Las políticas de biodiversidad de los últimos 30 años bien podrían haber sido material para una serie de televisión de emprendedores (más o menos) entretenida. En cada temporada, nuevos promotores de proyectos entran en escena, generando expectativa en torno a su idea para convertir la biodiversidad en un activo listo para inversión. El primer episodio podría haber sido sobre la bioprospección de los recursos genéticos de Costa Rica. Luego, uno sobre los créditos de biodiversidad en la Amazonía, seguido por uno que propone un bono asociado al número de rinocerontes o sobre un satélite que rastrea ballenas como si fueran créditos de carbono. 

En realidad, algunas de estas ideas han contribuido a financiar importantes proyectos de conservación:  la Tribu Yurok, por ejemplo, se ha valido de los mercados de carbono forestales para recomprar partes de su territorio en California y llevar a cabo acciones de restauración ecológica. Otras ideas han sido especulativas, sin base científica o ridículamente ignorantes de sus impactos sociales y ecológicos. Todas han competido por la atención de ONGs, gobiernos y el sector privado, tratando de demostrar cómo crearán un mercado capaz de “desbloquear billones” en capital para la conservación y restauración de la biodiversidad.

Sin embargo, la tan prometida avalancha de capital nunca llegó. Por lo contrario, lo que los espectadores han visto es la proliferación de proyectos piloto, fondos de nicho e iniciativas voluntarias que, una y otra vez, han demostrado que la conservación de la biodiversidad impulsada por el lucro sigue siendo difícil de vender. Una y otra vez, el dinero movilizado es poco, irregular y dependiente de subsidios públicos y garantías filantrópicas. El resultado es un panorama de la biodiversidad que no se parece a un mercado de capitales pujante, sino más bien un bake sale, un bazar de colegio  para recaudar fondos.

Para quienes no viven en el mundo anglófono, quizá convenga explicar qué es un bake sale: una práctica de recaudación de fondos que se popularizó en el siglo XIX y a comienzos del XX, cuando iglesias, escuelas y grupos de beneficencia vendían pasteles, tartas y panes caseros para apoyar distintas causas. Con el tiempo, estos bake sales se convirtieron en un elemento habitual de la recaudación de fondos escolares y hoy suelen utilizarse para apoyar actividades extracurriculares como deportes, música y excursiones. Algo muy parecido con nuestros bazares de colegio. Estos bazares suelen ser voluntarios, se hacen en pequeña escala, sin regularidad y están subsidiados por capital y trabajo concesionales (las madres y padres organizan el evento, financian sus costos y en muchos casos preparan o hacen ellas mismas las comida y objetos a ser vendidos). Dado que los ingresos son impredecibles, estos bazares no están pensados para sostener inversiones continuas en infraestructura esencial; son soluciones temporales para sistemas públicos debilitados.

Como ocurre con estos bazares, la mayoría de los proyectos de financiamiento para la biodiversidad dependen de subsidios, ya sea en forma de recursos públicos o de fondos filantrópicos que absorben las pérdidas potenciales para incentivar la participación de los inversionistas privados. Una gran gama de actores públicos y del mundo de las ONG trabaja tras bambalinas para sostener la puesta en escena de este mercado, bajo el supuesto de que estos esfuerzos son más eficientes y escalables que financiar directamente la conservación. No obstante, el financiamiento privado relacionado con la naturaleza incumple de manera sistemática las elevadas proyecciones de crecimiento del mercado. Pero, en la versión imaginada de nuestra serie de televisión, los productores siempre encuentran un nuevo motivo; una nueva solución innovadora en forma de receta imperdible, que vuelve a enganchar a la audiencia  para la siguiente temporada.

Por supuesto que los ecosistemas no son los únicos bienes públicos expuestos a los esfuerzos de privatización: en muchas partes del mundo, el sistema de salud, la educación, los servicios públicos y los sistemas de transporte están bajo presión para convertir la infraestructura esencial en modelos de negocio rentables. Sin embargo, incluso bajo este contexto, la biodiversidad enfrenta un conjunto único de restricciones para su privatización y rentabilización, pues, en pocas palabras, no existe un mercado para el tipo de protección y restauración global que se requiere para mantenerse dentro de los límites planetarios. La falta de ingresos, los altos costos de transacción, la baja liquidez y la necesidad de satisfacer los perfiles de riesgo-rentabilidad de los inversionistas limitan tanto la escala como el alcance de la distribución de los proyectos. 

Así, pese a las frecuentes proyecciones que anuncian la expansión significativa de este mercado, la ausencia de una verdadera razón de negocios para invertir en la biodiversidad ha relegado la «conservación basada en el mercado» a un tipo de bazar de colegio interminable.

Incentivos perversos

¿Por qué, entonces, dedicar tanta energía a atraer financiamiento privado cuando no se tiene justamente aquello que éste necesita: rentabilidad? El financiamiento público sigue siendo, por un amplio margen, la fuerza más importante en la conservación de la biodiversidad. Sin embargo, con el capital privado cada vez más concentrado y el financiamiento público cada vez más escaso, aquellos que buscan fondos para financiar proyectos de conservación suelen encontrarse con que se les exige desarrollar iniciativas capaces de generar rentabilidad para acceder a este amplio capital.

No obstante, aunque recaudar dinero para la protección y la restauración es fundamental, la falta de financiamiento para la conservación no es el principal factor que exacerba la crisis ecológica. La mayoría de los ecosistemas se pierden porque las presiones para destinarlos a otros usos son demasiado fuertes; se estima que hasta el 90 % de toda la pérdida de biodiversidad terrestre está vinculada a cambios extractivos en el uso del suelo, entre ellos la minería, la explotación forestal y la agricultura industrial. Gran parte de estas acciones ocurre con la aprobación explícita y firme del Estado, aunque también mediante prácticas informales o ilegales. 

Asimismo, las finanzas siguen un patrón similar: si bien parte del financiamiento respalda actividades ilícitas, a menudo protegidas por paraísos fiscales, la mayor parte de esta destrucción ocurre de forma perfectamente legal. El informe de 2026 “Estado de financiación para la naturaleza” publicado por el PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente) estima que, en 2023, los subsidios nocivos destinados a los combustibles fósiles, la agricultura y el uso del agua alcanzaron cerca de USD 2,4 billones, mientras que el total del financiamiento directamente perjudicial para la naturaleza ascendió a USD 4,9 billones¹.

Quienes promueven la justificación económica de la naturaleza esperan que algún día el verdadero valor de los servicios ecosistémicos se refleje en la actividad económica y llegue a contrarrestar las presiones económicas que impulsan la transformación de los ecosistemas para otros fines. Una y otra vez, los informes señalan cuántos billones del producto interno bruto (PIB) mundial dependen de la naturaleza: existe un informe muy citado, producido por la firma de consultoría PricewaterhouseCoopers, sostiene que USD 44 billones del PIB mundial dependen de la naturaleza, mientras que el Foro Económico Mundial clasifica continuamente a la pérdida de biodiversidad como uno de los principales riesgos globales para la humanidad. Sin embargo, poco ha cambiado en cuanto a los motores económicos subyacentes de la pérdida de biodiversidad. ¿Por qué?

Actualmente, la extracción está profundamente integrada en la estructura del sistema financiero y monetario internacional. Bajo la presente estructura de este sistema, renunciar a esos ingresos no se reduce a encontrar una compensación equivalente, como si todas las fuentes de ingresos o partidas presupuestarias fueran iguales. Para muchos países del sur global, donde se encuentra la mayor parte de la biodiversidad y los bosques tropicales que aún quedan en el mundo, las actividades extractivas que impulsan la destrucción ambiental son cruciales para gobiernos que necesitan cumplir con sus obligaciones de deuda, seguir accediendo a crédito y atraer inversión privada con el fin de mantener una estabilidad financiera. Las materias primas producidas por estos sectores para la exportación generan las divisas necesarias para gestionar la balanza de pagos y cumplir con onerosos pagos de deuda. Sin esta entrada de divisas, y sin el firme compromiso con los sectores que las generan, los gobiernos pueden enfrentar no solo una pérdida de ingresos, sino un mayor deterioro de su posición financiera en forma de fugas de capital, menor calificación crediticia, corridas cambiarias y controversias con inversionistas.

Bajo estas condiciones, se suele ofrecer a los ecosistemas como garantía para recuperar la estabilidad en tiempos de crisis fiscal, como lo muestra el caso de los manglares, que desempeñan un papel infraestructural clave en las zonas costeras. Además de su función en el ciclo global del carbono, sirven de protección ante las tormentas y el aumento del nivel del mar, y proporcionan un hábitat crítico para las pesquerías silvestres. Sin embargo, los manglares también han sido destruidos a un ritmo récord, lo que los convierte en uno de los ecosistemas más amenazados del mundo. La mayor parte de esta destrucción tuvo lugar después de la crisis de la deuda de los años ochenta, cuando se alentó, financió y, en algunos casos, obligó a países de América Latina y el Sudeste Asiático a expandir rápidamente sus exportaciones. El resultado fue un auge de la producción agrícola y acuícola, responsable por casi la mitad de toda la pérdida de manglares, con la acuicultura intensiva del camarón a la cabeza.

Con un sólido respaldo de bancos de desarrollo e instituciones financieras internacionales, la acuicultura del camarón se impulsó como estrategia para recuperar la estabilidad financiera en medio de numerosos choques externos en la economía global. De esta manera, aunque la expansión de la acuicultura intensiva del camarón aumentó inicialmente las utilidades, las exportaciones y los ingresos locales, también generó vulnerabilidades de largo plazo frente a los brotes de enfermedades y al colapso de los ecosistemas, así como una mayor exposición a tormentas e inundaciones. A medida que los sistemas productivos fracasaban y las empresas se trasladaban, las comunidades terminaban con entornos degradados, menor seguridad alimentaria y una deuda creciente. La priorización de la estabilización financiera a corto plazo y del pago a los acreedores impuso vulnerabilidades sociales, económicas y ecológicas duraderas, entre ellas la pérdida de manglares.

Estas vulnerabilidades son precisamente las condiciones sobre las que este bazar de colegio, invoca la solidaridad y el buen corazón de los eslabones más débiles y con ellos, sumando pequeñas causas y donaciones esporádicas, pretende ahora construir un mercado robusto. Para que los esfuerzos de conservación puedan ofrecer servicios comercializables, en particular en los mercados de carbono y de restauración de la naturaleza, los proyectos deben demostrar “adicionalidad”; es decir, deben probar que acciones como la protección o restauración de manglares no habrían ocurrido sin financiamiento privado. Esto significa que debe quedar científicamente comprobado que los gobiernos carecen de capacidad o voluntad para llevar a cabo la conservación o la restauración; de lo contrario, el mercado perdería legitimidad. La austeridad, por lo tanto, proporciona uno de los escenarios contrafactuales que legitiman este mercado, al convertir la degradación de los ecosistemas y el deterioro de la capacidad pública para la gestión ambiental en una oportunidad. El resultado es que la austeridad no sólo coexiste con los mercados de biodiversidad, sino que constituye la premisa misma sobre la cual estos afirman generar valor.

Es cierto que muchos Estados carecen del presupuesto, el personal o el mandato para proteger los ecosistemas al nivel que se necesita. Pero las respuestas a esta austeridad frecuente afianzan las condiciones que pretenden resolver. Al promover mercados ambientales en formatos como las compensaciones de carbono de ecosistemas, los Estados pueden encontrarse con incentivos perversos para no regular la protección de los ecosistemas ni financiar su restauración, pues ello los volvería inviables para la inversión. Y como el financiamiento privado se posiciona como la única opción viable para este tipo de inversión, este consenso se reproduce en el propio diseño de los mercados, lo que termina siendo especialmente preocupante dado el panorama poco favorable para movilizar financiamiento suficiente a través de estos mercados. El resultado es un panorama de “naturalezas de austeridad”: ecosistemas proliferantes que necesitan reparación, junto a Estados concebidos como estructuralmente incapaces de proporcionarla.

Naturalezas de austeridad vs. extractivismo de la abundancia

Frente a la austeridad estatal, este bazar de colegio y las ayudas minúsculas que llegan en forma de galletas y pastelitos, se considera mejor que nada. Si los presupuestos públicos no pueden ampliarse, entonces el financiamiento privado parece pragmático, no ideológico. De esta forma, este tipo de venta de bazar no es simplemente un espectáculo secundario improductivo, sino el síntoma de un arreglo político más profundo, que relega a la biodiversidad y a las comunidades que la gestionan y dependen de ella a nadar contracorriente frente a una cascada de extracción subsidiada.

Entretanto, mientras los grupos conservacionistas luchan por recaudar algunos millones mediante esquemas privados, los gobiernos movilizan miles de millones de dólares, actuando con decisión y a escala, para ampliar oleoductos y gasoductos, subsidiar combustibles fósiles o respaldar el desarrollo industrial.

En este contexto, vemos cómo el poder estatal se desplaza decididamente hacia lo que podríamos llamar de “extractivismo de la abundancia”, el cual refleja la reciente incorporación de ideas asociadas con la agenda de la “abundancia”, al estilo de Ezra Klein y Derek Thompson. Sin embargo, en este caso, se la utiliza con especial fervor para acelerar y facilitar la aprobación de proyectos de explotación de recursos, entre ellos los combustibles fósiles, minas de minerales y plantaciones de monocultivos, entre ellas una en Papúa Occidental del tamaño de Bélgica. Estos proyectos se consideran esenciales no solo para la estabilidad financiera, sino también para la seguridad nacional. El resultado es un aumento del apoyo financiero estatal (pagado con nuestros impuestos) que está siendo usado para reducir los riesgos de las actividades extractivas.

No negamos la realidad en la que se enfocan Klein y Thompson, ni tampoco la necesidad urgente de construir vivienda asequible, sistemas de transporte e infraestructura de electricidad renovable. Sin embargo, esto debe estar acompañado de una aceleración igualmente ambiciosa y un financiamiento para bosques diversos y abundantes, para los pastizales, los humedales y, sí, los manglares. En cambio, lo que escuchamos en muchas de las conversaciones sobre la conservación de la biodiversidad son percepciones infladas sobre la disposición o capacidad del capital privado para resolver problemas ambientales que distraen de la necesidad de inversión pública a mayor escala, de la protección de ecosistemas esenciales y, en el plano internacional, de la coordinación necesaria para deshacer la forma en que la extracción desenfrenada ha quedado inscrita en la economía política de la estabilidad financiera. 

Estas alternativas no prometen innovaciones vistosas ni soluciones beneficiosas para todas las partes, sino que implican acuerdos y planificación, además de la necesidad de operar a través de mecanismos democráticos en los que muchos han perdido la fe. De la misma manera, exigen reconstruir el espacio normativo y la capacidad pública para cuidar la naturaleza a gran escala y aprender a hacerlo de una forma que defienda derechos y satisfaga necesidades sociales. Se necesitan sanciones, no sólo incentivos: se necesita proteger los hábitats, sancionar significativamente por incumplir la legislación ambiental y establecer una regulación financiera.

Si la biodiversidad es una infraestructura esencial, entonces su protección exige presupuestos, leyes y compromisos políticos acordes con ese estatus. No necesitamos una serie exitosa como El Gran Pastelero Bake-off de la biodiversidad²; necesitamos inversión pública y planificación estables, sobrias, sostenidas y a gran escala, capaces de proteger los amplios beneficios públicos provenientes de los sistemas ecológicos intactos, así como los derechos y la tenencia de tierra de los pueblos indígenas y las comunidades locales.

Más allá del bazar de colegio

Con Estados que gastan cada vez más en sus ejércitos, enfrentan presiones inflacionarias derivadas de la guerra y afrontan restricciones que limitan el gasto, apoyar la biodiversidad como infraestructura crítica esencial, en colaboración con pueblos indígenas y comunidades locales titulares de derechos, puede parecer una quimera: menos posible que ganar El gran pastelero,o encontrar el alma gemela en La isla de las tentaciones³. La realidad nos obliga a poner los pies sobre la tierra.

Pero no podemos escondernos de ella, ni tampoco confiarnos en elaboradas soluciones temporales alternativas. Los ecosistemas amenazados no serán salvados con bonos de conservación de rinocerontes o por transformar ballenas en créditos de carbono. No podemos suponer que basta con introducir un nuevo valor en dólares en la columna de gastos titulada “naturaleza” y dejar intacto el resto del sistema financiero internacional. Los emprendedores buscan innovaciones de mercado de nicho, pero son los movimientos políticos los únicos que realmente pueden modificar las restricciones del mundo real.

Tomarse en serio la biodiversidad como proyecto político requiere apoyar el trabajo necesario —usualmente marginado y con poco financiamiento— de cuidar los ecosistemas para satisfacer las necesidades de las personas, lo que implica gestionar los bosques para reducir el riesgo de incendios forestales, garantizar agua limpia y proteger las pesquerías silvestres. También implicaría impulsar una visión completamente distinta de la estabilidad, con una economía política diseñada específicamente para sostenerla.

No obstante, como lo ilustra el ejemplo de los manglares, para emprender este proyecto, el espacio de política pública está condicionado por poderosas presiones económicas internacionales: el riesgo de fugas de capital, corridas cambiarias e inestabilidad financiera en respuesta a políticas ambientales audaces. Aunque estas están lejos de ser las únicas presiones que enfrentan los Estados al reformar sectores perjudiciales, su peso sobre la política ambiental sigue siendo considerable. Es así como, en muchos contextos, una transición ecológica sólo puede ocurrir si impedimos que una disciplina financiera de rápida acción, basada en rentabilidades de corto plazo, se imponga sobre la planificación estructural de más largo plazo necesaria para la estabilidad planetaria.

Esto supondría dejar de llamar la atención del capital privado concentrado con ideas generadoras de rentabilidad y empezar a prestar atención a la forma en que ese capital se escurre sistemáticamente por las grietas mediante bajas tasas de tributación empresarial, evasión fiscal y subsidios a sectores extractivos, todo lo cual constriñe aún más los presupuestos públicos. En lugar de ello, podríamos centrarnos en ampliar los presupuestos públicos mediante una tributación progresiva, regulando los sectores perjudiciales desde su origen y orientando la inversión hacia una infraestructura que sustente la vida. Hacerlo significa unir fuerzas con movimientos que buscan producir las condiciones políticas y económicas para un planeta habitable y biodiverso, en particular aquellos centrados en la justicia en materia de deuda, tributación y recursos, y la reconfiguración de la relación asimétrica entre los gobiernos y las finanzas.

Estas son las reformas que toda persona defensora de la biodiversidad debería tomar en serio. En lugar de pelear por migajas de galletitas que aportan las familias caritativas al bazar del colegio,  deberíamos plantear una visión osada de una economía política internacional capaz de hacer posible la estabilidad ecológica global. Ello puede parecer un alejamiento de la política de conservación habitual, pero es necesario para transformar las condiciones que amenazan la vida en la Tierra. 

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¹ Esto incluye los flujos de financiamiento público que fomentan una producción o un consumo insostenibles y que perjudican a la naturaleza a través del agotamiento de los recursos, la degradación de los ecosistemas o los impactos adversos sobre la salud del planeta. El financiamiento privado se mide a través de bonos, préstamos y equity, dirigidos a sectores de alto impacto como los servicios públicos, la industria, la energía y los materiales básicos.

² En el artículo original se hace referencia al reality show británico “The Great British Bake Off”. En Colombia se transmite en HBO Max la versión adaptada “Bake Off Celebrity, el gran pastelero: Colombia”. El programa es una competición gastronómica en la que varios participantes (celebridades) demuestras sus habilidades como pasteleras y pasteleros.

³  La Isla de las Tentaciones (Temptation Island, en inglés) fue un reality show norteamericano transmitido al comienzo de los años 2000.

*Este artículo fue publicado originalmente en The Break-Down, con el título The Great Biodiversity Bake-Off. Agradecemos a Adrienne Buller y el equipo de la revista por el apoyo con la publicación de esta traducción para 070.