La petición resulta desproporcionada, según expertos, ante la urgencia de los reclamos y la falta de evidencia científica para corroborar que las marchas son un foco significativo de contagio.
Colombia atraviesa el tercer pico de la pandemia: las camas en UCI se llenan a toda velocidad, los colegios vuelven a cerrarse, las cuarentenas y los toques de queda vuelven a interrumpir las rutinas retomadas. Se vuelve a subrayar lo grave de las aglomeraciones y entonces piden que se cancelen las marchas porque cualquier multitud en este momento es un riesgo. Mientras tanto, otras aglomeraciones parecen pasar por debajo del radar. El silencio las hace inmunes. “Parece ser que Transmilenio no tiene problemas con el COVID”, decía con ironía un usuario de Transmilenio en una nota de Noticias Caracol.
Justo cuando la ciudad aumenta dramáticamente las cifras de contagios y bate récords en muertes por Covid-19, las estaciones y buses transitan a reventar todas las tardes, antes de que empiece a regir el toque de queda.
Las aglomeraciones peligrosas, sin embargo, parecen ser solo las que se podrían generar en el Paro Nacional de hoy, a juzgar por las decisiones y declaraciones de última hora.
Anoche, justo antes del noticiero de las 7, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca publicó un auto que ordena el aplazamiento de las marchas del 28 de abril “hasta que no haya un protocolo de bioseguridad o se alcance la inmunidad de rebaño”. Los argumentos del auto citan la protección al derecho a la vida, la salud y la salubridad pública y caracteriza la movilización como una amenaza a esos derechos.
Sin embargo, el fallo parece ser una instrucción que nace muerta: “El derecho a la manifestación pública es un derecho fundamental. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, ninguna marcha ni movilización requiere permiso o autorización por parte del gobierno, ni distrital ni nacional”, explica Sofía Forero, investigadora de Dejusticia. Forero agrega que en la práctica la orden de ese Tribunal probablemente no tendría ningún efecto jurídico: sólo las leyes podrían limitar, de forma proporcional y justificada, lo que pase con la protesta. Y el auto del tribunal no es ley.
“La función de la jueza, que es constitucional, debería ser garantizar derechos y no limitarlos”, dice.
Aún así, la medida sí está teniendo efectos políticos. La Alcaldía de Claudia López, que ya había dicho esta semana que las movilizaciones del Paro eran “un atentado a la vida”, anunció por Twitter que como no pueden dar permisos a las marchas, no prestarán ni la tarima ni el sonido que habían solicitado los organizadores del Paro, que ya tienen planeados 56 puntos de concentración por toda la ciudad. Que si llega a haber “alteraciones del orden público”, dijeron, implementarán los “protocolos establecidos para estos casos”. Es decir, primero intervendrán con gestores de convivencia, luego con la Fuerza disponible de la Policía, y en última instancia con el Esmad. En la calle, sin embargo, ya hemos visto lo rápido que se sobreponen esas fases del protocolo.
“Como el permiso no es un requisito para que las protestas se hagan, están obligados igual a brindar garantías a la manifestación”, explica Forero y dice que, de todas maneras, el auto pone a la Alcaldía en una posición complicada. “Supongo que eso significa que van a acompañar de acuerdo con los protocolos de garantía a la manifestación que existen (gestores de convivencia, PMU, etc.) pero no se pueden comprometer demasiado”.
Como pasó en 2019, este Paro Nacional empezó como una convocatoria de las principales centrales obreras en el país a la que la radicación de una nueva reforma tributaria –la tercera de Iván Duque– le metió gasolina. El proyecto ha recibido críticas de casi todos los sectores sociales y políticos porque incluye medidas que parecen empobrecer más a los ya pobres y enriquecer a los de siempre. Pero la convocatoria de la movilización se cruzó con la crisis del tercer pico de la pandemia y ahora gobiernos y autoridades piden cancelar la marcha, aplazar la urgencia de los reclamos, respaldados a última hora por la orden de un juez.
Sin embargo, la discusión sobre el riesgo de contagio que representan las protestas en la calle parece no estar cerrada del todo. O al menos, hasta hoy, no hay datos concretos que permitan saber si una marcha es en efecto un lugar de alto riesgo en medio de la pandemia.
“Realmente no he visto datos empíricos que puedan describir con precisión si realmente hay incrementos de casos o no alrededor de las marchas”, asegura Andrés Vecino, investigador y salubrista de la Universidad Johns Hopkins.
Lo que sabemos hasta ahora del virus hace pensar que las aglomeraciones son el escenario perfecto para el contagio pero, al mismo tiempo, hoy parece haber un acuerdo generalizado de que las actividades al aire libre —como la vuelta a Colombia que se celebró hace pocos días en Bogotá— no son un riesgo. Específicamente sobre las protestas y el riesgo que ellas representan en materia de contagios, Andrés Vecino explica que no existen datos concretos porque recogerlos es difícil: se necesitaría hacer un ejercicio juicioso de rastreo de contactos para saber cuántas personas de hecho se infectan en una movilización. La tarea resulta titánica, pero ya ha habido intentos en el mundo por rastrear cuál es el impacto de las movilizaciones sociales en el aumento de casos de Covid.
En mayo del año pasado, en varias ciudades de Estados Unidos se realizaron protestas por el asesinato de George Floyd a manos de oficiales de la Policía de Minneapolis. Las marchas, que hicieron parte del movimiento Black Lives Matter, desataron preocupaciones en los días previos precisamente por considerarse factores de riesgo que podrían aumentar los casos de Covid.
Pero las marchas sucedieron y el pico de contagios que muchos anticiparon no llegó. Según una publicación de la Escuela de Medicina de Harvard, la tasa de infección entre las personas que marcharon en el estado de Massachusetts fue “notablemente baja”: del 2,5 % y con una tasa de infección general que continuaba bajando. En el estado de Minnesota, donde fue asesinado Floyd, se organizó una iniciativa orientada a los manifestantes que encontró que sólo el 1,5 % de ellos tuvo un resultado positivo. Lo mismo pasó en ciudades como Nueva York y Washington, donde las marchas fueron masivas pero las cifras de contagios dos semanas después —el tiempo promedio en el que se empezarían a presentar síntomas— no aumentaron radicalmente, como se esperaba que lo hicieran.
Entonces se especuló que el hecho de que las marchas fueran al aire libre, que tuvieran un alto porcentaje de uso de tapabocas y que mantuvieran el distanciamiento social entre los manifestantes, podían ser factores para que no fueran focos de contagio. Pero las notas y análisis también reconocían que tal vez era muy temprano para saber el impacto de la movilización. Y que, de cualquier forma, el hecho de no tener picos después de las protestas no significaba que las marchas no causen más contagios, solo que parecen no ser un evento que cause un aumento radical de contagio.
Lo mismo dice el salubrista Andrés Vecino sobre el caso de las marchas en Estados Unidos: reconoce que si bien es cierto que no hay picos posteriores, eso no quiere decir que no haya contagios. Más bien significa, dice, que estas marchas no fueron eventos masivos identificables suficientemente altos como para producir un pico.
En todo caso, pide cautela. “Es cierto que los espacios abiertos son más seguros, pero las marchas son espacios concurridos donde hay contactos cercanos, donde la gente habla en voz alta y eso lo hace un espacio de alto riesgo. Eso añadido al potencial uso de gases que hacen que la gente tosa lo agrava mucho más”.
Además resalta que la situación y condiciones que se vivían entonces en Estados Unidos son distintas a las que se viven hoy en Colombia:
“Estamos en medio de un pico muy serio. El sistema de salud está en tal nivel de estrés que cualquier cosa que lo lance a la saturación total es peligrosa”. Añade que hace un año no estaban presentes las variantes del virus que hoy se han identificado y que se teoriza, aunque no se sabe del todo, podrían tener mayor transmisibilidad y ser en parte responsables de este pico.
“Entonces comparar las marchas de Black Lives Matter del año pasado es diferente a lo que está pasando hoy en día en Colombia”, asegura.
Aún así, a pesar del carácter cauteloso de ver en las marchas un lugar de potencial contagio, Vecino no se atreve a decir que pedir cancelar o aplazar las marchas sea una decisión proporcional.
“Es muy difícil hacer un balance de las libertades constituyentes de la marcha versus los aspectos epidemiológicos. No voy a decir que es proporcional. Pero sí hay un riesgo real de que haya un incremento de casos, es una preocupación desde el punto de vista epidemiológico. Es complicado”.
La complejidad de juzgar esa proporcionalidad entre el riesgo de contagio y la urgencia de la movilización se hace más evidente si se tiene en cuenta que, según una encuesta reciente sobre el apoyo al Paro Nacional, el 73,1 % de los encuestados están de acuerdo con que se haga el paro. El miedo, de cualquier forma, está: solo el 36,2 % de los encuestados aseguró que saldría a marchar.
Ese 36 % parece no tener intenciones de cambiar de opinión, ni a pesar de los riesgos de contagio ni a pesar del auto del Tribunal de Cundinamarca. Las otras urgencias siguen sintiéndose más fuertes.
Anoche, en rueda de prensa, los líderes del Comité del Paro Nacional dijeron que la convocatoria se mantiene y no sólo en Bogotá: “con o sin permiso este paro ya se hizo”, escribió un líder de Asonal Judicial S.I. en Cali en un mensaje de Whastapp que circuló en grupos de periodistas, justo después de que se conoció el auto.
Tampoco desde sectores sociales y étnicos. “Esta medida cautelar es tan improvisada y a la carrera que hasta la fecha les quedó mal. Se nota el afán que tenían de cercenar el derecho a la protesta. Consideramos que la gente tiene que ejercer el libre derecho a la protesta pacífica y social hasta tanto no haya una ley que la limite”, le dijo a Cerosetenta el senador indígena y líder del CRIC, Feliciano Valencia.
No hay discusión sobre la gravedad del momento por el que está atravesando el país en términos de salud. En eso coincide Víctor Barrera, investigador del Cinep, aunque opina que la petición de cancelar las marchas es peligrosa. “Es peligroso que se aluda al concepto de que esto se trata de una simple aglomeración en el espacio público y que, como toda aglomeración en espacio público, está prohibida. Las protestas sociales son ejercicios de derechos fundamentales consagrados autónomamente en la Constitución”, asegura.
Para él, en el caso de Bogotá, lo ideal es que la Alcaldía se hubiera sentado con la ciudadanía a crear espacios de diálogo para llegar a alternativas conjuntas de protesta que respondan a la crisis de la pandemia, en lugar de proponer unilateralmente protestas virtuales o cacerolazos por las ventanas. En cambio, dice, los pronunciamientos de la Alcaldía han pretendido obligar a que quienes tenían intenciones de marchar renuncien a salir a la calle, parte esencial de la protesta.
“Este tipo de pronunciamientos profundizan la tolerancia a ciertas aglomeraciones mientras que refuerzan la mirada estigmatizante de la protesta social”, dice. Para Barrera, estas afirmaciones no reconocen la importancia de la protesta como un acto democrático fundamental que envía señales públicas y claras sobre lo que los gobiernos están haciendo mal y sobre cómo podrían tomar mejores decisiones ante las circunstancias económicas y sociales actuales.
“Son incluso pronunciamientos que pueden endilgarle la responsabilidad del contagio a los ciudadanos que deciden salir a las calles a protestar, cuando sabemos que la responsabilidad ha estado en otro lugar por malas decisiones o por medidas que no necesariamente corresponden con la evidencia de las dinámicas de contagio”, dice el investigador. Medidas que, incluso, sectores médicos han cuestionado, como el 4×3 que implementó Bogotá.
Una vez más, la protesta en Colombia se enfrenta a la oposición de un gobierno que, por las razones que sean, considera que no es oportuna, que es peligrosa y que se debe replantear en sus propios términos. Esta vez, la justificación es epidemiológica y parece sentirse más real que nunca: son pocos los que no han visto los estragos del virus en sus círculos cercanos, son pocos los que ahora se atreverían a decir que la crisis de salud no es real ni urgente.
Aún así, Andrés Vecino, el salubrista de Johns Hopkins, se atreve a decir que la recomendación no debería ser decirle a la gente que no salga: “Yo lo que haría es darle recomendaciones a los marchantes: mantener las máscaras todo el tiempo, que la Policía no lance gases, que los que salen traten en la medida de lo posible de aislarse de adultos mayores después de las marchas para evitar contagios. Esas recomendaciones creo que son mejores que decirles que no vayan”.
Porque, en cualquier caso, van a salir.
