La resistencia de Puerto Resistencia

Hace 17 días lo único que queda en Puerto Resistencia es el puño y la policía. Los problemas siguen siendo los mismos. Luego de más de dos meses de Paro Nacional, los rezagos de la protesta han dejado nuevos símbolos construidos por la ciudadanía que, a su vez, todavía exige respuestas a sus peticiones.

por

María Fernanda Fitzgerald

Literata con Maestría en Periodismo de la Universidad de los Andes. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2020. ICFJ Fellow 2021. Becaria Corte IDH 2021. Se especializa en cubrimiento de minorías, género, salud mental y Derechos Humanos. Fue beneficiaria de la beca Elipsis del British Council en 2017 y de la beca del Centro de Español UniAndes en 2018.


13.07.2021

Al suroriente de la ciudad, justo en el Distrito de Aguablanca, se levanta un monumento de 10 metros: una mano que, a lo largo de toda su estructura, hace un homenaje a la protesta social: tiene escudos de los miembros de la Primera Línea en la base, retratos de las víctimas fatales de las manifestaciones y un dibujo de Alberto Tejada, el reportero de Canal 2 que ha acompañado las protestas en Cali. También una enredadera verde que trepa la estructura hasta la cima donde una mano sostiene un cartel que dice “Resiste”. 

Diecisiete días después de que se levantó el bloqueo, uno de los nueve en todo el país que duró más de 30 días –57 para ser exactos–, esto es lo único que queda de la protesta en Puerto Resistencia: el monumento y decenas de policías que están ahí desde el 26 de junio para evitar que este punto se vuelva a bloquear. 

También hay al menos tres puestos en los que hay personas de la zona que hacen guardia para proteger el monumento de los intentos de la policía para desmontarlo. Algunos lo pintan, otros plantan flores y otros se toman fotos. Los carros que circulan por la carrera 46 bajan un poco la velocidad para observarlo. Y es que llama la atención: una estructura multicolor en medio de las calles grises en mantenimiento. 

El último intento de la policía por tumbarlo ocurrió la madrugada del 26 de junio, el mismo día que se levantó el bloqueo en Puerto Resistencia. Esa madrugada, 500 policías, 250 soldados y varias tanquetas llegaron a despejar, mientras un helicóptero sobrevolaba la zona. Tras quitar todas las barricadas, en medio de las calles vacías, los policías empezaron a levantar los escudos que están en la base de la estructura. Pero con la luz del sol la zona se empezó a llenar de vecinos que rápidamente rodearon el puño y exigieron que lo dejaran ahí: “Puerto Resistencia no se levanta. La gente volverá a las calles a apropiarse del territorio”, aseguró un líder de la zona a Radio Reloj, una emisora local.

“Muchos de ellos son los muchachos que yo he acompañado desde que eran niños, y claro que me da miedo perderlos, pero entiendo por qué lo hacen. Aquí hay mucho cansancio y rabia”

“Es que no tenía sentido. Nosotros salimos a rodear el monumento, que fue una construcción hecha con nuestros recursos, que no molesta a nadie, y ellos seguían diciendo que lo iban a tumbar. Luego el Alcalde dijo que él no había dado esa orden, y por fin se detuvieron”, dice Norma García, una de las lideresas más activas de Llano Verde, uno de los barrios que componen el Distrito de Aguablanca y que está ubicado muy cerca al monumento.  “Aquí llegaron y le pusieron un fusil en el pecho a los muchachos. Dígame, así quién no se mueve”, asegura. 

Norma es baja, morena, tiene ojos grandes, en forma de almendra, y un pelo negro, liso y largo. Llegó desplazada desde la zona rural de Popayán luego de haber sufrido amenazas y violencia sexual. Ella ha ayudado a la Primera Línea de Puerto Resistencia desde que comenzó el Paro, les ha ofrecido comida que preparaba en una olla comunitaria y ha cuidado a varios heridos. 

En un vídeo que guarda en su celular se ve el momento en que ella y un grupo de paramédicos atienden a un muchacho que llega herido hasta la brigada médica. Tiene impactos de bala en su espalda y se está desangrando: “ese muchacho casi no sobrevive. Tuvimos que llevarlo al hospital, pero allá no querían atenderlo porque no tenía EPS. Pero cómo iba a tener buena atención, si era un muchacho desplazado. Esas noches fueron muy duras”, recuerda. 

El Distrito de Aguablanca ha sido construido a partir del desplazamiento forzado, principalmente de personas que salieron del suroccidente colombiano, de departamentos como Putumayo, Nariño, Chocó, Cauca y Valle del Cauca, huyendo de la violencia. Hasta 2019, en el Distrito vivían alrededor de 750 mil personas, en su mayoría provenientes de zonas rurales y víctimas del conflicto armado de la región. 

La violencia no cesó en Cali y por eso, dice Norma mientras miramos el monumento, “esto tenía que pasar. Hacía muchos años tenía que pasar, porque lo que vivimos no es nuevo. Aquí siempre nos han matado: si no lo hacen a bala, nos matan de hambre”, asegura. “Muchos de ellos son los muchachos que yo he acompañado desde que eran niños, y claro que me da miedo perderlos, pero entiendo por qué lo hacen. Aquí hay mucho cansancio y rabia”, dice. 

Cuenta que a no más de una cuadra de su casa ocurrió la masacre de Llano Verde el 11 de agosto del año pasado. Ese día, cinco menores de edad, de entre 14 y 16 años, fueron asesinados por disparos a la cabeza y con señales de tortura física en un cañaduzal de la hacienda Las Flores, vecino a la casa de Norma.  Como contó La Liga contra el Silencio, sólo dos semanas después el Presidente Iván Duque y el Fiscal Barbosa viajaron hasta la zona a anunciar capturas y decir que así se habían esclarecido los hechos. Pero no para Norma. 

“Nosotros no tenemos garantías de vida. Esos niños eran de la zona, no estaban haciendo nada, sólo se perdieron en ese cañaduzal y vea cómo terminaron. Pero eso sí, el presidente vino, se tomó su foto, ¿y qué más pasó? Nada. Porque hasta muertos valemos menos”, dice cuando ya estamos en su casa. 

Su casa es una construcción angosta, alargada, con pisos de concreto y paredes de ladrillo destapado. Tiene dos niveles. Al frente tiene algunos materiales para manualidades y una biblioteca llena de libros, más al fondo hay unas sillas naranjas que funcionan como comedor y al fondo está la cocina. Desde allí, Norma y su esposo preparan la comida que servirá para atender a 150 familias de la zona, que van a comer una vez al día, todos los días. Este programa lo han tenido desde hace dos años y funciona por donaciones que da la Alcaldía.

Mientras habla, atiende a un niño que llegó a pedirle algo para almorzar. No tiene más de once años, le habla en voz baja, casi en secreto, y le pregunta si todavía le queda algo de comida. Norma raspa lo que queda en la olla para poder servirle un poco de arroz con pollo. “Estos son los niños que terminan asesinados”, dice, cuando él sale de la casa. 

Para González, el diálogo que inició la Alcaldía con los manifestantes no funcionó porque partió de “una lógica guerrerista''

Dice que procura darles comida hacia las 10:30 de la mañana para que parezcan dos comidas en una: un desayuno-almuerzo que les alivie el hambre por más tiempo. 

“Ellos son los mismos que han salido a las marchas, pero antes de eso ya los estaban matando. Desde que ocurrió lo de la masacre, yo he contado al menos 28 asesinatos más, sólo aquí en el barrio. Todos de muchachos jóvenes. Pero aquí no se investiga nada, porque son muchachos negros, o indígenas, y pobres”. 

Es difícil no verlo: en Cali, en lo que va corrido del año, han ocurrido 682 homicidios, con dos escaladas fuertes entre mayo y junio, los meses en que el Paro Nacional tuvo mayor incidencia. El aumento frente al año pasado ha sido significativo. En mayo, por ejemplo, la ciudad pasó de 88 homicidios en 2020, a 180 en 2021, es decir, más del doble, según cifras del informe de seguridad y convivencia de la Alcaldía de Cali. 

Los grados de represión y violencia que se vivieron en Puerto Resistencia dejaron varios muertos, dentro de los que se encuentran Miguel Ángel Pinto y Marcelo Agredo. Según Indepaz, de las 74 víctimas fatales que han dejado las protestas, al menos 43 ocurrieron en Cali y 6 en Yumbo. Es importante decir que, hasta el 28 de mayo, un informe elaborado por CODHES informaba que, entre los 39 asesinatos ocurridos hasta ese momento entre Cali y Yumbo, 11 eran personas afro y una era indígena. 

Además de los muertos, los barrios que rodean Puerto Resistencia sufrieron varias arremetidas de represión, entre ellas la noche del 22 de junio, cuando el uso excesivo de gases lacrimógenos causó que tres bebés tuvieran que ser atendidos de urgencia pues se estaban ahogando por los gases. Esa noche, también, murió otro manifestante. 

“En zonas como ésta es común ver casos de abuso policial”, asegura Jesús González, quien hasta hace un mes trabajó como secretario de Bienestar Social de Cali y fue uno de los primeros gestores de diálogo entre el Gobierno local y los manifestantes. “Es una zona donde la violencia policial es cotidiana, a la que se le suma la violencia urbana de grupos armados y al margen de la ley.  Lo dicen los muchachos y los habitantes del sector. Allí es usual que a diario ocurran perfilamientos, principalmente raciales, y eso fue uno de los detonantes fuertes durante el Paro Nacional”. 

Para González, el diálogo que inició la Alcaldía con los manifestantes no funcionó porque partió de “una lógica guerrerista”. Otra señal de lo que para él es la falta de capacidad estatal para atender a las particularidades sociales y étnicas de los habitantes del sector que se vio mucho más afectado por la pandemia, pues en su mayoría allí residen trabajadores informales. 

La tensión con la policía todavía es palpable a pesar de que ya no está el bloqueo. Los alrededores del monumento están siendo custodiados por varias cuadrillas del ESMAD, dos tanquetas, personal de la policía y miembros del ejército. Su presencia se extiende por varias cuadras, que llegan hasta las entradas de los barrios residenciales. Van patrullando con las armas empuñadas. 

Están vigilantes pues, como asegura Norma: “el Secretario de seguridad de Cali dijo que estas zonas no se podían volver a bloquear y que iban a hacer lo necesario para evitarlo. Y eso es lo que están haciendo. Ya no se quitan nunca de ahí”. 

No fue posible tomar fotos, no me lo permitieron. Cuando intenté levantar la cámara, un agente me empezó a cuestionar: que qué estaba haciendo ahí, que quién era yo, que por qué iba a tomarles fotos. Norma tuvo que intervenir, decirles que yo era una amiga, que se tranquilizara, que yo estaba sólo de visita. No me dejó decir que soy periodista.

Empieza a anochecer y cruzamos la calle hacia lo que antes fue un CAI que incineraron en las primeras noches de manifestación y que hoy es un puesto dedicado al arte y la memoria. En una de sus paredes dice “Digna putería” y en otro está el retrato de una mujer indígena y encapuchada. Adentro, los nombres de manifestantes asesinados llenan las paredes y justo arriba el mensaje: “por nuestros muertos, ni un minuto de silencio”. 

Norma camina alrededor del CAI, toca sus paredes y mira, a lo lejos, las patrullas de policía que rodean la zona: “nosotros aquí simplemente estamos repitiendo la misma guerra que vivimos en nuestros territorios. Lo que nos sacó corriendo de distintas regiones, nos persiguió hasta acá. Y el Gobierno Nacional ha sido sordo a nuestras peticiones”. 

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María Fernanda Fitzgerald

Literata con Maestría en Periodismo de la Universidad de los Andes. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2020. ICFJ Fellow 2021. Becaria Corte IDH 2021. Se especializa en cubrimiento de minorías, género, salud mental y Derechos Humanos. Fue beneficiaria de la beca Elipsis del British Council en 2017 y de la beca del Centro de Español UniAndes en 2018.


BIO

María Fernanda Fitzgerald

Literata con Maestría en Periodismo de la Universidad de los Andes. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2020. ICFJ Fellow 2021. Becaria Corte IDH 2021. Se especializa en cubrimiento de minorías, género, salud mental y Derechos Humanos. Fue beneficiaria de la beca Elipsis del British Council en 2017 y de la beca del Centro de Español UniAndes en 2018.


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