Gustavo Petro: idealista, voluble y soberbio

Pese a la mezquindad de su oposición, su gobierno local le otorgó más adeptos que detractores. Petro, sin embargo, tiene mejores ideas en la prédica que en la práctica y su versión de los hechos varía según a quien la comunique.

En su discurso de posesión a la Alcaldía de Bogotá, en 2012, Gustavo Petro habló de montar unas plantas de agua en distintas localidades de la ciudad. Lo que sonó interesante, era en realidad innecesario.

Según cuenta Juan Carlos Flórez Arcila —quien recibió varias distinciones por su labor como concejal de Bogotá entre 1995 y 2019— la Capital cuenta con el mejor sistema de agua potable del país, incluso en barrios todavía no legalizados. 

La exredactora de política de Semana, Lariza Pizano, piensa que el hito más relevante de la Alcaldía de Petro fue el de haber mantenido políticas de atención social y de educación. “Contrario a lo que se piensa, la continuidad de administraciones de Bogotá desde los años 90 con Mockus, Peñalosa, Lucho Garzón, se mantuvo durante el gobierno Petro. De hecho creo que fue él quien instaló la agenda animalista”. Pero cree, con todo y eso, que la gran dificultad de su mandato fue sí romper con la continuidad en infraestructura urbana, lo que implicaba una visión de ciudad a largo plazo.

Si bien hubo mucha mezquindad por parte de sectores políticos opuestos al Petrismo, antiguos adeptos suyos también cambiaron de opinión en cuanto conocieron las características de su liderazgo. Ese fue el caso de Ángela María Robledo, Maria Mercedes Maldonado, Juana Afanador o Sara Tufano. 

El exconcejal Flórez, consultado para este artículo, aclara que enlistar los errores políticos le parece un modelo agotado porque, además de que dice se ha hecho una y otra vez, los errores éticos de derecha, centro o izquierda, son los mismos. Aun así, propone los siguientes hitos de la administración de Gustavo Petro, basado en los datos y no en las opiniones, como asegura. 

“Los hechos son sagrados, las opiniones son libres. Hoy, por los hechos y no por las opiniones, Petro demuestra que tiene habilidad para interactuar con distintos sectores políticos. Puede no gustarme, pero tiene una inmensa habilidad para relacionarse con la justicia y enviar mensajes a la casta política que ha hecho de la corrupción su objetivo fundamental, y que hoy le teme”. 

Y agrega que el enorme aislamiento en el que está hoy Claudia López, antes bastante apoyada, contrasta con el caso de Petro que no contaba con apoyo y terminó su Alcaldía con el respaldo de miles de personas que le ovacionaron en la plaza pública. “La justicia, que en este país ha frenado muchas carreras políticas y que es un cuerpo altamente politizado, no ha podido con Petro y esa es una página no escrita. ¿Cuántas batallas judiciales ha perdido? Ninguna”. 

Sus opiniones son tan volubles como sus proyectos 

El metro de Bogotá es un tema sobre el que ‘ha corrido mucha agua bajo el puente’. Esa es la expresión que emplea Juan Carlos Flórez Arcila para explicar que el metro ha sido un proyecto ambicioso, que ha contado con el aval del Gobierno Nacional y que marchaba antes de que Petro asumiera la Alcaldía. 

“En campaña, Petro presentó su programa de gobierno Y recuerdo que el elemento central de su agenda de transporte no fue el del metro, sino ampliar el Transmilenio”. El exconcejal asegura que cuando Petro quedó electo, rápidamente cambió de idea y se obsesionó, en cambio, con la construcción de un tranvía. Entonces se estaba reconstruyendo el puente de la Calle 26, a cargo de la todavía alcaldesa Clara López (que sucedió a Samuel Moreno). Cuando Petro se enteró de esa obra, aprovechó para pedir que el puente fuera más robusto con el fin de que sirviera para su tranvía. 

“Desde el gobierno infaustamente célebre de los hermanos Moreno, venía la negociación del metro de Bogotá. Ellos buscaron la posibilidad de construirlo, ya habían hecho algunos contactos y el compromiso de la ciudad fue aportar 800 mil millones de pesos a esa fase inicial del proyecto”, dice Flórez. “Eso quedó consignado como punto de partida. Pero rápidamente se supo el escándalo del grupo criminal de los Moreno y esos 800 mil millones de pesos quedaron bloqueados”. 

Flórez asegura que Petro, tiempo después, envió al Concejo al secretario de Hacienda encargado, Henry Rodríguez Sossa, a pedir que esos 800 mil millones de pesos que eran para el metro se los dieran a su administración para iniciar el proyecto del tranvía que aún no tenía recursos. “Un grupo de concejales, dentro de los que me incluyo, que éramos partidarios del metro de Bogotá como transporte masivo —no un pseudo masivo como lo es el Transmilenio—, nos opusimos y le contestamos al alcalde: ¿y dónde están los estudios de ese proyecto?”, asegura. 

Petro pierde esa batalla, dice Flórez, y se va en contra del Concejo. Pero luego resulta que su concuñado, Carlos Alberto Gutiérrez Robayo —es decir, el cuñado de su pareja, Verónica Alcocer García— a quien llamaban “El Rey de la papa”, terminó siendo socio de la alianza público-privada que quería concursar por el tranvía. Petro frenó el proyecto por evidentes conflictos de interés. 

“En el estudio a fondo de un caso como este, se pueden observar deficiencias y habilidades en Petro como alcalde y lo que podría ocurrir en la Presidencia y es justo su volubilidad en cambiar de opinión y hacer lo mismo con sus proyectos. Eso mismo se puede observar con el tema de las basuras, es un giro rapidísimo en un proyecto de ciudad con casi nada de preparación logística. Con el metro, no se sentó a mirar lo que ya se había avanzado en la investigación. Nunca se preguntó si tenía suficiente cabeza gerencial”, asegura Flórez.

Lo suyo fue improvisar sobre la marcha 

Cuando asumió el poder local en Bogotá, Petro prometió que se haría cargo de la crisis en el manejo de la recolección de residuos como nadie. Con el mismo ímpetu, el tema de las basuras se convirtió en la punta de lanza para juzgar su gestión. Cada día ocupaba un titular en la prensa que jugaba con las posibilidades del lenguaje alrededor de los desechos.

“Un día, incluso, Petro se va a Fontibón, al occidente de Bogotá, y aparece en los medios de comunicación sosteniendo una bolsa blanca en las manos”, recuerda Flórez. “Por supuesto la gente que había alrededor suyo fue convocada por él mismo, y allí comunicó que quería poner a competir a los privados con un operador público”, recuerda Flórez. 

Aclara que él mismo, como Concejal, le dijo al entonces Alcalde que revisara la empresa pública de Medellín para aprender su logística, ya que la de Bogotá, en sus palabras, había sido un desastre. Pero Petro, como dice, no escuchó e improvisó sobre la marcha y se atropelló a sí mismo. 

Primero, Petro propuso un modelo de aseo sin licitación, es decir, escogió a dedo a la empresa Aguas de Bogotá, cuya Junta Directiva también presidía él. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró ilegal esa decisión porque, aparentemente, debía ser tomada por el Concejo y no por Petro. Sin embargo, esa decisión fue demandada y hasta la fecha no ha quedado en firme. Después, ante una emergencia sanitaria en Bogotá, a causa de la poca capacidad de la empresa elegida por Petro, alquiló carros y camiones con el objetivo de resolverlo. No se resolvió y, además, los decomisó la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

Más adelante, en 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio sancionó a varias entidades del Distrito. Y en 2015 la Corte Constitucional dejó firme el plazo para adecuar el esquema de aseo, como se consigna en esta decisión.

Y aunque hubo perjuicios por el modelo de limpieza urbana de Petro, en 2020 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó a la Dian indemnizar a la empresa Aguas de Bogotá por el decomiso de los camiones de basura alquilados por la Alcaldía de Petro. 

Sabe cómo manipular los hechos en la opinión pública 

Flórez promovió en el Concejo revisar la contratación del Transmilenio que había sido suscrita en la primera Alcaldía de Enrique Peñalosa, entre el año 97 y 2000, y que desde entonces no se actualizaba. Para ese momento, los contratistas aportaron a un compromiso inicial para la gestión de Transmilenio y desde entonces recibieron réditos inmensos por las condiciones establecidas en ese primer compromiso.

Aunque Petro estuvo de acuerdo con que había que volver a negociar esos contratos, la Junta Directiva de Transmilenio, que él presidía, tomó la decisión, al mismo tiempo, de prorrogarlos por 200 mil kilómetros más. “Un día ocurren unas protestas en Suba contra Transmilenio y Petro se va y, con megáfono en mano, dice a la opinión pública que hará justo lo contrario a lo que está comunicando en simultáneo la Junta Directiva del Transmilenio”, dice Flórez.

Lo paradójico fue que después se supo que su concuñado, Gutiérrez Robayo, presuntamente se beneficiaba con comisiones por la ampliación de tiempo de dichos contratos. También que el exgerente del sistema de Transmilenio de Gustavo Petro para ese momento, Fernando Sanclemente, era esposo de una sobrina de Alcocer, la pareja de Petro. En 2020 y dicho sea de paso, agencias estadounidenses encontraron un laboratorio para procesamiento de coca en una de las propiedades de Sanclemente, quien entonces se desempeñaba como embajador de Colombia en Uruguay. 

Los contratos finalmente se prorrogaron. Petro contrató al exministro de Hacienda, Hugo Palacios Mejía, para que lo asesorara y este le recomendó actualizar los contratos y abrir un nuevo proceso licitatorio. Pese a que el mensaje que Petro había estado repitiendo hasta ese momento era la necesidad de renegociar, no lo hace. 

Ese episodio da indicios de la forma en la que Petro lleva un mensaje a la opinión pública contrario a lo que finalmente hace, “es una actitud que demuestra la facilidad con que el Alcalde transforma y manipula los hechos en la opinión pública así traicione sus propios propósitos”, asegura Flórez. 

Tiene buenas ideas, pero no las sabe ejecutar

Otro de los escándalos del mandato de Petro tuvo que ver con sus promesas incumplidas. Una de ellas fue el reemplazo de los varios comedores comunitarios en las localidades más pobres de Bogotá. Gustavo Petro puso en marcha un programa que entregaba víveres como libras de arroz, frascos de aceite, entre otros, y no el alimento preparado que recibían en colegios públicos.

Una investigación del exconcejal Flórez demostró que la empresa que contrató la secretaria de Integración Social de Petro, Teresa Muñoz Lopera, para sustituir el servicio de los comedores clausurados era una sociedad de Villavicencio con experiencia en reforestación cuya sede era un apartamento en Bogotá. A raíz de una investigación de la Contraloría, Lopera debió renunciar.

“Descubrimos que ahí no había ninguna empresa, que no tenía ninguna solvencia, y ese negocio se acabó. Me empezaron a llamar de distintos colegios públicos a denunciar lo que estaba pasando: por ejemplo, que recibían carne que venía en vehículos no aptos, es decir, no eran frigoríficos”, dice Flórez. La Contraloría encontró en las bodegas de esa empresa fantasma una media tonelada de alimentos podridos que, según el exconcejal, estaban listos para ser llevados a los comedores comunitarios. También prometió construir unos mil jardines infantiles, pero solo construyó uno: de nuevo, por haberle encargado la tarea a “personas con trayectoria dudosa”, en palabras de Flórez.

Y no fue lo único. Petro destacó en su agenda a las más de 12 mil personas que están en situación de habitabilidad de calle en Bogotá. Para eso propuso sacar adelante los Centros de Atención Médica A Drogadictos, CAMAD, cuando ningún otro candidato le había dado un papel protagónico a este sector social. Sin embargo, no supo cómo sacar adelante su promesa puesto que, además de invertir en la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, el plan requería de un despliegue en programas de salud mental para los que la ciudad no tenía capacidad. 

Estos hechos de su administración hablan de buenas ideas, pero bajo un liderazgo obstinado en su propia agenda que ignora las necesidades y pormenores de su ejecución y donde la práctica no respalda la prédica.

[N. de la E.: Después de publicada esta historia corregimos dos datos imprecisos: uno que aseguraba que los carros para la recolección de residuos habían sido comprados, y no alquilados, así como la afirmación de que la Corte Constitucional ordenó el pago de las multas por la SIC, cuando lo que hizo fue sostener el plazo para adecuar el modelo de aseo. Además, aclaramos que aunque el Tribunal de Cundinamarca falló en contra del Distrito, esa decisión fue demandada y hasta ahora no ha quedado en firme. Ofrecemos excusas a nuestros lectores y lectoras por ese error].

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