“Imaginate cuando te cae una gota de aceite caliente en la mano, este dolor es eso, pero multiplicalo por un millón”. Ahora imagínese ese dolor multiplicado por un millón sobre su cara. Imagínese ir a un hospital con ese dolor y tener que esperar más de tres horas para ser atendido, sin saber qué está pasando con su cara. “Yo me estuve quemando por tres horas, con el dolor más intenso”. El 13 de febrero de 2007, en el occidente de Bogotá, Nubia Patricia Espitia fue atacada por una pareja mientras caminaba con su hija de 12 años. “Dos personas se me acercaron, un hombre y una mujer. Yo inmediatamente les pregunté si necesitaban algo y, sin decirme nada, uno de ellos sacó de su chaqueta una taza y me arrojó su contenido en la cara”. Nubia pensó que le habían lanzado una bebida caliente, pero “mi hija vio que no era así, que había algo extraño con lo que me habían lanzado porque mi rostro se estaba desfigurando y mi ropa se comenzó a desintegrar”.

Nubia es una de las más de 1.100 víctimas de ataques con agentes químicos que han sido reportadas por el Instituto Colombiano de Medicina Legal (ICML) y el Instituto Nacional de Salud (INS) entre el 2004 y el 2016. Y es que Colombia es uno de los países que más ataques con agentes químicos reporta anualmente. Según la Acid Survivors Trust International cada año 1.500 personas son atacadas con agentes químicos en el mundo y en Colombia el promedio anual es de 100 casos. Pero las cifras no están del todo unificadas y, aunque diferentes, todas las estadísticas son muy preocupantes. En la última década Colombia obtuvo en 2012 el deshonroso primer puesto en número de víctimas per capita, incluso por encima de países como India, Pakistán y Bangladesh, que es donde tradicionalmente se han registrado mayores tasas de ataques. A esto se suma que los dos siguientes años, 2013 y el 2014, fueron los más violentos según el Ministerio de salud: hubo 722 casos de quemados con agentes químicos en todo el país.

Para varios investigadores del tema hay un subregistro de casos reales porque mucha gente teme denunciar o no sabe cómo hacerlo. Pero también porque “no se ha logrado unificar un sistema de información  para los casos de ataques con agentes químicos. Todavía hay subregistro, imprecisiones y personas quemadas que se registran como ataques con agentes químicos pero no lo son”, asegura Kellyn Duarte, encargada de la estrategia de acompañamiento y restablecimiento de derechos de sobrevivientes con agentes químicos en la Secretaría de la Mujer de Bogotá. En esta ciudad se presenta uno de cada cuatro casos de personas atacadas con agentes químicos en el país, lo cual la convierte en  la ciudad con la mayor tasa de ataques de Colombia.

¡Eso le pasa por bonita!

Lo que sí saben los investigadores y las entidades públicas es que, entre más se investiga y se denuncia este tipo de violencia, más personas atacadas aparecen para registrar su caso. También saben que, según los datos que recolectó el ICML entre 2004 y 2014, en el 86 % de los casos hubo violencia interpersonal y en el 11 % las víctimas quedaron con graves deformidades en su cuerpo y rostro.

Sobre todo mujeres.

“Estos ataques son violencia de género. Creo que son una forma de controlar a las mujeres, de sancionarlas por no cumplir los roles socialmente establecidos”, asegura Kellyn Duarte. En Colombia el 79 % de las agresiones son en contra de mujeres y en Bogotá, entre el 2011 y mayo de 2017, los ataques con agentes químicos a mujeres duplicaron los que se dirigieron contra hombres.

Para Duarte, que es la interlocutora entre las mujeres bogotanas atacadas con agentes químicos y el Estado, el 2017 ha sido un año muy duro: “Para mayo, que son las últimas cifras que tenemos, se han registrado siete casos [seis mujeres] en Bogotá. Esto para nosotras es alarmante porque es posible que alcancemos la cifra de 2014”. Sólo en los primeros cinco meses de 2017 ya se habían registrado más de la mitad de ataques que hubo en 2014, el año más violento en la ciudad. Según el Subsistema de Lesiones de Causa Externa (SIVELCE) durante 2014, en la capital del país, fueron atacadas 13 mujeres y 11 hombres con agentes químicos.

Este aumento en los ataques generó mayor visibilidad en los medios, especialmente por el caso de Natalia Ponce de León, una mujer bogotana que fue atacada el 27 de marzo de 2014 en la puerta de su casa. Este caso se volvió agenda nacional y ayudó a visibilizar a otras casi mil víctimas en la década anterior y a fundaciones que ya venían trabajando con sobrevivientes de este tipo de ataques, pero que no habían recibido atención mediática.

Víctimas como Nubia, quien duró más de tres meses hospitalizada, sufrió quemaduras en el 100 % de su cara y perdió parcialmente la escucha del oído izquierdo. Hoy, diez años después de su agresión, es una de las principales activistas en contra de los ataques con agentes químicos en el país y trabaja como relacionista pública en Reconstruyendo Rostros, la primera fundación colombiana de apoyo integral a sobrevivientes de ataques con ácido. Allí Nubia conoció a Gina Potes, fundadora de Reconstruyendo Rostros y la primera mujer oficialmente registrada en Colombia como víctima de ataques con agentes químicos en 1996. A Gina la atacaron en la puerta de su casa, timbraron, abrió la puerta y le gritaron: “¡Eso le pasa por bonita!”.

Justicia

Por casos como estos es que la Secretaría de la mujer está articulando y liderando una estrategia de la ruta de atención y acompañamiento para las víctimas de este tipo de ataques a través de cuatro líneas de acción. La primera es la Incidencia en la agenda normativa, en donde la secretaría acompaña procesos de formulación, difusión y sensibilización de temas legislativos. La segunda es la Activación de rutas, en donde acompañan el acceso a medicamentos, cirugías, procedimientos reconstructivos y servicios de emergencia social. La tercera es el Acceso prioritario de las sobrevivientes a servicios de atención psicosocial y de orientación y representación socio jurídica. Finalmente el Fortalecimiento institucional, en donde la secretaria participa en diversos espacios institucionales distritales y nacionales, de la mano de las fundaciones Reconstruyendo rostros, la Fundación Natalia Ponce de León, la Fundación Inti, la Fundación del quemado y la Fundación Alexandra Rada, todas organizaciones que han trabajado por las y los sobrevivientes de estas agresiones. “Ha sido muy interesante porque se creó una mesa interinstitucional que ha logrado hacer incidencia en la Procuraduría”, asegura Duarte. La mesa de la que habla es un espacio liderado por el Ministerio de salud y protección social desde el cual, por la presión de estas mujeres activistas, se ha logrado incidir para que la Procuraduría General de la Nación haga el seguimiento de las diferentes instituciones distritales y estatales que tienen un rol en la ruta de atención de este tipo de ataques.

Los primeros resultados de esta mesa ya se están viendo y en junio de 2017 las organizaciones crearon el documento Barreras de acceso víctimas ataques con agentes químicos, el cual recopila, desde la experiencia de las sobrevivientes y las instituciones, los mayores obstáculos a nivel físico, psicológico, social y económico. Un documento clave para que las instituciones y la ciudadanía sean conscientes de forma global sobre lo que implica en términos laborales, de salud y de justicia.

Y es que la justicia es uno de los pedidos más importantes para las víctimas. Ver a su agresor condenado es parte de su proceso de recuperación.

“Para mí va a ser una alegría el día que lo condenen y le den una condena de varios años. Obviamente quiero que haya justicia. Un hombre así no puede quedar libre”. Así lo contó Natalia Ponce en un reportaje de 070 y Radio Francia Internacional publicado en 2015, un año después de su ataque. En agosto de 2016, Jhonatan Vega, el agresor de Natalia, fue condenado por el delito de tentativa de homicidio a 21 años, 10 meses y 15 días de prisión. Esta sentencia fue ratificada en enero de 2017 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá y es la primera condena de este tipo para el agresor de una víctima de ataques con agente químicos en el país.

Pero este caso ha sido privilegiado por la visibilidad e impacto que tuvo en los medios.

A todas las demás víctimas los procesos judiciales, si había, se les convertían en un dolor de cabeza. “Todo el proceso de investigación y el tema probatorio es muy complejo. Hemos tenido casos de mujeres que tienen dificultades para la denuncia, dificultades para determinar la sustancia por medicina legal. No hay equipos de investigación continuos, todo el tiempo los están cambiando y se pierde el hilo conductor”, asegura Duarte. Desde finales de los años noventa, que fue cuando se comenzaron a detectar ataques sistemáticos con agente químicos, se identificó que había un vacío legislativo con este tipo de delitos. Hasta el año 2016 todas las agresiones con agentes químicos eran tipificadas como “Lesiones personales”, un delito menor que no tenía agravantes.

Sólo hasta el año 2013, con la Ley 1639, se incorporaron agravantes, se regularon las ventas de estos químicos y se establecieron medidas de protección a las víctimas de estos ataques. Especialmente en esta ley se estableció una ruta de atención en la que “los bomberos, la policía y la Secretaría de salud son los primeros respondedores”, asegura Duarte. Esto quiere decir que son los encargados de atender a las víctimas y sobre todo “una de sus principales funciones es recolectar el material probatorio. Pero en los casos que yo conozco, ninguno conoce que esa es su función”, señala Duarte. Y es que en muchos casos lo que ha pasado es que no hay pruebas porque nadie las había recolectado. “Uno que va a pensar en recolectar pruebas cuando te atacan. Uno lo que quiere es salvarse”, asegura Nubia.

La tortura

“Los ataques con agentes químicos son un mecanismo de tortura. Esa es la intencionalidad porque dejan una marca, no es asesinarla sino dejar una marca para que siempre se recuerde el agresor o el mensaje”, asegura Duarte. Y así lo ratificó el Tribunal superior de Bogotá en el caso de una mujer atacada en 2010 por un hombre que su expareja contrató. Viviana Benavidez, abogada de la Secretaría distrital de la mujer en el área de litigio estratégico, ha acompañado a esta mujer en un caso que sienta un precedente muy importante: el reconocimiento de la tortura como un delito asociado a este tipo de agresiones. “Este fue un caso en el que la relación de pareja se presentaron múltiples agresiones, pero su caso no fue atendido oportunamente”. La mujer decide terminar la relación y huir, pero el hombre intenta asesinarla. Ella lo denuncia y quince días después es atacada con un agente químico en su cara. Después de siete años de la agresión el hombre fue condenado a 41 años y 8 meses de prisión.

Pero sin duda el avance legal más importante de los últimos años ha sido la expedición de la Ley 1773 del 2016, más conocida como la ley Natalia Ponce de León, que tipificó el delito de forma más específica: Ataques con agentes químicos. Esta ley se venía discutiendo desde el año 2014 y busca, sobre todo, que se reconozca este delito como único y que se endurezcan fuertemente las penas para los agresores. Un agresor, por sólo este delito, puede llegar a pagar entre 40 y 50 años de prisión sin muchos de los beneficios penales y multas de hasta 3.000 salarios mínimos.

Según cifras del Ministerio de Salud, en 2016 cuando entró en vigencia la ley,  se presentó una disminución del 54 % de los ataques respecto a 2015. En Bogotá para 2016, sólo dos hombres se reportaron como víctimas, lo cual representó una disminución del 86 % en el mismo periodo. Pero 2017 ha sido un año muy violento en Bogotá.

Aunque esta ley representa un avance legislativo importantísimo en términos de penas, varias de las expertas son escépticas. Duarte, de la Secretaría de la mujer, asegura que “la ley generó un avance penal. Pero el sistema jurídico colombiano tiene muchas dificultades para investigar estos hechos y por eso ha habido tan pocas condenas”. Por su parte, Carolina Espitia, abogada de la Fundación Natalia Ponce de León, cree que esta ley “es el primer paso para reducir la impunidad pero no es suficiente porque se requiere de un trabajo articulado de las entidades públicas para garantizar la disminución de los casos y el acceso efectivo a la justicia de las víctimas de ataques con agentes químicos” y recalca que aún es muy pronto para evaluar el impacto de la ley sobre todo por lo largos que son los procesos judiciales.

Para Benavidez, la abogada de la Secretaría de la mujer, la experiencia ha sido positiva. En el único caso que lleva, y que está cobijado por la nueva ley, sí ha habido “una agilización en los procesos y sobre todo una sensibilización de la gente frente a estos casos de ataques con agentes químicos”.

COMPARTIR ARTÍCULO