Hablamos con el profesor Salomón Kalmanovitz sobre las medidas económicas decretadas por Iván Duque en medio del COVID-19.
Colombia está de trapo rojo y el Covid-19 tiene a los grandes tomadores de decisiones jugando póker, azarosamente, sobre una mesa. El presidente de la República, Iván Duque Márquez, rige por decretos la política económica del país y es confuso si para salvarnos de un posible declive, debería ser su gobierno menos o más democrático o considerar si está bien o no seguir en su plan de favorecer solo a unos sectores y gremios, como ha pasado hasta ahora.
Mientras el Estado refinancia las deudas con los bancos, las altas demandas de sectores populares –por servicios que mejoren su calidad de vida– ponen en evidencia, como un golpe, el hambre que azota a los barrios empobrecidos del país. La recesión explícita de la economía pide salvavidas y algunos teóricos progresistas (desde Žižek a Judith Butler) creen que vivimos el ocaso del capitalismo y que podrían contemplarse otras corrientes. Sin embargo, el profesor emérito de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Salomón Kalmanovitz, aterriza el panorama y argumenta, en esta entrevista, que el Gobierno colombiano deberá recurrir a parte de las reservas internacionales que tiene invertidas —en tesoros norteamericanos, por ejemplo— y considerar que los bancos correrán peligro por la posible alta morosidad que venga y que, de ser así, quebrarán los más débiles.
Para Kalmanovitz, el gobierno, que es especialmente generoso con los gremios agropecuarios, con la crisis va a tener que ofrecer salvamentos a fondos de pensiones, EPS, IPS y al pasar por una situación peligrosa, dado que tiene poderes de excepción y el Congreso está virtualmente cerrado, como dice el experto, la Corte Constitucional tendrá que poner freno.
Son medidas a todas luces insuficientes, el tradicional nadadito de perro de la tecnocracia colombiana. En el plano fiscal hizo traslados de los ahorros pensionales de los territorios al gobierno central (1,4 % del PIB), refinanció algunos bonos del gobierno (TES) que estaban por vencerse y solicitó un crédito flexible al Fondo Monetario Internacional por US$11,000 millones a tasa de interés de mercado (desfavorable a los países que hacemos parte de los mercados emergentes) y con plazo entre 3 y 5 años, que equivale a 4 % del PIB. Hubiera podido hacer traslados del presupuesto de seguridad al de salud que es muy insuficiente, de solo 1,7% del PIB. El presupuesto de subsidios sociales (familias y jóvenes en acción, adulto mayor, etc.) es de 1,3% del PIB.
Compárese nuestro gasto para enfrentar la crisis de si acaso 5 % del PIB con Perú que está dispuesto a gastar 12 %, accediendo a sus reservas internacionales y a préstamos de su banco central, algo que acá es tabú. El Banco de la República bajó su tasa de referencia a 3,75 %, mientras que Chile y Perú se bajaron a niveles de 1% para aumentar la liquidez y abaratar el crédito. El gobierno ha ofrecido garantías a los préstamos de negocios que no pueden producir ni vender, algo que los bancos no han aceptado porque subyacen riesgos.
Me parece que el Gobierno debiera estarse preparando para multiplicar su gasto y los subsidios a las nóminas y a la población vulnerable, incluyendo a los informales. Para eso debe recurrir a parte de las reservas internacionales que tiene invertidas en tesoros norteamericanos que dan el 1 % anual y contrae créditos al 8 %, como también a préstamos directos del banco central, respaldados por TES, y a préstamos forzosos de empresas y personas naturales que tengan liquidez. Eso habrá que pagarlo para que no se vuelva inflacionario y, por lo tanto, debiera estar pensando en una reforma tributaria progresiva y estructural que pueda responder a estos compromisos.
El presidente ha llamado a los bancos “vampiros”, desconociendo la naturaleza de su negocio que es asumir riesgos con tasas de interés acordes. El banquero ofrece su paraguas cuando sale el sol y no lo presta en medio de la tormenta. Los bancos están en peligro porque la cartera que tienen colocada va a ser afectada por la falta de producción y ventas, aumentará la morosidad y si esta es excesiva quebrarán los más débiles. En ese momento el gobierno deberá entrar a salvarlos para garantizar el ahorro del público pues la quiebra de algunos puede contagiarse a los más fuertes. No hemos estado en una fase de especulación económica y financiera, así que no se presentan casos de conductas aventureras que deban ser castigadas con la expropiación.
El partido de gobierno es de estirpe corporativa y es especialmente generoso con los gremios agropecuarios que han recibido préstamos cuantiosos a tasas de interés subsidiadas, ocupando la mayor parte del crédito ofrecido supuestamente a los campesinos. Es un deja vu del programa Agro Ingreso Seguro que le costó cárcel y el fin de la carrera de Andrés Felipe Árias, pero que en una situación donde el Congreso está disuelto y no se puede expresar la oposición se cometen actos graves de corrupción y de abuso del poder ejecutivo. El gobierno también escucha con atención las peticiones de los grandes gremios del país y otorga muchas de sus peticiones, como la de reabrir la economía rápidamente y sin tomar las precauciones necesarias.
El pasado 13 de abril la directora del Consejo Nacional Gremial dijo “que se deberá analizar cuáles sectores de la economía podrían retomar actividades, instalando los protocolos sanitarios pertinentes, tras la cuarentena preventiva obligatoria, así como la necesidad de reactivar la confianza de los consumidores. El 22 de abril el presidente Duque anunciaba la reapertura “inteligente” de la economía, depositando alegremente las decisiones logísticas de protección y transporte responsables en manos de los mandatarios locales.
El Instituto de Ciencia Política por su parte le hace al gobierno la siguiente recomendación: “es importante considerar una reasignación del gasto público, reduciendo especialmente las partidas asignadas a los sectores que no contribuyen directamente al desarrollo económico del país y a la superación de la actual crisis. Si se empieza a considerar una reducción del tamaño del sector público, se podrán otorgar alivios a los colombianos, y hacer sostenible la eliminación y reducción de impuestos que permita reactivar y fortalecer distintos sectores de la economía nacional”. Al mismo tiempo hace un catálogo de gastos requeridos por la emergencia sanitaria que no se podrían acometer con la austeridad fiscal que también exigen. Pero además insisten en políticas que afectan negativamente a los trabajadores como introducir tres turnos sin pagar por los esfuerzos extraordinarios que conlleva o de apoyar las nuevas formas de contratación no de trabajadores sino de “socios”, como lo están haciendo las empresas que hacen domicilios, mensajerías o prestan servicios recurriendo a plataformas digitales o las contrataciones por servicios que tienen acogotado el sistema de salud colombiano. No estoy seguro de que el gobierno acoja todas estas recomendaciones, aunque la reforma tributaria de 2019 obedeció a este tipo de orientación, mientras que el Ministerio de Trabajo vino a ser ocupado por un político que no tiene mucha capacidad de hacer transformaciones profundas en su campo.
Me parece que habrá que esperar a las elecciones de 2022 que espero gane la oposición que ha logrado posiciones en los gobierno territoriales. Tendrá entonces que sopesar los sistemas privados de salud y de pensiones que son vulnerables a la corrupción o que dependen de un casino como es la bolsa de valores (la expresión es de Keynes). También deberá pensar en un seguro universal contra el desempleo y algún tipo de renta universal. En todos los casos necesitará de una tributación progresiva y mucho más robusta que permita un Estado fuerte que le responda a sus ciudadanos por sus necesidades de salud, educación y bienestar.
Me parece que es una situación peligrosa de gobierno con poderes de excepción, con el Congreso virtualmente cerrado; espero que la Corte Constitucional le ponga algún freno. Se presentan abusos de poder en la toma de decisiones económicas y financieras, y de los entes de control, en particular de la fiscalía. Es indispensable que el Congreso retome su función de control político del ejecutivo y que le ponga coto a sus abusos.
Rudolf Hommes hizo una propuesta inteligente y es que el gobierno compre Avianca que vale menos de US$100 millones en vez de regalarle plata en forma de préstamos o subsidios. Así mismo, el gobierno va a tener que ofrecer salvamentos a fondos de pensiones, EPS, IPS, a los bancos más emproblemados, así que puede hacerse a muchos activos que ojalá administre admirablemente.
No creo que las pandemias causen cambios de régimen político. Si veo un cambio de gobierno en Estados Unidos a favor del Partido Demócrata, el ocaso de los gobiernos populistas de izquierda en México y de derecha en Brasil y también en Colombia el desprestigio del Centro Democrático que está mostrando su ineptitud y corrupción.
