“Nos cruzamos con gente de Matarredonda, no nos permitieron pasar. Dijeron ‘este es un predio privado, tienen que pagar’. En la mano tenían enlazado un perro bravo. Intimidantes. A un compañero le salieron con un arma, tuvo que huir”, dice Jesús* un caminante que frecuenta la zona. Este hecho no es aislado y tampoco es nuevo: en el 2015 otro caminante denunció haber sido sacado a empujones con 19 adultos mayores al recorrer el mismo camino. 

A estas dos denuncias se suman denuncias digitales sobre el tránsito por el camino real que conecta Bogotá con Choachí y que es icónico para los senderistas que buscan recorrer el páramo. El sendero bordea (y atraviesa en un tramo) el Parque Ecológico Matarredonda. 

En Colombia, los caminos reales reciben la condición de espacio público al haber sido “hechos por la nación para la comunidad”, explica Gilberto Camargo, arquitecto especialista en educación ambiental e integrante del Comité Nacional de Caminantes. “Como cualquier carretera, cualquier servidumbre que tenga un carácter de comunicar dos lugares, automáticamente adquiere el carácter de espacio público”, añade.

Para entender por qué es vital preservar estos caminos, en términos materiales y patrimoniales, frente a intentos de privatización, vale la pena dar un paso atrás. Bien atrás.

Palimpsestos viales

Los caminos reales fueron arterias vitales construidas por la Corona española para articular la Nueva Granada. Su objetivo principal era doble: facilitar la dominación y conquista, y servir como ruta para el transporte de mercancías y riquezas. Pero no nacieron de la nada. Los españoles las construyeron sobre los senderos prehispánicos ya trazados por las comunidades indígenas . Por ellos se transportaba, por ejemplo, el oro: desde Santa Fe de Bogotá hasta Honda, donde era embarcado por el río Magdalena rumbo a España.

“Son como un palimpsesto , las estructuras viales dan cuenta de una memoria”, dice Héctor Vargas, investigador del grupo de patrimonio del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH). Vargas explica que las estructuras viales se superponen a lo largo de los siglos: un sendero precolombino trazado por indígenas para llegar a un río, siglos después, durante la época de la colonización, fue empedrado por los españoles y convertido en un camino real. Según Vargas, con la llegada del siglo XX, sobre esos trazados aparecieron senderos de tierra, luego vías terciarias y finalmente carreteras primarias.

Lo más valioso de esta visión es que las modificaciones modernas no significan que “las evidencias materiales de esas diferentes ocupaciones desaparezcan”, dice Vargas. Debajo o a los alrededores de la vía actual pueden seguir existiendo bienes patrimoniales arqueológicos prehispánicos o coloniales. Esto mismo pasa en la ruta que conecta a Bogotá con Choachí.

Por todo esto, los caminos reales tienen dos características fundamentales.

Por un lado son vías. Como vías, son de libre tránsito, sin importar si colindan o atraviesan un predio privado. Según el artículo 674 del Código Civil, los caminos son “bienes de la Unión de uso público”, lo que constitucionalmente ampara el derecho a la libre circulación (Artículo 24 de la Constitución Política). Además, según el decreto 21 de 1909, que sigue vigente, se debe asegurar que en los caminos públicos se le “dé paso a los transeúntes”. Esta clasificación prohíbe a cualquier propietario privado apropiarse, cerrar o cobrar tarifas por el tránsito; es decir, los caminos reales no pueden ser cerrados, ni se puede cobrar por transitarlos con el argumento de que están en propiedad privada. Según el Ministerio de las Culturas, modificar un camino real constituye una afectación al espacio público, un comportamiento “contrario a la integridad urbanística” bajo la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana).

En segundo lugar, los caminos reales cuentan con algunas características que los hacen patrimoniales, es decir, deben ser protegidos por su valor histórico y cultural. Según un derecho de petición que enviamos a MinCulturas, no todos los caminos reales están automáticamente inscritos en la lista de Bienes de Interés Cultural del ámbito Nacional (lo que les da un carácter especial de cuidado), pero muchos sí cuentan con reconocimientos departamentales de protección. En particular, el camino que pasa por Matarredonda se encuentra inscrito en la Red de Caminos de Cundinamarca, conforme la Ordenanza Departamental No. 62 de 1999, la cual “activa los mecanismos jurídicos, administrativos y técnicos que permitan desarrollar la política de restauración, construcción, conservación, uso y permanencia de la Red de Caminos de Cundinamarca”.

Ambas características de los caminos reales –vías públicas cuyo tránsito no debe ser restringido; y su connotación patrimonial, que debe ser conservada– no se están cumpliendo a cabalidad en Matarredonda.

Una historia complicada (y violenta)

El Parque Ecológico Matarredonda es operado por miembros de la familia Sabogal, quienes llevan 70 años en el predio sin llegar a ser los dueños de forma legítima.

Según una sentencia de la Corte Suprema, la génesis de la actual ocupación del parque se remonta a mediados del siglo XX, cuando la familia Sabogal se estableció en la finca Verjón Tanavista y El Hoyo bajo figuras de arrendatarios y cuidadores. Víctor Sabogal González inició este contrato en 1956, una relación que se mantuvo incluso después de que Rafael Amador Amaya Castro y Roberto Antonio Garzón Guevara adquirieron legítimamente el predio en octubre de 1974, comprándoselo a Irene y Rosalía Fajardo.  

Entre 1987 y 1990, los propietarios del predio, Rafael Amador Amaya Castro y Roberto Antonio Garzón Guevara, interpusieron demandas contra Víctor Julio Sabogal Mora (hijo de Víctor Sabogal González) denunciando actos de perturbación posesoria e invasión sobre terrenos aledaños. La situación se agravó entre finales de 1990 y en 1991, cuando la familia Sabogal construyó viviendas y corrales de cerdos, además de arrasar con maquinaria pesada aproximadamente 15 hectáreas de vegetación nativa, lo que desencadenó procesos legales por ocupación de hecho y daños ambientales. En respuesta, el alcalde de Ubaque denunció ante el INDERENA a Víctor Julio Sabogal Mora, y la entidad resolvió declarar el Páramo de Cruz Verde como una zona de extrema fragilidad ecológica. Tras un prolongado litigio penal de siete años por los delitos de usurpación e invasión de tierras, los Sabogal finalmente entregaron los terrenos ocupados en abril de 1996.

En el 2005, sin tener propiedad del predio, Víctor Julio Sabogal Mora registró la Fundación Parque Ecológico Matarredonda. Poco después, en el 2006 el conflicto legal tomó un nuevo rumbo cuando Víctor Julio inició una demanda civil con el objetivo de obtener la propiedad mediante la posesión continuada del lote, algo conocido como usucupación. Amaya y Garzón se opusieron a las pretensiones y presentaron contrademanda para exigir la restitución inmediata de los predios.

El conflicto por la propiedad escaló en el 2014, cuando la abogada Jacqueline Amaya (hija de Rafael Amador Amaya Castro) fue asesinada por Óscar Mauricio Sabogal mientras realizaba una diligencia judicial de verificación de linderos. La justicia actuó en dos frentes: en el ámbito penal, Óscar Sabogal fue condenado en 2016 a 35 años de prisión; “lo que antecedió a la muerte de la abogada fue una suerte de conspiración entre varios miembros de la familia Sabogal”, indica el fallo del juez. En la esfera civil, la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo en el 2016 a favor de la familia Amaya, desestimando las pretensiones de pertenencia de Víctor Julio Sabogal y ordenando la restitución inmediata de los predios tras calificar su ocupación como de mala fe, y el pago de más de $67 millones. Aun así, en el 2018, el Parque Ecológico Matarredonda seguía abierto, y Victor Julio Sabogal se presentaba como defensor del páramo. Con los años, el Parque Ecológico Matarredonda se ha convertido en un destino popular entre los capitalinos ávidos de “ir al páramo” e “ir a la montaña”.

Según el certificado de tradición y libertad del predio Tanavista, donde se encuentra la entrada al Parque Ecológico Matarredonda, en el año 2019, Víctor Julio Sabogal Mora y José Arnulfo Sabogal Mora interpusieron nuevas demandas de pertenencia reclamando la tierra, las cuales fracasaron nuevamente y fueron canceladas en septiembre de 2021.

Un privado no puede cobrar por pasar por una vía pública

A pesar de todo esto, sus puertas siguen abiertas. Nos comunicamos con el Parque Ecológico de Matarredonda para conocer su posición sobre este tema y sobre el cobro para transitar por un camino real. No tuvimos respuestas.

“Los caminos que comunican a Colombia construyeron la identidad de su civilización. Respetar su libre tránsito se debe hacer por lo que representan cultural e históricamente”, dice Jesús*, al quien se le cobró de forma amenazante por pasar por el camino real que pasa por Matarredonda.

La administración del Parque ha sido señalada por beneficiarse económicamente de atractivos como la “Cara del Indio”, que en realidad pertenece al municipio de Choachí, afirma Valeria Sánchez, Inspectora de Convivencia de la Alcaldía de Choachí. Ella confirma que la Alcaldía ha iniciado planes de trabajo para frenar estos actos que califica como usos abusivos. “Somos conocedores de que se está cobrando por el uso de un camino público, algo que realmente no pueden hacer”, explica la funcionaria. Miguel Arcángel García, Vigía de patrimonio de Choachí, confirma la veracidad de las denuncias ciudadanas: “hemos escuchado quejas de personas a las que les están cobrando por pasar por el camino real”.

Si bien, un privado puede cobrar por el uso de sus instalaciones (cafetería, baños, parqueadero, etc) no puede cobrar o restringir a quienes solamente están transitando por un camino público, aunque este atraviese su predio.

Un camino deteriorado

Se suma otro hecho. El camino real está fragmentado en varios tramos. La empedrada desaparece, queda solo tierra descubierta y algunas piedras desperdigadas. Esta alteración afecta el valor patrimonial del camino real. “El camino de un momento a otro desaparece” dice Miguel García, vigía de Patrimonio de Choachí.

Para Valeria Sánchez, el daño puede empeorar debido al ingreso desmesurado de turistas al Parque Ecológico Matarredonda. “Si un camino lo cursan tres, cinco personas, no va a generar el mismo desgaste si lo cruzan 100, 500 y hasta 1000 personas”. 

Los caminos reales son públicos, es cierto, pero por su valor patrimonial requiere de protocolos de conservación. La Ordenanza Departamental de Cundinamarca No. 62 de 1999, se comprometía a instaurar mecanismos jurídicos, administrativos y técnicos que permitieran desarrollar una política de restauración, construcción, conservación, uso y permanencia de la Red de Caminos de Cundinamarca. Ante esto, Jairo Guaquetá de la dependencia de cultura de la Gobernación de Cundinamarca asegura que “nosotros como departamentos somos una unidad administrativa sin territorio, es decir, la jurisdicción la tienen los municipios y son ellos los que pueden desarrollar Planes de Ordenamiento Territorial (POT)”. Según Guaquetá, en estos POT los municipios pueden aplicar la ley 1185 de 2008, que modifica la ley general de cultura, y pueden declarar patrimonio estos caminos reales.

La Alcaldía de Choachí, refiriéndose al estado de los caminos y a las acciones de Matarredonda, afirmó, en respuesta a un derecho de petición, que está coordinando acciones interinstitucionales con entidades ambientales, turísticas y de seguridad. Ha convocado al MinCulturas para definir acciones coordinadas de protección del camino, y revisar el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y normativas vigentes.

Demasiada gente para un páramo

El camino cruza un ecosistema crítico: el Páramo de Cruz Verde, donde los frailejones filtran el agua para la región. El objeto del registró del 2005 de la Fundación Parque Ecológico Matarredonda fue “proteger el agua y los sistemas ecológicos del país”. 

El impacto ambiental es crítico, según Valeria Sánchez, inspectora de Convivencia local. El alto flujo de personas ha provocado la erosión del empedrado histórico y la apertura de senderos alternos que degradan la vegetación de páramo. “La gente, porque les están cobrando [por caminar por el camino real], crearon nuevos senderos. Antes había uno o dos, ya son cinco”, afirma García, vigía de patrimonio de Choachí, y advierte que estos nuevos senderos causan daños en zonas de conservación hídrica. 

La evidencia de este impacto es palpable en el terreno. Según el testimonio de Jesús*, los senderos ya “no parecen naturales, sino que parecen potreros porque son barrizales muy profundos, porque pasa demasiada gente”. Esta afluencia desmedida obliga a los visitantes a pisotear “por fuera del sendero” para evitar el barro. Miguel García, vigía de patrimonio de Choachí, lo amplifica: “las afectaciones son terribles por la falta de control de ese terreno. Hace cuatro años eso era pajonal. Había frailejones, pero se está acabando por la cantidad de gente pasa sin control”.

Incluso la Corporación Autónoma Regional (CAR) ha tenido disputas con los Sabogal. Según su respuesta a un derecho de petición que interpusimos, a pesar de que un fallo judicial otorgó recientemente a la CAR la recuperación integral de las 124 hectáreas del predio “El Verjón Alto”, donde se ubica la Laguna El Verjón o de Teusacá, el Parque Ecológico Matarredonda continúa afectando 22,18 hectáreas de propiedad estatal, la cual hace parte de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. Incluso en la página web de Matarredonda se promociona la laguna como uno de los recorridos. Además, en un informe de gestión de 2025 de la CAR, se dice que Victor Julio Sabogal fue procesado por el delito de daño en los recursos naturales, y en otro informe de 2023, se lo relacionaba también al delito de invasión de área de especial importancia ecológica.

Además, el Parque Ecológico Matarredonda permite y cobra por el ingreso de mascotas. La CAR clasifica la entrada de perros, gatos y otras especies domésticas como una grave amenaza biológica para el ecosistema. Estos animales representan un riesgo inminente que diezma la fauna silvestre local a través de hábitos de caza y actúa como vector en la dispersión de enfermedades y plagas.

Nos comunicamos con el Parque Matarredonda con preguntas sobre el manejo de aforo y el ingreso de mascotas. No obtuvimos respuestas.

Cierre preventivo

El Parque Ecológico Matarredonda también promociona en sus recorridos el sendero hacia la “Cara del Indio”, lo que lo asocia al parque privado, aunque se ubica en una propiedad municipal de Choachí, que estaba siendo explotada turísticamente sin permiso, según Valeria Sánchez, Inspectora de Convivencia local. Ante esto, la Alcaldía de Choachí emitió un decreto (el 1000.13.030 del 2026) de “cierre preventivo e inmediato de los predios y accesos en los sectores denominados Lagunas de Peña Azul y Tanavista, ubicados en jurisdicción del municipio de Choachí, Cundinamarca, con el fin de proteger los ecosistemas estratégicos y recursos naturales presentes”.

Recordemos que Tanavista es el lote donde se ubica la entrada al Parque Ecológico Matarredonda. Después del decreto, “Matarredonda no tiene nada que ofrecer en turismo”, afirma Nidia Neveyi, Secretaria de Gobierno de la Alcaldía de Choachí.

Para garantizar la efectividad del decreto, la Secretaría General y de Gobierno Municipal coordinará la intervención de la Policía Nacional. Adoptará medidas inmediatas que incluyen controles de acceso, señalización clara y jornadas intensivas de vigilancia en los sectores afectados. Y no solo afecta a los administradores del parque: “Prohíbase el desarrollo de actividades turísticas, ecoturísticas, recreativas, senderismo, campismo, ingreso de visitantes y cualquier actividad comercial asociada al turismo en los mencionados predios y sus áreas de influencia”. 

Gilberto Camargo, arquitecto especialista en educación ambiental e integrante del Comité Nacional de Caminantes, explica que ha conocido casos similares de caminos reales truncados o afectados en diferentes lugares de Colombia: en Chachagüí, Nariño; los caminos del oro en Antioquia; cerca al llano, el páramo de Pisba; caminos por Fusagasugá y por el suroccidente de Cundinamarca; incluso en el icónico camino de Honda a Guaduas. En Colombia, un camino real puede sobrevivir siglos de conquista, colonización y abandono estatal — lo que no siempre sobrevive es la cerca del vecino.

Jairo Guaquetá de la dependencia de cultura de la Gobernación de Cundinamarca asegura que “los caminos reales, más allá del valor cultural, son espacios públicos del Estado y no pueden ser cerrados o vulnerados. Aún así, ha habido haciendas que han tomado posesión de caminos y eso implica procesos jurídicos para recuperarlos, porque es una invasión del espacio público”.

Después de la reportería, de subir al páramo con todo para la lluvia, pero sin bloqueador, y de pasar quemaduras rojas, vergonzosas, por casi dos semanas, me queda algo claro. Conocer el páramo no solo es caminarlo, es reconocer su fragilidad, sus límites. Es entender que los caminos que lo atraviesan, que representan centenares de años de nuestra relación con la tierra, también están en riesgo. El derecho a la propiedad privada, cuando nadie mira, puede correrle la cerca al derecho al libre tránsito. 

*Nombre cambiado por solicitud del caminante.