La tarea pendiente del Primer Ministro de Canadá con Colombia

Con un 75 % del total de empresas mineras del mundo, Canadá y su nuevo primer ministro liberal, están en los ojos del mundo para que estas prácticas sean más responsables en términos de derechos humanos y medio ambiente. Colombia es uno de los objetivos de estas empresas y su papel es clave en la construcción de una veeduría global.

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Lina Pinto

29.02.2016

Justin Trudeau se posesionó como primer mandatario canadiense hace un poco más de tres meses, dando por terminada la hegemonía conservadora que se había mantenido en el poder durante los últimos nueve años. Como líder del partido liberal y buscando distanciarse marcadamente de Stephen Harper —su antecesor conservador, por muchos considerado como un “pequeño Bush”—, Trudeau ha venido implementando una serie de políticas de corte progresista que lo han hecho merecedor de un alto nivel de popularidad tanto en Canadá como internacionalmente. Tan es así que en redes sociales circulan viralmente videos y noticias donde Trudeau es la figura central, ya sea por ser el primer presidente canadiense en participar en un desfile LGBTI, por abrirle las puertas a 25.000 refugiados sirios, por retirar aviones militares de la guerra contra el Dáesh en Iraq y Siria, o por nombrar un gabinete de ministros conformado por igual número de mujeres y hombres.

Las relaciones entre Colombia y Canadá durante el mandato de Harper habían estado marcadas fuertemente por la agenda extractivista del gobierno conservador y respaldadas por la firma del tratado bilateral de libre comercio (TLC) en 2011. ¿Ha significado la llegada de Trudeau al poder una revisión de esta agenda bilateral o de los logros y problemas que ella ha tenido?

Antes de responder esa pregunta vale la pena rebobinar un poco el casete y mirar qué había pasado alrededor de la firma del TLC. Cuando el gobierno Harper lanzó las negociaciones para la firma de un acuerdo comercial entre Colombia y Canadá en 2007, los liberales se opusieron y cuestionaron la propuesta por la situación preocupante de derechos humanos existente en Colombia. Pero luego de hacer una enmienda al documento que exige a ambos países la publicación de un reporte anual sobre derechos humanos, el tratado fue firmado en 2011. Sin embargo, desde 2012 hasta ahora, la publicación de dichos reportes por parte del estado canadiense ha recibido fuertes críticas por su falta de independencia, por las fallas en el proceso de consulta, pero sobre todo por omitir información sobre las numerosas y graves violaciones a los derechos humanos que ocurren en torno a proyectos extractivos canadienses operando en Colombia. El último reporte fue subido recientemente a internet y está abierto a retroalimentación hasta el 4 de marzo en la página de la embajada canadiense en Colombia. No obstante, la información que contiene cae de nuevo en las mismas fallas de reportes anteriores.

"Hasta la fecha no hay ningún mecanismo legal que le exija a las compañías canadienses comportarse como los 'good corporate citizens' (buenos ciudadanos corporativos) que Canadá espera que sean"

Otra de las iniciativas que se buscó en su momento, desde Canadá, con el objetivo de controlar la actividad de industrias extractivas canadienses en países como Colombia, fue el proyecto de ley “Bill C-300”, titulado Corporate Accountability of Mining, Oil and Gas Corporations in Developing Countries (Rendición de Cuentas por parte de Empresas de Minería, Petróleo y Gas en Países en Vías de Desarrollo). En pocas palabras, lo que el Bill C-300 buscaba era que las empresas canadienses operando en países del sur global se acogieran a los estándares internacionales de derechos humanos y a la aplicación de buenas prácticas ambientales. Sin embargo, un fuerte lobby en contra de este proyecto de ley logró impedir su aprobación en 2010 y hasta la fecha no hay ningún mecanismo legal que le exija a las compañías canadienses comportarse como los ‘good corporate citizens’ (buenos ciudadanos corporativos) que Canadá espera que sean.

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'UN must challenge Canada's complicity in mining's human rights abuses' una nota de Meera Karunananthan que analiza los problemas de la extracción minera canadiense en los países en vía de desarrollo.

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En este escenario, el gobierno canadiense se vio forzado a lanzar en 2014 una estrategia revisada de responsabilidad social empresarial que, se supone, tiene objetivos similares a los del Bill C-300. En el marco de esta estrategia, la Oficina Consejera para la Responsabilidad Social Empresarial del Sector Extractivo es la instancia ante la cual se pueden presentar casos donde una empresa extractiva canadiense, operando en el exterior, esté incurriendo en acciones que atenten contra individuos, grupos o comunidades. Sin embargo, esta oficina solo funciona como facilitadora en la resolución de conflictos de esta índole y no tiene ningún tipo de poder jurídico. Adicionalmente, este mecanismo también ha sido fuertemente criticado, principalmente porque no permite la investigación independiente de los hechos asociados a los casos presentados. Es importante resaltar que, en este momento, ésta es la única vía existente a través de la cual Canadá está “monitoreando” lo que empresas canadienses dedicadas a la explotación minera, gasífera o petrolera hacen en países como Colombia. Pese a ello, hasta la fecha no se ha presentado ante dicha oficina ningún caso colombiano que exponga este tipo de quejas.

Ahora, en el escenario del nuevo gobierno liberal, la agenda bilateral aún tiene pendiente la tarea de comprometerse de manera contundente con el respeto a los derechos humanos, al medioambiente y a los trabajadores más allá de las fronteras canadienses. Por lo pronto, es imperativo que organizaciones de la sociedad civil, medioambientales y defensoras de derechos humanos hagan uso de las herramientas disponibles de acción y presión en contextos de presencia canadiense en territorio colombiano.

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