El 27 de abril, la Mesa de Género de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional publicó un video en su cuenta de Instagram: una chica lee una denuncia anónima por maltrato que recibieron sobre los presuntos actos violentos de un estudiante de derecho de esa universidad. 

“Recuerdo una vez que ofendió y trató mal a un familiar [mío] justificando que lo hacía porque me amaba (…) Siempre que se ponía de mal genio sus insultos no bajaban de “perra” y “china hijueputa”, pero cuando el mal genio le pasaba volvía a saludarme como si nada y si yo no contestaba del mismo modo empezaba a insultarme otra vez. Me convenció de que nadie me iba a querer, de que era bruta e incompetente para todo lo que me propusiera, reduciendo mi autoestima al mínimo y convirtiéndolo en mi único apoyo”, dice una parte de la denuncia. 

En el video además se asegura que no es la primera vez que el estudiante en cuestión es acusado de maltratar a quienes han sido sus parejas, que ha golpeado mujeres hasta causarles hematomas y sangrados que las ha llevado a tener que ir al hospital y que ha sido sistemáticamente violento con las mujeres de su familia. También que por esas agresiones ha terminado varias veces en manos de la Policía.

Tres días después de la publicación del video, el 30 de abril, la misma cuenta de Instagram publicó un comunicado en el que aseguraban haber recibido una amenaza en el que varias integrantes de la Mesa de género y de otras organizaciones feministas de la universidad eran enlistadas con nombre y apellido. “Ustedes son unas desgraciadas, se toman la libertad de acusar a cuanto hombre se les da la gana y con qué pruebas. Malparidas es lo que son, no se cansan de ser así?”, dice el mensaje de una cuenta anónima de Instagram. 

El mensaje, que también cita con nombre propio a una docena de hombres que han sido acusados de violencia, termina con un “cuídense” dirigido a las 36 mujeres mencionadas.

Todo sucedió durante la cuarentena, a pesar de la seudo pausa que el Covid-19 le ha impuesto a las universidades y a todos en general.

“Yo llevo mucho tiempo en el movimiento social y personalmente nunca me había pasado algo así, que llegara una denuncia con nombre propio y sobre todo por acciones del tema de género”, dice Laura Rocío Alméciga, estudiante de Ciencia Política de la Universidad Nacional y una de las 36 mujeres mencionadas en el mensaje. “Ha sido impactante y hace preguntarse en qué momento he hecho o he dejado de hacer algo que me lleve a estar amenazada, porque mi labor además no ha sido tan fuerte como la de otras compañeras que sí han puesto su rostro y cuerpo en estos ejercicios y que tal vez podrían ser más vulnerables”.

Alméciga asegura que la lista de nombres en la amenaza parece ser producto de un perfilamiento de las mujeres que al interior de la facultad han trabajado desde hace años en temas de género. Ella, por ejemplo, que no es parte de la Mesa de género, ha hecho parte de otras organizaciones feministas universitarias como la ya extinta Coordinadora Antipatriarcal y han participado de una u otra forma en actos de escrache (denuncias públicas de actos de violencia). Incluso se nombra, dice, a una estudiante ya graduada.

“Yo creo que la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas es una de las facultades que ha sido foco de las denuncias de acoso, no solo de estudiante a estudiante sino de profesor a profesora o de profesor a trabajadora”, asegura Paula Santos, otra estudiante de la facultad que sí hace parte de la Mesa de género y otra de las mencionadas en el mensaje anónimo.

El origen

Las amenazas comenzaron después de que el grupo de mujeres intervino un muro en el edificio de la facultad en 2018. Ese fue el momento en que la discusión por las violencias de género empezó a volverse más visible en esa facultad, así como las críticas de quienes se sentían injustamente señalados. Entonces, varias estudiantes intervinieron una de las paredes para que quien quisiera escribiera el nombre de quien la había violentado. El resultado fue una intervención masiva en la que se empezaron a repetir los nombres de varios estudiantes y profesores de la facultad. El caso más sonado fue el de una estudiante que pegó la copia de la denuncia que había hecho ante Fiscalía contra otro estudiante y que, según ella, no había tenido respuesta satisfactoria por parte de esa institución. 

El nombre del estudiante acusado es uno de los que se enlista en la amenaza recibida por la Mesa de género en días pasados.

“Las chicas que estamos en esa lista creemos que no es una sola persona la que está detrás de esa cuenta de Instagram y de la amenaza. Sentimos que son varios de los hombres que han sido denunciados y escracheados y que creemos que están buscando algún tipo de venganza”, asegura Paula Santos.

Las estudiantes aseguran que tenían conocimiento de que varios de los hombres que han sido públicamente acusados de violencia en la facultad se habían estado reuniendo en “círculos de masculinidad”. Sin embargo, desconocen lo que se discutía en esas reuniones o el propósito de las mismas.

“Esto es para usted feminista enculada que no tienen (sic) más que hacer que joder a los manes”, dice el mensaje anónimo de Instagram. “Por todos los compañeros que han denunciado falsamente y se han tenido que ir o dejar sus espacios”, dice antes de la lista de quienes han sido acusados.

Según cuenta Camila Bayona, otra estudiante de la facultad nombrada en la amenaza, varios de los hombres acusados en la facultad han tenido que afrontar las consecuencias de haber sido denunciados públicamente. Recuerda dos casos específicamente: 

“Había una persona que estaba a punto de graduarse, que también hacía parte de algunas organizaciones estudiantiles, que fue acusado de violación sexual. Él tuvo que retirarse de la universidad. Nos decían que por nuestra culpa no se había podido graduar. Y hubo otro estudiante de Derecho que salió con muchísimas denuncias de acoso y de violencia, no solo en la Nacional sino también en la Distrital y en la Pedagógica. Nos decían que le habíamos frustrado su sueño de ser un gran artista”, cuenta.

Para Bayona, quien hace parte de la colectiva Brujas, la banda feminista, esta amenaza no ha sido la más violenta que ha recibido por el activismo que ha ejercido al interior de la universidad. El pasado 5 de marzo, durante el Paro Nacional, varias mujeres intervinieron muros dentro del campus con graffitis denunciando casos de violencia de género y presuntos acosadores, entre estudiantes y profesores. A raíz de eso, cuenta Bayona, las integrantes de Brujas recibieron fuertes amenazas.

“Nosotras, desde Brujas, no sabemos quiénes fueron las personas que hicieron esa intervención en marzo, pero fue una acción de escrache que respaldamos. Después de eso nos escribieron en redes sociales que ya sabían quiénes éramos, que iban a borrar los murales y que nos iban a echar ácido. Nos sentimos especialmente afectadas porque en redes nuestras caras eran súper visibles y había una foto de nosotras que se hizo viral. Eso fue denso porque sabemos que ese tipo de cosas sí suceden”, asegura.

El escrache tiene sus riesgos

Toda esta situación se ha dado en una discusión más amplia en la que de unos años para acá las estudiantes le han exigido a las universidades que se hagan responsables de los casos de acoso y violencia sexual que suceden en los campus y que quedan impunes. La presión de organizaciones de estudiantes, y de medios de comunicación que progresivamente fueron hablando cada vez más del tema, llevó a que muchas universidades se vieran obligadas a implementar protocolos de atención a ese tipo de violencia.

La Universidad Nacional lo hizo en 2017, cuando lanzó su protocolo, una herramienta creada para facilitar la denuncia y la toma de acción en casos de violencia de género, así como la atención y protección de las víctimas. La presión también ha servido en algunos casos para acelerar procesos dilatados que finalmente resultaron en la sanción de los denunciados. Ese fue el caso de Freddy Monroy, un profesor de la facultad de Ciencias de la Universidad Nacional que en 2018 fue denunciado de acoso sexual por varias estudiantes y que fue finalmente retirado y sancionado un año después.

Sin embargo, las estudiantes que hoy hacen parte de colectivos feministas de la universidad aseguran que el escenario aún está lejos de ser ideal en la atención que la universidad le da a las denuncias. El caso de Monroy, por ejemplo, tomó un año en resolverse a pesar de la existencia de un video en el que era evidente la violencia por parte del profesor. La denuncia es mucho más complicada cuando no se cuentan con ese tipo de pruebas. 

En la mayoría de casos la historia termina siendo más o menos la misma: una estudiante denuncia al estudiante o profesor que dice la ha violentado, y mientras la universidad se toma largos tiempos de encargarse del caso (a veces, dicen las estudiantes, incluso revictimizando en el camino) la estudiante tiene que seguir frecuentando los espacios con su acosador. A menudo, lo que termina pasando es que la mujer abandona los espacios (se va de la universidad, retira la clase, etc.) frente a la demora de la respuesta de la universidad.

Ante esa situación, las colectivas de estudiantes han recurrido al escrache como forma de lograr una justicia que el sistema universitario y de justicia no parece darles a las víctimas.

“Sabemos que el escrache tiene límites, pero también es una forma de que no seamos siempre nosotras las que tenemos que irnos de los lugares en los que hemos sido violentadas, sino que ahora sean ellos. La justicia, tal como está, es una justicia patriarcal en la que siempre salen favorecidas cierta clase de personas y no se les cree a las víctimas. El escrache es una forma de hacer la sanción social que no hace la justicia”, asegura Camila Bayona.

Los límites de los que habla vienen discutiéndose desde que el escrache empezó a ser un método recurrente de denuncia de violencias de género, sobre todo por aquellos que han sido “escracheados”: el argumento de que no hay pruebas, de que no se presume la inocencia, de que fácilmente con una denuncia se destruye la vida de una persona sin que haya mucho espacio para la defensa por parte de quien es acusado. El debate también ha sido álgido en casos en los que presuntos abusadores se han suicidado después de haber sido escracheados.

“Creo que el escrache sí es una herramienta compleja pero, ¿qué más hacemos si la justicia es patriarcal y no nos cobija? ¿Qué más hacemos si no hay respuestas de la justicia y las chicas siguen siendo víctimas de todo tipo de violencias y no encontramos ninguna otra solución?”, dice por su parte Rocío Alméciga. “Es una herramienta compleja pero creo que no es una herramienta que se pueda olvidar o deshacer porque ha permitido que muchas chicas tengan la valentía de denunciar y de decir: a mí me pasó esto y no lo cuento con el ánimo de joderle la vida al man sino para prevenir que a otras les pueda suceder”.

Pero hay una consecuencia más del escrache: respaldar estas estrategias de denuncia autogestionadas e independientes, también pone a las estudiantes en el foco de la atención y las hace blancos de posibles retaliaciones, como la amenaza recibida por redes sociales a finales de abril. A eso se enfrentan sin tener otro respaldo o apoyo más allá del que se pueden dar ellas mismas.

“Al recibir estas amenazas, que me ha pasado en diferentes situaciones de mi militancia, algunas veces me sentí asustada, pero creo que siempre tenemos cierto respaldo colectivo. Sé que mis compañeras están ahí. Sé que muchas estamos ahí y aunque siempre corremos riesgos, ya no me siento con tanto miedo. Obviamente también hay que cuidarse, el autocuidado es esencial, y hay momentos de dejar de dar la cara o dejar un poco la militancia para retomarla después. Pero con ese respaldo colectivo una no se siente sola y dan ganas de seguirlo haciendo”, dice Camila Bayona.

Para Paula Santos, la discusión también se trata de entender cuál es el papel del escrache. Según cuenta, la publicación del video mencionado al inicio de esta nota fue la primera vez que la Mesa de género respaldó un escrache, y aunque asegura que la amenaza parece estar más dirigida a personas individuales que han denunciado acoso que a la organización misma, asegura que el incidente también plantea reflexiones sobre las que hay que discutir.

“Creo que en el movimiento feminista de la Universidad Nacional a veces el escrache se ve como un fin y no como un medio. Personalmente creo que el escrache no puede ser un fin en sí mismo. Claro, también es válido que una persona simplemente quiera hacer pública su denuncia y ya, pero es importante pensar qué viene después del escrache. Si se trata de resocialización, de reparación, de cómo asumir las responsabilidades. Todos esos son principios de la justicia comunitaria que tienen que ser parte de la discusión”, asegura.

Santos explica que ver el escrache como la última parte del proceso ha hecho que muchas organizaciones estudiantiles de las que son miembros personas acusadas “se laven las manos” y la discusión se estanque y que también dejan a los acusados en el limbo.

“Esas personas quedan en la nada, en un vacío, porque no se está pensando qué pasa después con ellos ni con la chica que hace la denuncia, pasan a ser una cifra más dentro del escrache en la universidad”, dice.

Por el momento, las estudiantes mencionadas en el mensaje anónimo se debaten entre la rabia, la sorpresa y el miedo de haber sido amenazadas. Varias, sin embargo, aseguran que la coyuntura de la cuarentena hace sentir la amenaza un poco menos latente. A pesar de eso, dicen, no planean dejar de seguir apoyando las denuncias que reciben. Atreverse a escrachear a alguien es un acto que requiere de valentía, dicen, y pese los riesgos y los debates internos, no piensan dejar solas a las mujeres que acuden a ellas.

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