Una de las principales propuestas del candidato de la Espriella, y que parece tener mucha tracción electoral, es la construcción de diez mega cárceles que repliquen el modelo Bukele representado por el infame Centro para el Confinamiento del Terrorismo (CECOT).

Esta descabellada propuesta no solo es antitécnica -desde el punto de vista de una política criminal responsable- sino que es anacrónica, insostenible e irrealizable en términos prácticos. Para desmontar este delirante y distópico panorama, planteo tres cortos argumentos que confío alentarán una reflexión detenida sobre los efectos irreversibles que una política criminal así formulada puede tener para esta y próximas generaciones.

El primer argumento es que desconoce por completo el panorama actual y la historia reciente de la política criminal y penitenciaria colombiana. La “solución” ya se intentó y fracasó. Entre los años 1998 y 2005, bajo el auspicio técnico del Plan Colombia se construyeron los denominados Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional de Tercera Generación a lo largo y ancho del país, con una inversión total de 3.347.727 millones de pesos. Fruto de esta expansión, se erigieron diez prisiones de máxima seguridad -que en ese momento replicaban no a CECOT sino al modelo estadounidense de máxima seguridad Coleman I y II-, lo cual aumentó la capacidad del sistema en cerca de 20 mil cupos sin solucionar a mediano y largo plazo el hacinamiento y la crisis general del sistema.  Cárceles de máxima seguridad como la Tramacua, Jamundí, Combita, nueva Picaleña y la ciudadela penitenciaria La Picota, se agregaron a un sistema que hoy tiene 128 edificios en 117 municipios que se dedican a la tarea de encerrar personas.

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La actual política criminal va en una dirección opuesta. Durante años, y bajo el cumplimiento de las órdenes proferidas de la Corte Constitucional en las sentencias T-388 de 2013, T-762 de 2015 y SU 122 de 2021, todas las entidades adscritas al sector justicia han avanzado en la formulación de una política criminal sostenible en el tiempo y respetuosa de las garantías constitucionales mínimas. La línea base común es que construir por construir cárceles profundiza la crisis y supone una política regresiva que, desde el punto de vista técnico, apela a una creencia problemática en que hay una relación directa entre el aumento de la tasa de encarcelamiento y la disminución de las tasas de criminalidad. Creer que construyendo edificios se logrará disminuir la criminalidad es simplemente absurdo.

El segundo argumento es que esta manera de concebir la política criminal, centrada en encarcelamiento sin límites y la construcción de edificios, es anacrónica y obsoleta. Si se trata de aprender de la experiencia comparada, hay que aproximarse a CECOT como lo que es, una de las peores prácticas de la política criminal contemporánea. Es indignante que se base la propuesta de política criminal para los próximos cuatro años en un ejemplo de atrocidad como lo es un centro de tortura, porque en realidad esto es lo que es CECOT como lo han evidenciado los informes disponibles de organismos internacionales de derechos humanos; de La Espriella ofrece como solución para la crisis carcelaria colombiana, adoptar un remedio fatal para la salud democrática, equivalente a la terrible experiencia de Guantánamo, Abu Ghraib o la Cárcel de Ofer en Cisjordania.  

Si se trata de dirigir la mirada al caso predilecto del Norte Global en cuestiones carcelarias, como lo es Estados Unidos, lo que debería estudiar cualquier propuesta seria son los procesos de desmonte de los grandes aparatos de encarcelamiento y las alternativas que se diseñan para ofrecer nuevos caminos a la sociedad que identifica al encarcelamiento con justicia. Desde el año 2019, por ejemplo, se lleva a cabo un proyecto en el que participan amplios sectores de la sociedad civil, movimientos sociales y actores institucionales para el cierre de Rikers Island -en su momento la prisión más grande del hemisferio. La crisis de Rikers es la crisis del modelo Supermax que anacrónicamente propone de la Espriella para Colombia. Lo que propone como solución de punta, de hecho, ya entró en crisis en el país que la inventó.  

El modelo supermax -y la apuesta por la expansión del entramado carcelario- se hizo insostenible por sus enormes costos fiscales, por las violaciones graves a los derechos humanos y por el enorme impacto en la legitimidad del modelo de sociedad en el que se basa. También, por los incentivos perversos que genera para el sector privado que encuentra en la industria penitenciaria un sector rentable, inmune a las recesiones y que contará con una clientela cautiva compuesta principalmente por poblaciones minoritarias criminalizadas gracias al lobby que endurece la legislación penal.  Construir más cárceles aplaza la urgencia de encontrar nuevas formas de entender la relación entre criminalidad, seguridad ciudadana y responsabilidad.

El tercer argumento es que un modelo penitenciario así propuesto generará serios problemas jurídicos para el Estado colombiano y un quiebre de los valores mínimos que deben inspirar el trato que damos, incluso, a aquellas personas que han causado un daño. El modelo Bukele se basa en y reproduce la deshumanización de las personas privadas de la libertad y propone prácticas que están proscritas por el derecho constitucional colombiano y por el derecho internacional de los derechos humanos. Todo lo que se imagina de la Espriella que debe pasar en una cárcel no se puede ni debe hacer. Está prohibido. Ningún ser humano debe ser sometido a penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes; ninguna persona puede ser sometida a aislamiento espacial y sensorial radical durante tiempo indefinido; ninguna persona puede ser sometida a formas de explotación laboral para pagar su propio cautiverio y todas las personas tienen derecho a la presunción de inocencia. Para lograr el mundo carcelario que propone de La Espriella habría que abolir la carta de derechos fundamentales y desconocer los acuerdos internacionales plasmados en las Reglas Mandela y Reglas Bangkok.

Por lo anterior, la propuesta carcelaria que presenta de La Espriella no es algo que concierna únicamente al campo de la política criminal. Nos concierne a todas y todos los ciudadanos porque está en juego un pilar clave del modelo constitucional.  La institucionalización totalitaria, basada en la exclusión definitiva de poblaciones criminalizadas que son despojadas de sus derechos y garantías, es el componente central de una maquinaria concebida para desplegar vorazmente y sin control prácticas de segregación y castigo a lo largo y ancho del cuerpo social. Las diez prisiones soñadas por de La Espriella forman el aparato de encierro que este fascismo punitivo nos ofrece para defendernos de aquellas vidas que considera no merecen ser vividas.  

*Director Doctorado en Derecho, Universidad de los Andes. Miembro del Comité de Expertos de la Sala de Seguimiento de la Corte Constitucional para la superación de la crisis carcelaria.

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