Ciudad Jardín y Pance se han convertido en los últimos días en escenarios de violencia racial, de la aparición de guahibiadas urbanas como formas de contra protesta social.
Indios que con valentía y fuerza en sus corazones
Por justicia y pervivencia, hoy empuñan los bastones
Son amigos de la paz, van de frente con valor
Y levantan los bastones, con orgullo y sin temor
Pa ‘delante compañeros, dispuestos a resistir
Defender nuestros derechos, así nos toque morir
(Himno de la Guardia Indígena)
Ciudad Jardín y Pance se han convertido en los últimos días en escenarios de violencia racial, de la aparición de guahibiadas urbanas como formas de contra protesta social.
Las trágicas escenas allí sucedidas parecen propias del paisaje étnico racial descrito con crudeza por José Eustasio Rivera en La Vorágine. Allí los indígenas en ocasiones son representados como saqueadores temibles de los hatos y haciendas de los “racionales”, como amenazas surgidas de lo más profundo de la manigua que “flechaban reces por centenares”, incendiando casas, matando hombres y raptando mujeres. La respuesta del hombre blanco racional ante la afrenta indígena es la violencia, la organización de cruzadas contra los salvajes para “cazarlos como fieras”, pues era seguro que “con diez jinetes de vergüenza, bien encarabinados, no dejaremos indios con vida”. Indígenas quemados vivos que corrían desesperados “hacia las corrientes, donde se sumergieron agonizando” son algunos crudos ejemplos de la terrible situación sufrida por los indígenas de los llanos orientales colombianos bajo la tiranía del cauchero. Y ahora, más de un siglo después, las terribles guahibiadas descritas por Rivera se recrean en el sur de Cali, en Pance y Ciudad Jardín desplegando una nueva tiranía étnica y racial.
Ciudadanos, dicen algunos medios de comunicación, se enfrentan a “la amenaza del salvajismo” desde camionetas de alta gama que persiguen al indígena que recorre a pie las calles de sus fortines de privilegio y riqueza, disparando indiscriminadamente contra manifestantes y miembros de la Minga y su Guardia Indígena protectora. Los ciudadanos de bien ya no van a caballo encarabinados sino enfierrados en camionetas Toyota blindadas, blancas y recién salidas del concesionario. Gente de bien que empuña armas de fuego para expulsar a los indígenas de Ciudad Jardín y defender la frontera que los separa de los territorios del Cauca, de los barrios populares de la ciudad y del resto de la nación mestiza e intercultural que reclama un mejor país cuando derriba monumentos que celebran la violencia colonial.
Para ellas y ellos, los afrodescendientes e indígenas deben aparecer en el paisaje del sur de Cali únicamente si vienen desde el Distrito de Aguablanca para ser su servidumbre y posar en las fotos que sin pudor exhiben su esplendor de apartheid.
Las nuevas guahibiadas en el sur de Cali, como las violencias históricas que ha enfrentado el movimiento indígena, han estado marcadas por la asimetría de las fuerzas en contienda. Bastones que se blanden contra pistolas y armas automáticas. Pero ahora los bastones van ungidos de reconocimiento político y simbólico. La Guardia Indígena –y también la Guardia Cimarrona– son una expresión del proceso de fortalecimiento del derecho al autogobierno reconocido por la Constitución de 1991 a pueblos indígenas y comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras en Colombia. Como mecanismo de protección y aplicación del derecho propio, se enmarca en el reconocimiento constitucional de la Jurisdicción Especial Indígena y por ello la Guardia debe ser reconocida y protegida como cualquier autoridad pública.
El odio que aprieta el gatillo contra la Guardia Indígena también atenta contra la estructura de la administración de justicia. Su violencia pretende socavar el proyecto constitucional de 1991 que abrió el camino para la construcción de un país multicultural y restablecer sobre sus escombros un orden étnico racial en el que indígenas y afrodescendientes deben existir para servir.
