La difícil tarea de defender la vida de las mujeres en el Meta

Grupos de mujeres se han organizado en municipios del Meta para acompañar a otras mujeres a denunciar la violencia de género y vigilar a las instituciones encargadas de recibir y tramitar esas denuncias. Por eso, ya recibieron amenazas.

por

Tania Tapia Jáuregui

Tania es periodista de 070 desde 2019. Estudió Lenguajes y Estudios Socioculturales y es Maestra en Arte de la Universidad de los Andes. Ha publicado en Arcadia, VICE, ¡Pacifista!, Bacánika, Infobae, entre otros. Se ha especializado en temas de género, de movilización social y de derechos humanos.


23.08.2021

Ilustración: Ana Sophia López

Cuando Sandra Guzmán empezó a recibir llamadas de números privados lo último que se le ocurrió era que se tratara de algún tipo de intimidación. “Yo le soy sincera, como yo estoy casada, pensé que de pronto era alguien que estaba molestando”, cuenta. También pensó que podría ser algún amigo de su hija que al oír la voz de Sandra prefería quedarse callado. “Pero luego al escuchar que a una compañera de la veeduría también le estaba pasando, que llamaban y no hablaban, y a otra y a otra, ahí dije ‘nos están molestando’”.

Sandra hace parte de la veeduría Somos Equidad, una organización de cinco mujeres que desde el año 2020 se organizaron en el municipio de Mesetas, Meta, para hacerle seguimiento y vigilancia a la atención que reciben mujeres víctimas de violencia basada en género en su municipio. Sandra, de 37 años, y sus colegas acompañan a las mujeres que deciden denunciar las violencias que reciben y a los responsables. Eso les ha significado volverse incómodas.

“Al principio, cuando se creó la veeduría fue muy aplaudida. Pero a medida que hemos ido recibiendo casos y haciendo incidencia y exigencia le hemos movido la silla a varias personas que nos vieron como las enemigas, las juzgadoras, las señaladoras. Somos las piedritas en el zapato de los funcionarios”, cuenta Sandra.

Cuenta que unas compañeras que comenzaron la veeduría se tuvieron que retirar del municipio  por amenazas después de atender unos casos. El hostigamiento también lo ha vivido Angie Guerra, de 18 años, una de las cinco integrantes de otra veeduría, Mujeres Valientes, que se creó hace tres años en Vista Hermosa, otro municipio del Meta. 

A ella la amenaza le llegó por mensaje de texto, donde le decían que tenía poco tiempo para desalojar el municipio. 

“Cuando lo leí yo temblaba, lloraba y decía: dios mío, yo por qué si no le he hecho nada a nadie. Es lo que uno siempre se pregunta. Pusimos la denuncia y el señor que la recibió dijo ‘fresca que ya habían recibido varias quejas del mismo número, que debía ser el número de algún minutero. Esa vez me di cuenta de que no es fácil cuando nosotras le decimos a una víctima que denuncie, me puse un poquito en sus zapatos. De eso también aprendí a cómo hablarle a una persona víctima para llegarle y que no sienta tanto miedo”, cuenta Angie.

Un trabajo que incomoda

Esa es una parte grande del trabajo que hacen Sandra y Angie con los procesos de veeduría a los que pertenecen: asesorar y acompañar a mujeres que quieren denunciar y no saben cómo o ante quién hacerlo. 

También hacen el trabajo previo: enseñarle a las mujeres —y a los hombres— que lo que muchas veces consideran normal son violencias que pueden ser denunciadas ante instituciones que, al menos en el papel, ofrecen atenciones y soluciones. 

Y el trabajo posterior: hacer seguimiento a esos procesos de denuncia, una labor que muchas veces consiste en hacer vigilancia a las instituciones y al trabajo de sus funcionarios.

Para hacer esto resulta clave la ley 1257 de 2008, un documento que además de tipificar los distintos tipos de violencia basada en género, y las medidas de sensibilización y prevención de esas violencias, estableció los canales de atención y los tiempos que las instituciones debían disponer para atender a las mujeres víctimas. Tiempos que, 13 años después de la sanción de la ley, aún no se reflejan en la realidad.

“Le hicimos llamado de atención a un funcionario por la atención y orientación que le hacía a las víctimas”, dice Sandra Guzmán sobre lo que había pasado antes de las llamadas anónimas que recibió. “Iba una víctima a denunciar a su pareja y [el funcionario] le decía que no metiera en problemas a su marido, que después volvía con él. ¿Quién es él para decirle eso? A él no le importa si vuelven o no, que reciba la denuncia y si ella quiere jalarlo pues que lo jale. O ponen a las víctimas en un vaivén: que yo no recibo eso, que es en Fiscalía, que es en Policía, o en el puesto de salud. Por eso, se le llamó la atención y a él no le gustó”.

“Iba una víctima a denunciar a su pareja y [el funcionario] le decía que no metiera en problemas a su marido. ¿Quién es él para decirle eso?"

Para Karla Pérez, abogada del área de acceso a la justicia y no violencias de la organización Sisma mujer, el rol de las veedurías de mujeres es fundamental para visibilizar las barreras de acceso a la justicia de las mujeres y lograr hacer incidencia sobre esas fallas. “Ya sea radicando escritos, solicitando reuniones, organizando asambleas, solicitando la creación de organismos específicos para la atención a mujeres. Todos esos son instrumentos con los que las mujeres pueden incidir para que se establezcan políticas públicas en las alcaldías, en las gobernaciones o en las instituciones”.

La abogada también asegura que el ejercicio de veeduría sirve para que lo que se pacta en el papel se traduzca a la realidad. Explica que muchas veces los planes de desarrollo locales mencionan la equidad de género, pero eso se queda ahí, en la mención, y nunca se establecen los mecanismos o estrategias a través de las cuales se trabajaría en alcanzar esa equidad.

Estos ejercicios de veeduría, dice, son una forma en que las mujeres se vuelven parte de las decisiones que se toman sobre sus derechos y en que pueden incidir para que la equidad de género no quede como un concepto vago que cumple una cuota en el papel, sino se desglose en estrategias concretas a las que se les asigna presupuesto.

“Pero la disposición por parte de las instituciones a recibir a estas mujeres que les hacen veeduría es difícil, justamente porque está la posibilidad de que les cuestionen su accionar. Lo que hemos visto es que no les responden las solicitudes de reuniones o las personas que envían a las reuniones no son los funcionarios o funcionarias que esperan encontrar, quienes tienen la capacidad de acción o compromiso”, explica Karla Pérez.

Para correr, primero hay que gatear

Eso, asegura, pasa en el Meta y en Bogotá. Sin embargo, sí hay otras particularidades propias del contexto específico de Vista Hermosa y de Mesetas que le imponen otros retos a la labor de las veedurías.

“El trabajo en la comunidad ha sido muy complejo porque las mujeres más afectadas están en la zona rural, pero por temas de presupuesto no hemos podido llegar hasta allá, y pues muchas no tienen conocimiento ni saben diferenciar los diferentes tipos de violencia. Y allá hay demasiada violencia porque sabemos que allá residen los grupos armados al margen de la ley”, dice Angie Guerra.

Lo mismo cuenta Sandra Guzmán: “Hay zonas a las que nosotras no podemos llegar y decirle a las mujeres ‘esto es violencia’ porque son zonas donde hay disidencias de la guerrilla. Entonces allá uno debe llegar con estrategias diferentes. Por ejemplo, la estrategia que usamos es el teatro foro o alguna pedagogía en donde ellas mismas son las que sueltan las violencias. Ellas son las que visibilizan la violencia sin nosotras decirles y exponerse ellas y nosotras”.

El Meta es un departamento que ha estado atravesado por varios de los actores y problemáticas del conflicto armado colombiano: una fuerte presencia de la ex guerrilla de las Farc, de grupos paramilitares, cultivos de coca, ausencia estatal, narcotráfico, industrias extractivistas, amenazas y agresiones contra defensores y defensoras de derechos humanos. Un informe publicado en septiembre de 2020 encontró que solo entre 2005 y 2018 el conflicto armado en el Meta dejó 239.000 víctimas de desplazamiento forzado. Y Vista Hermosa, por ejemplo, es uno de los municipios del país que tuvo más minas antipersonas.

En lo que respecta a la violencia contra las mujeres, en el período entre 2009 y 2014 el Meta superó el promedio nacional en violencia interpersonal contra mujeres, también en violencia contra mujeres en relaciones de pareja y en violencia sexual. El departamento también duplicó el promedio nacional en homicidios de mujeres en 2009 y 2014.

En ese panorama se mueven Angie y Sandra trabajando en la defensa de los derechos de las mujeres. Y la labor de ser quienes señalan las violencias que otros se niegan a ver llega además con la retaliación de amenazas y señalamientos.

“Ese es el imaginario más grande en el municipio: que la veeduría son mujeres cansonas, que somos unas daña hogares, que les sembramos odio a las mujeres y que ya ellos no les pueden decir nada”, cuenta Angie. “Lo más difícil de esta labor es que a nosotras nos miran hasta cómo vestimos, cómo caminamos, cómo nos peinamos, hasta cómo están las personas de nuestro hogar. Y también hay personas que quieren dañar el proceso, entonces uno siente esa presión de hacer las cosas lo más cuidadosamente y hacerlas bien. Al inicio eso me daba muy duro, yo lloraba, pero lo hemos aprendido a manejar”.

“Ese es el imaginario: que la veeduría son mujeres cansonas, daña hogares, que les sembramos odio a las mujeres”

Sandra cuenta que siente temor, que las cifras de asesinatos a defensoras de derechos humanos le pesan y que la línea entre quién puede ser de confianza y quién no es delgada. 

“Uno a veces quisiera poder expresarse más en ciertos lugares y decirles que están haciendo las cosas mal, pero uno siente inseguridad y ya hemos aprendido que no podemos ir a chocar. Uno no sabe cómo va a reaccionar el victimario de la persona a la que uno está ayudando, pero tampoco sabe cómo va a reaccionar la entidad. Yo, la verdad, a la policía no le tengo confianza”, cuenta.

Aún así, las dos aseguran que desde que están en las veedurías han visto cambios: que las mujeres ya reconocen más las violencias, que los funcionarios ya están empezando a hablar de sus fallas y a tener reuniones —de las que aún ellas buscan ser partícipes— en las que se capacitan para mejorar la comunicación entre ellos y trabajar en conjunto a favor de las mujeres víctimas.

Y ellas, a pesar de las estigmatizaciones, las barreras y las amenazas, aseguran que su plan es seguir insistiendo. Angie dice que ha habido cambios, pero que para correr hay que gatear primero, que lo que la motiva a seguir son sus dos hermanas y el deseo de que ninguna mujer dependa de un hombre. Y que todo en la vida tiene obstáculos, dice Sandra, que los cambios no son repentinos y que para ella es importante hacer el llamado a la conciencia y al despertar de las mujeres. 

COMPARTIR ARTÍCULO
Compartir en Facebook Compartir en LinkedIn Tweet Enviar por WhatsApp Enviar por WhatsApp Enviar por email

Tania Tapia Jáuregui

Tania es periodista de 070 desde 2019. Estudió Lenguajes y Estudios Socioculturales y es Maestra en Arte de la Universidad de los Andes. Ha publicado en Arcadia, VICE, ¡Pacifista!, Bacánika, Infobae, entre otros. Se ha especializado en temas de género, de movilización social y de derechos humanos.


BIO

Tania Tapia Jáuregui

Tania es periodista de 070 desde 2019. Estudió Lenguajes y Estudios Socioculturales y es Maestra en Arte de la Universidad de los Andes. Ha publicado en Arcadia, VICE, ¡Pacifista!, Bacánika, Infobae, entre otros. Se ha especializado en temas de género, de movilización social y de derechos humanos.


  • Ojalá lo lean
    (0)
  • Maravilloso
    (0)
  • KK
    (0)
  • Revelador
    (0)
  • Ni fú ni fá
    (0)
  • Merece MEME
    (0)

Relacionados

#ElNiusléterDe070 📬