2016 estuvo bajo la lupa de las autoridades de control cuando se encontró un lote de su atún con niveles de mercurio mayores a los permitidos. El lote fue retirado de los mostradores y la compañía continuó con su operación.
Seatech es la empresa que opera la flota atunera de bandera colombiana. Los 13 barcos que componen esta flota han servido a cinco compañías cartageneras dedicadas al procesamiento de atún: la mencionada Seatech, Atunamar LTDA, Pescatún de Colombia, Tuna Atlantic LTDA y Comextun LTDA. Las cinco empresas tienen tres nombres en común: Diego Canelos, Augusto Zárate Gutiérrez y Jaime Dávila-Pestana. Los tres aparecen en el RUES (Registro Único Empresarial) como sus representantes legales, excepto en Atunamar. Allí, en lugar de Canelos Velasco, aparece Carlos Alberto Díaz.
Estas siete empresas son sociedades anónimas que fueron creadas en Panamá por la misma oficina de abogados, Arosemena, Noriega & Contreras -firma mencionada en los Papeles de Panamá como agencia de intermediación y formación para cerca de 10 mil offshore más-. Las siete empresas, además, comparten, excepto por un par de nombres, los mismos miembros de junta directiva: Vicente Saldaña, Julio César Contreras, Fania Victoria Boyd, Celestino Arauz, Ramón Jurado, María Del Carmen Navarrete, Cecilia Almengor, Irma Paredes, Ricardo Soto, Lia De Jurado y Rubén Alcalde.
Arosemena, Noriega & Contreras sirvió también como agente formador de otras cinco offshore más: Aerotech International Panama Inc., Carolis Navigation Corp., Whitby Global Corp., Andean Trading International Inc. y Nagpur International Machinery Inc. Miembros de estas juntas directivas hacen parte también de las empresas panameñas propietarias de siete buques que opera Seatech. Se trata de: Vicente Saldaña, Lia de Jurado, Celestino Araúz, Ramón Jurado, Julio César Contreras y Ricardo Soto. Allí también aparecen Diego Canelos y Augusto Zárate Gutiérrez (actuales representantes legales de Seatech), a quienes se suma Carlos Zárate Sánchez (quien fue representante legal de Seatech y es gerente general de la ecuatoriana INEPACA) y, en Nagpur, Gabriel Humberto Zárate (G.H.), que tuvo sobre dicha sociedad poder general hasta su muerte. G.H. Zárate fue cofundador del banco Davivienda.
Las relaciones con el poder
Las relaciones de los nombres detrás las anteriores compañías con el poder político son evidentes. Su vínculo con diferentes campañas puede seguirse desde 2006, incluso con la del actual presidente Iván Duque.
G.H. Zárate (Nagpur), Zárate Gutiérrez (Seatech) y Canelos (Seatech) figuran en los registros de aportantes a campañas políticas. En 2006, entre G.H. Zárate y Augusto Zárate Gutiérrez aportaron 100 millones de pesos -cincuenta cada uno- a la campaña reeleccionista de Álvaro Uribe.
El portal Cuentas Claras del Consejo Nacional Electoral reporta que G.H. Zárate donó 30 millones de pesos a la campaña de la candidata por el Partido Conservador a la Presidencia de la República, Marta Lucía Ramírez, en 2014. Ese mismo año, tanto G.H. Zárate como Zárate Gutiérrez, aparecen como aportantes de $235.294,12 (por cabeza) a cada uno de los 85 candidatos de la lista cerrada del Centro Democrático. Un total de 40 millones de pesos: 20 millones de Gabriel Humberto y 20 millones de la empresa Inversiones Zárate Gutiérrez S.A.S., de la cual Augusto Zárate es primer suplente del representante legal. Diego Canelos patrocinó la campaña presidencial de Enrique Peñalosa, candidato de la Alianza Verde, con 50 millones de pesos, en 2014.
También en 2014, Jaime Dávila-Pestana, Carlos Alberto Díaz, Diego Canelos y Augusto Zárate apoyaron la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga con 100 millones de pesos (25 millones por cabeza). G.H. Zárate aportó 15 millones de pesos y Eduardo Zárate Gutiérrez -hermano de Augusto y miembro de Zárate Gutiérrez S.A.S.-, 30 millones de pesos.
En 2018, Diego Canelos auspició la campaña del hoy presidente Duque, con 80 millones de pesos.
Empresas hermanas
Según una de las fuentes consultadas por La Liga Contra el Silencio que pidió mantener su nombre en reserva, en Colombia hay solo dos pesqueras industriales en funcionamiento. Afirma que en el Pacífico existen dos flotas que pescan atún e incidentalmente tiburones. Una es de bandera colombiana (la flota de Seatech) y desembarca en Manta, Ecuador. De allí se envía luego el cargamento a su planta en Cartagena en un solo barco y para reducir pagos extras en el Canal de Panamá, dijeron las fuentes consultadas, lo que también fue confirmado por el director de la AUNAP, Nicolás del Castillo.
Seatech es la empresa productora de atún Van Camp’s en el Colombia. Su casa hermana en Ecuador es INEPACA (Industria Ecuatoriana Productora De Alimentos C.A.), con sede en Manta. INEPACA es la precursora de Seatech (fundada en 1991 bajo el nombre de Atunes de Colombia S.A.).
El gerente general de INEPACA, Carlos Zárate Sánchez, se vinculó con la empresa desde la década de los setenta y posteriormente la compró. Hoy es su propietario, a través de la Compañía Productora de Alimentos Ecuatorianos COPRALESA S.A., de la cual también es dueño y gerente. La copropietaria de INEPACA es la empresa Estrella Blanca de Panamá S.A., otra offshore cuyo agente residente es Arosemena, Noriega & Contreras y que tiene en su junta directiva a Ramón Jurado, Celestino Araúz y Vicente Saldaña.
La Liga Contra el Silencio se contactó con Diego Canelos, gerente de Seatech, y se negó a responder una entrevista telefónica, por lo que se le envió un cuestionario de 10 preguntas que, a la fecha de esta publicación, no ha respondido.
La protesta contra la eventual comercialización de aletas de tiburón puso al descubierto la falta de control sobre la operación de las pesqueras, tanto nacionales como extranjeras. Si bien existen registros de la pesca incidental en la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT) -organización de la que hace parte Colombia-, estos solo discriminan bandera y tipo de pesca. Sobre el tiburón lo cuentan en un grupo conformado por otras especies que son capturadas de la misma manera.
La CIAT está conformada por 21 países miembros y cuatro no miembros cooperantes que pescan en el océano Pacífico. Dispone de su propia regulación para ejercer control sobre los botes que pescan en estas aguas. Sobre la pesca de tiburón, la CIAT tiene dos resoluciones específicas de no retención, pero son solo para dos especies: el oceánico punta blanca y el tiburón sedoso. Los botes con autorización CIAT están obligados a devolverlos al mar, vivos o muertos. Las otras especies no tienen que ser devueltas al mar. Si los animales suben muertos, puede haber retención, dijo Enrique de la Vega, director de armadores en la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex).
Pero los tiburones mueren rápidamente. Sandra Bessudo afirma que un tiburón puede sobrevivir inmóvil entre 4 y 11 minutos, dependiendo de la especie. Después de eso perece por hipoxia. Agrega que los métodos de pesca usados hoy no permiten, en general, hacer una liberación a tiempo para que el animal sobreviva y en las faenas eso no sucede porque las pesqueras miran también el tema de captura contra el esfuerzo pesquero.
El caso es que no hay claridad sobre si el animal se libera siempre cuando llega vivo a cubierta. De la Vega dice que es un tema confuso: “Si bien no hay una resolución que obligue a devolver los tiburones vivos que suben a bordo, de todas las especies, sí hay una resolución que dice que los tiburones que sean capturados de manera incidental deben ser devueltos sin hacerles daño (…) Ahí hay un hueco en la resolución, por la que algunos países retienen tiburón”.
Esto le permite a países como Ecuador y Costa Rica, que tienen comercio de tiburón, y a las flotas pesqueras que operan con esas banderas retener los animales capturados incidentalmente, así lleguen vivos a cubierta, siempre que no pertenezcan a ninguna de los dos especies prohibidas y disponer de ellos a su gusto. Aunque De la Vega agrega que la flota colombiana tiene prohibida la retención, en los informes de captura estimada de la CIAT, los botes de bandera nacional sí registran capturas incidentales de este tipo.
Las autoridades y los ambientalistas
Cuatro días después de publicada la resolución 350 de 2019, Sandra Bessudo alertó desde su cuenta de Twitter (@sandrabessudo) sobre los posibles riesgos a la biodiversidad colombiana generados por esta decisión. “Inadmisible el nuevo decreto de MinAgricultura frente a los porcentajes permitidos de pesca de tiburones y aletas en Colombia”, escribió Bessudo.
Inadmisible el nuevo decreto de MinAgricultura frente a los porcentajes permitidos de pesca de tiburones y aletas en Colombia.
Al consultarle por la cuota de aletas, el director de AUNAP, Nicolás del Castillo, respondió que el objetivo de la resolución 350 era indicar cuántas toneladas de aletas saldrían de las 475 toneladas de tiburón, que es la cuota establecida. La 350 incluía dos incisos aclaratorios al respecto.
Pero una fuente experta, consultada por La Liga Contra el Silencio y que pidió mantener su nombre en reserva, asegura que el interés del Ministerio de Agricultura y del Ministerio de Comercio era regular el comercio y la exportación de las aletas y, para ello, requería una cuota pesquera.
Para los ambientalistas esta resolución fijaba una cuota elevada de pesca de tiburón y, con la cercanía a las protestas del 21 de noviembre del año pasado, se disparó la controversia. Natalia Parra, quien era directora del colectivo ambientalista Plataforma Alto durante el paro, le dijo a La Liga: “Después de que Sandra Bessudo puso en conocimiento el tema de la resolución, desde ‘Alto’ iniciamos acciones para proteger la fauna marina y, con la cercanía al inicio del paro nacional -que también apoyábamos-, esta fue una bandera más en las movilizaciones”.
Una acción popular -interpuesta por el abogado Luis Domingo Gómez Maldonado- logró que el Tribunal Superior de Cundinamarca declarara una medida cautelar sobre la resolución, basado en el principio de precaución. El Ministerio retiró la resolución 350 y días después publicó la resolución 434 de 2019 en donde el término “aleta de tiburón” desapareció aunque mantuvo la pesca incidental de tiburón. En carta blanca, estos animales siguen cayendo en la red porque, a juicio de los expertos, es inevitable.
De la cuota al registro
De la cifra de pesca que se desembarcó en puertos colombianos en 2019, ¿cuánto corresponde a tiburón?
Según estimaciones del Servicio Estadístico Pesquero Colombiano (SEPEC), organismo de la AUNAP, en puertos colombianos desembarcó una pesca industrial de 31.354 toneladas y 8.080 toneladas producto de la pesca artesanal. En total 39.430 toneladas de enero a septiembre de 2019.
De esta última cifra, 117,8 toneladas corresponden a capturas incidentales de tiburones, según el SEPEC. Sin embargo, los expertos afirman que estos números se quedan cortos. Una fuente de una entidad del Estado, con conocimiento del tema y que pidió no revelar su nombre, afirma que existe un subregistro de pesca en el país y que solo en el Pacífico la pesca de tiburones podría llegar a más de 700 toneladas en un año.
El director de la AUNAP, autoridad nacional pesquera, acepta que puede existir un subregistro, pero se defiende asegurando que con la información de los puertos y el sistema del software que tiene el SEPEC se puede realizar una proyección -no censal- para saber si se está dentro de los límites. Insiste en que los datos de la entidad son confiables y que están certificados por el DANE. Sin embargo, los ambientalistas controvierten los datos diciendo que no se puede establecer con precisión cuál es la cifra real de la pesca colombiana.
Uno de los expertos consultados por La Liga Contra el Silencio asevera que el principal problema de las normas que rigen la pesca en Colombia tiene que ver con que no se especifica la cuota de cada especie de tiburón que puede ser pescada, sino que todo se globaliza, poniendo especies amenazadas y no amenazadas en un mismo costal. Esto incrementa el riesgo de las primeras.
Otro problema es que no existen datos actualizados de las poblaciones actuales de tiburones -los últimos estudios son de 2012-, ni investigaciones que permitan conocer sus ciclos biológicos para establecer un manejo adecuado. Peor aun, la AUNAP no tiene el personal suficiente para hacer un seguimiento preciso a las capturas. Del Castillo le dijo a La Liga que, para marzo de 2020, la entidad espera tener observadores en todos los barcos que parten de puertos colombianos y no solamente en los de mayor calado, como viene ocurriendo.
“¿Y todos los demás (barcos) qué?”, se pregunta Sandra Bessudo porque en la legislación nacional se refiere a barcos industriales y artesanales. Su pregunta la dirige hacia aquellas embarcaciones que podrían considerarse “semi-industriales”. Esos botes son considerados artesanales aquí, asegura la bióloga marina. Sobre estos barcos no hay información precisa, lo que significa que no hay certeza sobre lo que se está sacando del mar.
Enrique de la Vega, de la Asociación Nacional de Comercio Exterior, dice que esos barcos no tienen observadores porque “ni siquiera hay un estándar internacional de qué es artesanal. Entonces, para nosotros muchas veces lo que es semi-industrial, lo que podríamos decir artesanal avanzado, para otros países es artesanal. Lo que para nosotros es artesanal en otros países es de supervivencia”.
Y el tiburón, ahí
A raíz de toda la polémica suscitada, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible prepara un decreto que prohíbe el aprovechamiento comercial de todo tipo de tiburón. ¿Cuándo estará listo? Es algo que ni siquiera sabe Nicolás del Castillo. No obstante, el proyecto ha recibido numerosos reparos de ambientalistas e industriales, entre otros.
El tema ha llevado a diversos sectores a cuestionar una actividad colmada de áreas grises, pero que genera millones en ganancias. Nicolás del Castillo defiende la labor de la AUNAP. En su oficina, decorada con fotografías y cuadros que los usuarios de la entidad le han regalado desde que ocupa el cargo, cuelga la fotografía que la compañía Seatech le regaló del “Marta Lucía R”, uno de los mencionados buques atuneros de bandera colombiana.
¿Qué relación tiene el nombre del buque con el de la vicepresidenta? El director de la AUNAP supone que el nombre puede corresponder a una especie de homenaje que se le hizo a Ramírez cuando ella, como Ministra de Comercio Exterior del gobierno Andrés Pastrana, impulsó la Ley 730 de 2001 que permitió el abanderamiento de buques de la flota Seatech en Colombia.
Para eliminar cualquier duda sobre el nombre, la Liga Contra el Silencio solicitó a la Dirección General Marítima (Dimar) el Certificado de Tradición y Libertad del “Marta Lucia R” hace más de un mes. Aunque se realizó el pago correspondiente de $8.800 que cobra la entidad -este trámite no es gratuito-, la Dimar todavía no da respuesta.
Dicho barco, como está registrado en la página del RNBP, fue propiedad de la compañía Seatech, cuyo gerente es el ya mencionado Diego Canelos, financiador de campañas del uribismo.
