Derlly Patiño permanecía sentada mientras las lágrimas le caían por el rostro. Varias mujeres a su lado la abrazaban y consolaban. Cerca estaba su hijo, Esteban Araque, con una camiseta estampada con la foto de su padre, Hugo Edgar Araque. También lloraba, bajaba y levantaba la mirada mientras escribía con fuerza en un cuaderno. Ambos escuchaban el relato del capitán retirado Miguel Sierra, quien parado junto a cerca de 20 militares que llevaban camisas blancas, contó cómo asesinaron a Hugo Edgar, haciéndolo pasar por guerrillero hace 16 años. Todos participaban en una audiencia de reconocimiento de verdad de la Justicia Especial para la Paz (JEP) relacionada con el subcaso de Casanare sobre ‘falsos positivos’, realizada el 20 de septiembre de 2023 en Yopal. En el departamento, esa jurisdicción ha documentado 303 víctimas.

Derlly Patiño es una profesora boyacense que terminó en Casanare porque el Estado le asignó un trabajo en una pequeña escuela rural de la vereda Cunamá y vivía en la vereda El Triunfo, en el municipio de Aguazul. En esas montañas llenas de pozos petroleros, que se funden con la planicie de los Llanos Orientales, conoció a su esposo y tuvo a su hijo. Hugo Edgar era un campesino que se ganaba la vida con los ‘turnos’ que hacía trabajando en los pozos petroleros.

Durante la audiencia en Yopal, los militares reconocieron que asesinaron a las víctimas para ganar ascensos, días de descanso y otros ‘premios’. Como en otros actos similares realizados en Antioquia y Cesar, el reconocimiento se dio frente a un grupo de familiares de las víctimas de ‘falsos positivos’, como parte del Caso 03 de la JEP, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado.

El horror de estas muertes se enmarca en una violencia más amplia en las montañas entre los departamentos de Boyacá y Casanare. En esa región, los pobladores llevan más de tres décadas sufriendo las consecuencias del estigma de ser señalados como guerrilleros y las secuelas por reclamar condiciones dignas de trabajo ante la industria petrolera en medio de crímenes y abusos por parte del Estado.

Rutas del Conflicto y La Liga Contra el Silencio han seguido en detalle estas historias y construyeron una base de datos con información del Caso 03, que evidencia que militares colombianos asesinaron, entre 2005 y 2008, a al menos 93 personas para presentarlas como guerrilleros o paramilitares en el entorno petrolero del piedemonte, en veredas de 14 municipios de Casanare y Boyacá. Al menos 69 de estos crímenes fueron cometidos en las cercanías de los campos que explotaba British Petroleum (hoy BP), la principal compañía internacional presente en la zona desde principios de los noventa hasta 2010, año en el que dejó el país y vendió sus derechos de explotación a la petrolera Equión, una sociedad conformada por la colombiana Ecopetrol y la canadiense Talismán.

Para construir esta base de datos se tomaron en cuenta la georeferenciación de los 305 pozos que explotaba la British Petroleum entre 2002 y 2008, además de 14 pozos adicionales a cargo de otras empresas. También, se registraron los asesinatos en cercanías a otras infraestructuras petroleras, como oleoductos y carreteras por donde se transportaba el crudo en Boyacá y Casanare.

Informes entregados por organizaciones de víctimas a la JEP, confirmados por más de 20 miembros retirados del Ejército en su comparecencia a esa jurisdicción, dan cuenta de cómo el Estado estableció desde la década de los noventa una presencia militar enfocada en el cuidado de la infraestructura petrolera, que terminó actuando contra la población civil de la zona. Esta presencia incluía un batallón instalado junto a las instalaciones de procesamiento central (CPF, por su siglas en inglés) de la British Petroleum en el municipio de Tauramena, tres batallones contraguerrilla y un grupo del Gaula. 

En el piedemonte, en esa época, actuaban los frentes 28, 38 y 56 de las FARC-EP y los frentes José David Suárez, Adonay Ardila Pinilla y Domingo Laín del ELN. Según el Auto 055 del 2022 de la JEP, la presencia de grupos subversivos, y los conflictos sociales entre los habitantes y las petroleras de la zona, fueron la excusa perfecta para justificar los crímenes de Estado. Aunque el documento de la JEP se refiere en varias ocasiones a ‘empresas petroleras’, en plural, solo menciona con nombre propio a British Petroleum.

Hugo Edgar Araque fue una de las víctimas del Estado. Fue asesinado el 10 de octubre de 2005 por integrantes del Batallón Ramón Nonato Pérez (BIRNO) de la Brigada XVI, quienes lo presentaron como un guerrillero muerto en combate. El   capitán retirado Miguel Sierra le contó a la JEP que se encontraron con Hugo Edgar, acompañado del niño Roque Julio Torres, en uno de los caminos de la vereda. Luego los identificaron y consultaron al batallón sobre lo que tenían que hacer. “Me contesta el señor mayor (José Francisco) Bustamante (…) Le comento la situación (…) Me dice: ‘No lo suelte, tiene orden de captura, tiene anotaciones judiciales’ (…) y me quedo esperando instrucciones del Batallón”, declaró Sierra.

José Francisco Bustamante de la Cruz, el militar al que se refiere Sierra, era el comandante encargado del BIRNO cuando Hugo Edgar fue asesinado. Según pudo verificar esta alianza periodística, Bustamante no se encuentra registrado como compareciente en la JEP, pero dos notas de prensa (ver artículo 1 y artículo 2) evidencian que fue llamado a juicio en 2012 por otros cuatro casos de ‘falsos positivos’. Contactamos vía Whatsapp al militar para conocer su versión de los hechos, pero no obtuvimos respuesta.

Según el testimonio de Sierra, recibieron del mayor Bustamante la orden de asesinar a Hugo Edgar y al adolescente Roque Julio Torres –en ese momento de 14 años y que vivía en la misma vereda–, luego de verificar que supuestamente  la víctima aparecía en una base de datos donde era señalado de pertenecer a un grupo subversivo. “El mayor Bustamante sale al radio y me lo dice con toda la frialdad y facilidad del mundo: ‘Hágale que ya está autorizado. Muy bien por sus dos bajas, lo felicito por sus dos bajas’ (…) ‘Ya saben qué tienen que hacer’”, narró el militar.

Sierra le dijo a la JEP que decidió ordenar la muerte de Araque y dejar con vida al joven que lo acompañaba, por lo que recibió un fuerte regaño de su superior. Roque Julio se salvó y le contó a la comunidad y a la justicia lo que había presenciado: no había existido ningún combate y temía por su vida. Dos años después, el 16 de julio de 2007, fue asesinado, al igual que su padre, el líder social Daniel Torres Arciniegas. Nuevamente, las dos víctimas fueron señaladas de ser ‘bajas’ en combate.

“Hoy reconozco que le transmití la orden, le di la orden al cabo Tapias de que procediera con Hugo Edgar Araque Rodríguez, sin antes haber revisado qué veracidad había sobre las informaciones que me estaba dando el mayor Bustamante”, dijo Sierra.

Pero, ¿cuál era la información que aparecía en esa base de datos que usaron los militares para justificar la decisión de asesinar a Hugo Edgar? La JEP publicó en el Auto 055 del 2022 que la fuerza pública se valió de un estigma que ha pesado sobre las comunidades del piedemonte del Casanare: “En la política de supresión de personas pertenecientes a comunidades estigmatizadas por ser ‘nidos de la guerrilla’, tuvo lugar un previo señalamiento de víctimas por parte de las oficinas de inteligencia de la Brigada XVI y sus unidades tácticas”, señala el Auto.

El magistrado de la JEP, Óscar Javier Parra Vera, que ha investigado por más de cuatro años casos de ‘falsos positivos’ en el Casanare, dijo en una entrevista que en la zona del piedemonte, conocida como el ABC –por las iniciales de los departamentos de Arauca, Boyacá y Casanare, que coinciden en ese punto–, hubo señalamientos permanentes a las comunidades de ciertas zonas rurales de ser colaboradoras de la guerrilla. “Era una corredor estratégico para las guerrillas en la que, si bien es cierto, había unos objetivos válidos en el marco del despliegue de acción militar, existió una estigmatización a las comunidades que estaban en estos territorios donde se estaban protegiendo los pozos petroleros”, afirmó Parra.

Así funcionaba la estigmatización

Derlly Patiño, viuda de Hugo Edgar Araque y madre de Esteban, huérfano de padre a los 4 años, cree que su esposo terminó “perfilado” simplemente porque tenía una moto. “Por eso lo molestaban, porque él usaba la moto para llevar a algunas personas de la vereda. En ese tiempo esto era terrible, a la gente le daba miedo venir porque decían que los del cerro, todos, eran guerrilleros”, dijo Patiño en entrevista.

Río Cravo Sur, que baja desde la Cordillera Oriental y cae a los Llanos del Casanare. Al fondo las montañas del piedemonte, en las que viven las comunidades estigmatizadas. Foto: Juan Carlos Contreras Medina.

La mujer contó que los militares usaron el estigma que tenían los campesinos de la zona para hacerlos pasar por guerrilleros y así ganar ascensos y beneficios. “Hoy no solo vengo a hablar por estas 303 víctimas de Casanare, vengo a hablar por las más de 6 400 víctimas que asesinó ese Estado”, dijo la profesora durante un evento público organizado por esta alianza periodística. El acto, realizado a finales de noviembre en el centro de Bogotá, buscó visibilizar la información de los 93 casos de ‘falsos positivos’ documentados en Casanare, en el entorno petrolero.

La JEP inició el proceso de investigación del subcaso Casanare con 23 comparecientes que aceptaron su responsabilidad en casos de ‘falsos positivos’ en el departamento. Entre ellos están el mayor general retirado Henry William Torres Escalante y otros 19 exintegrantes de la Brigada XVI del Ejército, el exdirector del DAS Casanare y dos terceros civiles. 

Rutas del Conflicto y La Liga Contra el Silencio hablaron con líderes sociales y habitantes de las veredas Plan Brisas, Cunamá y El Triunfo, en el municipio de Aguazul, y el corregimiento del Morro, en Yopal, quienes explicaron la relación del petróleo con el estigma de ser visto como guerrilleros. “Aquí todo tiene que ver con el trabajo en los pozos. No hay mucho más trabajo por aquí que el que ofrecen las empresas petroleras, por eso las comunidades se unieron para exigirles condiciones laborales y que al menos arreglen la carretera. Todo eso nos marcó, por eso nos llaman guerrilleros”, dijo una lideresa de Cumaná que prefirió mantener su nombre en reserva y quien habló desde su casa, muy cerca del centro de la vereda, junto a un pozo petrolero en una zona con una precaria carretera y sin red telefónica celular.

La persecución que denuncian los habitantes de estas veredas y, en general, de toda la zona montañosa de los municipios de Tauramena, Yopal, Aguazul y Nuchía, se ha materializado en situaciones como la judicialización a varios de los líderes de la región bajo cargos de rebelión y extorsión, y asesinatos selectivos, tanto a manos del Ejército como de los paramilitares. “Eso es lo que nos ha traído problemas, exigir nuestros derechos, porque como uno siempre va al frente liderando, entonces lo identifican a uno más fácil”, dijo otra habitante de Cumaná que también prefirió mantener la reserva de su nombre. 

Como contó la lideresa, la economía de esta zona ha girado en torno a la explotación petrolera desde los descubrimientos de los campos de Cupiagua y Cusiana, a inicios de los noventa, por la empresa British Petroleum. Ante la llegada de la compañía, prácticamente se terminó la actividad agrícola, ya que la producción petrolera requería personal y ofrecía unos ingresos que no se comparaban con lo que podía producir una finca en una zona tan aislada.

Según narraron los líderes de las veredas, la mayoría de los habitantes ha tenido que trabajar para la industria petrolera ante la falta de oportunidades en otros sectores. Hugo Edgar Araque tenía un ‘turno’, como se le llama a la garantía de trabajar dentro de los pozos petroleros, a través de una empresa contratista.

Daniel Torres Arciniegas, padre de Roque Julio, también había tenido uno de esos ‘turnos’.  Yohana Torres, hija de Daniel y hermana de Roque Julio, contó que su padre era un líder social de la vereda y que ocasionalmente había trabajado en la producción petrolera.

Luego de su asesinato, según los familiares de las víctimas, la British Petroleum, dueña de la explotación para la que prestaron sus servicios, nunca los contactó, para verificar la información que mostraba el Ejército sobre su supuesta relación con grupos armados.

Según el Auto de la JEP, el grado de estigmatización, impulsado por el mismo Estado llegó al punto de que el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), realizó, sin que la población lo supiera, censos para identificar a todos los habitantes de las veredas y tener bases de datos que se compartían con la British Petroleum. Los censos “se actualizaban de forma permanente y eran conocidos por el comandante de la Brigada [2] y compartidos con la petrolera BP. Esta identificación inicial también se hizo por medio de detenciones masivas o individualizadas por parte del Ejército, que tuvieron lugar, en varias ocasiones, meses antes del asesinato y presentación como bajas en combate de las víctimas”, señala el Auto.

Esta alianza entrevistó en la cárcel La Picota a Orlando Rivas Tovar, director regional del DAS en Casanare entre 2005 y 2007, y quien ocupó varios cargos en esa misma entidad en el departamento desde mediados de los noventa. Rivas, quien fue admitido por la JEP dentro del Caso 03, contó en detalle cómo hombres del DAS se hicieron pasar por militares en las veredas del piedemonte para construir estos censos, que eran la fuente principal de una base de datos que servía para justificar los asesinatos del Ejército.

“Hacíamos retenes y así identificábamos a la población campesina. En bazares llegábamos con cámaras de video que nos servían para hacer inteligencia encubierta”, contó Rivas. El exdirector del DAS en Casanare señaló también que esta base de datos se “alimentaba” –entre varias fuentes– de información suministrada por las empresas petroleras que, por ejemplo, identificaban a los líderes sociales que promovían las protestas contra las mismas compañías.

La estigmatización era tal que inclusive personas que no vivían en la región, pero transitaban por allí, también fueron asesinadas. Astrid Sanabria es la esposa de Eiver Isidro Mendoza Vargas, asesinado el 24 de marzo de 2008 por el grupo Delta 4, del Batallón Contraguerrilla 23. Eiver Isidro terminó presentado como guerrillero por la simple casualidad de haber ido a recoger una vaca para un evento de integración a la vereda Monterralo, en el piedemonte, dentro de la zona en la que se ha estigmatizado a los habitantes.

En el momento del crimen, Astrid Sanabria era la coordinadora de un núcleo educativo en el casco urbano de Aguazul y su esposo era trabajador de una empresa que construía un megacolegio en el mismo municipio. “Esa vereda en la que lo asesinaron queda sobre el cerro, por la vía a Pajarito (Boyacá), después del batallón que queda en Cupiagua, es zona petrolera, por eso vive todo militarizado”, contó en la sala de su casa, llena de fotografías de su esposo.

El estigma que llegó con el petróleo

Buena parte de los primeros habitantes de las veredas de la zona petrolera del Casanare llegaron hace dos o tres décadas desde regiones como Boyacá en busca de un mejor futuro. Uno de esos campesinos que migró en los años ochenta fue Orlando*. Había llegado desde Labrazagande, Boyacá, y fue testigo del arribo, a principios de los noventa, de la British Petroleum, una de las mayores extractivistas del mundo que llegó a explotar el que fue, en ese momento, el mayor campo de crudo en Colombia, el del complejo Cusiana y Cupiagua, entre Yopal y Aguazul. 

Orlando, que se convirtió en líder social de El Morro, una vereda de Yopal cercana a los pozos petroleros, contó que la comunidad, ilusionada con la rentabilidad de la actividad petrolera, se organizó para pedir trabajo a la British Petroleum. Sin embargo, rápidamente se generaron tensiones con la empresa. “Traían gente de otro lado a trabajar así que tuvimos que organizarnos para pedirles que nos dieran cupos de trabajo. Con el tiempo las cosas empeoraron, especialmente por la carretera, porque los camiones de ellos eran los únicos que podían pasar por el mal estado en el que quedaban”, contó.

La protesta social empezó a verse como un acto rebelde, y la persecución y estigmatización contra los manifestantes se fue acentuando con los años en estas zonas de municipios como Yopal y Aguazul, en Casanare, y Pisba, Labranzagrande y Pajarito, en Boyacá. Por ejemplo, en los noventa, los habitantes de El Morro, la vereda de Orlando, organizaron paros, que incluyeron bloqueos, para exigirle a la British Petroleum que invirtiera dinero en la vía para que todos la pudieran usar. Orlando recordó que casi en ese mismo momento llegó el Ejército, que comenzó a señalar a los líderes de la comunidad de ser colaboradores del ELN. 

Fabián León, de la organización no gubernamental Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, que ha investigado la violencia en el Casanare, señaló que la configuración institucional de Colombia ha facilitado que todo el aparato militar estatal esté volcado a la protección de la industria petrolera desde el inicio de la explotación a gran escala en los noventa. “La intersección entre la estigmatización y persecución al movimiento social en el Casanare, y el fuerte despliegue militar, configuró de modo particular los riesgos y amenazas a la vida, la libertad, la seguridad y la integridad de quienes ejercían el derecho a la protesta, muchas veces por violaciones de derechos en contextos que tienen que ver con la operación del sector petróleo”, explicó.

El investigador agregó que un elemento de contexto desde la perspectiva del conflicto armado que agravó la situación fue que, entre 2001 y 2004, en la zona se vivían dos conflictos: por un lado, la fuerza pública combatía a las FARC-EP y el ELN, y por el otro, los paramilitares del Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se enfrentaban a las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC), conocidas como Buitragueños.

Las ACC, comandadas por Héctor Buitrago, alias ‘Tripas’, y su hijo con el mismo nombre, alias ‘Martín Llanos’, fueron en varios casos los responsables materiales de la violencia que vivieron las comunidades del piedemonte, en medio de los pozos petroleros. Para Martín Ayala, líder de la ONG de Casanare, Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria (Cospacc), que ha denunciado la relación de la industria petrolera y la violación de derechos humanos, es evidente la persecución del Estado de la mano de los paramilitares en esa región del país. “Mataron a varios compañeros que hemos denunciado abusos, a líderes campesinos. Hemos recibido amenazas y muchos hemos tenido que dejar la región. Gente de la justicia, militares, políticos tenían que ver con los ‘paras’”, explica Ayala. 

Cospacc, junto a la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) y el apoyo del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), fueron los autores del informe Ni delincuentes, ni combatientes, sobre 12 casos de los llamados ‘falsos positivos’ en Casanare, entregado a la JEP. Varias de estas investigaciones tienen un carácter reservado y sólo son públicas parcialmente (ver resumen del informe).

La Cospacc también fue víctima de hechos violentos como el asesinato, el 13 de abril de 1995, de Carlos Mesías Arriguí, uno de los líderes de la organización que participó en iniciativas sociales de protesta por la falta de inversión social de la petrolera British y en un paro que bloqueó la carretera en el Morro en 1994. Según la investigación del CINEP, “Casanare: exhumando el genocidio”, publicada en 2009, el Ejército señaló después de la muerte que la víctima era un guerrillero del ELN hecho que nunca se probó judicialmente.

Otro caso es el del líder sindical de la Unión Sindical Obrera (USO), Gilberto Torres, que trabajaba en Ecopetrol para el contrato de asociación que tenía la estatal con British Petroleum. En 2002, Torres permaneció secuestrado 42 días por los ‘Buitragueños’, luego de liderar una protesta que bloqueó la producción de una de las instalaciones de la petrolera británica. “Ya hay varios de los que me secuestraron condenados, pero fueron los autores materiales, que fueron los paramilitares. Faltan los autores intelectuales. Por ahora tengo que seguir en el exilio”, dijo a esta alianza Torres, quien se ha visto obligado a dejar el país por amenazas en dos periodos, entre 2003 y 2016, y desde 2017 hasta la actualidad.

La situación empeoró con el enfrentamiento entre los dos grupos paramilitares, especialmente con el aumento de la desaparición forzada. Entre 2001 y 2004 se registraron cerca de 700 casos en Casanare, según el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica. La mayoría de los casos ocurrieron en la zona del piedemonte, con casos críticos como el del municipio de Recetor que tuvo casi 60 desaparecidos en solo cuatro meses, entre diciembre de 2002 y marzo de 2003.

Falsos señalamientos, judicialización y capturas

Mientras se disparaba la desaparición forzada, al inicio de la política de Seguridad Democrática del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, llegaron las detenciones por señalamientos a habitantes de la zona de ser colaboradores de la guerrilla. Entre 2003 y 2004, el Ejército capturó a varios miembros de las comunidades y los acusó de delitos como rebelión y terrorismo. 

Después de unos meses en la cárcel, la mayoría salió libre por falta de pruebas, pero el estigma los marcó desde entonces. “Nosotros no sabíamos que podíamos demandar al Estado por eso que nos hicieron, pero era solo el principio. Desde ese momento, cada tanto vienen y se llevan a alguien, y le montan un proceso por terrorismo”, contó uno de los habitantes de una vereda de Yopal que prefirió no revelar su identidad.

No existen cifras del total de capturados durante esos años en los municipios del piedemonte, pero los testimonios de los militares y del exdirector del DAS ante la JEP muestran la sistematicidad de estas judicializaciones que sirvieron para consolidar la base de datos que justificó los ‘falsos positivos’. 

En la entrevista, Orlando Rivas, exdirector seccional del DAS en Casanare, nos dijo que información relacionada con las personas arrestadas luego fue usada para mostrar que tenían un prontuario judicial a la hora de presentarlos como bajas en combate.

Uno de estos casos es el de Beyer Ignacio Pérez, un campesino cuyo único delito fue vivir en la zona del piedemonte del municipio de Nuchía. Según su hijo Andrey Betancourt, presidente de la Asociación de Víctimas de Casanare por la Paz (Casa-Paz), su padre había sido capturado con falsos señalamientos y dejado en libertad porque la justicia no encontró pruebas en su contra. En 2007 fue asesinado por militares del Grupo Delta 4 del Batallón Contraguerrilla 23, en colaboración con agentes del DAS, y presentado como guerrillero muerto en combate.

Rivas explicó que, especialmente durante los años de la política de Seguridad Democrática, se utilizó el testimonio de desmovilizados que recibían dinero para señalar a presuntos guerrilleros. “Con la base de datos en mano les decíamos: ‘Oiga estos campesinos que le voy a mostrar, qué vínculos tienen con grupos al margen de la ley’. Entonces, nos decían: ‘Este campesino fue el que nos llevó un mercado, este unos medicamentos, este es el que nos llevó una carta al presidente de la Junta de Acción Comunal o nos llevó una carta al gerente de una empresa de petróleos’”, relató el exdirector del DAS.

Con esta información, según Rivas, el DAS hacía informes de inteligencia que eran enviados a la Fiscalía para respaldar las capturas aunque posteriormente la justicia dejaba libres a las víctimas por falta de pruebas. “Todo iba a dar a la base de datos que utilizaban los militares para mostrar que las víctimas eran guerrilleros”, dijo Rivas.

El exdirector del DAS en Casanare contó que gran parte de las personas que aparecían en la base de datos fueron perfiladas por su liderazgo social, como el caso de Daniel Torres, padre de Roque Julio Torres. “Cualquier persona que pensara diferente se le señalaba como revolucionario, se entendía como de izquierda y más si tenía el asesoramiento de alguna ONG. Ese fue el caso específico de Daniel Torres, que lideraba procesos en favor de la comunidad”, dijo Rivas.

Un hecho aterrador que han confesado los militares y que refuerza las estrategias de estigmatización es la utilización de un ‘kit de legalización’ –con panfletos de las guerrillas, botas, uniformes y otros elementos– que era puesto junto a los cuerpos para reforzar la idea de que pertenecían a grupos subversivos.

Crímenes financiados con recursos públicos y dinero de las petroleras

El amplio despliegue del Ejército en Casanare, relacionado con el cuidado de la infraestructura petrolera, contó con varias unidades militares, incluída una seccional del Gaula, además de otros dentro del Brigada XVI, como el Batallón Ramón Nonato Pérez (BIRNO), cuya sede se encontraba cerca al principal centro logístico de la British Petroleum en Aguazul, y varios batallones contraguerrilla que, a su vez, tenía varios grupos DELTA. Toda esta presencia militar fue financiada con dinero público, pero también con recursos entregados por las propias petroleras.

El Auto de la JEP señala que tanto los recursos de los contribuyentes, como los que llegaron por convenios entre las petroleras y el Ejército, fueron utilizados en la comisión de estos crímenes. “Especial mención merece el manejo de los recursos del Gaula Casanare que, en vez de ser orientados a la lucha antiextorsión y antisecuestro, fueron destinados para financiar el reclutamiento, asesinato y posterior encubrimiento de las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate. Esto le permitió competir en el número de resultados con el BIRNO, con una tropa de no más de 100 integrantes”, dice el documento de la JEP.

Según la base de datos construida por esta alianza periodística, de los 93 asesinatos identificados en el piedemonte, 43 fueron cometidos por el BIRNO y 25 por el Gaula. Estos grupos ‘antisecuestros’ no estaban subordinados a la Brigada XVI, sino que tenían una línea de mando directa con la coordinación central de los Gaula a nivel nacional. Sin embargo, sí coordinaban acciones con la Brigada y, según las declaraciones del exdirector seccional del DAS también usaron información de inteligencia para justificar los crímenes.

Tratamos de conseguir información sobre los convenios por los cuales la petrolera British Petroleum le entregó recursos al Ejército, pero después de casi 10 meses de solicitudes a diferentes instancias judiciales, tanto esa institución como el Ministerio de Defensa han utilizado recursos legales para no entregar la información.

Estos convenios fueron aprobados desde 1996, y permiten que empresas minero-energéticas le entreguen dinero al Ejército, la Policía, e incluso la Fiscalía (en el caso particular de Ecopetrol), a cambio de que presten seguridad a las instalaciones de la compañía y que prioricen las investigaciones relacionadas con delitos contra su personal e infraestructura. Como lo documentó Rutas del Conflicto y La Liga Contra el Silencio en 2019, en la investigación “Convenios de fuerza y justicia”, varias organizaciones sociales han denunciado que este mecanismo supone una especie de privatización de la seguridad pública y está relacionada con casos de criminalización de líderes sociales que han protestado contra presuntos abusos ambientales o laborales, o por falta de inversión social de las empresas. También se han denunciado casos de corrupción por parte de militares en el manejo de estos recursos (ver investigación “Contratos millonarios ponen al Ejército bajo sospecha”). 

La más reciente solicitud de información al Ejército y al Ministerio de Defensa se realizó a través de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), ya que en el pasado una petición similar expuso a los periodistas de Rutas del Conflicto, que terminaron perfilados en el caso conocido “Las carpetas secretas” del Ejército. Sobre la última petición, el Juzgado 16 de Familia de Bogotá ordenó el 27 de octubre al Comando de Adquisiciones del Ejército que entregara la información solicitada dentro de las siguientes 48 horas. La decisión fue impugnada por la institución y hasta la publicación de este reportaje el recurso no había sido resuelto.

Entre marzo y abril de 2023, el Ejército negó varias veces que tuviera registro de convenios con la British Petroleum, aunque aclaró que había firmado 216 acuerdos con varias empresas petroleras, 106 con Ecopetrol. La entidad ha insistido en que estos documentos son reservados por asuntos de seguridad nacional. Solo a través de las vías legales, esta alianza ha logrado obtener la información de dichos convenios que se consideran de interés público.

En un documento de 2010, obtenido por Rutas del Conflicto y La Liga Contra el Silencio, el entonces vicepresidente jurídico de la British Petroleum, Orlando Cabrales Segovia, le envió una carta al padre Mauricio García, para la época director del Centro de Investigación Popular (CINEP). En el documento, Cabrales le señalaba que el único mecanismo que tenía la compañía para relacionarse con la fuerza pública eran convenios que “se renuevan anualmente y son materia de auditoría por parte de la Contraloría General de la Nación”.

En ese mismo documento, el vicepresidente jurídico explicaba que estos convenios eran suscritos formalmente por Ecopetrol y el Ministerio de Defensa, para “proteger las operaciones conjuntas y las comunidades circundantes y mitigar los riesgos de seguridad”. La carta era una respuesta a la investigación “Casanare: exhumando el genocidio”, publicada por el CINEP, donde se señalaba la presunta responsabilidad empresarial de la British Petroleum en varios hechos de violencia ocurridos desde los años noventa en el entorno petrolero.

Fabián León, del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, considera que la British Petroleum fue un actor decisivo de poder indiscutible en el país, incluso, superior al Estado colombiano. El investigador señala que, en consecuencia, si se contemplan los recursos económicos que entregaba a la fuerza pública mediante los denominados convenios de colaboración, la empresa tuvo algún grado de responsabilidad en los hechos que ocurrieron en la región, como en el marco del conflicto armado. “Como evidenció la Comisión de la Verdad, el desarrollo de la política de seguridad en Colombia, y particularmente en el Casanare, se ve que estuvo asociada a la presencia de actores empresariales en el sector de hidrocarburos”, señaló León, quien agregó que incluso en gobiernos más recientes, se intensificó esa situación, por ejemplo, con la creación de seis batallones minero-energéticos en el gobierno de Iván Duque.

Esta alianza intentó comunicarse con la oficina de comunicaciones de la BP en Londres, ya que en Colombia no tiene ninguna oficina de contacto, para consultarle su versión. Se enviaron tres correos electrónicos solicitando una entrevista e incluso un cuestionario, pero no recibió respuesta.

Tanto en la carta que en su momento envió el vicepresidente jurídico, como en otros comunicados públicos, la British Petroleum ha señalado que no tuvo ninguna responsabilidad en los hechos violentos que ocurrieron en el entorno de su trabajo y, por el contrario, invirtió en la formación de militares. “Un ejemplo vívido (…) es la Pista de entrenamiento de Derechos Humanos y el taller anual de alto nivel en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario patrocinados por la BP en el marco de los convenios”, señala la carta firmada por Cabrales.

Un estigma que continúa

Los líderes sociales entrevistados señalaron que aunque la violencia se ha reducido en comparación con la que sufrieron hace un par de décadas, siguen siendo víctimas de la estigmatización, de amenazas contra sus vidas  y de persecución judicial por su liderazgo.

Es el caso de Miguel Daza, líder de la vereda Plan Brisas de Aguazul, que en la actualidad afronta un proceso en la Fiscalía por concierto para delinquir y rebelión, como lo documentó el portal Verdad Abierta. El líder y varios miembros de la comunidad han denunciado que se trata nuevamente de una situación en la que las empresas petroleras que actualmente están en la zona, como Ecopetrol y Frontera Energy, tienen una abierta influencia en el actuar de la Fiscalía con los convenios señalados anteriormente.

El líder, que hace parte de la Asociación de Veredas de Cunamá (ASOVEC), nos dijo que ha recibido presiones por parte de la Fiscalía para que acepte los cargos a cambio de una reducción en la pena, pero insistió en que no lo hará y demostrará que no cometió ninguna ilegalidad. “Esta es la segunda vez que me judicializan. La primera fue hace como 18 años. Ha sido una situación muy difícil para mí. Llevo ya un tiempo largo en ‘casa por cárcel’ y eso me ha afectado a mí y a mi familia, tanto económica como emocionalmente”, dijo.

Rutas del Conflicto publicó en julio de 2023 una investigación donde evidenció con una base de datos que 140 líderes y lideresas sociales han sido judicializados desde 2013 y luego puestos en libertad por falta de pruebas. Aunque nunca fueron declarados culpables, el impacto a su prestigio se ha visto afectado y su liderazgo, debilitado.

Habitantes de la vereda Plan Brisas de Aguazul señalaron que con la captura y el proceso de Daza se afectó el liderazgo de la comunidad a la hora de solicitarle a Ecopetrol, que ahora explota parte de los pozos, más inversión en la zona.

Las familias de las víctimas de los ‘falsos positivos’ siguen exigiendo justicia, verdad y reparación, no solamente por parte de los agentes del Estado, sino de los actores políticos y económicos que tuvieron alguna responsabilidad. Mientras tanto, los habitantes de las montañas de esta región siguen sobreviviendo a la estigmatización, después de más de 30 años de explotación petrolera, lejos del sueño de vivir una vida digna, lejos de la pobreza.

*El nombre fue cambiado por razones de seguridad.