Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, una centro izquierda democrática y una derecha extrema, fueron los candidatos que se disputaron la segunda vuelta en las presidenciales de Colombia.

El preconteo da como ganador a De la Espriella por un márgen de 250 mil votos, en una elección donde participaron 26 millones de personas –es decir, donde el ganador se impuso sobre su contrincante por menos del 1%. 

Al ver los resultados, se repite la imagen de un mapa electoral dividido en dos. ¿Cómo es que la sociedad colombiana llegó a tener visiones tan disímiles de lo que entienden por un país y hacia dónde debería ir ese país? ¿Tan disímiles de cómo lidiar con la guerra, el medio ambiente y la economía del país? 

Hablamos con cinco expertxs para entender la historia de cómo estas dos miradas de la sociedad se distanciaron hasta el punto en que nos encontramos.

Juan Pablo Aranguren, psicólogo

La polarización política que se expresa en las elecciones refleja una fractura de la sociedad colombiana que existe de verdad. Es el reflejo de una sociedad profundamente desigual, y es a partir de estas inequidades que se puede comprender por qué las percepciones sobre lo urgente, lo necesario, lo prioritario difieren tanto en función de los contextos en los que se habita el país.

No se trata solamente de una división de clases sociales, sino también es una división sobre las comprensiones sobre el conflicto armado e incluso sobre los impactos de la guerra. La división social acontece como resultado, por ejemplo, de que el conflicto armado de larga data ha terminado coadyuvando que se instalen comprensiones maniqueas sobre lo político, basadas en esas viejas ideas sobre el enemigo interno, lo que ha terminado incluso por justificar o por poner en discusión hechos tan éticamente reprochables de nuestra historia política como los “falsos positivos”. Estas disputas son el reflejo de los impactos que la guerra ha tenido sobre las maneras en las que nos narramos a nosotros mismos y al conflicto. También nos hablan del impacto que ha tenido la corrupción de larga duración, que se expresa en una profunda desconfianza frente al Estado colombiano y a sus instituciones. Además, estos años de violencia política han instalado miedos y polarizaciones que han hecho que entendamos la democracia y la participación política como algo asociado a la muerte y al desamparo.

Esto refleja el efecto que tiene la deshumanización del otro, que en el caso de Colombia, hizo que históricamente percibamos a quienes han participado en las confrontaciones armadas, a los soldados, a los insurgentes, como una suerte de monstruos situados en las antípodas de la ciudadanía, o que se anhelen como héroes fulgurantes en una sociedad que se vanagloria en el desastre de la guerra. Esto al punto que incluso se conciba a quienes anhelan la paz como personas que no merecen vivir con nosotros. Estas fracturas sociales terminaron por instalar la idea de que quienes anhelan una relación menos extractivista con la tierra y el territorio se perciben como opositores del desarrollo. Además, las narrativas clasistas, racistas y misóginas que se han dado en varios países del norte global han venido instalándose nuevamente en Colombia.

Sin embargo, fenómenos importantes de nuestra historia reciente, como la firma del acuerdo de paz en 2016 o el estallido social de 2021, han contribuido a un ejercicio de la ciudadanía más informado, menos acorralado por las narrativas del terrorismo que tanto calaron en nuestro conflicto a inicios del siglo XXI. Existe una comprensión nueva sobre el ejercicio democrático. Este escenario se está convirtiendo en un campo de disputa. Las preguntas que para mí surgen son: ¿estamos dispuestos a volver a discutir sobre la humanidad del otro? ¿Sobre el derecho de la existencia de los demás? ¿Sobre el Estado como un garante de derechos? ¿Estamos dispuestos a caer en el juego de volver debatible lo inadmisible o lo éticamente reprochable? Al final, de eso se tratan estas elecciones.

Laura Quintana, filósofa

Más que fractura, yo hablaría de un antagonismo entre dos visiones realmente distintas del país. Por un lado, una visión más igualitaria, anclada en la justicia social, el compromiso con la sostenibilidad ecológica, el compromiso con confrontar las causas estructurales de la larga historia de violencia en el país y con asumir una apuesta por la verdad fáctica. Por otro lado, una visión militarista, desigualitaria del espacio social, autoritaria, punitivista, que además está incubando afectos ligados con el fascismo: quiere hacer ver a otros como enemigos internos del orden social, como sujetos indeseables que se deberían eliminar.

¿Cuáles serían las razones de ese antagonismo? Son muy diversas: hay unos intereses de clase de unas élites muy retardatarias que se han anclado con grandes capitales y que han mantenido una guerra muy lucrativa en el país. Sabemos también que hay una estigmatización de la izquierda que la quiere invalidar como una opción válida para nuestro país. También sabemos que está en juego una ideología muy individualista que quiere anclar una promesa de bienestar y de propiedad, que no se vincula con nociones de solidaridad y de compromiso social. Además hay una atracción muy fuerte de la estética narco, del imaginario del dinero fácil, de lo ostentoso, del aspiracionismo, que son valores que se fomentan bastante en sociedades muy desigualitarias. Sin embargo, no podemos negar que hay razones válidas que tienen que ver con clases medias que se vieron afectadas por medidas algo improvisadas que tomó el presidente Petro que afectaron su nivel de vida y que no se han podido vincular con transformaciones de lo público que también son importantes para que estas medidas se puedan sostener.

¿Cómo se pueden confrontar estas razones? Sin duda, escuchando estas condiciones que están en juego, atendiendo a las razones que tienen los actores sociales, haciendo unas transformaciones que permitan crear más diálogo nacional, creando instituciones más igualitarias que confronten las causas estructurales de la violencia en el país, haciendo instituciones más públicas, más incluyentes, más plurales, tratando de desmantelar una cultura que está muy vinculada a la naturalización de la desigualdad.

Santiago Rivas, periodista

La fractura nacional viene de una ruptura en el diálogo, de una serie de relatos que han venido instalándose poco a poco en la conversación pública, desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, se cree que el Estado es inherentemente mentiroso y corrupto. Eso, por supuesto, se dice con razón y se dice sin razón. Es decir, la función pública está integrada mayoritariamente por gente buena y proba, gente honesta, mientras que los casos más sonados de corrupción y de violencia configuran a los servidores públicos más conocidos. Eso nos tiene en un punto en el cual desconfiamos de cualquier persona que esté contratada por prestación de servicios en un gobierno con el que estamos en desacuerdo.

Tenemos una fractura porque tenemos una serie de heridas históricas que pasan por el racismo estructural, por el sexismo estructural, por la exclusión histórica de opciones políticas distintas a las fuerzas políticas tradicionales. Se ha construido una izquierdofobia que vino azuzada por la existencia de una violencia armada muy fuerte. El hecho de que existan dos países tan distintos, uno en las ciudades y uno en el campo, el país que cuida la policía versus el país que cuida el ejército, es campo fértil para que se inserte una polarización política de antiglobalismo, ultraderechista, que busca anteponerse a lo que es un proyecto (con sus errores, con sus desatinos) que en general ha sido pacífico, de construcción de una opción política de izquierda.

Existen ejemplos de reparación de fracturas sociales. El final del apartheid en Sudáfrica es el ejemplo de una reconciliación social que ha construido finalmente la idea de un estado compartido por toda la ciudadanía con, por supuesto, sus problemas. La reconciliación de los acuerdos del Viernes Santo que dieron fin a la violencia entre católicos y protestantes en Irlanda del Norte. La desmovilización de la ETA. Existen ejemplos, pero también que esos ejemplos siempre están en peligro. Los acuerdos de paz de 2016 en Colombia, que configuraron el cumplimiento de nuestro orden constitucional en función de la búsqueda de la paz, generaron una circunstancia nueva para el ámbito político. El problema con los acuerdos de paz con las FARC es que no se han terminado de implementar, y siempre están sujetos a la posibilidad de desmantelarse desde lo retórico y también desde lo práctico.  Se utiliza la violencia del conflicto armado como un relato que todavía apunta propuestas belicosas y anticonstitucionales y se utiliza, por supuesto, la memoria de las víctimas a pesar de que hay un montón de personas en el país que avalan o que abanderan la propuesta de pasar la página. La pregunta es si la otra gente sí leyó esa página y si habiéndola leído ya podemos pasarla, o si vamos a definitivamente enterrar el libro completo para evitarnos pensar en cosas hartas, y eso para mí es la semilla de una fractura en el futuro.

Alhena Caicedo, antropóloga

La fractura no se deriva de la campaña electoral actual, es una fractura que se viene configurando de tiempo atrás, como una transformación profunda, tanto política como cultural. El paro nacional del 2021 tal vez fue el acontecimiento más importante que sintetizó una década de movilizaciones sociales muy diversas, incluidas las que se derivaron del referendo del acuerdo de paz y de la pandemia. Fue una suerte de parteaguas que puso en evidencia que Colombia después de eso ya no sería igual, que algo cambió profundamente en la cultura política nacional. De allí en adelante el cambio de esta sociedad evidencia una nueva disputa por la orientación cultural y política. La emergencia de un movimiento de izquierda democrático progresista transformó el panorama político al que estábamos acostumbrados, reordenó el tablero de la disputa política, y planteó un proyecto de país diferente, sin importar cómo se juzguen sus aciertos y errores. La campaña electoral actual muestra un nuevo momento donde hay dos proyectos de país muy diferentes, la fractura es sobre todo un efecto de la radicalización de ambos proyectos.

Por un lado, un proyecto alineado con el contexto global de avance de los autoritarismos de extrema derecha antidemocráticos, xenófobos, representados en hombres como Trump, Bukele, Milei, Bolsonaro, etcétera, que han ganado terreno gracias al uso privatizado de la información y al control de la tecnología. Por otro lado, una propuesta democrática pro-derechos, que está en contra de la desigualdad, que cree en el sistema internacional de justicia y en el fortalecimiento de lo público.

Es decir, más allá de la carrera por la presidencia, estamos ante un momento de disputa cultural profunda, donde se está disputando la orientación política, pero sobre todo donde están en juego los sentidos y significados que le damos al mundo. Es decir, los valores, las nociones de lo bueno y de lo malo, del bienestar, de lo deseable, lo importante, lo que consideramos significativo, y sobre todo la idea de futuro que queremos como sociedad y como nación.

Desde esa perspectiva, hay que advertir entonces que esa “fractura” no se va a resolver en el corto plazo ni con las elecciones, sino que es una contienda de larga duración por el sentido común de la sociedad. Esta disputa no es solo colombiana, es una disputa global y puede tardar muchos años, pues hace parte de una transformación lenta pero certera, promovida por la crisis del actual modelo de acumulación de capital que deberá permitir, en el largo plazo, la emergencia de un nuevo orden mundial.

Pablo Jaramillo, antropólogo

No es nuevo decir que la fractura que se manifestó en las últimas elecciones es y tiene raíces históricas y que tiene que ver con las múltiples desigualdades que atraviesan un país como Colombia. Encontramos una izquierda movida por una nostalgia que solo ha sido capaz de ver una parte del espectro de esas desigualdades y que planteó las soluciones como un juego de suma cero. Es decir, bajo la idea de que hay que quitarle a alguien para darle a alguien más. Lo problemático de esto es que no pudo ver que existe una gran cantidad de personas en Colombia que no son lo suficientemente pobres o excluidos como para recibir o querer recibir subsidios de parte del Estado, pero que también tienen una dificultad con hacer una vida aprovechando los mecanismos del mercado.

Ese tipo de situación posibilita una crisis de la economía moral del Estado, donde hay sectores que han sido excluidos del neoliberalismo, que vieron la izquierda como una posibilidad, pero que ahora vieron esta misma izquierda excluyéndolos de una agenda que hace posible sus vidas, y no ven como deseable un estado benefactor y que ven ahora ese Estado también como una amenaza.

Hay experimentos muy interesantes en el presente sobre cómo los discursos de izquierda se pueden reubicar y repensarse en condiciones contemporáneas. Me refiero al caso de Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York. Hay sectores progresistas que han recuperado el discurso de la eficiencia del Estado, el cual no debe ser reducido a los discursos de la derecha de la austeridad. Lo mismo sucede con los discursos de la seguridad ciudadana, teniendo en cuenta que a muchas personas lo que más les preocupa es que no los roben en la calle. Hay progresismos que han sido capaces de mover afectos hacia el futuro y no solamente mirando hacia una nostalgia en el pasado en el que el Estado siempre es el que soluciona todo para las personas. Hay algo muy importante que reflexionar en la coyuntura actual sobre cómo las izquierdas se reubican frente a las necesidades de las personas en Colombia.